Está acusado de 67 secuestros y 12 asesinatos, tiene arresto domiciliario y, a pesar de sus antecedentes, algún que otro beneficio.
"Si una persona no puede salir, lo más elemental es que pida la comida o que pida que alguien le haga las compras. Pero los genocidas piden autorizaciones para situaciones que no son excepcionales. Una cosa es ir a un velorio de un familiar directo o al médico y otra que se pida ir al supermercado", aseguró el abogado Pablo Llonto.
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