JUSTICIA LEGITIMA PROPUESTAS POR IRINA HAUSER

JUSTICIA LEGITIMA CERRO AYER EL ENCUENTRO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL POR EL QUE PASARON ALREDEDOR DE DOS MIL PERSONAS El punto de partida para una reforma de la Justicia En el cierre del encuentro de “Justicia legítima”, la defensora general, Stella Maris Martínez, llamó a que los jueces tomen empleados por concurso. Se debatió en talleres sobre independencia, participación ciudadana, transparencia e ingreso a la Justicia. Por Irina Hauser Imagen: Joaquín Salguero “Después de esto, creo que ningún juez puede tomar un empleado sin hacer un concurso”, proclamó la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, en un pequeño discurso de cierre del encuentro convocado por el movimiento judicial bautizado como “Justicia legítima”. El ingreso por examen para trabajar en tribunales, que elimine las prácticas nepotistas que llevaron a la construcción de la llamada familia judicial, fue quizá la propuesta más realizable a corto plazo de las que surgieron del evento que reunió en la Biblioteca Nacional a jueces, fiscales, defensores, empleados, estudiantes y gente suelta de otros ámbitos. Fueron dos días de debates con espíritu festivo y mucha catarsis de los participantes, que se esmeraron en articular conclusiones tras deliberar, ayer, en cuatro grupos. Más que anuncios, redondearon conceptos con los que apuestan a hacer más democrática a la larga una cultura que describen como burocrática y corporativa, y que van desde instalar la oralidad en todos los procesos, redefinir la independencia, erradicar los títulos honoríficos y el lenguaje críptico, hasta dar participación a la ciudadanía en el sistema y su control. La asistencia masiva sorprendió al grupito inicial de autoconvocados, que tuvo como una suerte de madrinas a la defensora Martínez y a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. “Nos van a decir que el clima ayudó. Claramente esto es viento de cola”, ironizó el fiscal Félix Crous sobre el final del encuentro, desde una mesa larga y poblada sobre el escenario. Con el mismo aire socarrón agregó que por la Biblioteca pasaron, entre ayer y el miércoles, “dos mil personas que se enamoraron de las palabras” y que hablaron “bajo la epopeya de no quedar bien con tirios y troyanos”. Era una nueva alusión tácita al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, cuyos discursos buscan contentar a todos los sectores. “Los que estamos acá nos tomamos en serio el decreto de supresión de honores, acá no hay prerrogativas de sangre ni de nacimiento”, cizañó Crous. “En el Poder Judicial todo es revolucionario”, se rió el fiscal, y con él todo el auditorio, que estaba colmado. El primer día de encuentro de “Justicia legítima” hablaron decenas de personas que se iban pasando el micrófono cada cinco minutos, el límite establecido. En la segunda jornada se dividieron en cuatro grupos, cada uno con un tema, y escribieron algunas ideas, que los coordinadores leyeron al atardecer. El taller más concurrido fue el de “Independencia judicial” y, llamativamente, el que menos asistencia tuvo fue el de “Transparencia”. En ambos se esperaba surgiera la discusión sobre las exenciones impositivas que benefician al Poder Judicial y los ministerios públicos, pero se tocó de manera colateral. Otro grupo analizó los mecanismos de ingreso al Poder Judicial y el cuarto, las posibles formas de participación de la ciudadanía en los quehaceres judiciales y la “gestión democrática”. Las definiciones a las que llegaron no fueron taxativas, pero sí empiezan a delinear un modelo de Justicia bien distinto del que se conoce en la actualidad. La mayoría de las reformas que por el momento plantea esta corriente judicial no son legislativas, sino que pueden realizarse desde adentro del Poder Judicial mismo. “Ahora los que tengan capacidad de decisión para implementar las reformas tendrán que hacerse cargo”, advirtió el camarista de Casación Alejandro Slokar, en alusión a los tribunales de mayor jerarquía (desde las cámaras a la Corte) facultados para, por ejemplo, modificar las reglas de ingreso o la efectiva realización de audiencias orales. Los núcleos fuertes donde el debate encontró las mayores coincidencias son éstos. n “Para ingresar al Poder Judicial y los ministerios públicos hay