El Gobierno prevé convocar a sesiones extraordinarias para después del 10 de diciembre, cuando ingresan los nuevos legisladores.
Imagen: Guadalupe Lombardo
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Envalentonado por el triunfo en las elecciones, el Gobierno ira por la aprobación de una serie de reformas económicas, laborales, previsionales y políticas en el Congreso durante un diciembre que promete ser agitado. Acelerará la embestida contra la procuradora general Alejandra Gils Carbó, con la modificación de la ley de Ministerio Público que reduciría el actual requisito de dos tercios de ambas Cámaras del Parlamento para su remoción. En lo económico buscará sancionar la ley Responsabilidad Fiscal que la Casa Rosada acordó con la mayoría de las provincias y que condiciona su capacidad de maniobra a lo que establece el poder central. Mientras que la modificación a la baja y la prórroga de impuestos coparticipables que vencen a fin de año, así como la actualización del Fondo del Conurbano que reclama la provincia de Buenos Aires (que hoy se reparte entre todas las provincias) y el presupuesto 2018, serán parte de la negociación que el presidente Mauricio Macri inaugurará formalmente mañana con los gobernadores pero que hace tiempo se discute a puertas cerradas en despachos oficiales. En lo laboral el oficialismo avanzará con una amnistía en causas civiles, penales y económicas para los empresarios que blanqueen a sus trabajadores en negro, al tiempo que bajará las contribuciones patronales al sistema provisional, cuya reforma estructural buscará implementar el año próximo.
El agitado fin de año que planea Cambiemos en el Congreso, y que prevé sesionar entre Navidad y Año Nuevo, tendrá dos etapas y un arranque disperso. Tras el desafuero del diputado y ex ministro de Planificación Julio De Vido (que habilitó su “detención preventiva” en causas sin condena), Diputados tendrá esta semana de descanso. El Senado, en tanto, volverá al recinto para escuchar un nuevo informe de gestión del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, que blanqueará ante los senadores varias de las reformas que impulsará el Gobierno tras el triunfo electoral.
El Diputados, el oficialismo tiene un cronograma tentativo hasta el 30 de noviembre (cuando se terminan las sesiones ordinarias). Otra es la hoja de ruta para las trajinadas sesiones extraordinarias que convocará el Gobierno tras el recambio del 10 de diciembre, ya con la nueva composición parlamentaria, y que llegarán hasta fin de año.
En la primera etapa, una de las prioridades estará puesta en la modificación de la ley de Ministerio Público para desplazar a Gils Carbó de la Procuración. El fallo judicial que, en sintonía con los anhelos del Gobierno, declaro “inconstitucional” el sistema que establece el requisito de los dos tercios para la remoción de la procuradora general por juicio político de las Cámaras del Congreso le reabrió el camino al oficialismo que había frenado por falta de consenso la embestida final.
Aunque el fallo de primera instancia fue apelado, Cambiemos buscará el respaldo de la oposición “dialoguista” para reencausar el proyecto común que ponía fin a la equiparación del Procurador con los jueces de la Corte Suprema) y que reduciría a la mayoría simple la cantidad de votos necesarios para aprobar en el Congreso su destitución por juicio político.
En el plano económico, será prioridad la ley de Responsabilidad Fiscal que el Gobierno logró acordar con las provincias, a excepción de San Luis y La Pampa. El proyecto establece que el nivel de gastos provinciales no podrá superar la inflación, que la incorporación de empleados públicos estará atada al crecimiento vegetativo de la población y que las provincias tendrán que mantener constante el gasto primario en términos reales y el gasto total en el caso de las deficitarias.
El oficialismo también tiene en carpeta “una de arena” para apaciguar a la oposición: convertiría en ley la prórroga por cuatro años (hasta 2021) de los desalojos de los territorios en conflicto ocupados por pueblos originarios, que vence en noviembre de este año y que ya tiene media sanción del Senado. También plantearía aprobar la ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que pena los delitos de corrupción de las personas jurídicas y que la Cámara alta devolvió con modificaciones a Diputados, sin la retroactividad que proponía el oficialismo.
El Gobierno también se propone avanzar en el tratamiento de iniciativas laborales en las supone que no tendría resistencia opositora, entre ellas figura una amnistía para los empresarios con blanqueen sus trabajadores en negro. Los empresarios se beneficiarían con el indulto en causas judiciales civiles, penales y tributarias si blanquean a sus trabajadores. En tanto, el Estado correría con los costos, haciéndose cargo del reconocimiento de cierta de cantidad de años (aún sin especificar) de los aportes previsionales a los trabajadores que desistan las demandas judiciales contra sus patrones.
“El problema es el flujo y no el stock del sistema previsional”, afirmaron a PáginaI12 desde el oficialismo que aspira a blanquear entre 500 mil y un millón de trabajadores, dentro del 40 por ciento de la población económicamente activa que tiene trabajo informal, sin sumar el 7,6 por ciento que según el Indec macrista está desocupado.
Como en la década neoliberal de los 90, el oficialismo insistirá con otro proyecto para reducir las contribuciones patronales al sistema previsional que ayudó a desfinanciar. La reforma estructural del sistema previsional, que incluye el aumento de la edad jubilatoria, pasaría para el año próximo. Para bajar los costos empresarios, el Gobierno discutirá en paralelo con la CGT la eliminación de conquistas que en décadas lograron los trabajadores.
Habrá otros temas económicos que demandarán una discusión más intensa entre el gobierno central y los gobernadores, que deben resolver antes de fin de año, en las sesiones extraordinarias. En la Casa Rosada quieren que las provincias resignen parte de los impuestos coparticipables, como el impuesto al cheque, cuya prórroga vence a fin de año, y otros como Ganancias a sectores empresarios, así como la reducción de los impuestos provinciales a Ingresos Brutos para mejorar la “competitividad empresaria”.
Todo estará atado a la discusión del Presupuesto 2018, que incluye las inversiones del Estado nacional en obras de infraestructura en las provincias. De la misma manera, quieren discutir la demanda de la provincia de Buenos Aires de actualizar el congelado Fondo para el Conurbano Bonaerense, cuyo excedente se reparten entre el resto de las provincias del país, y que aglutinó el rechazo de todos los gobernadores incluidos los que responden al oficialismo nacional.
Desde el Gobierno nacional les redujeron el margen de negociación a los gobernadores: les hicieron saber podrían prorrogar el Presupuesto 2017, lo cual le otorgaría a la administración macrista mayor discrecionalidad en la reasignación de partidas y no afectaría la ayuda discrecional que le aportan a Buenos Aires y que excluye al resto.
También el oficialismo volverá a la carga con la reforma a ley de Mercado de capitales, con la que no logró avanzar desde que Macri la puso entre sus prioridades al asumir y asociada al blanqueo que le habilitó la ley ómnibus de la denominada “reparación histórica para los jubilados”.
El proyecto apunta a promover el “acceso al mercado de capitales de las pymes, de capitales de inversores, asociaciones sindicales y cámaras empresariales y organizaciones profesionales”, y también a que “cualquier persona jurídica” pueda “crear y emitir valores negociables”. Pero fundamentalmente, a habilitar que los fondos de inversión internacionales tengan acceso al manejo en el mercado de capitales y los dineros de los argentinos ahora blanqueados en el exterior, que incluyen a familiares y funcionarios de Macri. Todo al calor del triunfo electoral.
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