Los sucesos que sacuden a los países de la región muestran padecimientos y expectativas comunes, confirmatorios de que el proyecto de unidad de los libertadores tenía y tiene fundamentos realistas, como han comprendido siempre los imperios, despiadados en sus exitosas acciones divisionistas, de imposición y custodia de sus intereses: habría que taparse los ojos y los oídos para no comprender que hay alguna relación y similitudes entre la destitución de gobiernos populares como los de Dilma y Evo, los ataques a Lula, Cristina y Correa o las brutales represiones en Chile y Ecuador, más allá de las especificidades de cada país.
En ese contexto se produjo la demoledora declaración indagatoria de Cristina el 2 de diciembre, en la que sostuvo y demostró que el proceso de la causa en cuestión —en particular la negativa del Tribunal a que esa instancia se transmitiera en vivo y en directo— es una clase práctica de lo que se conoce como lawfare. El enojo auténtico con el que ejerció su defensa realzó la gravedad de las precisas denuncias que formuló, de una trascendencia institucional y política difícil de exagerar.
El alegato fue un hecho histórico por sus implicancias de todo orden: la jefa política del Movimiento Nacional y Popular no sólo refutó una por una las falsas denuncias que la tienen por acusada, sino que al hacerlo desnudó aspectos clave del drama argentino, de cuya cabal comprensión se deduce que lo ocurrido en los últimos 15 años es la variante actual de una repetida estrategia del Régimen, que consiste en perseguir al líder popular de turno hasta eliminarlo de la escena política y así desarticular la verdadera y efectiva oposición. La fortaleza y capacidad de conducción de Cristina han sido decisivas para impedirlo hasta ahora, pero el peligro acecha. El Régimen no juzga al Movimiento Nacional por las posturas conciliatorias de algún dirigente sino por lo que es, ni más ni menos que una amenaza real a sus privilegios: tal lo que confirmó el alegato, que ubicó una vez más al Movimiento en el papel que objetivamente cumple. Por eso es importante arriesgar algunas consideraciones a partir de su exposición.
Opciones
El proceso histórico muestra que el hecho de que la oligarquía sea desalojada de la conducción del Estado no significa que se haya derrumbado el Régimen; se podrán agudizar algunas contradicciones como las disputas entre fracciones del capital, o habrá lugar para cuestiones de menor importancia como las pulseadas que vemos en estos días para definir quién será el jefe de la oposición al próximo gobierno; síntomas de una gripe, no de una enfermedad mortal.
No habría que perder de vista que el antiperonismo —en su forma militante y estrepitosa, o disimulado en busca de algún distraído— siempre ha unido a gorilas y criptogorilas; más aún, en su versión moderna hay que agregar otra categoría, la de los peronistas que se definen antikirchneristas. Y, por encima de las divergencias sin sentido, hoy todxs convergen en la doctrina del antipopulismo, que es la ideología implantada por el imperialismo particularmente en la región. Ese antipopulismo está dirigido en la Argentina contra el Movimiento Nacional: populismo es todo aquello que ponga en peligro los intereses de la conjunción entre el saqueo interno y el colonial, en primer término el kirchnerismo.
Así las cosas, las opciones son:
- plegarnos al imperialismo o
- combatir sus formas locales.
Por lo tanto, el alegato fue también una clara toma de posición contra quienes piensan que es imposible enfrentar a los poderosos, y optan por la inacción y el derrotismo, que son formas de tomar partido por el status quo. Y fue, en consecuencia, la confirmación de un liderazgo que representa a esos millones de mujeres y hombres incorruptos que saben que toda decisión política es una decisión ética y no abdican de su libertad, asumiendo las dificultades y peligros que esa actitud implica.
