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15/12/2020 Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Te anticipo algo: si bien no me voy a tomar vacaciones, a menos que pase algo fuera de lo normal -spoiler: va a pasar-, la del martes que viene será la última entrega del año de #OffTheRecord, al menos escrita por mí 👀. Alberto de SchrödingerDurante la tarde de ayer se viralizó una publicación donde se ve a la modelo Liz Solari y a Manuel Alfredo Martí, titular de la Unión Vegana Argentina (UVA), junto a Alberto Fernández y un cartel que rechaza el acuerdo porcino con la República Popular China que impulsa el gobierno nacional a través de la Cancillería. El motivo del encuentro fue que los activistas le entregaran a Fernández más de medio millón de firmas contra el proyecto. Previo a la ceremonia, los tres -junto al secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello- compartieron un almuerzo -vegano- donde el jefe de Estado se comprometió a “no promover modelos industriales de producción de ganado porcino que puedan poner en riesgo la salud pública” según comunicaron desde la UVA. No sabemos si para el Presidente de la Nación esa semblanza le hace justicia al acuerdo con China. Si bien el encuentro -ocurrido el 25 de noviembre- y su posterior difusión podrían haber generado cierto desconcierto, el complemento de la imagen transformó ese primer sentimiento en estupor. Según Solari, la idea fue de Fernández. “Cuando terminamos la reunión, amablemente nos propuso hacer la foto con la urna como se ve allí, que contenía las 530 mil firmas juntadas en mi petición”, le contó la modelo y activista a #OffTheRecord. Hasta última hora del lunes se hicieron gestiones diplomáticas para explicar el ágape que resultaron exitosas. El error de cálculo del Presidente, sin embargo, le abre una posibilidad al oficialismo. El acuerdo, es cierto, no va a avanzar en los términos que fue comunicado, porque la inversión prevista es entre privados. O todo lo privado que resisten las particularidades chinas donde afiliaron a Jack Ma al Partido Comunista. Si bien los productores pueden advertir cierto fastidio al comienzo, este peculiar movimiento le puede permitir al Gobierno descomprimir las críticas de los ambientalistas y avanzar en proyectos concretos con menos resistencias. ¿Y China?La semana trajo una novedad auspiciosa para un país sin acceso a los mercados de crédito internacional como hace al menos dos años es la Argentina. Con fondos provistos por instituciones públicas chinas, el país recibirá financiamiento por más de 4.700 millones de dólares destinados a obras ferroviarias que permitirán mejorar sensiblemente las capacidades logísticas en el área de transporte. No es el único proyecto de interés para el país. El mencionado de granjas porcinas avanza con el objetivo de agregar valor a las exportaciones y pasar de la soja y el maíz para alimentar ganado asiático a la exportación de proteína animal. Capitales chinos podrían participar del nuevo esquema para la hidrovía cuya concesión lleva 25 años con resultados relativamente pobres. La creciente capacidad de los operadores chinos de construir infraestructura en tiempo y forma, con arreglo a presupuestos y financiamientos convenientes, convierte al país asiático en un socio atractivo para este tipo de obras. Será responsabilidad de la Argentina negociar de la mejor manera para no redundar en esquemas demasiado desventajosos, aún con las asimetrías evidentes de poder entre ambos países. El caso de la cuarta central nuclear, que se haría con tecnología y financiamiento chinos, ha sido causa de controversia en el seno del Gobierno. No se discuten ni su capacidad generadora ni su tecnología, entre las más seguras y modernas del mundo -como había asegurado hace ya dos años el mayor experto nuclear del macrismo, el ex parrillista Julián Gadano, al anunciar la realización de la obra- sino su utilidad. Hay sectores del Gobierno que cuestionan su necesidad y los costos intrínsecos de una nueva central nuclear así como sus saldos en materia de transferencia tecnológica favorable al país. La obra, sin embargo, le interesa al gigante asiático. China acostumbra a condicionar financiamientos con cláusulas de default cruzado que permiten ligar cada obra a la realización de las demás. Las reglas son siempre las que son, no las que nos gustarían. Muchas veces, sin embargo, el problema está en casa. Durante el macrismo, Guido Sandleris había atado el segundo tramo del swap de monedas -que significa una parte vital de las reservas del Banco Central- a la vigencia del acuerdo stand by con el Fondo. Si se caía el acuerdo con el Fondo, se caía el segundo tramo del swap con China, lo que significaba una pérdida de 8.500 millones de dólares. El tema se resolvió a través de una