En su portada, la revista hace referencia al encuentro entre el presidente y el conductor de televisión. A los dos, bajo el título "Patéticos", los muestra en…
DIARIOREGISTRADO.COM|DE LA REDACCIÓN DE DIARIO REGISTRADO
A tod@s aquell@s que sostengan la memoria, la identidad y la resistencia como herramienta histórica de nuestro Pueblo.
domingo, 31 de julio de 2016
Cristina Fernandez de Kirchner
El mejor lugar para los jóvenes es la política. Política es involucrarse en la construcción de una sociedad mejor.
CONFLICTO EN LA VUELTA DE LAS VACACIONES DE INVIERNO Paro docente en seis provincias
Gremios docentes de seis provincias realizarán esta semana paros que complicarán desde mañana el reinicio de las clases tras las vacaciones de invierno en Chaco, Misiones, Jujuy, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Buenos Aires, en demanda de mejoras salariales.
En medio de los reclamos de aumento salarial, en especial en los distritos que cerraron acuerdos por seis meses, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, sostuvo que la Nación va a "estar cerca de los gobernadores" y que va a seguir "de cerca el asunto".
En Buenos Aires, el Frente Gremial Docente, que integran Suteba, FEB, UDA, Sadop y Amet, marchará mañana a la Casa de la Provincia en la Capital Federal y advirtió que si no hay respuesta a sus reclamos durante la reunión pautada para el 9 de agosto, convocarán a un paro general docente. La Unión de Docentes de Buenos Aires (UDocBA) confirmó un paro de 48 horas a partir de mañana y anunció que el martes se reunirán en asambleas para discutir un plan de lucha.
En Chaco, ATECH realizará paro por 48 horas desde mañana ante la falta de respuesta del gobierno al reclamo de una recomposición salarial que complemente lo acordado para el primer semestre del año. Asimismo, los sectores de la Coordinadora Docente, que abarca a ADOCH, ACHABI, AMET, FIUD y UDA, realizarán mañana un paro de 24 horas para pedir la continuidad de la discusión salarial.
En Misiones, el gobierno anunció que con el sueldo de julio abonará con fondos propios un complemento para alcanzar el piso de 7800 pesos de incremento salarial a los docentes, pero el aumento fue cuestionado por gremios docentes, que convocaron a un paro de 48 horas a partir de mañana. El Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL), gremio de base de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)-Autónoma al igual que la UTEM, convocó a un paro de 48 horas a partir de mañana e instaló una carpa de protesta en la localidad misionera de Jardín América, para reclamar la "apertura de una mesa de discusión salarial y laboral".
En Jujuy, los docentes agremiados en Adep y Cedems realizarán a partir del martes un paro de 48 horas en conjunto con gremios estatales en demanda de mejoras salariales, lo que complicará el reinicio del ciclo escolar en la provincia, donde mañana rige un asueto administrativo y escolar.
En Santa Cruz, la Asociación de Docentes Adosac anunció un paro de 24 horas para mañana en reclamo del pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario. En Tierra del Fuego, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef) resolvió realizar un paro por 48 horas a partir de mañana, cuando deben retomar el ciclo lectivo después del receso invernal.
ENTREVISTA “Es como la política...”
Por Tomás Lukin
El diagnóstico del economista estadounidense Jan Kregel es contundente: ni las exportaciones ni la inversión extranjera ni el endeudamiento, la única forma sustentable para que la Argentina vuelva a crecer en el actual contexto global es a través de la expansión de su mercado interno. El director de investigaciones del Levy Economics Institute of Bard College, una de las usinas heterodoxas más prestigiosas del mundo, advierte que “las políticas del nuevo gobierno están produciendo un escenario más o menos estable de estancamiento con inflación elevada donde se sostenga la caída del salario real y el incremento del desempleo”. Kregel fue discípulo de dos próceres del pensamiento económico como Joan Robinson y Nicholas Kaldor en la Universidad de Cambridge, y trabajó codo a codo con Hyman Minsky. Este último es un académico indispensable para comprender la inestabilidad inherente en el sistema económico así como el rol de la reducción del desempleo y una mejora en la distribución del ingreso como condición necesaria para estabilizar las economías.
