murio el reo martinez de hoz.Por Eduardo Anguita.

Murió el reo José Alfredo Martínez de Hoz Por Eduardo Anguita eanguita@miradasalsur.com En abril de 1976, José Alfredo Martínez de Hoz Cárcano tenía 50 años, varios campos, cuatro hijos, un título de abogado con medalla de honor, muchos fusiles de caza y alguna experiencia como funcionario. Se había estrenado como ministro de Economía tras el golpe de 1963, cuando los militares desalojaron a Frondizi y pusieron a Guido. Hasta el 29 de marzo de 1976 –cuando la Junta lo puso al frente del Palacio de Hacienda– Martínez de Hoz era presidente de Acindar, la siderúrgica más grande del país. Además era asesor del Chase Manhattan Bank. Pero llevaba meses trabajando para armar un gabinete y un plan económico: Jorge Rafael Videla se lo había pedido en agosto de 1975. Aunque lo tenía todo previsto, el viernes 2 de abril, cuando tuvo que hacer público su plan, Martínez de Hoz se retrasó: la cadena nacional debía ir de nueve a diez de la noche, pero el ministro empezó a las diez y siete, diciendo que no quería extenderse con cuestiones técnicas. El discurso terminó cuando faltaban veinte minutos para la una de la madrugada, dos horas y media después. Su voz resultaba cansina, y los datos horrorosos: “En los últimos doce meses el crecimiento de los precios minoristas alcanzó al 566% y si en los próximos nueve meses la tasa marcha al ritmo del primer trimestre (de 1976) la espiral llegará al 788%”. El ministro sostuvo que eso produciría, entre otros males, “la proletarización de la clase media”. Y el déficit público crecía: “Mientras en 1970 los ingresos tributarios alcanzaban para cubrir el 80% de los gastos totales, en el primer trimestre de 1976 sólo absorbieron el 20%. Así, los gastos del Estado han crecido en tal magnitud que no pueden ser cubiertos con recursos genuinos y se recurre a la simple emisión monetaria”. Para pasar “de una economía de especulación a una de producción”, el ministro anunció la liberación de precios y el aumento general de combustibles y tarifas –del orden del 30%–. Con respecto a los ingresos, “teniendo en cuenta la etapa inflacionaria y el contexto de un programa de contención de la inflación, se suspenderá toda actividad de negociación salarial entre sindicalistas y empresarios, así como todo proceso de reajuste automático periódico de los salarios”. Aclaró que más adelante los aumentos provendrían de “la mayor productividad global de la economía”, pero que mientras tanto los aumentos “los fijará periódicamente el Estado”. Con ojeras, traje gris topo y la camisa un talle más grande, Martínez de Hoz anunció las derogaciones de la nacionalización de los depósitos bancarios, la ley de inversiones extranjeras y el monopolio estatal de las juntas nacionales de Carnes y Granos, reemplazadas por el juego del mercado. El dólar, sin embargo, seguiría bajo control estatal. Habría tres cotizaciones: una oficial a precio fijo, otra fluctuante accesible al público en casas de cambio y una tercera para operaciones de comercio exterior: el ministro anunció “una paridad mixta” consistente en una mezcla de distintas proporciones de dólares baratos y caros para cada producto. Martínez de Hoz aclaró cuáles eran los dos rubros a los que se limitaba el dólar más barato, de 140 pesos: la importación de combustibles y de papel prensa. Era una buena manera de llevarse bien con los dueños de diarios y los petroleros: ambos serían subsidiados por el Estado. En esos días, el Ministerio de Economía decidió que las cuentas nacionales, que hasta entonces eran públicas y podían ser consultadas por cualquier ciudadano, se convertían en información reservada. Marzo de 1976 fue la última vez en que se difundió, por ejemplo, la participación de los asalariados en el Producto Bruto Interno nacional. “Aplicar esta política no conduce a perder la capacidad de decisión nacional, la que debe ubicarse en el suelo