La diputada del PRO Laura Alonso no quiso responder ni a qué hora ni en qué teléfono recibió el llamado anónimo.
El juez Sebastián Casanello y el fiscal Fernando Domínguez ordenaron el secreto de sumario y medidas de prueba, pero cuentan con información vaga de una denuncia anónima.
Por Raúl Kollmann
La causa judicial por el supuesto espionaje ilegal avanzó ayer poco y nada, entre otras cosas porque recién al mediodía la diputada Laura Alonso fue a ratificarla y a entregar la lista de las personas con teléfonos y computadoras supuestamente intervenidos, una lista que ella misma dio a conocer el martes a las 17.30. Pero cuando el juez Sebastián Casanello le pidió que declarara, para que cuente cómo recibió la denuncia, la diputada le envió un escrito en el que decía que no tenía nada para agregar. Ni siquiera estuvo dispuesta a señalar a qué hora recibió la llamada del informante anónimo que le aportó la denuncia ni por cuál de sus teléfonos recibió la comunicación. La negativa a dar información evidencian una intencionalidad de poner obstáculos a la pesquisa ya que impide una elemental averiguación del origen de la llamada.
La diputada Alonso había presentado el escrito el martes al mediodía en el juzgado de Casanello sin entregar la lista de las personas espiadas ni ninguna otra documentación. El magistrado le dio vista al fiscal Ramiro González y antes de que éste contestara, a las 17.30, Alonso apareció en Radio Mitre hablando del tema. Los periodistas de ese medio ya tenían la lista que al magistrado no se le había entregado. Cinco minutos más tarde, la denuncia y el listado fueron publicados por el sitio Infobae. En diálogo con radio Vorterix, ayer a la mañana, Casanello fue lapidario: “No ratificaron la denuncia ni presentaron la documentación. Es como espiar y tocar el timbre. El sentido es que una investigación sea sorpresiva. El que anuncia que va a allanar es tonto o tiene dobles intenciones”.
Recién en el mediodía de ayer, Alonso fue a Comodoro Py y ratificó la denuncia y acompañó la lista que difundió el día anterior. Pero cuando el juez le pidió que declare como testigo, la legisladora sólo entregó un escrito en el que afirma que no tiene nada para agregar.
El problema de lo denunciado en la Capital Federal es que hace agua por todas partes:
- El denunciante es anónimo y Alonso no colaboró para identificarlo. Ella afirma que el individuo no le dio su identidad y que no lo vio personalmente.
- La legisladora entregó una lista cuyo origen no está claro. Habla de “servicios de inteligencia”, pero luego del Servicio de Inteligencia del Ejército. Menciona una dependencia del Ejército o de la Agencia Federal de Inteligencia en el cruce de las avenidas Entre Ríos y San Juan, sin dar la dirección. O sea que el espía que tiene un superlistado ni siquiera sabe el lugar desde el que se hizo el espionaje.
- A esto se agrega que Alonso salió a hacer pública la denuncia antes de que el fiscal pueda dar su opinión, con lo cual enterró el factor sorpresa.
El mismo texto de Comodoro Py se presentó en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado, ésta se excusó y terminó llegando al juez Emiliano Canicoba. En diálogo con Radio Del Plata, el magistrado explicó que a él sí le entregaron el listado y que la denuncia fue ratificada por Patricia Bullrich. Canicoba delegó la investigación en el fiscal Fernando Domínguez, quien decretó el secreto del sumario, pero seguramente también querrá la declaración de Alonso, que fue la que recibió la llamada anónima.
Los obstáculos son iguales a los de Capital, el denunciante anónimo es el mismo y no se sabe el origen del listado. A esto se agrega:
- El texto hace mención al Centro de Investigación Científica y Técnica de las Fuerzas Armadas (Citefa), en Villa Martelli, cuando esa denominación fue cambiada hace diez años. Ya no depende del Ejército sino del Ministerio de Defensa. Ya no trabajan allí militares sino científicos civiles. Nuevamente, el espía denunciante no tiene ni siquiera esos datos elementales.
- El predio de Villa Martelli es enorme y la denuncia no identifica ningún edificio desde el cual se estaría haciendo el espionaje.
- No se acompaña ningún tipo de prueba o evidencia.
Para la fiscalía de Domínguez y el juzgado de Canicoba la realización de un allanamiento por una denuncia anónima hecha por teléfono sentaría un antecedente grave. Hay numerosas causas que fueron anuladas por la Corte Suprema por un inicio de esa naturaleza ya que se requiere al menos alguna evidencia sólida que justifique un allanamiento o inspección ocular. “La Justicia no se puede meter en cualquier lado por una llamada que no se sabe de dónde salió y un denunciante que nadie sabe quién es”, dijeron anoche en Comodoro Py.
