La Corte: un foco sobre el poder inadvertido
Entre los poderes concentrados y sesgados con alta incidencia en los destinos del país se encuentra la Corte Suprema de Justicia, institución desprestigiada si las hay, cuya ampliación está en debate.
Entre las metáforas del mundo de la naturaleza que se utilizan para explicar los problemas de la sociedad, está la que sostiene que el pez se pudre por la cabeza. Con la esa premisa, el antídoto para resolver la podredumbre pasaría por el mismo lugar: cortar la cabeza o modificarla.
El Poder Judicial argentino ostenta el privilegio de ser la institución del Estado más desprestigiada. No es que a otras instituciones públicas les vaya demasiado bien. Los partidos políticos, el Congreso de la Nación, los sindicatos, los medios de comunicación tampoco tienen una muy buena nota en el examen. Sin embargo, el Poder Judicial es por lejos el que tiene la peor imagen, la que más desconfianza genera.
El Senado de la Nación aprobó la semana pasada el proyecto de ampliación de la Corte Suprema a quince miembros. Entre sus rasgos, la nueva composición debería tener paridad de género y equilibrio federal. El Frente de Todos había impulsado en realidad una propuesta para que el máximo tribunal tuviera 25 integrantes. La paridad de género estaba incluida y el tribunal tendría un ministro por provincia –incluida la CABA– y uno por la Nación.
Al FdT no le alcanzaba el número para aprobar la iniciativa y la terminó bajando a quince miembros, en línea con el proyecto del puntano Adolfo Rodríguez Saá, que de esta manera aportó su voto clave.
Desde 1983, todos los presidentes pusieron un ojo en la Corte Suprema. En el supuesto mundo ideal del equilibrio institucional, que no existe en ningún lugar del mundo, la Corte debería ir generando una suerte de balance natural con el paso del tiempo. No ocurre en ninguna parte; tampoco en Estados Unidos, que es el país de inspiración de todo el modelo institucional argentino desde el siglo XIX.
Son conocidas las batallas del ex presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt con el máximo tribunal de su país. El padre del New Deal, que sacó a EE.UU. de la Gran Depresión, único presidente reelecto durante cuatro períodos, encontró en la Corte a uno de los principales adversarios de sus reformas sociales y económicas. Tras conseguir su primera reelección en 1937 (había ganado en 1933), intentó modificar la composición del máximo tribunal a través de la ampliación de su número de miembros. No tuvo éxito, pero su actitud beligerante le sirvió para conseguir que el tribunal dejara de boicotear al menos sus iniciativas centrales.
Una de las lecciones que pueden tomarse de este proceso es que la permanencia permite ganar muchas más batallas que la velocidad. Roosevelt gobernó durante casi 16 años y terminó finalmente nombrando a varios jueces de esa corte, porque se jubilaban o fallecían.
El devenir de la Corte en los años de la democracia
Volviendo a la Argentina. Cuando asumió Raúl Alfonsín, luego de la dictadura genocida, la Corte fue renovada en su totalidad. Los cinco ministros contaron con acuerdo del Senado. En 1989, Carlos Menem decidió ampliar el tribunal a nueve miembros y nació la famosa “mayoría automática” menemista, que a diferencia de lo que le había pasado a Roosevelt en EE.UU., no trabó ninguna de las reformas estructurales del riojano. Luego vinieron el interregno de Fernando de la Rúa, la crisis apocalíptica de diciembre de 2001 y el gobierno interino de Eduardo Duhalde.
Néstor Kirchner tenía claro que la Corte era un resorte de poder fundamental y que había quedado en manos del menemismo. A pesar de haber ganado con el 23 por ciento de los votos, se recostó en el rechazo al riojano. Apelando a la presión pública, consiguió que buena parte de esa mayoría automática, tres de ellos, renunciara. Hubo otros dos, Antonio Boggiano y Eduardo Moliné O’Connor, que decidieron enfrentar el juicio político que perderían.
Con el decreto 222/2003, Kirchner introdujo en el debate sobre los miembros de la Corte a las organizaciones de la sociedad civil, aunque no de modo vinculante, para que opinaran sobre los candidatos. En ese marco, la Argentina dio a luz la mejor Corte Suprema que había tenido en décadas; respetada por oficialismo y oposición. El “milagro institucional” se había producido. Boggiano y O’Connor perdieron su juicio político y el máximo tribunal quedó con siete miembros. En 2006, impulsado por la entonces senadora Cristina Fernández, el Congreso volvió a establecer el tribunal de cinco miembros sin destituir a ninguno, es decir que en las primeras dos vacantes no habría reemplazos. Con el diario del lunes, esta reducción no puede sino considerarse un error político porque concentró más el poder del tribunal.
Esa Corte se fue reduciendo y perdió a sus dos miembros más progresistas. El año clave fue 2014. En mayo falleció Carmen Argibay; en octubre renunció Eugenio Zaffaroni, que a diferencia de otros de sus colegas respetó la Constitución y se jubiló al cumplir los 75 años. Y ese mismo mes falleció Enrique Petracchi.
En septiembre de 2015, poco antes de que comenzara el proceso electoral que llevaría a Mauricio Macri a la presidencia, renunció Carlos Fayt. Era el miembro más antiguo. Tenía 97 años. Había sido nombrado por Alfonsín. Macri se encontró entonces con la oportunidad de nombrar a dos ministros en un tribunal de cinco, es decir, casi la mitad. Tuvo la misma posibilidad que Menem sin tener que pagar el costo de impulsar una ampliación. Para un presidente que venía con un proyecto autoritario, el lawfare, era como ser recibido con un banquete.
Se sabe que primero intentó meter a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosatti por decreto, violando la Constitución. Luego pasó por el Senado y el peronismo dividido votó a sus candidatos.
El repaso puede resultar engorroso, pero resulta fundamental porque es un proceso que suele pasar inadvertido para la mayoría de la población. La Corte es un poder clave del Estado. Uno de los errores políticos del Frente de Todos fue no haber impulsado algún cambio en ese tribunal, que había avalado el autoritarismo macrista, durante los primeros meses de Alberto Fernández. No hay posibilidad de separar a la Corte de los procesos políticos, ni en la Argentina, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte. El actual tribunal estadounidense, por ejemplo, poblado por conservadores extremistas, derogó el falló de 1973 que garantizaba el derecho al aborto. Lo hizo casi cincuenta años después. El derecho y la justicia son hechos políticos.
El proyecto que aprobó el Senado no tiene por ahora posibilidades de pasar en Diputados porque el número no alcanza. Ampliar la Corte para darle un sentido federal y de igualdad de género puede traer un aire de renovación a la actual composición de cuatro miembros, todos varones. El sentido federal podría darle más estabilidad porque los poderes políticos subnacionales en la Argentina suelen tener más continuidad.
En Francia, el tribunal superior tiene 120 jueces divididos en distintas salas; en España, 79; en Colombia, 23, por nombrar algunos ejemplos. Una Corte concentrada, como la que tiene actualmente el país, no puede garantizar algo más de equilibrio y ecuanimidad en las decisiones.
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