El relator de la CIDH para personas privadas de libertad advierte sobre el retroceso en materia de derechos humanos en la región. Afirma que en la Argentina ha visto “señales que nos preocupan” y remarca el incumplimiento de las disposiciones de ese organismo. La inquietud en torno a los casos de Milagro Sala y Santiago Maldonado.
Imagen: AFP
Desde Montevideo
¿Qué se hace cuando un Estado se niega a cumplir una medida cautelar? James Cavallaro es uno de siete comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para las personas privadas de libertad. Recuerda que la Corte Suprema argentina en ocasiones no estuvo de acuerdo con fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero aún así los cumplió como en el caso Simón. En escenarios como el presente, con el caso de Milagro Sala de fondo, dice que corresponde a la CIDH “hasta cierto punto” pensar diversos mecanismos. Pero dice “no tenemos cascos azules ni ejércitos para mandar, entonces ahí dependemos de las fuerzas políticas de cada Estado” y “no es que nos falta capacidad política, pero llega un punto en que la decisión es del Estado y del pueblo”.
Cavallaro estuvo en Argentina para presentar un informe sobre la situación de las cárceles y en las audiencias de Montevideo donde la CIDH trató los casos de Milagro Sala, Santiago Maldonado y llevó adelante audiencias públicas sobre el retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y, en los derechos laborales. “Nosotros esperamos que Argentina, que tiene el papel histórico de líder en los derechos humanos, siga con ese liderazgo. Y tengo que decir que hemos visto señales que nos preocupan”, dice en esta entrevista con PáginaI12. “Hay un discurso de reconocer la existencia de los problemas, pero estamos a la espera de políticas coherentes, a la altura de los problemas, necesarias, no sólo para reconocer que hay violaciones, sino para resolver las violaciones. Y esperamos que Argentina recupere o siga el liderazgo que ha tenido en el pasado.”
El comisionado, que fue presidente de la CIDH y en diciembre concluye su mandato, es uno de los integrantes de perfil más académico del organismo. Nació en Brooklyn, fundó el Centro de Justicia Global y fue director de las oficinas en Brasil de Human Rights Watch y del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). En este diálogo habla del rol de la CIDH, discute la antinomia dictadura o democracia que sobrevoló la conferencia de prensa del último día sobre el caso Argentino. Y describe la emergencia de un contexto regional de regresión de derechos con democracias discursivas pero con prácticas antidemocráticas. Habla de la emergencia del “odio que busca limitar, excluir, reducir y negar a ciertas personas en sus derechos”. De cuestionamientos a la comisión pero también a la propia idea, como dice, de los derechos humanos. De asumir medidas aunque no sean populares: “Porque ratificar la Convención es una cosa –dice–, y otra es aceptarla, internalizarla, implementar incluso decisiones no populares, porque nuestra función no es ganar votos, nuestra función es fiscalizar el cumplimiento de los instrumentos interamericanos, y punto”.
–El informe difundido al cierre de las audiencias señala un avance en la región de graves riesgos en materia de derechos humanos. ¿Qué vieron estos días?
–El diagnóstico que hacemos en el hemisferio es que enfrentamos desafíos muy grandes, desafíos en casi todos los sentidos. Hay lugares y discursos que cuestionan no sólo determinadas políticas o actitudes de la Comisión o de otros organismos de defensa y promoción de los derechos humanos. Sino, el propio concepto y la idea de los derechos humanos. Y esto sucede desde arriba, en el norte, hasta el sur. Estamos frente a discursos de odio, discursos que buscan responsabilizar a determinados grupos por su orientación sexual, su estatus migratorio, su raza, su etnia. Hay discursos de odio que buscan limitar, excluir, reducir y negar a ciertas personas en sus derechos. Y por otro lado, hay discursos y prácticas que están limitando y restringiendo la capacidad de las personas que defienden a los derechos humanos. Se escuchan cosas como: “Ah, ellos están en contra de tal proyecto de desarrollo, son enemigos del desarrollo”. Y esto va hacia los que defienden a los pueblos indígenas, a las comunidades. Entonces, encontramos esos discursos. Pero además, hemos visto en las audiencias, prácticas muy preocupantes. Defensoras y defensores nos informan de un aumento en la criminalización de la defensa de los derechos humanos con procesos ilegítimos contra ellos.
–El informe menciona situaciones de hostigamiento, persecución y asesinatos hacia ellos.
–Y hay Estados donde hay peligros muy evidentes como México, también sobre periodistas que han sido asesinados. Entonces, lo que encontramos es que, si bien es cierto que sigue habiendo en el hemisferio gobiernos democráticos, que sigue habiendo un consenso por lo menos en términos discursivos sobre que la democracia debe ser apoyada, encontramos prácticas antidemocráticas. Y eso abarca a los países de norte a sur. Encontramos tendencias preocupantes. En lo que se refiere a la Comisión, tenemos países que hasta cuestionan la obligación de las decisiones de la Corte Interamericana o de la Comisión. El caso Milagro Sala, por ejemplo, donde esperábamos ver el cumplimiento de parte del Estado argentino, y todavía lo esperamos ver. Y acá mismo en Uruguay (NdR: con la Corte que dictó un fallo que declara la prescripción de los delitos de lesa humanidad para un caso). Recién llegué corriendo de visitar la institución nacional de derechos humanos, el sitio donde nació Macarena Gelman. Nosotros agradecemos al Estado uruguayo por haber financiado las sesiones, por haber tenido sesiones incluso sobre Uruguay, lo cual es un excelente precedente. Reconocemos eso, pero también hay que reconocer el precedente de esa sentencia. Entonces, ahí estamos no sólo frente a las tensiones globales, sino a la relevancia de los Estados: o van a respetar el sistema que los mismos Estados han construido o van a buscar la conveniencia del caso por caso, según el asunto. ¿Van a decir: no vamos a cumplir con tal requerimiento porque esto es políticamente complicado? Esa no puede ser la práctica para los derechos humanos en países que se supone que son países democráticos con compromisos reales con los derechos humanos.
