El directorio del Fondo Monetario Internacional aceptó el viernes 5 la recomendación de su directora gerente, Christine Lagarde, y autorizó transferir a la Argentina otros U$S 10.800 millones de la línea de crédito stand-by que el organismo le concedió a nuestro país en junio del año pasado. Tras completar este giro, cuyos fondos se acreditarán a principios de semana en la cuenta del Ministerio de Hacienda en el Banco Nación, el FMI ya le habrá prestado al gobierno de Mauricio Macri U$S 39.000 millones y el acuerdo contempla dos envíos adicionales de U$S 5.400 millones cada uno antes de las elecciones.
Son casi U$S 50.000 millones de deuda que deberá devolver entre 2021 y 2023 quien ocupe la Casa Rosada a partir de diciembre. A lo cual hay que sumarles intereses y comisiones equivalentes al 4% anual del capital adeudado, una tasa más barata que la disponible en el mercado dada la fragilidad financiera de la Argentina, pero tampoco ningún regalo. En la región, Chile, Perú y Uruguay pueden conseguir financiamiento en dólares a un costo igual o menor y a plazos más largos.
La aprobación del directorio demoró un mes más de lo previsto en el calendario de auditorías y desembolsos del stand-by. Tres razones podrían explicar la tardanza: Lagarde necesitó ese tiempo para doblegar la resistencia de algunos miembros del directorio que no querían liberar el giro sin antes exigirle más ajustes al gobierno, los funcionarios del equipo económico argentino gastaron semanas negociando infructuosamente con los técnicos del FMI que les dejaran vender reservas para contener corridas cambiarias, o los auditores del organismo, que habían redactado un optimista “informe del staff” basándose en las cifras a diciembre de 2018, tuvieron que corregirlo para reflejar el empeoramiento de todos los indicadores relevantes durante el verano. Las pistas entre líneas que podría desentrañar un repaso minucioso de la versión final de ese informe, difundido por la oficina de prensa del Fondo sobre el cierre de esta edición del Cohete, quizás demuestren que se debió a una combinación de los tres factores.
Mientras tanto, una lectura rápida de sus 85 páginas, y la comparación con el informe anterior difundido en diciembre, exponen el divorcio entre las proyecciones del FMI y la realidad que porfía en defraudarlas, el aumento de las tensiones con el gobierno, cuya prioridad es la contienda electoral, y el desinterés de ambos por el impacto de sus políticas sobre el bienestar de la mayoría de los argentinos.
El FMI reconoce en el informe que la inflación de este año ya no será 20%, como pronosticó hace tres meses, pero canjea ridiculez por fantasía al vaticinar ahora que será 30%. Teniendo en cuenta los datos ya conocidos de enero y febrero (6,8%) y el consenso de las consultoras sobre el índice de marzo (bien arriba de 3%), la inflación acumulada en los primeros tres meses del año superará el 10%. Por lo tanto, para que se cumpla el augurio del FMI, el promedio de la inflación mensual entre hoy y fin de año no deberá exceder el 2%. Ni siquiera los habitualmente entusiastas analistas que contestan el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central se atrevieron a tanto. En el último REM, que también se publicó la semana pasada, proyectan una inflación de 36% para todo el año, de 3,3% en abril, y de 2% o más por mes hasta septiembre inclusive. Y tampoco parece creérselo del todo el autor del informe del FMI porque en la misma página donde aventura una inflación anual de 30%, que es lo mismo que decir de menos de 20% en los nueve meses que faltan hasta que el año termine, explica que “la inflación está subiendo y es probable que se mantenga en niveles altos durante todo el año”.
El FMI también lamenta que “la recaudación impositiva de los últimos meses ha sido decepcionante… tornando demasiado optimistas las proyecciones de recaudación previas” y el costo de los subsidios a la energía no ha bajado porque la devaluación neutralizó el efecto del aumento de las tarifas, pero lo tranquiliza que estos contratiempos puedan compensarse con una nueva ronda de incrementos tarifarios y mitigarse gracias a que la inflación erosionará los sueldos del sector público y las jubilaciones.
No obstante, el FMI le advierte al gobierno que necesita identificar medidas contingentes adicionales para que no peligre su compromiso de alcanzar el déficit fiscal primario cero este año, y se toma el trabajo de sugerirle algunas: aumentar el IVA diferencial que beneficia a ciertos productos de la canasta básica, reducir más rápido los subsidios de los servicios públicos y combatir la evasión fiscal. Para esto último propone incorporar al acuerdo una condicionalidad específica por la cual el gobierno se comprometería a implementar en diciembre un plan para auditar al 20% de los monotributistas. El informe consigna la reacción previsible del gobierno a esos consejos: “Las autoridades consideran que impulsar medidas tributarias que requieren cambios legislativos no es realista en un año electoral”.
El FMI confirma que el gobierno sólo podrá vender los dólares que le preste en subastas de U$S 60 millones por día organizadas por el Banco Central a partir del 15 de abril, y explica que se eligió esa cifra porque es “lo suficientemente baja como para minimizar su impacto sobre el tipo de cambio”. O dicho al revés: porque es una cifra insuficiente para contener la nueva escalada del dólar que empezó en marzo. Si 60 millones diarios no alcanzan para frenarlo mientras su cotización permanezca dentro de la banda cambiaria, menos alcanzará el tope alternativo de U$S 150 millones diarios que regirá si perfora el techo de la banda (hoy en $51). El gobierno y el mercado tendrán que convencerse de una buena vez, si la demanda de dólares para ahorro y fuga porfía en disparar su precio a la estratósfera, no será el FMI quien se lo impida.
El FMI repite su mantra de que “la deuda pública es sustentable, pero no con un alto grado de probabilidad”, a pesar de que subió hasta representar el 86% del producto bruto en diciembre de 2018, las necesidades de financiamiento en 2019 exceden el 15% del producto, un nivel que el propio FMI considera “de alto riego”, y la proyección de su evolución futura empeoró respecto del informe anterior. Por supuesto, la alternativa sería letal para el gobierno. Si el FMI concediera que la deuda se ha vuelto insustentable, no podría desembolsar más fondos del stand-by hasta que el gobierno la reestructurara o negociara una postergación de sus vencimientos.
El FMI remarca que el gobierno de Macri ha cumplido todas las condiciones que le exigía el acuerdo stand-by corregido en septiembre. Siendo así, su informe debería explicar mejor por qué los resultados son los que están a la vista: inflación de 51%, desocupación de 9,1%, pérdida del poder de compra del salario de 11%, el dólar a $45. O por lo menos admitir que merece revisarse la convicción de Macri de que hay que seguir haciendo exactamente lo mismo, pero más rápido. En cambio, el informe del FMI identifica a las elecciones presidenciales de octubre como la principal amenaza de corto plazo para la recuperación económica y no nos deja más remedio que poner a prueba esa tesis votando por alguien que haga lo contrario.
No hay comentarios:
Publicar un comentario