Con esa formación, Kregel ha sido un crítico de los procesos de sobreendeudamiento y desregulación financiera en la región y, más recientemente, se involucró activamente en iniciativas como el Plan Jefes y Jefas de Hogar. Desde la perspectiva del economista y sus colegas en el Levy Institute, la creación directa de empleo desde el Estado es fundamental para lograr una reactivación sostenida de la economía ya sea en Grecia, Estados Unidos, España o Argentina. “La única forma de que políticas como los regímenes de metas de inflación funcionen es a través de un incremento en las importaciones y la apreciación del tipo de cambio que genera el ingreso de capitales atraído por las altas tasas de interés”, advirtió el economista durante la entrevista con Cash al cuestionar la receta para controlar los precios elegida por el Banco Central.
El gobierno de Mauricio Macri afirma que el ajuste fiscal, cambiario y monetario en marcha y el proceso de desregulación permitirán que el país crezca a través de las exportaciones y la inversión extranjera, ¿considera que esa apuesta puede ser exitosa?
–Los ingresos de capitales solo tienen impactos positivos si producen un incremento en la inversión. En Brasil la inversión extranjera directa y la inversión local son sustitutivas, no complementarias. En Argentina la pregunta es a dónde van a ir las nuevas inversiones. Lo que nos imaginamos es que van a comenzar a llegar inversiones para el sector agropecuario que significa vender tierras. Eso no genera demanda doméstica. La inversión extranjera buscada debería crear más empleos y salarios. La economía argentina está estancada, por lo tanto no hay incentivos para que lleguen esas inversiones. Además, tienen un problema vinculado a la recesión de Brasil que desestimula la llegada de inversiones en sectores como el automotor que se complementen con ese mercado. Las exportaciones industriales de Argentina están condicionadas al desempeño macroeconómico de su principal socio comercial. Los inversores extranjeros que quieren instalarse en Argentina tienen un mercado doméstico en caída y un mercado externo que se les desploma. Entonces, para qué invertirían en expandir la demanda doméstica. En el mejor de los casos lo que van a hacer los inversores es comprar empresas porque son baratas. Eso no genera ninguna recuperación ni demanda interna. Es un swap de dueños locales por extranjeros. Como muestra la historia de la Argentina, los dueños locales va a terminar fugando esos fondos. Todo lo que llegue se va a terminar yendo. Mientras tanto, no es improbable que los inversores extranjeros decidan cerrar las unidades que compitan con sus instalaciones en otros países.
Ante la ausencia de una lluvia de inversiones y de boom de las exportaciones, la política que le viene dando buenos resultados al Ministerio de Hacienda y Finanzas es la colocación de deuda externa apalancada por los bajos niveles de endeudamiento heredados.
–El problema con la demanda doméstica que ni siquiera genera una desaceleración en la inflación no se va a resolver con ingresos de capitales. Pensar que la solución proviene del mercado financiero, para lo cual hace falta liberalizar el mercado, es absolutamente falsa. Si las tasas de interés globales son negativas y Argentina ofrece pagarte 8 por ciento van a comprar los bonos. Pueden llamarse “Bonos Evita” y los comprarían igual. La capacidad de colocación de los bonos no tiene nada que ver con las políticas que está implementando el Gobierno excepto por el hecho de que pagan elevadas tasas de interés. Es imposible conseguir esa rentabilidad en otros lugares. Mientras el diferencial con las tasas de interés globales sea lo suficientemente elevado siempre van a poder emitir deuda.
¿Cuál es el límite?
–Si el balance externo y fiscal siguen deteriorándose eventualmente los inversores externos se van a “preguntar” sobre la capacidad de repago del país. Cuando el endeudamiento sea el mecanismo utilizado para cancelar los vencimientos de deuda entonces la caída esperada en las tasas de interés que podría observarse en los próximos años va a revertirse. Puede poner en riesgo la sustentabilidad de la deuda. Es una película que ya vimos.