–¿En esa línea, cuáles son las tensiones en la Comisión? La Corte argentina declaró en el caso Fontevecchia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede ser una cuarta instancia judicial. ¿Qué estrategia se da la Comisión para continuar trabajando consensos?
–Sobre el tema de la cuarta instancia, no se trata de cuarta instancia, se trata de violar o no violar la decisión de la Corte. Pero nosotros, en ese sentido, seguimos una línea intransigente, digamos: hay principios, hay normas, aplicamos las normas, incomodamos a los Estados. Sabemos. Nos critican. Nos presionan. Escuchamos a los Estados y seguimos aplicando las normas y seguiremos aplicando las normas. Y eso es lo que corresponde. Es nuestra función. No hay ninguna discusión interna. Ni pensamos cosas como decidir de otras maneras porque a un Estado no le guste. ¡No podemos! No es nuestra función. El día de que los Estados decidan por mayoría ‘ya no queremos tener una Comisión o no queremos un sistema interamericano de protección de derechos humanos’, que lo hagan y que respondan a sus pueblos.
–Pero aun así, ¿ensayan prácticas, caminos, mecanismos para que las resoluciones se cumplan? Pienso en Milagro Sala, ¿qué otras acciones puede pensar la CIDH?
–Le respondo como profesor. Hasta cierto punto nos corresponde a nosotros pensar cómo trabajar sobre las diversas funciones y competencias. De pronto, trabajar con un comunicado de prensa, de pronto con una carta artículo 41. Lo hacemos. No es que nos falta capacidad política, pero llega un punto en que la decisión es del Estado y del pueblo. Y de los actores políticos de un determinado país. Y ahí es cumplir con nuestra función de la forma política más inteligentemente posible, usando las diversas competencias. Visitas, comunicados, monitoreos, solicitud de información, negociación, solución amistosa, solicitud ejecutiva. Hacemos uso de todo en función de la lectura política del caso. Lo hacemos. Pero con todo eso, hay momentos en que los Estados cumplen o no cumplen. Y no tenemos los cascos azules para mandar, no tenemos ejércitos. Entonces ahí, dependemos de las fuerzas políticas de cada Estado. Ahí cumplimos nuestras funciones y seguiremos cumpliéndolas a pesar de las presiones, que no son pocas.
–El presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, dijo que en Argentina no hay dictadura como si la dictadura fuera la única contracara de la democracia. ¿Cómo son las formas nuevas de estas democracias que observan en la región?
–Argentina no es una dictadura, pero también es igualmente evidente que entre una dictadura y un Estado democrático con implementación perfecta de los derechos humanos hay diversos grados, de uno a cien. ¿Dónde está Argentina? ¿Dónde están los países? Como indicio, puede decirse que el país recibió una sentencia. Ha pasado en la historia Argentina que al recibir una sentencia, la Corte Suprema dijo: no nos gusta, nos parece equivocada, pero la cumplimos, como pasó en el caso Simón. Y también hay momentos en que el Estado dice: no vamos a cumplir. O comienza a cumplir y después deja de cumplir, cambia de opinión o una autoridad decide que va a meter en la cárcel de nuevo a una persona porque ha tomado otra decisión. Y todo esto puede ser un parámetro, un indicio que usan las ciencias políticas para ver hasta dónde ese Estado tiene un compromiso de derechos humanos. Porque ratificar la Convención es una cosa, otra cosa es aceptarla, internalizarla, implementar incluso decisiones no populares, porque nuestra función no es ganar votos. Nuestra función es fiscalizar el cumplimiento de los instrumentos interamericanos, y punto. Y eso es lo que seguiremos haciendo. Y a veces tengo la impresión, y es un comentario personal, que no todas las autoridades entienden esa función.
–¿Cómo observa la situación puntual de la Argentina?
–Nosotros esperamos que Argentina, que tiene el papel histórico de líder en los derechos humanos, siga con ese liderazgo. Y tengo que decir que hemos visto señales que nos preocupan. El caso Milagro Sala. También estamos informándonos sobre la investigación de Santiago Maldonado. Pero vamos a estar atentos a todo lo que pasa en los próximos días y semanas en este asunto, que es un caso emblemático, y nos gustaría ver una actitud de parte del Estado argentino coherente con sus compromisos y obligaciones internacionales. Hay otros varios ejemplos. Yo mismo estuve lanzando un informe sobre la situación de la prisión preventiva en Argentina y en la provincia de Buenos Aires las cifras que manejamos aumentan y aumentan y aumentan. Y la gente está amontonada en las comisarías. Yo estuve el año pasado, y no hubo avances. Es decir, hay un discurso de reconocer la existencia de los problemas, pero estamos a la espera de políticas coherentes, a la altura de los problemas, necesarias, no sólo para reconocer que hay violaciones, sino para resolver las violaciones. Y esperamos que Argentina recupere o siga el liderazgo que ha tenido en el pasado. Las democracias sofisticadas son capaces de aceptar decisiones hasta contrarias a sus ideas acerca de cómo deberían haber sido decididos los casos. Y una democracia no sofisticada hace una evaluación de la sentencia para ver si me gusta o no me gusta. Y eso no se puede hacer. Si quiere ser una democracia con compromiso real en los derechos humanos, tiene que aceptar que como Estado ha reconocido la competencia de este órgano y este órgano va emitir informes, medidas cautelares. Y como Estado deberán decir: vamos a acatarlas porque es nuestro deber y no decidir según la conveniencia de cada Nación.
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