LA JUSTICIA INJUSTA II

La masacre en el Chaco Los fiscales de Chaco Carlos Amad y Patricio Sabadini terminaron ayer sus alegatos de acusación al capitán de Ejército Norberto Tozzo para quien pidieron la pena de 24 años de prisión en una cárcel común, por su responsabilidad en cuatro casos de desapariciones en la Masacre de Margarita Belén. Así se conoce al fusilamiento de presos políticos y detenidos-desaparecidos en ese paraje de Chaco, el 13 de diciembre de 1976. A partir del 4 de abril, comenzará el alegato de la defensa de Tozzo y luego el militar tendrá derecho a decir sus últimas palabras antes de que el Tribunal Federal dicte una sentencia. A Tozzo se le imputa la privación ilegítima de la libertad agravada por el tiempo en cuatro hechos en concurso real de Fernando Piérola, Roberto Horacio Yedro, Reynald Zapata Soñez y Julio Andrés Pereyra. Los cuatro figuran en la lista de traslado y fueron objeto de las maniobras burdas de la dictadura para hacerlos pasar por prófugos luego de aniquilarlos y hacer desaparecer sus cuerpos. Durante su alegato, Amad dio detalles sobre la manifiesta complicidad judicial con la represión del terrorismo de Estado y expuso las falencias más notorias de la versión del enfrentamiento y posterior fuga de cuatro detenidos políticos. “Los jueces federales Córdoba y Vivas formaron parte de la trama judicial de ocultamiento, nunca investigaron nada”, recalcó el fiscal Amad. Despertar de la conciencia El abogado querellante Franco Catalani afirmó que “si bien falta mucho por la recuperación de la memoria histórica, con los juicios se está despertando una conciencia presente de lo que fue el terrorismo de Estado y lo que es por contraste un sistema democrático”. Catalani es abogado en el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en la Subzona 14 que se llevó a cabo en 2011 en La Pampa. “Creo que se ha avanzado muchísimo. De todos modos estamos a mitad de camino porque falta mucho por hacer en cuanto a la recuperación de la memoria histórica y en general, con los juicios recién se está despertando una conciencia presente en forma permanente de lo que fue el terrorismo de Estado y lo que es por contraste un sistema democrático”, opinó. “Hemos llegado a nivel nacional a una cantidad importante de juicios y condenas, pero faltan muchos, como en el caso de La Pampa, que tuvo su primer juicio en 2010 y queda pendiente el próximo, que es más grande por los hechos y cantidad de imputados”, detalló. “Estos procesos y condenas nos dejan una reivindicación en cuanto a los querellantes, porque hay un reconocimiento de parte de la Justicia del delito de genocidio, y esto no es una formalidad”, indicó Catalani. “Sabemos que la calificación de genocidio no aumenta las penas ni la gravedad de ellas, pero es reparador porque se trata de un poder, como el Judicial, que menciona los hechos con lo que nosotros creemos que verdaderamente pasó: un genocidio”, dijo. 405 sentencias “Por la democratización de la Justicia” reza el lema que acompañará a la marcha en recuerdo de la instalación de la última dictadura cívico militar en el país, que se desarrollará este domingo 24 de marzo, desde las 12. En ese marco, el Centro de Estudios Legales y Sociales difundió algunas estadísticas relativas al estado de los juicios por delitos de lesa humanidad desarrollados hasta la actualidad. Según las cifras difundidas por el organismo, de las 2071 personas, entre civiles y personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad, que están o estuvieron involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado, 405 han obtenido sentencia, 370 se encuentran condenadas y 35 absueltas. En tanto, apuntó que desde la celebración del primer juicio por estos delitos en 2006, ha habido 91 sentencias, aunque “resulta preocupante”, resaltó el CELS, que de ellas “únicamente 14 han alcanzado instancia final, 12 confirmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Según el documento del CELS, sólo 28 de los 370 condenados en la actualidad tiene firme