De acuerdo al informe realizado por CEPA, hubo 5608 nuevos afectados entre cesanteados y suspendidos. El 65 por ciento de los casos se trató de despidos en el Estado. En el sector privado, la industria sigue al frente del ranking negativo. Por Laura Vales Despidos y suspensiones en los sectores público y privado, febrero de 2018. En porcentaje Despidos y suspensiones en los sectores público y privado, febrero de 2018. En porcentaje Febrero fue otro mes de despidos. El plan de ajuste afectó a 5.608 trabajadores, entre los que fueron dejados cesantes y los que sufrieron suspensiones. En el 65 por ciento de los casos se trató de despidos decididos por el Estado, por ejemplo los que generó el cierre de escuelas en la provincia de Buenos Aires, o el de empresas públicas como Ferrobaires, ambos en el marco de los recortes del gasto público de la gobernación de María Eugenia Vidal. En el sector privado la industria es el rubro que continúa perdiendo más puestos de trabajo. Los datos surgen del último relevamiento de despidos realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que da cuenta de un proceso continuo de expulsión de trabajadores de la economía formal. El gobierno volvió ser, este verano, el principal motor de los despidos, después de un 2017 electoral en el que Cambiemos cuidó las formas. Los recortes de personal afectaron fuertemente a los empleados públicos de las provincias y municipalidades (en noviembre, sobre el cierre del año, el presidente Mauricio Macri hizo un llamado a la “austeridad” y hubo gobernadores y intendentes que ejecutaron este llamado al pie de la letra). La provincia de Buenos Aires superó los mil despidos en un mes con el cierre del ramal de Ferrobaires y de escuelas rurales. También sumaron más de mil los puestos perdidos en entes descentralizados como el Conicet (donde por los recortes presupuestarios fue reducido el número de científicos ingresantes a la Carrera de Investigación). Hubo desvinculados en el Senasa, la Lotería Nacional, el Anses, el Sistema Federal de Medios (Paka Paka y Deport TV) y varios hospitales (Posadas, San Roque, Quintana). En una decena de reparticiones que ya habían achicado sus planteles, originando procesos de organización y reclamo de los afectados que todavía continúan abiertos, como el Inti, Radio Nacional y las trabajadoras sociales de CABA, las listas de despedidos se siguieron engrosando. En los Ministerios del Ejecutivo Nacional y en las municipalidades también hubo una continuidad de las bajas iniciadas en enero: hubo otra vez cesanteados en las carteras de Economía, Interior, Ambiente, Producción, Energía y Defensa (309 en total). Entre las intendencias que dejaron gente en la calle se cuentan las de Pinamar, Santa Rosa, Berisso, Güemes, Fray Luis Beltrán, Cipolletti y Malargüe. A su vez, en las empresas de capital estatal se registraron suspensiones. El caso que marcó febrero fue el de la Fadea, la fábrica de aviones, que tomó esta medida luego de haber implementado un plan de retiros voluntarios y despedir personal. En el sector privado, la industria sigue encabezando la cantidad de casos de despidos. De las 1927 cesantías en empresas privadas registradas en el último mes, 1115 se dieron en establecimientos industriales. “El sector industrial ha tenido un comportamiento expulsivo en todos los meses desde diciembre de 2015”, señaló Hernán Letcher, titular del CEPA. “Si se compara el número de cesantías con las del mes pasado, la cantidad resulta algo menor, y al contrastar febrero de este año con febrero del año pasado la cantidad es similar. Lo que vemos es la continuidad de una caída: desde diciembre de 2015, momento en que asumió el macrismo, a hoy los despidos y suspensiones en la industria suman 75.105 casos”. Al interior de la industria, los metalúrgicos volvieron a ser muy golpeados, con casos como los de Bellver, Cinpal, Epson (130 casos), Indequil (120), Jon SRL, PadMet y Torres Americanas. Los 260 despidos de Expofrut colocaron al subsector en el segundo lugar de este ranking negativo. El rubro alimentos y bebidas, en tercer lugar, tuvo despidos en empresas como el Ingenio Ledesma, La Virginia, Olca, Ovaprot y Calsa. Electrónica y electrodomésticos volvió a presentar despidos, en este caso en BGH, Electrolux y SIAM. En el rubro textil, hubo suspensiones de Alpargatas en Catamarca y en Grimoldi. Los despidos relacionados con cierres alcanzaron los 1220 casos. Como se sabe, cuando una empresa baja la persiana los puestos de perdidos tienen mayor dificultad para ser recuperados.

