Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. La renuncia de Antonio Pronsato sacudió una jornada que solo prometía atención por la inminente definición presidencial ante la cercanía de la Cumbre de las Américas. A las críticas externas por las demoras en las firmas de los contratos o la liberación de los fondos, se les sumó el alejamiento de Pronsato, hombre de Julio De Vido durante los gobiernos kirchneristas, que había sido adoptado como asesor por la conducción de la ex ENARSA y era el encargado de la ejecución del gasoducto Néstor Kirchner, una obra emblemática por su volumen y su potencial en materia de divisas. Quienes hablaron con Pronsato aseguran que no pesó el factor político -como en el caso de Roberto Feletti- sino de gestión. El funcionario saliente pedía la creación de un ente autárquico para llevar adelante la licitación porque el proceso se estaba “burocratizando”. En Energía lo relativizan: “Una obra de esta magnitud puede tener demoras y nosotros, a lo sumo, vamos con un mes de retraso”. La sorpresa, tanto en el gobierno como en el sector, tenía que ver con que, a diferencia de varios ministerios u otros organismos, Pronsato formaba parte de la misma tribu con la que terminó agudizando sus diferencias. Otro elemento que se ha constituido en un asunto contencioso donde los delgados equilibrios -en este caso de la política exterior argentina- deben ponerse nuevamente en juego es la próxima Cumbre de las Américas. Los cálculos aparecen otra vez enormemente atravesados por la postura del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que viene amagando con no participar del cónclave si hubiera países excluidos -en este caso Venezuela, Nicaragua y Cuba, invitada de último momento. Argentina comparte la impugnación mexicana y la ha planteado en forma abierta. Alberto Fernández cuestionó más de una vez, y en muy duros términos, el efecto de las sanciones económicas sobre estos países, especialmente tras los estragos causados por la pandemia, y considera, en línea con la postura histórica argentina, que la legalidad de Naciones Unidas, la negociación y el diálogo son los instrumentos para resolver diferendos -máxime cuando ninguno de estos tres países ha agredido a un tercero y los embargos llevan décadas probando su fracaso. No concurrir, sin embargo, sería contradictorio. La excusa provista por el presidente mexicano a las autoridades argentinas para considerarlo es que la Constitución de su país no le permite inmiscuirse en la vida interna de otros países. Un argumento débil. Al mismo tiempo AMLO le dijo a su par argentino que tenía que asistir a la Cumbre para no dañar a Joe Biden y beneficiar a la derecha republicana. Nicolás Maduro, por su parte, planteó en Cuba que Alberto debía ser la voz de la región en la cumbre y López Obrador repitió algo similar en su mañanera. Cada uno de ellos tiene su propia relación con los Estados Unidos y resuelven su paritaria por sí solos. La idea de dejar trascender un encuentro de la CELAC en Los Ángeles surgió como forma de presión para abrir a los estadounidenses, pero, aun de quererla, no podría materializarse porque los presidentes de Venezuela, Nicaragua y Cuba tienen prohibido el ingreso al país. Fernández está decepcionado de la administración estadounidense. Así se lo hizo saber a Chris Dodd, enviado de Biden, cuando este le planteó la voluntad del Presidente estadounidense de recibirlo en la Cumbre: “Trump se apropió de la OEA, el BID, amenazó con invadir Venezuela, creó el Grupo de Lima, volvió a bloquear a Cuba, avaló el golpe de Estado en Bolivia y no revirtieron una sola de esas medidas, no entiendo por qué ahora manifiestan una preocupación repentina por América Latina”. La presencia argentina en el cónclave es requerida por México, Estados Unidos, pero también por Venezuela, todos con distintos motivos y reclamos sobre el contenido de la participación. Es de esperar, por lo tanto, que el Presidente argentino asista a la Cumbre. Los movimientos de los gobernadores también hay que mirarlos de cerca. Mientras que en 2015 fueron once las provincias que fijaron sus elecciones junto con las presidenciales, ese número bajó a cuatro en 2019. ¿Cuántos serán el año que viene? Fue Tucumán la primera en anunciar el desdoblamiento. ¿Por qué Río Negro y Neuquén, que votan en marzo, aún no hicieron pública su decisión y sí la provincia a la que siempre está volviendo Juan Manzur? El fenómeno que se expandió a lo largo y ancho de la Argentina tiene que ver con la provincialización de los