El caso Vicentin, con la promoción de la movilización de sectores medios y altos urbanos a una marcha de rechazo y el despliegue de una campaña fake news sobre la predisposición expropiadora de Fernández, tiene una faceta impúdica: la conducción política del poder económico lidera la defensa de un grupo empresario acusado de vaciamiento, desvíos de activos, fuga de capitales, subfacturación de exportaciones, comercialización de parte de la cosecha en negro, triangulación de operación con firmas offshore, fraude financiero y ocultamiento del último balance.
La impunidad para defender semejante desfalco, que involucra a bancos internacionales y hasta al brazo financiero para el sector privado del Banco Mundial (la CFI), tiene un motivo estructural: bloquear la posibilidad de intervención del Estado en el negocio agropecuario exportador, sector estratégico de la economía y generador de rentas muy elevadas.
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