argentino, indeclinablemente, respondiendo a la voluntad y aptitud del Estado –decía, al otro día, el editorial de Clarín–. Podría más bien inferirse que retardar el ritmo del desarrollo es lo que coloca a los pueblos en el riesgo de perder, entonces sí, su soberanía efectiva. Para robustecerla y afirmarla es necesario tener en claro cuáles son las prioridades a las que se debe atender y a qué ritmo hay que desenvolverlas. Para cumplir ese cometido, la Argentina se ha puesto de nuevo en marcha, según lo muestran los acontecimientos”. El lunes 5 de abril, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires era un hervidero: cuando se abrió la rueda de negocios, los operadores vieron el alza de las acciones líderes y respiraron tranquilos. La tendencia se confirmó con creces: las acciones de Celulosa, de Alpargatas y, por supuesto, de Acindar subieron un 200% con respecto al viernes 2. Y el salario real cayó, en el trimestre marzo-mayo, en un 35%: ese piso se mantendría durante los tres años siguientes. Pasados muchos años, cuando ya buena parte de la sociedad no tenía vergüenza de hablar de dictadura en cambio de “proceso”, la Justicia metió preso a Martínez de Hoz. No por el robo del país, sino por el secuestro extorsivo de los empresarios Miguel y Federico Gutheim en plena dictadura. Fue a parar a la cárcel de Ezeiza pero, de inmediato, sus abogados recurrieron a la fragilidad de la salud del reo. Entonces tuvo el privilegio de ir a la exclusivísima y privadísima clínica Los Arcos donde sigue “internado”. En esa misma causa, que tramita ante el juez Norberto Oyarbide, están imputados el dictador Jorge Videla y el ministro del Interior de entonces, Albano Harguindeguy, quien era el compinche de Martínez de Hoz en la cacería de elefantes en Sudáfrica. En ese juzgado, Martínez de Hoz está imputado por otras dos causas. Una es por la cacería de trabajadores que hicieron los dueños de Acindar y las fuerzas policiales y militares desde mayo de 1975 en Villa Constitución. La otra es por el secuestro y desaparición de Juan Carlos Casariego de Bel, un español que era funcionario de carrera del Ministerio de Economía y se negó a firmar los informes del negociado de la estatización de la Ítalo. En esta historia de corrupción, sus compañeros de causa son Guillermo Walter Klein y Juan Aleman. Todavía las entidades empresariales y muchos ejecutivos que festejaban en el Salón Blanco de la Casa Rosada en la madrugada del sábado 3 de abril le deben una explicación a la sociedad de por qué fueron partícipes de ese plan que, incluso, se cobró la vida de varios empresarios. Todavía, la sociedad tiene que hacer un esfuerzo para no olvidar que hubo este otro 2 de abril, donde se le dio sentido y proyección al golpe de Estado del 24 de marzo. Ayer, mientras cumplía prisión domiciliaria en su departamento del edificio Kavanagh, murió. Tenía 87 años y muchos secretos guardados. 17/03/13 Miradas al Sur MARTINEZ DE HOZ Y LA PREPARACION DEL GOLPE MILITAR El plan comenzó un año antes No fue ni un “técnico” ni un civil más, sino uno de los planificadores de la dictadura y un agente de la inestabilidad de 1975. El “éxito” de su plan económico, que fue la pieza central del proyecto de los militares. Por Raúl Dellatorre No fue simplemente uno más de los “civiles” que colaboraron con el golpe militar del ’76. Tampoco se podrá decir que fue un “especialista” convocado por las Fuerzas Armadas para ponerle el cuerpo y darle nombre a un plan que pasaría a la historia por sus consecuencias políticas, sociales y económicas. Fue más que eso, mucho más. Un digno representante de su clase, la que le dio su nombre –por su abuelo– al pabellón principal del centro de exposición de Palermo aún apropiado por la Sociedad Rural. Honor que el nieto devolvió con creces, articulando primero el apoyo empresario para concretar el golpe de marzo del ’76, y luego ejecutando el plan que constituyó