Una tradición
Las menciones que hago del imperialismo no tienen nada que ver con algún oscuro rencor antiyanqui, sí con evidencias que se repiten. Para no remontarnos demasiado lejos, tenemos la obligación de no olvidar que los Estados Unidos son el factor central de nuestras recolonizaciones a partir de 1955. Y como los países, las mujeres y los hombres se definen por sus actos, ninguna simulación puede ocultar que el lawfare que denunció Cristina ha sido planificado en Washington para todo el continente, y tampoco que es la última expresión de una añeja tradición oligárquico-imperial: la entente no duda en romper o vaciar las instituciones que responden a su propia ideología cuando ve amenazados sus privilegios. Los grupos privilegiados proclaman principios liberales, pero se apartan de ellos cuando ser consecuentes con tales enunciados implica el peligro de un ascenso popular o exige su destitución: lo hicieron con el fraude patriótico de la década infame, golpes de Estado y reglamentaciones político-electorales, hasta llegar al lawfare. Hay diferencias de procedimientos pero no de Fondo: son lo que Yrigoyen llamó “variantes de una misma ignominia”.
Cristina estuvo sentada en el banquillo de los acusados porque cometió uno de los delitos imprescriptibles en los códigos del Régimen: ejercer una fuerte conducción estatal como condición de posibilidad de la integración nacional y de un desarrollo independiente.
Se deduce que el sistema de opresión que padecemos no será derrotado por ninguna conciliación complaciente entre oprimidos y expoliadores. Si en general las contiendas entre fracciones del Régimen se producen en un estilo caballeresco, como debe ser entre señorxs que saben ganar y perder con la sonrisa a flor de piel, estxs señorxs olvidan los buenos modales y se valen de todos los medios contra el intruso o la intrusa que interfiere en el disfrute pacífico del trabajo ajeno: la creencia de que la oligarquía cedería algo graciosamente o en homenaje a presiones morales o ideológicas ya se ha ganado el derecho a que se la incorpore en el panteón de las zonceras jauretcheanas.
Lawfare y CIA
El fenómeno de la militarización del lenguaje político trasciende las fronteras nacionales y regionales: guerras financieras, guerras comerciales, guerra contra el terrorismo, guerra contra el narcotráfico, guerra ideológica, etc. Es una manifestación de rupturas importantes en los fundamentos de las sociedades liberales.
En el ámbito jurídico ha desembocado en el denominado lawfare —nominación en inglés que no es casual—, o guerra jurídica, que consiste en una peculiar modalidad de judicialización de la política y un peligroso tránsito del Estado democrático de derecho hacia una especie de Estado judicial. Su modus operandi, tal como se desprende de la declaración de Cristina y de otros procesos en el subcontinente, consiste en el bloqueo gubernamental mediante una estrategia de falsas demandas encadenadas y en la deslegitimación de los políticos y la política ante la opinión pública, amplificada por los oligopolios de comunicación afines a la estrategia.
El lawfare supone la utilización espuria del sistema jurídico y de los aparatos de inteligencia con el objetivo principal de desacreditar y/o perseguir, no a cualquier adversario político sino a aquél que ha sido identificado como enemigo y pasa a ser un objetivo militar a abatir; conlleva la clara intención de que los aparatos judicial y de inteligencia intervengan en la arena política, incluso para favorecer o legitimar golpes de Estado, sean blandos o duros. Esta guerra jurídica es más efectiva en los países donde persiste una estructura oligárquica en la administración de justicia. Si bien la Argentina no es un ejemplo extremo, es evidente que aquí una porción significativa de la alta burocracia judicial se subordina a los intereses de la oligarquía.
La particularidad de esta modalidad de judicialización de la política es que somete el funcionamiento de dos partes importantísimas del Estado a poderosos intereses privados:
- El Poder Judicial, clave para la organización social en tanto tiene directa intervención en la defensa de los derechos de cada ciudadanx, y
- Los servicios de inteligencia, que en este juego macabro vulneran derechos elementales de lxs ciudadanxs con prácticas propias de los fascismos del siglo pasado. Se entiende que Cristina haya calificado el crimen que describía de peligroso para la democracia.
Por si fuera poco, no sólo se viola la separación y el equilibrio de poderes, propios del Estado democrático de derecho, sino —lo que es más grave— se cae en una falsa y hasta mesiánica retórica de llamados a la honradez política y a la lucha contra la corrupción, que no busca erradicar sus causas sino perseguir objetivos políticos muy concretos. Que sectores del poder judicial de consuetudinaria connivencia con la corrupción estructural del Régimen se presenten como abanderados de esta cruzada jurídica contra la presunta corrupción de un gobierno popular sería curioso, si no fuera por la coherencia que los caracteriza.