Uno de los objetivos declarados de las autoridades es la reducción del déficit fiscal ya que consideran al gasto como una de las raíces de los aumentos de precios.
–Es imposible reducir el déficit reduciendo el gasto público, eliminando impuestos al sector agropecuario y aumentando las tarifas. A menos que la gente genere ingresos es imposible aumentar los ingresos fiscales. Sin una reactivación económica no hay posibilidad de reducir el déficit fiscal como pretende el Gobierno. Por el lado del sector externo, la cuenta corriente se está deteriorando, hay algunas importaciones que crecen muy rápido y las exportaciones no. Si se logra, el superávit no va a provenir de la expansión de las exportaciones. Brasil no va a volver a un sendero de crecimiento en los próximos años y, a pesar de la celebrada salida del “cepo”, la política cambiaria tampoco permitió que los productores argentinos se beneficien del aumento en el precio del dólar. Además, sabemos que en Argentina la depreciación del tipo de cambio se traduce en un alza de la tasa de inflación que afecta la demanda y activa mayores reclamos salariales.
Para controlar los elevados niveles de inflación que se aceleraron con las políticas implementadas desde diciembre, el Banco Central pretende instalar un régimen de metas de inflación, ¿ese esquema puede controlar los aumentos de precios?
–Para entender el resultado de las políticas del nuevo Gobierno podemos compararlas con las políticas implementadas durante la administración de Ronald Reagan en Estados Unidos. Por un lado la política incentivaba la oferta para impulsar el crecimiento y, por otro, se aplicaba el monetarismo restringiendo la cantidad de dinero para controlar la inflación. Eran objetivos contradictorios y la política fracasó, fue un desastre. En Argentina las políticas del gobierno están produciendo un escenario más o menos estable de estancamiento con inflación elevada. Con este rumbo van seguir subiendo los precios con caída del salario real, aumento del desempleo y sostenida caída en el nivel de actividad. Quienes están al frente del Banco Central son los nuevos monetaristas. Si es que siquiera funcionan los esquemas de metas de inflación proponen controlar los aumentos de precios operando sobre las expectativas. La tasa de inflación hoy no tiene nada que ver con la expansión de la oferta de dinero sino con las políticas de ajuste. Entonces si uno cree en la teoría de las expectativas, los agentes ajustan cuando escuchan que el ministro de Energía dice que van a seguir subiendo las tarifas. Sabemos que uno de los principales costos de la economía es la energía. Entonces, por definición, si uno aumenta las tarifas de gas, electricidad y transporte obviamente vas a generar más inflación. Así, la política del Banco Central para bajar la inflación no puede funcionar, se generan expectativas de inflación por todos lados.
En algunos países como Brasil, Colombia, Chile y Perú las metas de inflación están asociadas a una reducción y baja de la inflación.
–Insisto, de acuerdo a su propia teoría esos esquemas solo funcionan si producen una expectativa de reducción en la inflación. Las políticas que hoy está utilizando Argentina generan lo opuesto. Pero para nosotros las metas de inflación no funcionan. Todos los banqueros centrales que ahora creen que tienen la capacidad de controlar la inflación a través de las metas no entienden el impacto que 400 mil trabajadores adicionales desde China tienen sobre la oferta y los precios. La estabilidad de precios a nivel global viene de transferir producción a China. Eso ofreció una gran moderación y no las metas de inflación. La única forma que tiene esas políticas de funcionar es a través de un incremento en las importaciones y la apreciación del tipo de cambio que genera el ingreso de capitales.
La política económica de Ronald Reagan, ejemplo para Macri.APENAS 700.000 JUBILADOS BENEFICIADOS Y EL SISTEMA DESTRUIDO El cuento del abuelito
Jubilados y pensionados endulzaron el blanqueo de capitales, pero la reparación alcanzará a 500.000 o 700.000 personas, todas en el tramo superior de la pirámide. El gobierno sigue afirmando que beneficiará a más de dos millones de personas, ahora con pleno conocimiento de su falsedad. El amparo de un experto internacional es la última carta para impedir la destrucción del sistema previsional. Las bases de la Anses y la desprotección de datos personales. Macrì teme por su vida. CFK vs. Stolbizer.
