El “delito” de investigar Por Alejandro Horowicz

Con 170 votos a favor, 14 abstenciones y ningún voto en contra, diputados aprobó crear una comisión de investigación bicameral. ¿El objeto? Estudiar el comportamiento de los grupos económicos durante la dictadura que asoló la Argentina entre 1976 y 1983.

En un comunicado de dos párrafos, el primero de la presidencia de Adrián Kaufmann Brea, la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su "rechazo al proyecto de ley para crear una Comisión Bicameral de identificación de las posibles complicidades económicas durante la última dictadura militar”. 

Sostiene la entidad empresaria que "el derecho de defensa y la independencia de quienes deben juzgar los eventuales ilícitos solamente pueden ser garantizados mediante procesos realizados por el Poder Judicial, ya que este es el único Poder con facultades constitucionales para administrar Justicia". Como si una comisión investigadora pusiera en tela de juicio la administración de la justicia. Por cierto, no son los únicos en tratar de impedir su funcionamiento. 

La Asociación Empresaria Argentina (AEA) rechazó por "inoportuno y estigmatizante" el proyecto que crea una comisión bicameral para investigar la "complicidad y participación" de empresas en la última dictadura militar. No puede no sorprender que investigar resulte inoportuno, pero desde el momento que añaden estigmatizante algo queda claro: para AEA el resultado de la indagación no puede no comprometer a varios de sus integrantes. La asociación, que enrola a las 500 empresas que más facturan en el país, entiende que "tal como lo establece la Constitución Nacional, todo ilícito que se cometa en cualquier ámbito, debe ser penalizado mediante el debido proceso por el Poder Judicial". Subrayó que "este proyecto es particularmente inoportuno en un momento en que debe fomentarse la concordia entre todos los argentinos". Y saber que paso, se sabe, solo puede fomentar la “discordia”. 

Vale la pena observar la trastienda del rechazo empresario. Al parecer, el comunicado de la UIA fue fogoneado por el tándem Arcor-Techint. No es un secreto que ambos grupos respaldaron a Kaufmann para presidir la entidad, y por tanto sus opiniones pesan. De todos modos el comunicado fue el producto de una durísima reunión de junta directiva. No se trató de desacuerdos de fondo, sino de evaluaciones encontradas sobre el sentido de la oportunidad política. Muchos se preguntaron cómo impactará semejante declaración en el último tramo una campaña presidencial. Una cosa es clara, todas las abstenciones en la cámara de diputados, votos en contra no hubo, son del PRO y sus aliados. Ninguna otra fuerza se opuso, nadie quiere “regarle el tema” al oficialismo, y por tanto nadie esta dispuesto a aparecer en publico como enemigo de investigar evidentes complicidades empresarias.

Una historia sencilla.

Entre los que impulsaron el documento de la UIA, tal como se conoció, se cuentan el operador de Techint Luis Betnaza, y el titular de la Coordinadora de Industrias Alimentarias (Copal), Daniel Funes De Rioja; en su condición de abogado Funes De Rioja aportó los débiles argumentos legales para redactarlo. A nadie se le escapa que investigar no es "juzgar" y que tanto la UIA como AEA confunden ex profeso una cosa con la otra. Durante la reunión, Betnaza se trenzó fuerte con el diputado del Frente Renovador, José Ignacio de Mendiguren, quien votó a favor de la iniciativa en la Cámara Baja. El ex presidente de la UIA intentó explicarle al operador de Paolo Rocca los pormenores de la dinámica parlamentaria, pero el gerente no quiso oír razones. La idea de una investigación parlamentaria, que haga foco en la relación entre la dictadura terrorista y los grupos empresarios, le quita el sueño. Pero una cosa es desviar semejante investigación sin comprometerse, y otra rechazarla públicamente. 

Por eso, algunos dirigentes de la Unión Industrial, con mejor manejo de la escena mediática, se agarraban la cabeza por lo que consideran una insuperable torpeza por parte de Kaufmann. Al meterse con un tema que estaba fuera de la agenda de campaña, automáticamente lo incluye. Por tanto, para evitar males mayores ningún dirigente de la UIA responderá ninguna requisitoria periodística sobre tan delicado asunto. Por lo menos hasta que el Senado no se haya pronunciado sobre el tema, cosa que la UIA espera suceda tras la elección presidencial. 