la pieza central del proyecto de largo plazo que alentaba la dictadura, del que se ha dicho, con certeza, que “pocas veces en la historia argentina o de otros países se ha visto operar una redistribución del ingreso regresiva de características tan masivas”. Su “plan”, formalmente anunciado el 2 de abril de 1976, en realidad comenzó a trazarse y ejecutarse un año antes. Tras la muerte de Juan Domingo Perón en julio de 1974, comenzó la batalla abierta de los grupos de poder contra el Plan Gelbard, del ministro que Isabel Perón mantuvo por algunos meses en el gobierno hasta que cedió a la presión de los sectores dominantes ya aliados con fuerzas militares golpistas. José Ber Gelbard, junto a la CGT, alentaba un pacto social que, con un gobierno debilitado y una central sindical que perdía representatividad frente al avance de sectores combativos, era cada vez más difícil de sostener. Del lado de enfrente, la entidad que se ocupaba de sumar fuerzas en contra del gobierno era el Consejo Económico Argentina, CEA, presidido por José Alfredo Martínez de Hoz, titular por entonces de Acindar, miembro de la Sociedad Rural y con buena llegada a los militares. Desde ese rol múltiple ejecutó su tarea estratégica. Colocó en el gobierno a quien se convertiría en un estrecho colaborador suyo, Ricardo Zinn, en el rol de viceministro de Economía de Celestino Rodrigo en junio de 1975. Así ejecutarían el violento plan de ajuste conocido como Rodrigazo, que dinamitó la relación del gobierno de Isabel con la CGT y la escasa capacidad de manejo que le quedaba a la viuda de Perón. El camino a la dictadura había quedado prolijamente asfaltado. Desde el CEA, Martínez de Hoz diseñó el plan de sabotaje de grupos económicos del campo, el comercio, la industria y las finanzas para terminar de derrocar al gobierno. El mismo se reunió, en los meses finales de 1975, con Videla (ya jefe del Ejército) en nombre del CEA para expresarle la preocupación por la conflictividad laboral y la necesidad de una mano firme para controlarla. Llegó el golpe y el plan que se presentó, con razones, como “proyecto refundacional”. El plan tuvo varios hitos, según el análisis de los investigadores Daniel Azpiazu (ya fallecido) y Martín Schorr, de Flacso. Por un lado, hubo una reducción de salarios reales de más del 30 por ciento en el segundo trimestre de 1976 por la devaluación, congelamiento salarial y liberalización de precios (un índice de precios al consumidor del 87,5 por ciento en el período). También se derogaron los derechos laborales y suspendieron actividades gremiales, lo que posibilitó una expulsión masiva de trabajadores y una feroz represión justificada en la necesidad de bajar costos laborales y ganar eficiencia. A esto se sumó el desmantelamiento de las bases de sustentación del modelo sustitutivo y su correlato en un elevado grado de desindustrialización, reestructuración regresiva del sector fabril, reprimarización del tejido productivo, lo que derivó en la desaparición de numerosas pymes y una creciente concentración del poder económico. La reforma de la Ley de Entidades Financieras, junto a la “tablita cambiaria”, facilitó la especulación de capitales extranjeros. Estas herramientas determinaron la hegemonía de la valorización financiera como eje dinámico del régimen de acumulación, en un marco de crecimiento exponencial de la deuda externa y la fuga de capitales. Finalmente, hubo una profunda apertura importadora, alentada además por la “tablita”. “En apenas cinco años se desarticularon las bases económicas y sociopolíticas de la industrialización sustitutiva y se logró alterar radicalmente la correlación de fuerzas obrero patronales”, concluyen los autores. Martínez de Hoz tiene bien ganado el reconocimiento de haber sido uno de los ejecutores más lúcidos del plan. Un brillante cuadro de los grupos de poder. Un verdugo de los sectores populares. 17/03/13 Página|12 gb