En agosto de 1973, el Congreso de la Nación sancionó la ley 20.530, disponiendo la restitución a Juan Domingo Perón de los bienes, honores y condecoraciones que le habían sido expropiados dos décadas antes, con el pretexto de la lucha contra la corrupción. El informante por la mayoría peronista, el senador José Humberto Martiarena, sostuvo que el proyecto apuntaba a “borrar los efectos de los tribunales del odio, constituidos después de 1955”