Eso no es todo. Kaufmann se había comprometido a no aparecer como un representante neto de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que dirigen entre Techint, Arcor y Clarín, sino a ser visualizado como un negociador equilibrado entre el gobierno y los industriales; AEA, en cambio, actúa desde una línea marcadamente opositora, mientras la UIA intenta conservar las formas. Y lo cierto es que, en una materia tan explosiva, la UIA y AEA resultan imposibles de distinguir. 

El rechazo da a entender que existe temor en la cúpula empresaria. Que una investigación sobre el papel que jugó el poder económico durante la última dictadura, los compromete frente a la sociedad. En el momento de presentar el proyecto en el recinto, el diputado del FPV Héctor Recalde mencionó a Mercedes Benz, Molinos, Bunge y Born, Ledesma y Papel Prensa, y ninguna de estas empresas integra el directorio de la UIA, pero si forman parte de AEA. 

Sólo la minoritaria CGE, de Ider Peretti, expresó que "nosotros apoyamos que se esclarezcan todos los hechos aberrantes que sucedieron en el país con protagonismo, no sólo de los militares, sino también con la participación de grupos económicos que se beneficiaron durante esos años". Axel Kicillof, por su parte, consideró que "el proyecto económico fue la causa profunda y central de la dictadura militar". Ese es el punto.

Una lectura nauseabunda

Uno se los éxitos propagandísticos más notables construyó un interesado equívoco: la dictadura militar del '76 fue una responsabilidad exclusiva de las FF AA. Eso sí, contaron con algunas complicidades civiles, pero fuera de estos "colaboracionistas" con nombre y apellido, la compacta mayoría soportó aterrada los gobiernos de las Juntas Militares. De un lado estaban los "civiles" victimas del terror, y del otro los militares que lo propinaban. De modo que bastaba con mandarlos al cuartel, impedir los golpes de Estado, para que todo volviera a la normalidad democrática. 

La teoría de los dos demonios, impulsada por el gobierno radical del '83, resultó una curiosidad teológica. No es habitual que dos males se enfrenten, mas bien uno debe encarnar el "bien" y el otro a Satán. La versión tradicional la contó Jorge Rafael Videla, y los "subversivos" no sólo eran el mal absoluto, sino que resultaban imposibles de vencer, salvo con los métodos empleados. Es decir, sin una política de tortura, violación, desaparición y muerte, sin la cadena de delaciones y sin los robos justificados como "botín de guerra", Argentina se transformaría en la Cuba castrista. Para impedirlo, los oficiales patriotas garantizaron "nuestro estilo de vida".

Esa versión tenía una "ventaja" decisiva: salvo los militares, nadie era responsable de nada. Había victimas y victimarios, los beneficiarios no existían. Hace 30 años, con la primera edición de Los cuatro peronismos, sostuve que ese relato mentiroso "borraba" los beneficiarios sociales de la política de terror. En Las dictaduras argentinas demostré que el bloque de clases dominantes cambió de programa del partido del Estado en 1975, y que el ignoto ingeniero Rodrigo, ministro de María Estela Martínez de Perón, expresó el nuevo. José Alfredo Martínez de Hoz no hizo más que llevarlo hasta sus consecuencias finales, y la "democracia de la derrota" –con otros instrumentos, pero con los mismos "especialistas"– prolongó su validación hasta el estallido de 2001. 

La posibilidad de un nuevo programa del partido del Estado, de un proyecto sudamericano capaz de impedir que nuestra región se transforme en mero apéndice del mercado mundial, requiere establecer de un modo inequívoco las responsabilidades del '76. Sólo la verdad nos hará libres, o al menos permitirá entender quiénes y con qué instrumentos posibilitaron semejante decadencia nacional. Por tanto, la importancia de la comisión bicameral no puede ser ignorada, ya que de su trabajo depende mucho más que la suerte del próximo gobierno. 

05/10/15 Tiempo Argentino