Por Horacio Bustingorry I "Una nacionalización total de YPF (que si bien es la empresa con más áreas adjudicadas no posee más del 30 % de la producción) no necesariamente será garantía del incremento de la oferta petrolera. La necesidad de capitales privados parece incuestionable...".
En un artículo anterior planteamos una caracterización de la política petrolera del gobierno. Sosteníamos que la producción de petróleo debía entendérsela como insumo industrial y no como generador de renta para la distribución de la riqueza. En ese sentido la política petrolera no podía ser similar a la de Bolivia y Venezuela donde la propiedad estatal del gas y el petróleo garantiza que la captación de renta de las riquezas naturales sea distribuida entre el conjunto de la población.
Entendíamos además que una YPF privatizada no necesariamente implicaba una política entreguista. Las retenciones a las exportaciones de petróleo y nafta, el desacople del precio externo con los del mercado interno y las políticas de control de precio sobre los combustibles son elementos que nada tienen que ver con la política petrolera de los 90. Sin embargo en la nota manifestábamos fuertes expectativas sobre el plan de inversiones comprometido por YPF, planteo que resultó ser erróneo. Aun así la avanzada del gobierno sobre Repsol no desmiente la idea general del artículo sino que la confirma: el problema urgente en Argentina no es recuperar YPF para el patrimonio nacional sino recuperar el autoabastecimiento petrolero para el crecimiento industrial.
Este argumento es similar a los planteos desarrollistas clásicos. La energía debe ser un insumo de bajo costo para facilitar inversiones en la industria. Se torna indispensable asegurar el autoabastecimiento petrolero para evitar las volatilidades de un escenario internacional complicado. Para lograrlo es necesario incrementar la producción a través de un máximo desarrollo de las cuencas. Sin embargo existe una importante diferencia entre ambos modelos. Los desarrollismos de Frondizi y Onganía basaban el crecimiento industrial en la expulsión de fuerza de trabajo. El neodesarrollismo kirchnerista en cambio tiene como uno de sus principales pilares la creación de empleo.
Uno de los intentos del gobierno nacional para incrementar la producción petrolera fue el ingreso del Grupo Petersen a YPF. Se buscaba que un empresario de confianza del gobierno desarrollase un plan de inversiones acorde a las necesidades de la economía. La apuesta fue coherente pero magros los resultados obtenidos. Las inversiones nunca llegaron, la caída de la producción se mantuvo y la oferta petrolera continuó en declive. Todo eso sumado a que las compras de acciones de YPF por parte de Enrique Eskenazi se hizo con las propias utilidades de la empresa y sin poner un solo peso.
El endurecimiento del gobierno con Repsol es producto del fracaso de la anterior tentativa. Las críticas contra la empresa fueron la fuerte desinversión, la falta de exploración, la caída de la producción. En la misma línea se expresaron los compañeros de La Cámpora con afiches pegados a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. El documento que redactó la OFEPHI para intimar a las empresas a realizar las inversiones retoma los mismos tópicos. En su artículo 2º se aboga por una mayor exploración y producción, en el artículo 3º se plantea un seguimiento para detectar los procesos de desinversión y en el artículo 4º se habilita los ceses de concesiones. Hasta el momento Repsol ha perdido casi un cuarto de sus áreas. Se le quitaron concesiones en Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Mendoza. Salta y Río Negro y existen intimaciones por parte de Tierra del Fuego y Formosa. En otras provincias también se ha avanzado sobre otras empresas como es el caso del yacimiento Veta Escondida en Neuquén que estaba en manos de Petrobras.
Este quite de concesiones no debe confundirse con un avance en la recuperación del patrimonio nacional. Las medidas fueron tomadas por la ausencia de inversiones, es decir por la falta de cumplimiento de la función social por parte del capital. Las áreas serán licitadas nuevamente y podrán ingresar capitales estatales, privados o mixtos. El quid de la cuestión pasa por asegurar que un mayor porcentaje de las ganancias sea destinado a inversiones. En ese marco debe entenderse el cuestionamiento de Cristina a Repsol por la distribución del 90 % de los dividendos entre los accionistas.
El problema sigue vigente y la solución es tema de controversia. Una nacionalización total de YPF (que si bien es la empresa con más áreas adjudicadas no posee más del 30 % de la producción) no necesariamente será garantía del incremento de la oferta petrolera. La necesidad de capitales privados parece incuestionable, máxime teniendo en cuenta que los yacimientos que prometen una mayor producción requieren de una tecnología de avanzada y de un desembolso de dinero que el Estado por si solo no está en condiciones de afrontar.
No se sabe hasta donde quiere ir el gobierno y cual será la alternativa. Una posibilidad que se baraja es la constitución de una empresa mixta con la participación del Estado Nacional, de los Estados Provinciales y del capital privado. Como nos señaló un lector el modelo Petrobras tal vez sea la opción más adecuada. Qué solución se adoptará dependerá de un minucioso análisis técnico y de una realista percepción de la correlación de fuerzas. Sea cual sea la decisión final el camino ya está en marcha y el futuro es promisorio.
FUENTE AGENCIA PACO URONDO.
GB
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