que rendir examen. Es una exigencia institucional”, resumió la camarista María Laura Garrigós de Rébori ante el público presente. En relación con los jueces, explicó que se analizó la posibilidad de revalidar los cargos periódicamente y que tengan que exhibir el trabajo que realizan, aunque este punto no derivó en una idea contundente. n Todos los procesos judiciales (no sólo los penales sino los comerciales, civiles y laborales) deberían ser orales. Debe estar a la vista lo que los jueces hacen hasta que fallan, lo que a su vez abrevia plazos en el laberinto judicial. Esto es regla en el fuero penal, pero hay jueces que no lo aplican o lo hacen a pedido de parte. Para otros fueros habría que reformar los procedimientos. De manera menos concluyente, sin entrar en detalles, se analizó implementar el juicio por jurados para que la gente de a pie participe en procedimientos judiciales; incluso se evaluó la participación ciudadana en los órganos de selección de jueces. De la lista de ideas quedó excluida la de empezar a pagar el Impuesto a las Ganancias, que evidentemente no tuvo respaldo absoluto. Hay que “suprimir el trato honorífico a los magistrados”, señaló el fiscal de Casación Javier de Luca, un punto donde hubo coincidencia plena. Todavía algunos jueces exigen que los llamen “Su Señoría” o “Vuestra Excelencia”, y no faltan abogados que usan la denominación de manera espontánea. En la misma línea, hubo propuestas con fuerte aval para implementar modos de organización horizontal en tribunales, donde no haya jerarquías sino reparto de responsabilidades. Hubo un llamado general a erradicar el lenguaje críptico de las decisiones judiciales y buscar formas de acercar el servicio que debe prestar el aparato judicial a toda la ciudadanía, incluso instalando juzgados y defensorías en barrios carenciados. Casi un leit motiv de la autoconvocatoria fue redefinir la “independencia judicial” o, mejor, reemplazar el eslogan que la asocia con las posibles presiones del poder político por un concepto más amplio que prevenga también sobre la incidencia de todas las corporaciones (económicas, mediáticas y eclesiásticas y la judicial misma) en el trabajo y las decisiones de los jueces. “Hemos llegado a un momento de inflexión y tendremos que preguntarnos si queremos volver cada uno a su casa sin hacer nada, como después de innumerables congresos a los que asistimos, o si queremos hacer carne el cambio que anhelamos. Si es así, cada uno de nosotros tiene que militar por estas conclusiones”, convocó Stella Maris Martínez. “Si queremos una Justicia legítima tenemos que hacer que se cumplan en nuestro trabajo estas exigencias y sumar a la comunidad a este movimiento”, agregó. Crous anunció que el 31 de mayo habrá un nuevo encuentro asambleario en La Plata. Allí continuará la tormenta de ideas y se discutirá si “Justicia legítima” tendrá alguna forma de articulación más orgánica. Antonio Cluny, juez de la Audiencia de Portugal que es referente de Magistrados Europeos por las Libertades, un movimiento de jueces y funcionarios judiciales críticos, se despidió diciendo que había pasado por muchos acontecimientos de este tipo, pero que jamás vio “algo tan genuino”, que definió como “una especie de refundación del sistema de justicia”. El trabajo en los talleres Por Irina Hauser Por momentos parecían grupos de autoayuda, de a ratos tenían el clima de una clase de facultad o se transformaban en escenario de duelos verbales e ideológicos. Así funcionaron cuatro talleres en que se dividió el encuentro de “Justicia legítima” con el propósito de depurar ideas y mostrar conclusiones al final del día. Aquí, algunas instantáneas. n En el grupo que analizaba los “mecanismos de ingreso, promoción y disciplinarios”, de pronto se hizo un silencio monacal. Fue cuando los participantes empezaron a comprender de qué estaba hablando el titular de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, Mario Kestelboim: la Legislatura porteña, dijo, les impone con nombre y apellido a quiénes deben designar en ese organismo o de lo contrario no le aprueban el presupuesto. De este taller surgió la palmaria conclusión de que ya no debería ingresar nadie al Poder Judicial o los Ministerios Públicos si no es por concurso. Pero al momento de discutir los métodos surgieron algunos