Cacerolazos sí; violencia policial no…manipulación mediática y poder
Sectores de clase media alta porteña y referentes de la patronales del agro y la derecha política intentaron dominar la escena mediática, instalando un imaginario social destituyente frente a un gobierno que se les antojó “autoritario”, “expoliador” y virtualmente “hackeado” por una supuesta “euforia popular”.
Por Giselle Dal Mas y Leonardo Spivak /
Tomando como excusa demandas de mayor seguridad y criticando una supuesta “corrupción institucional”, se registraron cacerolazos en los barrios porteños de mayor poder adquisitivo, contra las medidas de control en la adquisición de moneda extranjera. Casualmente, el tintinear de ollas se dejó oír en simultáneo con las medidas de lockout decididas por la Mesa de Enlace contra el revalúo fiscal bonaerense. A un oscuro segundo plano, los medios hegemónicos relegaron la decisión de la Corte Suprema de revocar el fallo que sometió injustamente a Fernando Carrera a siete años de prisión, por lo que se conoció como “La masacre de Pompeya”, y los reclamos por el esclarecimiento del caso Bugatto y contra la violencia policial y las prácticas de gatillo fácil.
Las medidas de control llevadas a cabo por el gobierno nacional en la adquisición de divisas derivó en la orquestación de cacerolazos en los barrios porteños de Belgrano, Recoleta, Palermo, Núñez y Caballito, el pasado 31 de mayo y 1º de junio, volviendo a repetirse en el día jueves pasado, con una concentración exigua en Plaza de Mayo. Al respecto, el diario La Nación publicó el pasado lunes, alimentando el mito destituyente: “No fue casual que los recientes cacerolazos contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en la noche del jueves pasado, surgieran en los mismos barrios porteños donde empezaron a sonar las cacerolas contra el corralito del gobierno de Fernando de la Rúa y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, allá por 2001.”
El “cepo cambiario”, como definió el matutino a la medida aplicada por el gobierno, “está sirviendo al Gobierno de excusa para atacar derechos inalienables de los ciudadanos” (La Nación, 03-06-12). Así, en un mecanismo de simplificación alarmante, característico en las prácticas de propaganda de la prensa hegemónica, la compra de dólares pasaría a ser un derecho “inalienable”, es decir, un derecho humano básico.
Así, la potestad de un Estado de regular su economía fortaleciendo el uso de su moneda en las transacciones comerciales parece convertirse en un delito de lesa humanidad. Derechos humanos restrictivos de una clase social atesoradora de divisas extranjeras, que a viva voz reclama por mayor “seguridad”, entendiendo a la misma como la potestad de acumular dinero, y que deniega el derecho humano básico a la defensa gratuita en un proceso judicial a un imputado por robo.
En la misma tónica, La Nación arguye que “Una vez más el costo de la prolongada fiesta de desbordes del gasto público, tanto en el orden nacional como en el bonaerense, será pagada por uno de los sectores más eficientes de la economía y, al mismo tiempo, el más castigado: el campo”. Otro acto deleznable de un gobierno que osa arremeter contra el imaginario liberal: intervenir en la economía de una nación. Así, el relato dominante instala la idea de la “inseguridad económica” que se suma a la de “inseguridad delictiva”.
El diario Clarín, las consignas aglutinadoras de los cacerolazos: “Basta de inseguridad, de pobreza, de corrupción, de mentiras, de políticas populistas, de autoritarismo, de emitir moneda-inflación, de propaganda, de demagogia, de patoterismo, de prepotencia, de monólogos, de corrupción, de robarnos, de pan y circo”. Y recoge la “voz” de las cacerolas: “Estoy acá por la libertad, dijo a Clarín , Estela de 64 años” mientras destacaba que en simultáneo “a las 20, la Presidenta de la Nación dejó la residencia para viajar a Santa Cruz, donde descansará hasta mañana.” (Clarín, 02-06-12). Extraño reclamo el de los caceroleros contra el “patoterismo”, los mismos que agredieron a periodistas del programa televisivo “6,7,8” por el sólo hecho de trabajar en un medio estatal.
El diario Perfil destacó al respecto las declaraciones de Aníbal Fernández sobre las protestas: “No les presté atención, estaba viendo Graduados (…). Así, irónicamente, Fernández intentó minimizar el impacto que tuvo la protesta contra el gobierno nacional, al ser consultado por un programa de radio del Plata” (Perfil, 01-06-12).