Más allá de los obstáculos planteados por las legisladoras, tanto Casanello como Domínguez pusieron en marcha medidas de prueba, que, por ahora, mantienen en secreto.
raulkollmann@hotmail.com
22/10/15 Página|12
El juez Sebastián Casanello y el fiscal Fernando Domínguez ordenaron el secreto de sumario y medidas de prueba, pero cuentan con información vaga de una denuncia anónima.
Por Raúl Kollmann
La causa judicial por el supuesto espionaje ilegal avanzó ayer poco y nada, entre otras cosas porque recién al mediodía la diputada Laura Alonso fue a ratificarla y a entregar la lista de las personas con teléfonos y computadoras supuestamente intervenidos, una lista que ella misma dio a conocer el martes a las 17.30. Pero cuando el juez Sebastián Casanello le pidió que declarara, para que cuente cómo recibió la denuncia, la diputada le envió un escrito en el que decía que no tenía nada para agregar. Ni siquiera estuvo dispuesta a señalar a qué hora recibió la llamada del informante anónimo que le aportó la denuncia ni por cuál de sus teléfonos recibió la comunicación. La negativa a dar información evidencian una intencionalidad de poner obstáculos a la pesquisa ya que impide una elemental averiguación del origen de la llamada.
La diputada Alonso había presentado el escrito el martes al mediodía en el juzgado de Casanello sin entregar la lista de las personas espiadas ni ninguna otra documentación. El magistrado le dio vista al fiscal Ramiro González y antes de que éste contestara, a las 17.30, Alonso apareció en Radio Mitre hablando del tema. Los periodistas de ese medio ya tenían la lista que al magistrado no se le había entregado. Cinco minutos más tarde, la denuncia y el listado fueron publicados por el sitio Infobae. En diálogo con radio Vorterix, ayer a la mañana, Casanello fue lapidario: “No ratificaron la denuncia ni presentaron la documentación. Es como espiar y tocar el timbre. El sentido es que una investigación sea sorpresiva. El que anuncia que va a allanar es tonto o tiene dobles intenciones”.
Recién en el mediodía de ayer, Alonso fue a Comodoro Py y ratificó la denuncia y acompañó la lista que difundió el día anterior. Pero cuando el juez le pidió que declare como testigo, la legisladora sólo entregó un escrito en el que afirma que no tiene nada para agregar.
El problema de lo denunciado en la Capital Federal es que hace agua por todas partes:
- El denunciante es anónimo y Alonso no colaboró para identificarlo. Ella afirma que el individuo no le dio su identidad y que no lo vio personalmente.
- La legisladora entregó una lista cuyo origen no está claro. Habla de “servicios de inteligencia”, pero luego del Servicio de Inteligencia del Ejército. Menciona una dependencia del Ejército o de la Agencia Federal de Inteligencia en el cruce de las avenidas Entre Ríos y San Juan, sin dar la dirección. O sea que el espía que tiene un superlistado ni siquiera sabe el lugar desde el que se hizo el espionaje.
- A esto se agrega que Alonso salió a hacer pública la denuncia antes de que el fiscal pueda dar su opinión, con lo cual enterró el factor sorpresa.
El mismo texto de Comodoro Py se presentó en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado, ésta se excusó y terminó llegando al juez Emiliano Canicoba. En diálogo con Radio Del Plata, el magistrado explicó que a él sí le entregaron el listado y que la denuncia fue ratificada por Patricia Bullrich. Canicoba delegó la investigación en el fiscal Fernando Domínguez, quien decretó el secreto del sumario, pero seguramente también querrá la declaración de Alonso, que fue la que recibió la llamada anónima.
Los obstáculos son iguales a los de Capital, el denunciante anónimo es el mismo y no se sabe el origen del listado. A esto se agrega:
- El texto hace mención al Centro de Investigación Científica y Técnica de las Fuerzas Armadas (Citefa), en Villa Martelli, cuando esa denominación fue cambiada hace diez años. Ya no depende del Ejército sino del Ministerio de Defensa. Ya no trabajan allí militares sino científicos civiles. Nuevamente, el espía denunciante no tiene ni siquiera esos datos elementales.
- El predio de Villa Martelli es enorme y la denuncia no identifica ningún edificio desde el cual se estaría haciendo el espionaje.
- No se acompaña ningún tipo de prueba o evidencia.