La organización de derechos humanos analizó y describió el accionar de los trolls en las redes sociales, que se activan ante posiciones críticas al Gobierno por parte de periodistas o de defensores de derechos humanos. Quiénes son y cómo operan.

Por Victoria Ginzberg

El gráfico ilustra los nodos de retuits de las cuentas que tienen comportamiento de cibertropas. 

La mecánica es así: ante una opinión crítica a una medida de gobierno o a algún funcionario, se activa una dinámica en las redes sociales que termina en un ataque de la “cibertropa”. “El método utilizado combina la acción de cuentas personales de referentes políticos, trolls (cuentas cuyo registro violento bloquea el debate y desvía la conversación), bots (cuentas parcial o totalmente automatizadas en sus interacciones) y seguidores regulares. En algunos casos, los voceros oficiosos, los formales y los informales, difunden información falsa (fake news) atacando a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El objetivo es generar acciones con el fin de producir algún efecto en la opinión pública, en la circulación de la información o en la persecución de opiniones críticas”. Así describe Amnistía Internacional el funcionamiento, en las redes sociales, de las agresiones a la libertad de expresión de periodistas y defensores de derechos humanos en la Argentina. La organización destacó que esta acción coordinada se despliega desde cuentas identificadas con el gobierno de Cambiemos.

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Fake news contra Amnistía

Por Victoria Ginzberg

AI realizó un relevamiento del comportamiento de este tipo de agresiones en Twitter entre el 22 de octubre y el 14 de noviembre del año pasado. Tomó como universo de análisis las cuentas de ocho periodistas (Hugo Alconada Mon, Edi Zunino, Maria O’Donnell, Reynaldo Sietecase, Romina Manguel, Marcelo Longobardi, Ernesto Tenembaum y Nelson Castro) y la que corresponde a la difusión de las actividades del premio Nobel de la Paz y dirigente del Servicio Paz y Justicia (SerPaj), Adolfo Pérez Esquivel. También trabajó sobre las menciones al periodista Carlos Pagni y a la directora ejecutiva y vocera de Amnistía en Argentina, Mariela Belski, quienes no tienen cuenta de Twitter. En el informe, en el que participaron los especialistas Martín Becerra, Luciano Galup y Juan Pablo Pilorget, se analizaron 354 mil tweets.  

Desde AI explicaron que se eligieron estas personas por su relevancia pública, pero además porque el hecho de que no tengan un comportamiento crítico al Gobierno constante permite identificar más claramente el funcionamiento de los ataques: “Su carácter diverso, su diferente inserción en distintos medios de comunicación y sus reconocidas posiciones también variadas en términos ideológicos y de afinidades polítco culturales, dota a los resultados de mayor representatividad, ya que las tendencias observadas se registran de modo simultáneo en todos los casos”.    

En el período analizado, entre los temas de la agenda pública se destacaban la muerte de Santiago Maldonado -en el marco de un operativo represivo de la Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen, en Chubut– y el arresto sin condena de dirigentes políticos vinculados al kirchnerismo, así como la difusión de las imágenes de la detención, en su domicilio, del ex vicepresidente Amado Boudou. En el caso de Belski, el ataque, que consistió en la difusión de una noticia falsa, se produjo luego de que Sergio Maldonado, hermano de Santiago, diera una conferencia en la sede de Amnistía (ver aparte).

AI detectó regularidades en el modus operandi de las agresiones: “la coordinación –temporal y temática- se realiza mediante la participación de algún guía o figura autorizada por su relevencia dentro del segmento de cuentas afines al oficialismo nacional que funcionan como habilitadoras de un entorno discursivo”. El un segundo momento, que corresponde al ataque serial, “no expone -aunque hay excepciones- a referentes oficialistas en el frente de las provocaciones, sino que los recursos que se despliegan son trolls y bots, es decir cuentas que combinan contenidos generados por usuarios genuinos, destinados a profundizar la agresión, con actividades de retweeteo y faveo orientada a dotar de mayor relevancia y escala el ataque donde se despliegan intervenciones automatizadas y semiautomatizadas”. 