Por Horacio Verbitsky
Por Horacio Verbitsky
La presunta reparación histórica para jubilados y pensionados que el gobierno nacional usó como caramelo para que los incautos se tragaran el blanqueo de capitales, sólo alcanzará a una mínima franja de personas, alrededor del 10 por ciento del total, que están entre las de más altos ingresos. Así surge de las bases de datos de la Anses que desde esta semana pueden ser consultadas por los interesados en los efectos de la ley 27.260 sobre sus ingresos. Aún así, servirá como pretexto para la liquidación del sistema previsional de reparto. Pese a ello, en el decreto reglamentario 894/2016 el gobierno pretende que los beneficiarios “podrían ascender a más de dos millones de casos”, ahora con pleno conocimiento de su falsedad.
Entre 500 y 700 mil
Los registros de la Anses cubren un universo total de 7,2 millones de jubilaciones y pensiones y el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) 6,6 millones en mayo, cuando el presidente Maurizio Macrì envió el proyecto de ley al Congreso. La discrepancia se debe al movimiento constante de altas y bajas en las bases de la Anses (que además incluye a viudos y viudas que cobran dos beneficios), mientras el único dato indudable es el del SIPA ya que registra las prestaciones efectivamente pagadas hace apenas dos meses. En cualquier caso, 4,4 millones de los registrados por Anses cobran la mínima, no tienen reajustes pendientes y no están alcanzados por la ley. Otros 1,7 millones están excluidos porque corresponden a los regímenes especiales (Poder Judicial, ex cajas provinciales transferidas a la Nación, malvineros y otros). Un trabajo interno de la Anses, que el gobierno nacional oculta porque pone en evidencia la falta de sustento de su publicidad engañosa, estima que a priori la reparación podría llegar a 1,1 millón de personas, pero cuando esa cifra se descompone en sus partes, oscilarían entre 500.000 y 700.000:
- 200.000 tienen sentencia favorable, ya sea firme, de segunda instancia o con Recurso Extraordinario presentado y no apelado o desistido por el Estado. Para pagarles no hacía falta ninguna ley. Los abogados les están aconsejando que no acepten la quita propuesta por la ley y que exijan el pago completo de la sentencia.
- 500.000 que iniciaron juicio pero aún no tienen sentencia de segunda instancia, o que no recurrieron a la justicia pero recibirán una actualización importante.
- 400.000 “están para analizar”, según la terminología de la Anses. Los funcionarios que trabajan en el tema dicen que una porción de ellos recibiría una mejora tan exigua que no compensaría el gasto de los trámites para percibirla, por ejemplo cobran 10.000 pesos mensuales y les aumentarían a 10.100 o 10.200.
Además, una parte sino todo lo que obtengan por esa vía lo perderán por efecto de la política económica recesiva. Ya está ocurriendo y se agudizará: la movilidad semestral de las jubilaciones y pensiones fue de 15,35 por ciento entre octubre de 2015 y marzo de 2016, cuando la inflación superó el 20 por ciento (20,53 por ciento para el Indec, 20,42 por ciento para el Congreso). Uno de los indicadores que se utilizan para calcular el aumento de las jubilaciones es el de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). Entre octubre y marzo fue del 13,33 por ciento, por lo cual es previsible que el próximo ajuste de las jubilaciones, en septiembre, esté aún más desfasado de la inflación, que al concluir el año oscilará entre el 45 y el 50 por ciento. El ciclo vicioso de la recesión muerde los talones de los jubilados.
Orden público o interés social
Mañana un jubilado pedirá amparo a la justicia federal de la seguridad social contra la ley 27260, para que se suspenda su aplicación y por último se declare su inconstitucionalidad. No es un jubilado cualquiera: Miguel Fernández Pastor fue Gerente de Normatización de Prestaciones y Servicios de la Anses durante la gestión de Sergio Massa y luego dirigió el Centro Internacional de Estudios de la Seguridad Social, con sede en México, la máxima institución académica regional en la materia. Ex concejal radical de Moreno, amigo personal de Raúl Alfonsín, fue propietario de las oficinas de la calle Santiago del Estero en la que comenzó su campaña electoral el primer presidente postdictatorial. Su tío Jorge Fernández Pastor fue el secretario legal y técnico de la presidencia de Alfonsín. El amparo sostiene que esa ley destruirá el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y que al mismo tiempo disminuirán los recursos impositivos, lo cual afectará la ley 26417 de movilidad previsional. Fernández Pastor cuestiona la Declaración de Emergencia en Materia de Litigiosidad Previsional por tres años del artículo 2 de la ley, porque sostiene que permitirá al gobierno legislar en materia de litigiosidad previsional sin intervención del Congreso, dado que el artículo 76 de la Constitución prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo “salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública con plazo fijado para su ejercicio”. Esto contradice los tratados internacionales de Derechos Humanos, la Constitución Nacional y la doctrina y la jurisprudencia, para los cuales la emergencia es una media extrema que sólo puede dictarse cuando una crisis excepcional pone en peligro la continuidad del sistema y la existencia misma del Estado, afectando el bien común y requiriendo medidas extraordinarias. Aún así, la Corte Suprema dijo en “Café La Virginia” que ni una ley ni una norma de rango inferior pueden violar un tratado internacional. Con un sistema previsional que cubre a más del 97 por ciento de las personas en edad de jubilarse, no tiene déficit y un fondo de garantía de 770.000 millones de pesos que asegura que sea sustentable, no hay causas objetivas que motiven la declaración del estado de emergencia. En consecuencia, las verdaderas motivaciones hay que buscarlas en el resto de la ley. Fernández Pastor las encuentra en el artículo 28, sobre el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que contempla la venta de sus activos para pagar tanto el stock de sentencias homologadas judicialmente cuanto el flujo mensual de haberes, que dada la emergencia podría disponerse con una mera resolución.
Si el anterior gobierno con las moratorias y la ley de actualización fortaleció la base de la pirámide, de modo que el 75,9 por ciento de los jubilados perciben la mínima y otro 14,9 por ciento hasta dos mínimas, el actual sólo propone mejoras para la reducida cúspide. Aunque esto sólo mejorará los ingresos de uno de cada diez jubilados para el Estado tendrá un altísimo costo, que pondrá en peligro la sustentabilidad de todo el sistema. Si se pagaran los 380.000 casos que ya están en juicio, con una sentencia media de 400.000 pesos en una hipótesis conservadora, el stock a pagar ascendería a 152.000 millones de pesos, unos 10.000 millones de dólares. Pero además, suponiendo un ajuste medio de 4.500 pesos por caso, el nuevo flujo a erogar cada mes sería de 1.700 millones de pesos, o 22.230 millones más por año. Esto implica un 4,4 por ciento de aumento de la partida anual de jubilaciones y pensiones, que acabará muy pronto con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La ley prevé otras vías de desfinanciamiento del sistema, al ratificar la devolución de impuestos coparticipables a las provincias, la virtual eliminación del impuesto a los bienes personales y el incremento considerable del gasto. Ya Adalbert Krieger Vasena durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y Domingo Cavallo un cuarto de siglo después, transformaron los recursos previsionales en bonos evaporables. Esta vez la justicia puede impedir que se repita.
El artículo 95 de la ley declara “de orden público” las disposiciones de su Libro I, es decir de cumplimiento imperativo, cuando correspondería decir de interés social. De modo que la venta de las acciones de las empresas incorporadas al estatizarse el sistema previsional (31,5 por ciento del Banco Macro, 26,03 por ciento de Siderar, más de 26 por ciento de Edenor y Transportadora de Gas del Sur, 24,99 por ciento de Telecom Argentina, 24,88 por ciento de Consultatio, 20 por ciento del Grupo Financiero Galicia y Molinos, 9 por ciento del Grupo Clarín) y de los demás activos del FGS adquiere primacía sobre el interés colectivo, se oponga quien se oponga. “Si es aceptada la declaración de emergencia, si se permite que ‘se realicen los activos’ del FGS, si se tolera que el orden público consolide estos propósitos, cuando ocurra lo inexorable, cuando volvamos a los ‘90, la historia nos condenará por no haber estado a la altura en que el destino nos ubicó a cada uno. Si por el contrario hacemos cierto que la Seguridad Social es un derecho humano, que la solidaridad es el principio rector de la Seguridad Social, entonces sentiremos el maravilloso orgullo de haber hecho lo que corresponde. La patria, como la Seguridad Social, la construimos todos, todos los días”, concluye el amparo.
Un convenio escandaloso
Como si esto fuera poco, la ANSES convino entregar a la jefatura de gabinete de ministros no una sino tres bases de datos de código abierto, dijeron fuentes del organismo de seguridad social que conocen los entretelones secretos de lo pactado. La información que contienen y las fórmulas de cálculo que las interrelacionan y que en la jerga previsional se conocen con el horrible nombre de Reglas de Negocios, es mucho más detallada de lo que hizo saber el gobierno nacional y contiene datos personales sensibles que exceden cualquier necesidad de comunicación oficial para “mantener informada a la población”, según la cándida fórmula utilizada por la Secretaría de Comunicación Pública. La consulta de esa cuantiosa información no se concreta mediante un soporte físico, como un disco rígido o un conjunto de DVDs, sino a través de un link que permite el acceso remoto. Este link es fácil de hackear y según los expertos sería la vía ideal para las filtraciones de información hacia consultoras privadas que las aprovecharían para tareas de propaganda política y negocios y cuya vinculación con el gobierno no sería fácil de probar, de modo que el jefe de gabinete Marcos Peña Braun pudiera continuar pregonando con cara de ángel que “no hay vocación de utilización política” de esos datos (sic). En estos días, volvió a mencionarse el episodio ocurrido durante las elecciones porteñas de 2011, cuando una pretendida encuesta telefónica en realidad fue el instrumento para instalar una falsa vinculación entre el padre de Daniel Filmus y Sergio Schoklender, a raíz de lo cual en 2012 fue procesado el consultor de Maurizio Macrì, Jaime Duran Barba.
El Convenio afirma que la información consistirá en nombre y apellido, DNI, CUIT/CUIL, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios. Pero las bases de datos de la Anses son más detalladas. A partir de 2004 se emprendió una tarea de actualización y expansión, que se mantiene al día con cada nuevo expediente iniciado en cualquier punto del país, cuyos datos se incorporan en tiempo real. Incluye datos comprobados y datos a verificar. La primera base es la del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), la controla la Administración Federal de Ingresos Públicos y contiene todo lo relacionado a la recaudación: CUIT/CUIL, relación de trabajo autónomo o en relación de dependencia; salario o aporte; empleador o actividad; remuneraciones, etc. La segunda es la Base Única de Personas, que contiene no sólo los datos que menciona el convenio, sino también si la persona tiene trabajo o está desocupada, su antigüedad en el empleo y sus relaciones familiares: matrimonios, concubinatos, nacimientos, adopciones, patria potestad, discapacidades. La tercera es la Base de Beneficiarios, que se limita a los jubilados y pensionados y las sumas que perciben de la Anses por esos conceptos. Esta es la más codiciada por las empresas, porque les sirve para ofrecer ventas a crédito. El decreto que legalizó el Convenio dice que contó con dictamen favorable de la Dirección de Protección de Datos Personales. El dictamen firmado el 28 de abril por su director, Eduardo Bertoni, revela desde cuándo el gobierno estaba trabajando en el tema, aunque recién se reveló al país la semana pasada. Además de su rol técnico, Bertoni manifestó su adhesión política al gobierno al integrar la delegación que defendió la derogación por decreto de la ley audiovisual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su juicio, “no se observa impedimento legal para la suscripción del Convenio”, siempre que se cumplan con los requisitos de la ley 25.326 de Protección de Datos Personales, lo cual se parece demasiado a una tautología. Es legal si cumple con la ley. Bertoni recuerda que el artículo 11 de la ley 25.326 obliga a requerir el consentimiento del titular antes de ceder sus datos personales, salvo que la cesión ocurra entre órganos del Estado en forma directa, “en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias”. Luego define que el dato a intercambiar debe ser necesario y pertinente para la finalidad buscada. Como es obvio las partes declaran en el convenio que los datos a ceder se corresponden a sus respectivas competencias, que el intercambio tiene el exclusivo fin de cumplir con esas competencias, que los datos no son excesivos con relación “al ámbito y finalidad” y que no es información sensible o protegida. Estas son algunas de las cosas que están en duda, tanto en este convenio como en el mellizo que el gobierno firmó para apoderarse de la base de datos de la Obra Social de los jubilados, PAMI. Pero además, también los datos sensibles podrán ser entregados a la jefatura “para ser tratados con fines científicos o estadísticos”. Nada menos.
DURO DOCUMENTO DE LA CTERA CONTRA LA POLITICA EDUCATIVA DEL GOBIERNO DE MACRI La revolución que no llega Por Carlos Rodríguez
La “tan mentada ‘revolución educativa’” que pregona el gobierno de Mauricio Macri, consiste en “definir políticas públicas que garantizan las condiciones necesarias para que el sector privado-empresarial pueda desplegar también sus negocios en el campo educativo”, afirmó Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, en declaraciones a Página/12. El dato central es “el incumplimiento de las pautas de ejecución presupuestarias que ha hecho del sector educativo uno de los que menos inversión ha recibido en lo que va del año”. Alesso precisó que las partidas del Estado Nacional para Educación y Cultura alcanzaron “sólo el 41,8 por ciento”, cifra que “resulta inferior al nivel promedio de ejecución del gasto público global, que fue del 50 por ciento”.
En síntesis, Alesso subrayó que el gobierno “no solo retorna a las políticas neoliberales de los 90, sino que parte de ellas para pasar a un estadio distinto, donde las corporaciones aplican de manera directa criterios empresariales y de mercado en la educación pública”. Además, desde CTERA se reclamó “una nueva Ley de Financiamiento Educativo que lleve la inversión en educación al 10 por ciento del PBI”.
El análisis
Las declaraciones de la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), forman parte de un documento titulado “Sin financiamiento educativo no hay educación de calidad”. Alesso explicó que la entidad gremial manifestó “su preocupación por el estado general de la educación pública”, como resultado de las políticas del gobierno nacional desde que asumió Macri, el 10 de diciembre de 2015.
La dirigente calificó de “falsas argumentaciones” las expresadas por el gobierno para “justificar el ajuste que se está llevando a cabo en todas las esferas del Estado”. Recordó que el Ministerio de Educación, a cargo de Esteban Bullrich, anunció la “tan mentada ‘revolución educativa’”, presentada como la “solución necesaria para dejar atrás el modelo del ‘Estado ineficiente’ y superar ‘el fraude’ que ha significado la Ley de Educación Nacional”, según Bullrich.
Alesso señaló que con la postura del “Estado mínimo”, la estrategia del gobierno tiene dos patas: “Definir políticas públicas que garantizan las condiciones necesarias para que el sector privado-empresarial pueda desplegar sus negocios” en el campo educativo y “reconfigurar el rol del Estado Nacional, que bajo la figura de un pseudo-federalismo, descentraliza las decisiones, fragmenta y desfinancia el sistema” educativo “desmantelando (...) planes y programas socioeducativos nacionales en ejecución que venían generando mayores niveles de inclusión e igualdad social para los sectores populares”.