procesos políticos locales. Despegados de la identidad nacional, el MPN, Juntos Somos Río Negro, el Frente Renovador de la Concordia o el propio cordobesismo -que ya es mucho más que una expresión heterodoxa del PJ- son ejemplos hiperexitosos que quieren replicar varios de sus pares en una discusión que excede las fronteras partidarias con el Área Metropolitana de Buenos Aires. Para quienes esa demanda en, por ejemplo, tarifas de servicios públicos es más aceitosa es para los gobernadores justicialistas: es en parte por el privilegio en el conurbano y su volumen electoral que el peronismo puede hacerse del gobierno nacional. Tal vez es por esta dinámica de consolidaciones locales que Gerardo Morales está pensando en reformar la Constitución en Jujuy para poder volver a presentarse. El camino ya se parece a los distritos con particularidades locales: quien presentaría la iniciativa sería una de las cuatro versiones que tiene el PJ jujeño. El objetivo sería que la Constituyente comience en septiembre y luego Morales pueda presentarse nuevamente. Esto, además de asegurarle el pago chico producto de una muy bien valorada gestión, le permitiría competir en la elección nacional con la tranquilidad del deber cumplido. Es más: sus emisarios ya hicieron consultas en el Correo para averiguar el costo administrativo de la iniciativa. En el relato de la mayor parte de la oposición, la corrupción va habitualmente acompañada de un adjetivo. Al modo de las blancas navidades de antaño, es habitual escuchar que uno de los grandes problemas del país es la “corrupción kirchnerista”. Un sentido común sorprendente para un gobierno que tuvo un blanqueo aprobado por el Congreso al que le sumó, por sola voluntad del ex presidente Mauricio Macri y contra lo decidido por los legisladores de ambas Cámaras, la posibilidad de que los parientes de los funcionarios exterioricen bienes no declarados. En las oficinas jurídicas de la Administración Federal de Ingresos Públicos circula un expediente de consulta sobre un blanqueo de bienes de un beneficiario de un fideicomiso. El caso es atípico, ya que quien blanquea no es beneficiaria directa de esa operación sino que es la beneficiaria subsidiaria, es decir, que sólo recibiría el beneficio en caso que, por el motivo que fuera, no pudiera hacerlo el beneficiario directo. La persona que exteriorizó los bienes era, además, la madre de un funcionario excluido por la normativa. Los datos provienen de intercambios automáticos con la OCDE obtenidos durante el macrismo, que sólo fueron explotados en la búsqueda de evasores a partir de 2020. Ante estas circunstancias singulares, la conducción de la Administración Federal de Ingresos Públicos decidió acudir a la opinión jurídica de su burocracia estable -altamente profesionalizada e insospechada de kirchnerismo- con el objetivo de fortalecer cualquier presentación y decisión que pudiera corresponder, tanto frente a la opinión pública como dentro del organismo y ante el fuero penal económico. Ante la consulta de la conducción del organismo, las áreas técnicas habrían señalado que no resulta admisible que los bienes de un fideicomiso fueran exteriorizados por un beneficiario subsidiario y no por el beneficiario directo, por lo que hace inaplicables los beneficios previstos por el artículo 46 de la ley 27.260. De todas maneras, el dictamen desestimó que la madre de un funcionario excluido pudiera ser sujeto beneficiario del blanqueo. La acción ilegítima, sin embargo, recaería de acuerdo al dictamen sólo sobre los bienes de las operaciones cuestionadas y no sobre la totalidad del blanqueo. Esto último es relevante, ya que las operaciones invalidadas darían lugar a la apertura de investigaciones administrativas y penales por el delito de evasión, de acuerdo a la cuantía de las faltas. Las investigaciones penales podrían afectar a un ex-presidente cuyo accionar ante el blanqueo aprobado por diputados y senadores regresa periódicamente para acecharlo. Bonus track- A nivel nacional las gestualidades de deshielo en el Frente de Todos siguen ocurriendo. El ministro de Desarrollo Social y lugarteniente del Presidente, Juan Zabaleta, estuvo reunido con Cristina Fernández de Kirchner en sus oficinas del Senado. “Fue un encuentro por temas de gestión”, resumieron ante #OffTheRecord en el entorno de Zabaleta.
Ojalá hayas disfrutado de este correo tanto como yo. Estoy muy agradecido por tu amistad que, aunque sea espectral, para mí no tiene precio. Iván | 
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