carta que envió el propio Alberto Fernández a Xi Jinping China tiene reservado un lugar protagónico en el futuro de la Argentina y muchos confían en su rol como financista capaz de aportar fondos sin condicionar -demasiado- las políticas económicas de los países y, lo cierto, es que ha rivalizado en los últimos años en la asistencia de fondos otorgados con el propio Banco Mundial. Hacedor de obras de infraestructura en países emergentes y en desarrollo, esa política parece estar en revisión. Un reciente artículo publicado en el Financial Times muestra una sensible reducción del financiamiento al desarrollo por parte de China tras las malas experiencias en varios lugares, entre los que se destacan Venezuela y Ecuador. El investigador argentino Bernabé Malacalza señaló un punto omitido por el artículo. El financiamiento se mantiene, pero se realiza a través de los bancos estatales comerciales y con mucha más atención a la viabilidad y rentabilidad de cada proyecto. En todo caso, ambos coinciden, los yuanes no serán para financiar aventuras. Por último, queda el lugar de China como protagonista de la globalización. El gobierno de Trump arrancó con la retirada estadounidense del Tratado Transpacífico, un acuerdo sin consensos internos que buscaba integrar a Estados Unidos con las economías de Asia-Pacífico, y se cierra con China firmando el RCEP, un acuerdo de libre comercio que incluye a las economías de ASEAN, en el sudeste asiático, y a países geopolíticamente alineados a Estados Unidos como Japón, Australia y Corea del Sur. A primera vista, mientras Estados Unidos margina la globalización, enfocado en sus problemas internos, China la abraza. Un punto de importancia para países como el nuestro, con economías relativamente cerradas, que tienen en China un socio principal. Esta historia continuaráEn una idea un poco anticuada, el sistema volvió a insistir esta semana con que la única manera de presionar a los jueces es a través de la política. Ni los hombres de negocios ni la prensa escrita y audiovisual -cuyo uno de sus máximos exponentes trajinó juzgados durante el macrismo como lobbista de los militares condenados por delitos de lesa humanidad- condicionan, en este caso, a la Corte. Aunque perezoso, el postulado no deja de ser efectivo para el electorado que le fue habitualmente esquivo al peronismo y que hoy busca representación en una oposición sin brújula que matiza su insoportable levedad por las internas y errores del oficialismo. La carta de CFK fue atípica por la individualización de cada uno de los integrantes del máximo tribunal. “Uno de ellos es el que se fotografiaba con el juez brasileño Sergio Moro y con Claudio Bonadio. El primero - Sergio Moro- es el que sin pruebas metió preso al ex presidente del Brasil, Inácio Lula Da Silva, impidiéndole ser candidato a presidente y posibilitando la llegada al poder de Jair Bolsonaro, quien lo premió designándolo, en un escándalo sin precedentes, como su ministro de Justicia. El segundo nunca rindió un examen para ser magistrado e integró la célebre lista de los ‘jueces de la servilleta’. Este mismo integrante de la Corte, el que se fotografiaba con Moro y Bonadio, fue presidente de ese cuerpo hasta el año 2018 y en una reunión de jueces federales de Comodoro Py, les aseguró que todas las instancias superiores les iban a confirmar y convalidar todas las decisiones de primera instancia que dictaran contra los dirigentes y ex funcionarios kirchneristas. Lawfare al palo”, escribió la VP en referencia a Ricardo Lorenzetti que habría sido el verdadero autor intelectual de la doctrina Irurzun. Algunos llegan a asegurar que existe un fallo firmado por Lorenzetti que demostraría que Irurzun fue nada más que un testaferro intelectual. Una leyenda. En este marco de tensión con la Corte, el máximo tribunal estaría pronto a resolver un fallo vinculado a cuestiones de importancia económica para el Estado sobre un antecedente que fue motorizado por la gestión de AFIP durante el gobierno de CFK: la planificación fiscal efectuada por la empresa Molinos mediante la cual -utilizando una sociedad plataforma chilena y abusando del convenio de doble imposición entre Argentina y Chile- evitó pagar en ambos países el impuesto a las ganancias. El dictamen de la Procuración fue negativo a los intereses del Poder Ejecutivo Nacional y el fallo de la Corte Suprema tampoco sería favorable al Estado. En este contexto, y vinculado a la misma empresa, Emilia Delfino expuso en una nota muy documentada el fin de semana cómo el organismo recaudador, en el año 2018, dejó sin efecto un importante ajuste impositivo iniciado en 2011 vinculado a una planificación fiscal de una de las familias más importantes del país. “Los hermanos Pérez Companc, miembros de la cuarta familia más rica de Argentina, lograron