Buen viernes para todos. Como cada cierre de semana, aquí le llega el resumen informativo esencial, para estar al día con lo que ocurre en el continente americano. No nos vamos a engañar, hoy casi todos los comentarios se los roban la Copa América y el debate penoso entre Trump y Biden. Pero de eso usted ya tiene bastante información por otros lados. Así que nos esforzamos por presentarle un menú noticioso apetecible de lo que sucede al sur del Río Grande, comenzando por ese particular intento de golpe en Bolivia, que analizamos a fondo. También la llamativa transición en México, denuncias de espionaje en Colombia, la condena a un ex presidente hondureño por ser “socio” del Chapo Guzmán, y la chance de que Brasil libere el uso de drogas. Sí, todo eso ha pasado esta semana, y se lo contamos conciso y bien explicado, en los párrafos que siguen.
El presidente boliviano Luis Arce, encarado con el militar Juan José Zúñiga. Foto, Twitter Para muchos latinoamericanos, fue un “deja vu”. La imagen de tanques rodeando el palacio presidencial de Bolivia, y los militares armados recorriendo la capital del país, parecía extraída de un documental de los años 70. Pero era actual, aunque con las horas han venido creciendo las dudas sobre si lo que sucedió en La Paz el pasado miércoles fue un verdadero intento de golpe de Estado militar, o una pantomima armada por el propio gobierno para mejorar su débil popularidad.
El incidente duró muy poco. Lo suficiente como para que el general Juan José Zúñiga, recientemente removido de su cargo de Comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, ingresara al palacio presidencial, y tuviera un cara a cara con el presidente Arce que recorrió el mundo. Zuñiga había sido removido de su cargo de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia apenas días atrás, luego de un choque público con el ex presidente Evo Morales.
Apenas un par de horas después de la irrupción militar en el palacio presidencial, el intento de golpe fue abortado, y el general Zúñiga y otros militares fueron arrestados. En ese momento, Zúñiga denunció ante las cámaras que todo había sido armado por el propio presidente Arce, con el objetivo de levantar su alicaída popularidad, en un momento en que el país atraviesa una grave crisis económica.
Voz local. Para tener una mirada en el lugar de los hechos, hablamos con el periodista Emilio Martínez Cardona, que nos decía lo siguiente:
“Esto pareció una escenificación, una guionización. Al final de la función, que duró más o menos lo mismo que una película larga, el general Zúñiga confesó lo que muchos olfateábamos desde un rato antes: que lo sucedido había contado con un puntapié inicial dado por el propio presidente Arce, quien le habría pedido unas noches atrás “mover a los blindados, hacer algo para levantar la popularidad”.
Según Emilio: “Es muy posible que Zúñiga haya sobreactuado o extralimitado su rol, o que no supiera que el final de la comedia incluía su sacrificio civil. Ahora, Arce tiene servida una nueva narrativa que le ayudará a cambiar, al menos temporalmente, el eje de la discusión nacional, de la crisis económica cada vez más aguda a la tesis de un gobierno “defensor de la democracia” que, a diferencia del gobierno de Evo Morales, “no huyó ante el golpe”.
“El asunto puede tener consecuencias negativas hacia el resto del sistema político, teniendo en cuenta que, cuando las tanquetas cruzaban la Plaza Murillo, el general Zúñiga habló de “liberar a los presos políticos como Añez y Camacho”, la ex presidente y el gobernador encarcelado, en lo que podría haber sido un intento de sindicarlos o vincularlos al movimiento militar. Si esto no activa nuevas persecuciones judiciales contra opositores, seguro que sí será usado para descalificar cualquier amague de protestas políticas o simplemente sectoriales, a las que se achacará de golpistas o desestabilizadoras”.
Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. Foto: Twitter Desde las recientes elecciones, desde Mirada Sur venimos siguiendo al detalle lo que ocurre en México, con el naciente gobierno de Claudia Sheinbaum. Porque México es uno de los países más relevantes en la región, y porque va a ser muy interesante ver como la primera mujer presidenta de ese país, gestiona la presencia en las sombras de su mentor, Andrés Manuel López Obrador. Por eso fue impactante leer esta noticia, en la cual Sheinbaum anuncia “una mayor austeridad” y que piensa hacer recortes en el gasto público.
¿La nueva presidenta anuncia un “ajuste fiscal”? ¿Será que la influencia de Milei y su “no hay plata”, llegó hasta México? ¿Cómo reaccionaría AMLO ante esto? Se lo preguntamos a quien más entiende la realidad mexicana, nuestro amigo, y director del centro de Atlas Network para América Latina, Roberto Salinas, quien nos aclaró las cosas rápidamente.
