Uno de los desafíos que enfrentan los abogados y activistas en derechos humanos en América latina es pensar de modo urgente la violencia institucional como problema central. La violencia institucional está creciendo de modo coordinado y sostenido en todos los países de la región, al mismo tiempo que crecen la pobreza y, sobretodo, la desigualdad: sus víctimas pueden ser activistas, indígenas, manifestantes, vendedores ambulantes, rateros, incluso niños. El poder punitivo suele recaer siempre sobre los sectores más castigados y vulnerados de la sociedad. Muchas muertes son presentadas equívocamente como meros “excesos” de las fuerzas de seguridad, pero son atropellos continuados y cada vez menos disimulados a las garantías civiles y los derechos más básicos, más elementales. Una amenaza directa al Estado de Derecho.
El Estado tiene la obligación institucional defender la vida: de combatir el crecimiento exponencial de la tortura en las comisarías y cárceles, los asesinatos por la espalda, los asesinatos en controles policiales, las muertes en falsos “enfrentamientos”. Homicidios como el de Nahuel y el de Facundo Ferreira reeditan los peores tiempos de la Argentina. Hoy existe un nuevo y peligroso salto al vacío: las doctrinas políticas y policiales que intentan generar la idea de que el debido proceso, el acceso a la justicia, el principio de inocencia, son meras veleidades del “garantismo”, excesos de la Constitución, y no pilares centrales de la vida en democracia.
Existe una gravedad con dos caras. Primero, porque estas aberraciones son cometidas. Segundo, porque se las promueve desde lo más alto del poder político, que debiera combatirlas y hacer predominar el Estado de Derecho, preservando las garantías constitucionales, hoy enflaquecidas. La doctrina Chocobar no es un accidente. Las doctrinas que legitiman hoy desde el Estado la violencia institucional son un ejemplo dramático y vivo.
El desmantelamiento de oficinas de DD.HH. en diversas dependencias públicas, como el Banco Central y otros organismos, el vaciamiento de otras que se sostienen sólo de manera superficial, son muestras de cómo se considera el “pasado” que tanto ha condicionado y condiciona aun nuestro “presente”. La memoria es necesaria para entender la cosmovisión represiva sobre la que se anida un plan económico que genera miles de excluidos.
Si la Justicia es realmente un poder independiente, no puede tolerar la violencia institucional (la nueva “doctrina” Chocobar) sin deslegitimarse ella misma como poder del Estado.
En Argentina parece haberse invertido el principio esencial del Estado de Derecho, según el cual las personas se presumen inocentes, no culpables, hasta que se demuestre lo contrario. Es parte de la inconstitucional crítica al garantismo. En Argentina, para muchos sectores, antes de todo acto, de todo crimen, la regla penal que existe, la presunción que existe desde el seno del poder político y las fuerzas de seguridad, es la culpabilidad. Se presume que determinadas personas son “culpables” de antemano, antes de realizar cualquier conducta, y que deben ser castigados por ello, incluso con la muerte. Es el retroceso al derecho penal de autor, no de acto. Se castiga, persigue y mata a determinadas personas no por lo que hacen, sino por lo que son. Y lo que “son” no lo determina el Derecho (para el que todos somos iguales), sino la mirada policial, cargada de prejuicios, que trabaja sobre la estigmatización de los sectores más vulnerados. Se criminaliza a los sectores sociales que más asistencia deberían recibir. La criminalización es un parche que deja sin resolver un problema de fondo. Es así que se presenta como única salida posible el aumento exponencial de la violencia institucional, volviendo a naturalizar las muertes cotidianas. Pero la sangre derramada no será negociada. Ni la de los 30 mil ni la de las víctimas de la violencia institucional de hoy, como Rafael Nahuel o Facundo Ferreira.
* Abogados en Derechos Humanos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario