HISTORIA DE LAS ISLAS MALVINAS PARTE 7

Las reclamaciones diplomáticas
El día de su arribo a Buenos Aires, el capitán José María Pinedo informó a su gobierno de la usurpación de las Malvinas por fuerzas británicas. El gobernador Juan Ramón Balcarce, por medio de su ministro Maza, protestó inmediatamente ante el encargado de negocios de Gran Bretaña, Philip G. Gore, y comunicó el hecho a la Legislatura y a todas las naciones con las cuales mantenía relaciones amistosas. Sólo Brasil y Bolivia se solidarizaron con nuestra protesta.

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, don Mariano Enrique Calvo, manifestaba el 19 de junio de 1833, entre otros conceptos expresivos:

"La ocupación de la isla Soledad sin previo reclamo, sin alegar título alguno y sin otro apoyo que el abuso de la prepotencia, ha sido en extremo sensible al gobierno de Bolivia, que respetando sobremanera los derechos de toda nación, quisiera que de todas ellas se desterrasen las vías de puro hecho, tan contrarias a la razón y a las luces del siglo. En violación tan manifiesta del derecho de gentes hay que considerar no sólo el ultraje hecho a la República Argentina, sino también el desprecio que envuelve hacia las demás naciones americanas".

El embajador argentino en Londres, Manuel Moreno, presentó el 17 de junio de 1833 ante el Foreign Office, una extensa protesta donde exponía circunstanciadamente los derechos de soberanía, basados en la propiedad y ocupación por España de las islas, reconocida explícitamente por Francia, cuando le devolvió el archipiélago en 1767, e implícitamente por Gran Bretaña, con el desalojo de Puerto Egmont, en 1774, después del conflicto angloespañol.

El canciller inglés Lord Palmerston contestó desentendiéndose del aspecto histórico y justificando la actitud del capitán John James Onslow, y aun tuvo la osadía de afirmar que la Argentina había hecho abandono de las islas, argumento especioso que deseaba sentar como precedente utilizable en el futuro, pues nunca hasta entonces los ingleses habían ocupado la Malvina Oriental ni la Occidental sino sólo Puerto Egmont, en la pequeña isla Saunders (de la Cruzada), la que, por otra parte, ya había sido enteramente abandonada en 1774.

El embajador Moreno presentó un segundo alegato el 24 de diciembre de 1834, historiando los descubrimientos y refutando la presunta prioridad de Inglaterra. Juan Manuel de Rosas, que retomó el poder el 13 de abril de 1835, persistió durante su gobierno en las reclamaciones ante Washington por el atropello de 1831, y ante Gran Bretaña, por la usurpación de 1833, sosteniendo la legitimidad de la soberanía argentina.

Otra tercera protesta del 18 de diciembre de 1841 mereció un frío acuse de recibo inglés. Y la cuarta, del 19 de febrero de 1842, fue contestada por el canciller lord Aberdeen con este arrogante sofisma: "El gobierno británico no puede reconocer a las Provincias Unidas el derecho de alterar un acuerdo concluido cuarenta años antes de la emancipación de éstas entre Gran Bretaña y España. En lo concerniente a su derecho de soberanía sobre las Malvinas o Falkland, la Gran Bretaña considera este arreglo como definitivo: en ejercicio de este derecho acaba de ser inaugurado en estas islas un sistema permanente de colonización. El gobierno de S. M. B. comunica esta medida al señor Moreno al mismo tiempo que su determinación de no permitir ninguna infracción a los derechos incontestables de Gran Bretaña sobre las Islas Falkland".

Como ha sido suficientemente demostrado por juristas e historiadores imparciales, la declaración de Aberdeen carece de todo valor legal. Aparte de no expresar la verdad, pues no se había concertado acuerdo alguno con España antes de la emancipación argentina, sino en el sentido de que España conservaba la soberanía en las Malvinas después del conflicto por el desalojo de Puerto Egmont, ni el descubrimiento ni la ocupación podían otorgar derecho alguno a Gran Bretaña.

La Argentina, como sucesora legítima de España, había adquirido un título legal inalienable, como sostiene el jurista norteamericano Julius Goebel, hijo, en su ya citada obra: "Si aplicamos este principio al caso de las Malvinas, resulta evidente que la tesis inglesa de que la Confederación Argentina no podía ser parte interesada en una causa arreglada entre España e Inglaterra, carece totalmente de fundamentos legales. El derecho de la Nación Argentina a ocupar el lugar de España respecto de la soberanía sobre las Malvinas quedó establecido por la revolución victoriosa y por la afirmación del mantenimiento de la soberanía sobre las Malvinas, incluso frente a España. Cuando Gran Bretaña ocupó las islas en 1833, las consecuencias legales fueron las mismas que si las islas no hubieran dejado nunca de pertenecer a España".

Al replicar Manuel Moreno la nota de lord Aberdeen el 10 de marzo de 1842 reiteró las anteriores reclamaciones, y renovó las protestas, ratificando "todo el valor que actualmente y en cualquier otra época pudieren tener".

Dice el historiador norteamericano Julius Goebel, hijo: "Después del regreso de Bayles a Wáshington, llegó a conocimiento del gobierno de los Estados Unidos la expedición de Onslow y la ocupación de las Malvinas. No se dijo, sin embargo, ni una palabra de la violación de la doctrina de Monroe".

Pero Gran Bretaña, con la orgullosa manifestación de lord Aberdeen, había cerrado el debate que no quiso reabrir. En notas posteriores, contestando a subsiguientes reclamaciones, se atuvo a aquella arbitraria respuesta. De este modo mantiene injustamente en su poder, desde hace más de un siglo, aquel fragmento reivindicado de nuestra patria.

Y sólo ahora, después que, en 1964, el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas la obligó a inclinar la cerviz y a someterse a negociaciones, la solución total del litigio se halla en vías de resolverse en términos satisfactorios.


Prof GB
Fuente La Gazeta Federal.