“Los buenos deseos de que va a haber una mayor austeridad con Claudia Sheinbaum no pasan de ser buenos deseos, es decir, habría que actuar en una forma que representa un rompimiento tajante con López Obrador. Un ejemplo es Pemex, no se puede seguir con un financiamiento tan escandaloso e indigno, francamente indigno para el contribuyente mexicano, de una empresa endeudada con 105 mil millones de dólares. O sea, seguir con la nostalgia del estatismo petrolero en nombre del rescate de la soberanía nacional es una perfecta idiotez y eso además solo sirve para condenar las finanzas”. “Este es uno entre varios otros ejemplos donde si Claudia Sheinbaum quiere tener una presidencia exitosa va a tener que hacer un rompimiento fuerte con el despotismo de las ocurrencias de López Obrador”.
Roberto nos decía que “justamente de esto se habló, entre varias otras cosas, en el XVII Foro Atlántico en Madrid de esta semana, con la presencia de grandes intelectuales como Fernando Savater, ex presidentes como Guillermo Lasso, Iván Duque, o Felipe Calderón, y muchos defensores de las ideas de la libertad de todo el mundo. Fue un encuentro y una conversación extraordinaria”.
“Dentro de ello se siguió hablando sobre que, a pesar de momentos como el triunfo de Milei en Argentina o Lacalle Pou en Uruguay, seguimos enfrentando los enormes riesgos del populismo liberal y abiertamente autoritario de parte de líderes que pretenden perpetuarse en el poder en todo el continente”.
La Fiscalía General de Colombia inició una investigación al gobierno de Gustavo Petro por posible espionaje a la Corte Constitucional, tras denuncias presentadas por magistrados de dicho organismo al diario El Tiempo. Otro medio de prensa, la revista Semana, informó que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez entregó una carta al Presidente de la Corte en la cual informa que él y su esposa han sido "víctimas de una persecución por parte de organismos de inteligencia estatal”.
El senador opositor David Luna le exigió al Presidente explicaciones sobre si hay en marcha una operación de inteligencia, denominada Orión, en contra de sus opositores, entre los que se incluyen no sólo figuras políticas, sino también militares retirados y periodistas. El objetivo de la operación, según el congresista, tendría como objetivo primero silenciar las voces críticas de la gestión de Petro, a través de la creación de “un plan de desprestigio”. Además, sostuvo que la Dirección Nacional de Inteligencia adquirió diversos softwares con el fin de interceptar mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram. Y que incluso “han alquilado inmuebles cerca de sus lugares de residencia”.
Petro rechazó las acusaciones y dijo que “Desde el primer día de gobierno la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes”. Y aprovechó la ocasión para atacar a su predecesor, Alvaro Uribe: “Nosotros somos demócratas y no vigilamos a nadie”.
Trasfondo. El espionaje a la oposición en Colombia no es un tema nuevo. La crítica de Petro remite a un caso de posible espionaje al Poder Judicial durante el mandato de Alvaro Uribe que derivó en un escándalo. En aquel sonado caso, la Sala Penal de la Corte Suprema entendió que algunos miembros del gobierno eran responsables de varios delitos y fueron condenados. Entre ellos, el exsecretario de la Presidencia de Colombia, Bernardo Moreno, y María del Pilar Hurtado, exjefa del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Dicho organismo, que cumplía funciones de inteligencia, había instalado micrófonos en la Corte Suprema de Justicia y tenía “chuzados”, como dicen en Colombia, los teléfonos de varias figuras de la oposición.
El caso actual. Entre las posibles pruebas que fueron presentadas en Fiscalía y que pusieron en marcha la investigación, hay información de presuntas escuchas con interceptación a celulares de magistrados y otros funcionarios a cargo de procesos sensibles. Estos magistrados tienen, entre sus funciones, la de examinar las reformas del Gobierno, aprobadas mediante leyes o decretos, y dictaminar si cumplen los requisitos de constitucionalidad.
Además de los teléfonos pinchados, los hechos de espionaje que se investigan incluyen seguimientos, elaboración de perfiles y monitoreos constantes.
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández recibió esta semana una condena de 45 años de prisión por delitos de narcotráfico en Estados Unidos. Hernández fue declarado culpable de enviar más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos, así como de trabajar en conjunto con el capo del narcotráfico mexicano Joaquín 'el Chapo' Guzmán. Además, el juez ordenó que Hernández pague una multa de ocho millones de dólares y que sus bienes sean decomisados “al ser adquiridos con dineros ilegales”.