su sentencia. EL ROL DEL ACTUAL PRESIDENTE DE LA CAMARA DE APELACIONES DE CORDOBA Con palos en la rueda Luis Rueda, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Imagen: Gentileza La voz del interior Una testigo contó que el juez Luis Rueda, cuando era secretario de un juzgado, le dijo que su salida en libertad se complicaba porque ella había hablado de Menéndez. También la acusó en un programa de TV de haber dejado morir a su esposo. Por Marta Platía Desde Córdoba Teresita Piazza de Córdoba, una de las testigos que declararon ayer en el megajuicio por los crímenes cometidos en La Perla, comprometió al actual titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Luis Rueda, quien en 1984 y como secretario de un juzgado federal, le habría dicho que su caso no terminaba de resolverse “por la mención que ella seguía haciendo sobre la presencia del general (Luciano Benjamín) Menéndez en el Hospital Militar”, donde fue internada durante su secuestro. La semana pasada, la testigo Patricia Astelarra también nombró al mismo magistrado. “Lo implicó –señaló el abogado querellante Claudio Orosz– en el armado de una causa penal que llevó a su compañero, sobreviviente del campo de concentración, nuevamente a la cárcel en época democrática. Y señaló que se usaron pruebas obtenidas bajo la tortura.” A raíz de esta declaración, el fiscal Facundo Trotta pidió que se abra una investigación sobre Rueda. Lo mismo ocurrirá ahora con el caso de Piazza de Córdoba. “Es lo que corresponde cuando un miembro de la Justicia es involucrado en un delito”, señaló Carlos Gonella, también fiscal de esta causa. Teresita Piazza de Córdoba denunció que ya en democracia “habían dejado salir a todas. Sólo faltaba yo. Estaba en la cárcel de mujeres del Buen Pastor. Me trajeron a Tribunales varias veces, pero siempre sin mis abogados, Rubén Arroyo y Luis Reinaudi. Sola como estaba, le pregunté a Rueda, que en ese tiempo era secretario del Juzgado N° 2, dónde estaba (Gustavo) Becerra Ferrer, por qué habían dejado salir a mi compañera Irene Bucco y a mí no. Y Rueda (que era el secretario del juzgado que tenía la causa) me dijo que esa mención que yo había hecho de Menéndez complicaba mi salida. Todo esto, aun cuando lo resuelto por los consejos de guerra de la dictadura habían sido invalidados por la democracia”. Teresita había sido atrapada por una patota en el hall de entrada de la maternidad provincial a plena luz del día, el 20 de abril de 1977. Varios hombres armados se lanzaron sobre ella, de poco menos de 50 kilos y tres meses de embarazo. Su calvario había comenzado un mes antes. El 9 de marzo trataron de secuestrar a su esposo, Jerónimo Córdoba. Lo corrieron y lo balearon por la espalda. “El logró escapar de una emboscada cuando iba a una confitería llamada Los Cubanitos. Lo persiguen, le dan un balazo en la espalda. Así, herido y desde el Cerro de las Rosas, él corrió y caminó como pudo, desangrándose, hasta mi casa, en Ruta 20 (a más de 25 kilómetros de distancia). Cuando llegó, me pidió que no lo llevara al hospital. Que no quería caer vivo en las manos de los militares. El militaba en la Juventud Peronista. Yo, con los claretianos del padre (Enrique) Angelelli. Lo llevé a la casa de un amigo. Ahí murió. Lo enterramos en el patio, llenos de miedo. En las radios se había desatado un escándalo y se decía que lo buscaban por toda la ciudad. Ese mismo día había ocurrido un ataque a una casa que se llamaba El Castillo y habían matado a muchos”, relató. Luego de la muerte y entierro de Jerónimo, Teresita fue secuestrada. La llevaron a La Perla, luego al campo de La Ribera y hasta la casa en la que estaba enterrado su esposo para exhibirla: “Me acuerdo de que hasta había una mujer con un micrófono. Tomaron todo como si yo fuera una delincuente”, recordó la mujer. Su foto apareció en todos los diarios locales. La confinaron en La Perla, donde la apalearon y le pegaron “trompadas” en el vientre. “Me dijeron que ahí estaba desaparecida. ‘De acá, ni Dios ni el Papa ni el presidente te sacan. Vos estás desaparecida. Ni existís.’ Se consideran más que Dios, más que el Papa”, se estremeció la mujer recordando estas palabras. Fue entonces cuando Menéndez se paró mirándola duramente, masculló algunas palabras y salió de la sala. En el campo de torturas, el embarazo de Teresita se complicó. Se descompuso. Un médico que también estaba detenido dijo que tenía la bolsa fisurada. “Me llevaron al Hospital Militar. Ahí fue cuando, estando esposada de un pie y una mano, abrí los ojos y lo vi a los pies de la cama. Era Menéndez. Me estaba mirando. Me dijo que me porte bien. Y que si no lo hacía, me iban a llevar otra vez de donde me trajeron. Yo no le dije nada. Me quedé en silencio mirándolo.” Claudio Orosz, uno de los abogados querellantes, dijo a Página/12 que “no es la primera vez que alguien menciona a (Luis) Rueda en este tipo de casos. Ya hubo múltiples versiones. Llamativamente en el juicio a Videla, en 2010, hubo un imputado, (Carlos) Yanicelli, que mostró una serie de fotos en los que se lo veía en un festejo de Inteligencia de Fuerza Aérea junto al comodoro Trillo y al hermano de éste, un abogado a quien el testigo Charlie Moore (un detenido que estuvo más de seis años en el D2, la Gestapo cordobesa), sindicó entre los que entregaban gente a la Triple A y al ejército. Ahora –siguió Orosz– escuchamos el testimonio de Teresita Piazza de Córdoba en el cual no sólo contó la conversación que tuvieron por lo de la presencia de Menéndez, casi un apriete, sino que denunció que Rueda había reflotado su caso como ‘el de la mujer que había dejado morir a su esposo sin llevarlo al hospital’, en el programa televisivo que tenía por 1997 o 1998, el periodista (Carlos) Sagristani muchos años después de que ella había sido puesta en libertad”. Ese programa, contó la testigo, “fue terriblemente perjudicial para mí. Para mis hijas. Yo ya había sido liberada (el 24 de mayo de 1984), lo del consejo de guerra había quedado fuera de efecto, ya que un civil no podía ser condenado por tribunales militares. Vivía en el valle de Calamuchita en un pueblo chico, y eso fue como una bomba para nosotras: yo era el monstruo que había dejado morir a mi marido. Y, además, señor juez –resaltó ante Jaime Díaz Gavier–, yo no había dejado morir a mi esposo: él estaba gravemente herido y me pidió que no lo llevara al hospital. Yo hice lo que él me pidió. Yo sabía que si lo llevaba lo iban a secuestrar. Por eso me buscó a mí. Después de todo lo que yo sufrí me di cuenta, aún más, que había hecho lo correcto”. En el momento de su secuestro, Teresita tenía dos hijas de dos y nueve meses de edad, y estaba embarazada de la tercera. “La más chiquita nació en la maternidad provincial. Me esposaron a la cama: una mano y una pierna. Parí a mi hija así.” La mujer recordó que cuando volvió a la UP1 (la cárcel del Barrio San Martín adonde la habían trasladado), gritó y “pataleó” para que no le sacaran a su hija: “Llegué y cuatro hombres grandotes me la querían sacar. Me negué. Quería llegar al pabellón y que todas la vieran. Empecé a gritar. Los presos comunes también comenzaron a gritar y a hacer jarreo. Me dejaron entrar con mi beba hasta el pabellón. Diez horas después me la retiraron. Me mostraron el documento de mis padres que la reclamaban y así la entrego. Y aún hoy siento como un puñal aquí en el estómago. Un desgarro... A los pocos días fue cuando me llamaron adelante, y los de la (Policía) Federal me tomaron una declaración y la usaron para el consejo de guerra. Me condenaron a 20 años: asociación ilícita, portación de armas y abandono de personas, dijeron. Para mí, aunque todo era falso, lo peor fue que me culparan por dejar morir a mi esposo. Terrible: ellos le dispararon. El no estaba armado. Le dieron por la espalda mientras trataba de escapar, y me culparon a mí”. Teresita repitió que por todo eso fue “terriblemente doloroso que en un programa de televisión Luis Rueda volviera sobre todo eso cuando el caso estaba cerrado y se sabía todo lo que había ocurrido”. 22/03/13 Página|12