Por su parte, los medios oligopólicos no sólo suman audiencia y ganancias batiendo el parche falaz de la anticorrupción, sino que son parte del gran capital que se beneficia con el desprestigio de la política y de los gobiernos del pueblo.
La perversa combinación de la denuncia penal de una corrupción que nunca es probada, el funcionamiento anticonstitucional de los sistemas penales y de inteligencia, la agitación y movilización —vía redes tipo WhatsApp— de ciertos segmentos de la población proclives a acompañar la maniobra, la intervención policíaco-militar y la amplificación que realizan los grupos mediáticos afines, todo bajo la conducción de la Embajada en cada país, ha propiciado la caída a veces sangrienta de gobiernos populares y mantiene en el poder a gobiernos claramente antipopulares, con bajos costos políticos para los criminales. El lawfare no está solo: no hace falta ser un analista político ni vivir en el Chile de Piñera para advertir que hay gobiernos que están en guerra contra los pueblos de sus países. La militarización y policialización del conflicto social se presenta como una cuestión de orden público: los conflictos sociales son así tergiversados y señalados cual meros generadores de violencia, ocultando sus causas y la violencia que les da origen; en esas condiciones, la respuesta no puede ser otra que la represión policial o militar y el irracional endurecimiento de las normas que restringen derechos y libertades que parecían consolidados.
La Historia sugiere
Llegar al Fondo del drama nacional implica considerar que el despojo del que han sido víctimas los sectores populares y el país, la alienación de su soberanía y el papel que en esto desempeña el régimen institucional son caras del mismo prisma. Allí están la esencia y razón de ser de la coalición oligarquía-imperialismo que se apoderó nuevamente del Estado en diciembre de 2015.
Sin perjuicio de tener presente la relación de fuerzas y atender las urgencias populares, sino todo lo contrario, es central considerar esta cuestión en la etapa que se iniciará con el gobierno de Alberto Fernández, porque el fatídico mecanismo de drenaje causante de los mayores sufrimientos de nuestro pueblo no se detiene automáticamente con el cambio de gobierno.
El imperialismo es tanto un hecho técnico-económico como cultural, y la Historia registra que si en períodos en los que pudieron avanzar las fuerzas de raigambre progresista las medidas que se tomaron fueron aisladas, no como parte de un proyecto integral, o si se tomaron como reparaciones de carácter moral y no como rectificación de políticas que conspiraban contra el desarrollo autónomo; entonces se neutralizaba sólo una parte del dispositivo y no se detenía el implacable funcionamiento de la maquinaria de expropiación.
Los hechos recientes muestran que esta última recolonización que ha sufrido el país es un episodio anacrónico, no porque no se corresponda con los aconteceres de la época, sino porque recayó en un pueblo que venía de 12 años durante los cuales avanzó una vez más en la práctica de su libertad y su soberanía. Por eso en poco tiempo se vio que el acelerado montaje de los mecanismos de expoliación sólo podía sostenerse con la violencia en gran escala. Pero no pudieron. Sin embargo, también se ve que han perdido el sentido de la estética, no las mañas: la patética prueba de amor de los jerarcas de Gendarmería a Patricia Bullrich es un mensaje grotesco de que el Régimen está ahí, herido pero en guardia.
Ahora su estrategia se puede traducir en estos términos: si no pudimos destruir ni silenciar a Cristina, distorsionemos todo lo que dice; si no pudimos destruir la organización política que ella conduce, fragmentémosla; si mantienen su vocación de lucha, que no encuentren las formas efectivas para triunfar ni reconozcan a sus amigos y enemigos; si están vacunados contra la libre empresa y el romántico desinterés norteamericano, que por lo menos eso quede en pura retórica, para que su nuevo acceso a la conducción del Estado no deje de ser un formalismo más.
En el extremo opuesto está el norte magnético según nuestra brújula.
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