La “inseguridad” es un enemigo interno
El pasado martes se realizó una conferencia de prensa en el Congreso para exigir el esclarecimiento del caso Bugatto, el joven jugador de fútbol que fue asesinado por un policía de civil que intentó frustrar el robo de una moto en la que iba su hija. Al respecto, Clarín publicó que “familiares de Lautaro Bugatto, legisladores y militantes del Frente para la Victoria reclamaron ayer desde el Congreso al gobernador Daniel Scioli que ponga fin a ‘la violencia institucional y el gatillo fácil’ de la Policía bonaerense y exigieron justicia” (Clarín, 05-06-12). A tono con el acento que se coloca sobre la participación de militantes del Frente para la Victoria en el reclamo a Scioli, el matutino destacó que “la conferencia de prensa fue promovida por el diputado nacional por el Movimiento Evita Leonardo Grosso, parte de la avanzada kirchnerista contra la política de seguridad de Scioli” y remarcó que “el más criticado fue Ricardo Casal, ministro de Seguridad de Scioli”, instalando en el centro de la noticia la “interna Scioli-Mariotto”.
Al respecto, La Nación expresó, en el mismo sentido que Clarín, que el diputado nacional Leonardo Grosso “negó que se tratara de una arremetida formal del bloque contra Scioli, y aclaró que era un reclamo de organizaciones políticas. Los legisladores se reunieron en momentos en que se agravó la tensión entre el gobernador y sectores del kirchnerismo, luego de la aprobación de la ley que dispuso el aumento del impuesto inmobiliario rural en la provincia” (La Nación, 05-06-12).
Cuando los acontecimientos no se corresponden con la lógica de la prensa hegemónica, y los reclamos que los sectores sociales llevan adelante no forman parte del sentido común dominante, la información corre el eje hacia la supuesta intencionalidad política del reclamo y no se profundiza en el contenido del mismo.
De ese modo, los cacerolazos fueron “espontáneos” y sus discursos harto repetidos en el circuito multimediático, mientras el reclamo por justicia de los familiares de Bugatto y contra la represión policial fueron silenciados, y sólo fueron mencionados como la simple expresión de internas al interior del PJ.
Las novedades respecto del caso conocido como “La masacre de Pompeya” no escapan a esta dinámica de la maquinaria mediática. Fernando Carrera, detenido durante 7 años sin sentencia firme, fue excarcelado tras la decisión de la Corte Suprema de revocar el fallo dictado por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que lo condenó a 30 años de prisión.
Carrera, que había sufrido una persecución policial por efectivos de civil, huyó creyendo ser víctima de robo y sufrió el impacto de 8 balas, por lo cual embistió con su automóvil a dos mujeres y un menor, ocasionándoles la muerte. La revocación del fallo es un hecho inédito, ya que reconoce la corrupción policial y judicial en el caso, y el propio Carrera asegura que la causa fue “armada” para ocultar un caso de gatillo fácil.
Al respecto, el diario La Nación destaca que “cuando Carrera huía de un móvil policial no identificable, que lo perseguía por un robo, tomó con su auto la avenida Sáenz de contramano, y en el cruce con Esquiú embistió a varios peatones y provocó la muerte de una madre y su hijo de seis años y de otra mujer”. El relato no aclara que el conductor no había efectuado ningún robo, ni que huyó pensando que el automóvil policial no identificable lo perseguía para robarle, ni que atropelló a tres personas tras recibir ocho impactos de bala. Si bien en el cuerpo de la nota se incluye la versión de Carrera, no se desarrolla el entramado policial y judicial de corrupción que derivó en tamaña injusticia, porque no sirve a la criminología mediática un caso testigo de impunidad policial y judicial.
Mientras el acceso a una justicia imparcial y aun proceso justo sean derechos de segunda categoría, y la adquisición de dólares un derecho “inalienable”, seguirán languideciendo en prisión numerosas víctimas de la corrupción policial y la inseguridad jurídica. Mientras tanto, se seguirá oyendo el repiqueteo de cacerolas cuyo ruido continuará silenciando las voces de los olvidados por una sociedad sorda de individualismo y avaricia.
FUENTE AGEPEBA.
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