  AI afirma que no puede identificar al Gobierno como responsable de los ataques, pero destaca que hay una “secuencia de responsabilidades” en cuyo origen hay funcionarios o voceros formales del oficialismo y también cuentas que, identificadas políticamente con el gobierno nacional, no tienen vínculo formalizado o público aunque en las redes sociales son reconocidas (y en sus perfiles también se reconocen) por su oficialismo. Entre ellos, hay “agentes de diferente rango”: están los habilitadores y los replicadores. Los “habilitadores” construyen el escenario en el que se identifica al objeto de hostigamiento y realizan una intervención que funciona como autorización para el acoso. Luego, se produce el ataque serial con cuentas anónimas o automoatizadas y perfiles que, como “células dormidas”, se activan sólo para participar de la agresión. 

El informe menciona como “autoridades”  de las cibertropas (las que más interacciones generan) a los usuarios @AlfredoDarrigo, @LtCastilloVice, @GustavoBruzone, @santosjorgeh, @hepoggi, @PajatitaTw, @GFrondizi y @Winston_Dunhill. Y señala que los usuarios que retweetean a estas cuentas también interactúan con algunos de los periodistas atacados –con tweets agresivos-y con @edufeiok (el periodista Eduardo Feinmann), @FerIglesias (el diputado de Cambiemos Fernando Iglesias), @santosjorgeh y @buchonsito01, entre otros. “Los casos de Fernando Iglesias y Eduardo Feinmann -afirma AI– merecen destacarse porque son a la vez destacadas figuras de generación y reproducción de mensajes intimidantes y de noticias falsas, a la vez que desempeñan un rol institucional como diputado por la gobernante Alianza Cambiemos, en el primer caso, y un rol público como conductor de programas de opinión e información en radio y televisión en emisoras que la ley califica como de ´interés público´ en el segundo caso”. 

  El informe también analiza la particular distribución a  lo largo del día de las cuentas que participan en las agresiones concertadas: concluye que entre las dos y las siete de la mañana los usuarios de las cibertropas tienen mayor actividad en relación al conjunto y, además, sostienen su “trabajo” durante las 24 horas, lo que demuestra que parte importante de esas interacciones corresponde a programaciones automatizadas. De la actividad coordinada que refleja el informe se infiere que hay recursos económicos detrás.

  “El ataque a posiciones críticas amenaza la libre circulación de información, ideas y opiniones y viola la libertad de expresión”, señaló Belski. Para AI, el objetivo de estos ataques no sólo es descalificar a los periodistas o referentes de derechos humanos sino también el de funcionar como un dispositivo de disciplinamiento y autocensura. En este sentido, la organización de derechos humanos realizó una serie de recomendaciones, tanto al Estado como a las empresas de redes sociales. Entre ellas, llamó a ambos a “fortalecer y simplificar las herramientas de denuncia, dar respuesta a los usuarios ante comportamientos abusivos y generar normas de uso claras y transparentes”. Sostuvo que “el Gobierno y el resto de las formaciones políticas deben evitar la participación de sus representantes en la producción de noticias falsas con fines difamatorios, el discurso del odio y las acciones concertadas de ataques y agresión a periodistas y defensores de los derechos humanos”. Y que el Estado y las empresas involucradas “deben crear o fortalecer mecanismos claros y objetivos (no valoraciones subjetivas o ideológicas) para la detección, la comunicación y el bloqueo de actividades de bots y cuentas automatizadas que se utilizan para manipular la opinión pública y difundir discursos de odio simulando un debate orgánico”.    

Recordó, además, que en 2017 hubo una Declaración conjunta sobre fake news de los Relatores de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la OEA y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Cadhp) que aseguró que “el Estado tiene la responsabilidad de proteger el debate y la crítica y, en consecuencia, desarrollar mecanismos respetuosos de las garantías constitucionales para identificar campañas de desinformación y propaganda orientadas a dañar la reputación, a instigar la violencia, la discriminación o la hostilidad hacia grupos identificables de la sociedad”.