Según la acusación, el exmandatario recibió millones de dólares en sobornos para permitir el transporte de droga entre Honduras y Estados Unidos, del 2004 al 2022, dinero que utilizó para consolidar sus dos periodos presidenciales. Los fiscales sostuvieron que el expresidente contaba con la complicidad de miembros de la Policía Nacional de Honduras para proteger los envíos de droga mientras transitaban por el país.
Antecedentes. De manera irónica, Hernández anteriormente había sido considerado un importante aliado de Estados Unidos, que envió a Honduras más de US$50 millones en asistencia antidrogas y varios millones de dólares más en seguridad y ayuda militar. En 2019, el entonces presidente Donald Trump dio las gracias a Hernández por "trabajar muy de cerca con Estados Unidos".
En un gran operativo policial, el abogado y político hondureño fue capturado en 2022 en Tegucigalpa y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Hernández, quien compareció durante el juicio para defenderse de los cargos, rechazó las acusaciones en su contra, como lo ha hecho desde el momento de su captura, y afirmó que se convirtió en "víctima de una vendetta y una conspiración del crimen organizado y enemigos políticos".
El Tribunal Supremo de Brasil decidió descriminalizar esta semana la tenencia de marihuana para uso personal, sentencia que se dictó luego de 9 años de sucesivas postergaciones. La decisión, laudada tras el voto favorable de 8 los 11 magistrados que componen el Tribunal determinan que el “porte para consumo personal constituye una acción ilícita sin naturaleza penal”, según explicó Luis Roberto Barroso, presidente del organismo judicial.
Un día más tarde, en una segunda instancia, se fijó en 6 plantas hembra o 40 gramos de la hierba, suficientes para armar unos 60 cigarrillos, la cantidad que definirá si el portador es usuario o traficante. La legislación vigente, que penaliza al que “adquiera, guarde, transporte o lleve consigo para uso personal droga sin autorización”, deja esa crucial decisión a cargo de policías, jueces y fiscales y ha abonado el terreno para episodios tanto de corrupción como de discriminación. Más del 60% de los acusados por la ley de drogas son negros o mulatos.
En definitiva, el nuevo criterio votado define que, si un ciudadano es detenido con una cantidad menor a 40 gramos de marihuana, no podrá ser arrestado ni le anotarán antecedentes, excepto que existan indicios que hagan pensar que la droga no es para consumo personal y sí para la venta.
Trasfondo. Barroso explicó que los motivos que llevaron a votar esta ley responden a buscar soluciones para el problema del “el encarcelamiento de jóvenes novatos con buenos antecedentes por portar pequeñas cantidades de droga”. Y añadió que “ese encarcelamiento exacerbado suministra mano de obra al crimen organizado en las cárceles brasileñas”. Al mismo tiempo, aclaró que Brasil no está legalizando el consumo de drogas. “Por el contrario, sólo estamos deliberando sobre la mejor manera de hacer frente a esta epidemia que existe en Brasil y que las estrategias que hemos adoptado no están funcionando porque el consumo no hace más que aumentar y el poder del narcotráfico también”, aseguró.
Desde el 2000 la población carcelaria en Brasil se multiplicó por 3,5 y hoy alberga 850.00 convictos, cifra que ubica al gigante sudamericano apenas por detrás de Estados Unidos y China, con 1,7 y 1,6 millones respectivamente. Además, los más de 1000 centros penales brasileños se encuentran saturados, con graves problemas de hacinamiento y un déficit de plazas que supera las 200.000.
Voluntad popular. Una encuesta de la consultora Datafolha, divulgada en marzo de este año, señala que la cifra de brasileños que se opone a la despenalización del cannabis para uso personal aumentó en los últimos 6 meses del 61 al 67% de los encuestados. En el mismo sentido, bajó el número de los que se mostraron a favor del 31 al 36%. Al respecto, Brian Winter, editor de la revista Americas Quarterly y gran conocedor de la política de Brasil, decía algo bastante incisivo: “Lamento ser un tonto, pero el 67% de los brasileños estaban en contra de la legalización de la marihuana en la encuesta de Datafolha de este año. Legalizarlo a través de la Corte Suprema es una receta perfecta para una mayor reacción conservadora contra la Corte y Brasilia en general”. Los próximos meses dirán si tiene razón.
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Martín Aguirre | Director
Rodrigo Caballero | Editor