que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) avale durante 2018 una estructura de sociedades en Delaware y Uruguay que, según dos unidades operativas y una instancia jurídica del organismo, les habría permitido no tributar impuesto a las ganancias por sus inversiones en el extranjero”, reveló la investigación que, además, explicó que “el caso estuvo bajo análisis durante siete años, entre 2011 y 2018, y dividió a dos áreas centrales del fisco: la Dirección General Impositiva (DGI) y el área jurídica de la AFIP. La investigación se centró en un caso testigo: Jorge Pérez Companc, el mayor de los siete hermanos, quien, para los investigadores, no pagó Ganancias al menos durante el periodo bajo análisis, entre 2010 y 2015. Sin embargo, el área jurídica de la AFIP terminó dictaminando en sentido contrario y el caso se cerró”. Le pregunté sobre el tema al entonces administrador federal, Ricardo Daniel Echegaray: –¿Es habitual un hecho de estas características? –Para nada. Lo habitual es que la línea técnica del organismo mantenga una coherencia dentro de los parámetros normales de un ajuste de esta magnitud. Leí la nota y leí las citas textuales que se hacen al dictamen avalado por la entonces directora de la Dirección de Asesoría Legal Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social de Asuntos Jurídicos de AFIP y la verdad no salgo de mi asombro. –¿Por qué? –Los argumentos utilizados por la entonces directora y refrendados por el subdirector de Asuntos Jurídicos durante el año 2018 son los que utilizan los contribuyentes para defender sus planificaciones fiscales, nunca los que usa el fisco para defender los intereses del Estado. Ese dictamen lo único que hace es hacerle sentir al empleado de carrera que trabaja en el día a día del organismo que las horas que aplican a tratar de llegar a la verdad no valen la pena porque luego, con un simple párrafo y utilizando doctrina del sector privado, se dejan sin efectos los ajustes fiscales. La AFIP, en este caso la actual, volvió a ser noticia en materia penal. En una denuncia presentada ayer, el organismo reveló el armado de grupos especiales para ejecutar un “hostigamiento fiscal” sobre CFK y sus hijos. Esto habría ocurrido de varias maneras: determinación de obligaciones tributarias excesivas e irregulares fuera de toda normativa vigente, selección a dedo de los funcionarios que iban a seguir las causas contra la expresidenta, no notificar a la investigada de los cargos que se le imputaban y la utilización arbitraria de las bases del organismo entre otras. Un veto inoportunoAlberto Fernández vetó a última hora del viernes un artículo del presupuesto pedido por varios gobernadores, pero impulsado específica y enfáticamente por el jefe político de la provincia de Misiones, Carlos Rovira, que no tuvo palabras elogiosas durante el fin de semana para con el gobierno nacional. En la promulgación de la ley de leyes, el Presidente observó el artículo 123 de la normativa que permitía la construcción áreas aduaneras especiales y zonas francas habilitadas en zonas geográficas de distintas provincias donde se verificara el comercio bilateral con países limítrofes. “No resulta aconsejable en tanto significa una inestimable caída de la recaudación dada la consecuente merma de las transacciones comerciales, las producciones locales y el consiguiente impacto desigual en las economías regionales”, fueron los argumentos del veto, motorizado muy especialmente por la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. En un acto atípico para el funcionamiento de los gobiernos en Argentina desde el regreso de la democracia, el Presupuesto tuvo tres instancias distintas de elaboración: se remitió desde Economía, fue modificado en el Congreso y luego vetado parcialmente por el Ejecutivo. Un gobierno insular. El Presidente podría haber promulgado la ley y demorar su reglamentación, ¿por qué no lo hizo y tomó el riesgo de tensionar el vínculo con algunos gobernadores de cara a la votación por la IVE en el Senado? Si no hubieran compartido un paddle al día siguiente de la decisión presidencial, se podría especular que el mensaje no fue para los jefes provinciales sino para quien negoció con ellos sin pasar por la Casa Rosada: Sergio Massa. Rumores. Bonus track
Antes del libro, te quiero recordar que –producto de la situación global y del rubro en particular, pero también del ethos de Cenital– abrimos la posibilidad de que seas parte del proyecto a través del sistema de apoyo económico para poder seguir creciendo. La recomendación de hoy es Hacer la Corte de Horacio Verbitsky. Ojalá hayas disfrutado de este correo tanto como yo. Estoy muy agradecido por tu amistad que, aunque sea espectral, para mí no tiene precio. Iván |
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