chispazos. Estaban ahí los representantes de la comisión interna del fuero penal, que reclamaron que la Unión de Empleados de la Justicia (UEJN) pueda participar de los jurados, “de lo contrario las prácticas nepotistas no se acaban”. La jueza Victoria Pérez Tognola les retrucó que –pese a que ella votó a favor– esa había sido una de las cuestiones que impidieron aprobar años atrás el ingreso por concurso en el Consejo de la Magistratura. n En la sala donde se conversaba sobre “participación ciudadana y gestión democrática”, una mujer llevó un ejemplo vivo y del trato que brindan algunos jueces al común de la gente, cuando les hizo escuchar a todos la grabación en la que un juez de un tribunal oral de familia de Lomas de Zamora la trataba de “miserable”. La policía se había llevado a los tres hijos de la señora. Javier de Luca contaría después que, entre otras cosas, en este taller hubo propuestas para “acercar” el sistema judicial a los sectores más vulnerables y a las víctimas. También hubo muchas voces favorables a la implementación del juicio por jurados. El fiscal Alejandro Alagia volvió a poner el dedo en la llaga al señalar el problema de que “los jueces gobiernan” sin ser elegidos por el voto popular. n En otras de las comisiones se dieron múltiples definiciones sobre la independencia judicial. El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla volvió al ejemplo que en buena medida dio origen a “Justicia legítima”: la respuesta de este grupo crítico al comunicado de la Comisión de Independencia de la Corte y la Asociación de Magistrados que denunciaba presiones políticas a la Justicia, en rigor, a la Cámara en lo Civil y Comercial que debe fallar sobre la ley de medios, denunciada por recibir (algunos de sus miembros) dádivas del Grupo Clarín. Ramos Padilla dijo que la falta de independencia se reflejaba en los manejos de una Justicia que hace cuatro años tiene parada una ley del Congreso largamente debatida. Denunció lobbies de organizaciones como Certal y Fores en los tribunales. Desde otro ángulo, el jurista Julio Maier propuso hablar de la “independencia interna” y revisar sus mecanismos de subordinación y sometimiento difíciles de resistir. La idea de una organización horizontal en tribunales causó sensación, pero todavía muchos la ven como una utopía. n En el taller de “transparencia y rendición de cuentas” todos se miraban de reojo, pero nadie sacaba el tema del pago del Impuesto a las Ganancias. Había una resistencia implícita. Hubo voces a favor de que el Poder Judicial pague impuestos como todo el mundo, pero fue excluido del temario de conclusiones. Sin embargo, surgieron de este grupo –que coordinó el fiscal Carlos Gonella– propuestas contundentes: que los jueces muestren sus declaraciones juradas; que sean públicas sus agendas de audiencias (a quién reciben y para qué); que se publiciten sus currículum; que se implemente un mecanismo para saber cuánto gastan y en qué y otro para mediar la calidad del trabajo; y un registro que dé cuenta públicamente a quién les da la Corte Suprema los bienes decomisados por corrupción. Próximo encuentro El próximo 31 de mayo en La Plata, “Justicia legítima” quedará “constituida orgánicamente” como asociación. La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, afirmó al realizar un balance que “nosotros no somos un grupo disidente. Formamos todos parte del sistema de administración de justicia, y estamos expresándonos”. Y agregó: “Acá no hay ningún grupo disidente, acá hay gente que le parece que hay que cambiar las cosas en el Poder Judicial, y que se cambió mucho, se hicieron cosas muy buenas, se avanzó, pero creemos que hay que avanzar un poco más, y quizás en ciertos temas hacerlo más rápido”. Señaló que “hay puntos que han quedado claros, como el ingreso irrestricto al sistema judicial mediante examen, la transparencia, la necesidad de participación ciudadana, de jueces que sean realmente independientes de todos los factores de poder y que se nutra del apoyo del pueblo para tener esa independencia”. “Hemos concluido dos días de encuentros, deliberaciones y conclusiones sumamente productivas; esto es un hito dentro de un proceso que comenzó hace mucho tiempo y se concretó con la publicación de nuestro primer documento”, celebró el fiscal Félix Crous. 01/03/13 Página|12 GB