Para la fiscalía de Domínguez y el juzgado de Canicoba la realización de un allanamiento por una denuncia anónima hecha por teléfono sentaría un antecedente grave. Hay numerosas causas que fueron anuladas por la Corte Suprema por un inicio de esa naturaleza ya que se requiere al menos alguna evidencia sólida que justifique un allanamiento o inspección ocular. “La Justicia no se puede meter en cualquier lado por una llamada que no se sabe de dónde salió y un denunciante que nadie sabe quién es”, dijeron anoche en Comodoro Py.
Más allá de los obstáculos planteados por las legisladoras, tanto Casanello como Domínguez pusieron en marcha medidas de prueba, que, por ahora, mantienen en secreto.
raulkollmann@hotmail.com
22/10/15 Página|12
Una denuncia “sin documentación ni listados”Tapas del 16 de Agosto de 2011 y el 21 de Octubre de 2015, en cercanías de elecciones generales.
El juez Agustín Casanello afirmó que la denuncia sobre supuesto espionaje del Servicio de Inteligencia del Ejército y la AFI contra personalidades públicas llegó a su despacho "sin mayores precisiones que las que están en los portales" de internet. En tanto, Emiliano Canicoba, el magistrado de San Isidro en quien también recayó la causa -por excusación de Sandra Arroyo Salgado-, aseguró que el escrito presentado por las diputadas del PRO Laura Alonso y Patricia Bullrich "todavía no está acompañado" de las presuntas pruebas difundidas en los medios de comunicación.
Bullrich y Alonso dijeron ayer que un informante les envió una lista de políticos, jueces, sindicalistas y periodistas a los que se les estaría interviniendo los teléfonos y PC. Ese supuesto ex integrante de la SIDE que llamó por a Alonso sin revelarle su identidad para “proteger su seguridad” habría dicho que las actividades se hicieron desde dos locaciones, una en Capital y otra en Villa Martelli.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi negó que allí exista infraestructura y tecnología para hacerlo, y la Agencia Federal de Inteligencia desmintió su participación en esa actividad.
Casanello, a cargo del Juzgado Federal N° 7 de esta capital, aclaró que la denuncia no tiene "documentación ni lista de nombres", aunque confirmó que cerca de la medianoche ordenó medidas instructoras y el secreto de sumario sobre la causa.
"La denuncia se hizo cerca del mediodía sin mayores precisiones que las que están en los portales, y sin documentación. Pasaron un par de horas y empiezan a llamar los periodistas, que me dicen que tenían la denuncia y un listado. Ese listado no lo tuvimos y no lo tenemos", afirmó.
Por su parte, el juez Emiliano Canicoba aseguró que el escrito presentado en su juzgado "todavía" no contiene el listado de afectados y aclaró que, a diferencia del expediente que tramita Casanello, en su caso se demoró ya que primero había caído en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado, quien se excusó de tramitar el expediente por ser una de las supuestas espiadas.
"Todavía el listado no está acompañado, en un primer momento no", sostuvo Canicoba y aclaró que aún no tomó ninguna medida instructoria ya que todavía no recibió ninguna resolución del fiscal Rodolfo Domínguez.
Bullrich y Alonso dijeron ayer que un informante les envió una lista de políticos, jueces, sindicalistas y periodistas a los que se les estaría interviniendo los teléfonos y PC. Ese supuesto ex integrante de la SIDE que llamó por a Alonso sin revelarle su identidad para “proteger su seguridad” habría dicho que las actividades se hicieron desde dos locaciones, una en Capital y otra en Villa Martelli.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi negó que allí exista infraestructura y tecnología para hacerlo, y la Agencia Federal de Inteligencia desmintió su participación en esa actividad.
Casanello, a cargo del Juzgado Federal N° 7 de esta capital, aclaró que la denuncia no tiene "documentación ni lista de nombres", aunque confirmó que cerca de la medianoche ordenó medidas instructoras y el secreto de sumario sobre la causa.
"La denuncia se hizo cerca del mediodía sin mayores precisiones que las que están en los portales, y sin documentación. Pasaron un par de horas y empiezan a llamar los periodistas, que me dicen que tenían la denuncia y un listado. Ese listado no lo tuvimos y no lo tenemos", afirmó.
Por su parte, el juez Emiliano Canicoba aseguró que el escrito presentado en su juzgado "todavía" no contiene el listado de afectados y aclaró que, a diferencia del expediente que tramita Casanello, en su caso se demoró ya que primero había caído en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado, quien se excusó de tramitar el expediente por ser una de las supuestas espiadas.
"Todavía el listado no está acompañado, en un primer momento no", sostuvo Canicoba y aclaró que aún no tomó ninguna medida instructoria ya que todavía no recibió ninguna resolución del fiscal Rodolfo Domínguez.
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