En ese contexto, la dirigente de CTERA mencionó el problema que representa “el incumplimiento de las pautas de ejecución presupuestaria” que convirtieron al sector educativo en uno de los que “menos inversión ha recibido” en el primer semestre del año. Citando datos oficiales extraídos de la página web del Ministerio de Finanzas, precisó que la ejecución del presupuesto en el área de Educación y Cultura fue “sólo del 41,8 por ciento”, lo que resulta inferior al nivel promedio de ejecución del gasto público global, del 50 por ciento.
En el documento difundido por la CTERA, son mencionados los principales programas que tienen un nivel muy bajo de ejecución:
- En Gestión Educativa se ejecutó sólo el 35 por ciento de lo presupuestado. El ítem incluye los fondos del programa FINES, recursos destinados a ampliar la jornada extendida, atender a escuelas primarias en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, brindar acompañamiento pedagógico a la provisión de computadoras del Programa Conectar Igualdad, desarrollar actividades científicas y académicas, fortalecer las modalidades de educación artística, especial, rural, intercultural bilingüe, contextos de privación de libertad, domiciliaria y hospitalaria.
- En Acciones compensatorias en Educación, fueron bajos los recursos disponibles, el 20,3 por ciento, utilizados para asistencia económica, material y pedagógica para el alumnado y las instituciones de todos los niveles y modalidades. Esto involucra becas para estudiantes de pueblos originarios, judicializados y de Leyes Especiales (hijos de ex combatientes de Malvinas, entre otros); asistencia a centros de actividades infantiles (CAI) y de actividades juveniles (CAJ); apoyo a escuelas albergue, educación especial y en situación de vulnerabilidad. Esto incluye provisión de libros de texto, ludotecas, útiles y materiales didácticos; programas de extensión, turismo educativo, campamentos, colonias de vacaciones, orquestas y coros infanto-juveniles.
- En Acciones en Formación Docente se utilizó sólo el 26,7 por ciento. El impacto se reflejó en el incumplimiento del Plan Nacional de Formación Docente, en el Programa de Formación Permanente y en el Ejercicio Nuestra Escuela.
- En Infraestructura e Equipamiento el presupuesto está prácticamente paralizado: sólo se usó el 9,4 por ciento. El ítem incluye transferencias de fondos para infraestructura y equipamiento, construcción de edificios o ampliación, refacción y adecuación de las instalaciones existentes.
- En Innovación y Desarrollo de la Educación Tecnológica, la subejecución llegó apenas al 6,29 por ciento. Aquí el gobierno incumple la Ley 26.058, que creó el Fondo Nacional para la Educación Técnico-Profesional y determina las pautas para el desarrollo de la educación técnico-profesional en el nivel medio y superior. La autoridad de aplicación es el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
Alesso agregó que también muestran “bajo nivel de ejecución” las partidas destinadas a financiar “los programas de Infraestructura Educativa”, que se encuentran en manos del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda. Esos programas “alcanzaron solo al 27 por ciento de lo presupuestado”. Lo mismo ocurrió con “las partidas con que cuenta la Administración Nacional para la Seguridad Social, dirigidas a financiar el programa Conectar Igualdad”, que fue discontinuado, y el de Respaldo de Estudiantes de Argentina (PROGRESAR) “que sólo ascienden al 38 por ciento de lo asignado”.
La ley de Educación
Para la titular de la CTERA “resulta evidente y preocupante” el panorama actual porque “de persistir esta tendencia, se pondrá en riesgo el cumplimiento de la Ley 26.206 de Educación Nacional”, sancionada en el año 2006. Esa norma establece que una vez cumplidas las metas de la Ley 26.075, de Financiamiento Educativo, el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Buenos Aires destinado exclusivamente a educación “no debía ser inferior al seis por ciento del PBI”.
Alesso recordó que el proyecto de presupuesto para este año fue elaborado “con una pauta inflacionaria esperada de 21 por ciento”, cuando en el marco macroeconómico actual “la inflación estimada para todo el año llega como mínimo al 44 por ciento”, de acuerdo a lo estimado por el ministro de Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Por esa razón “el monto previsto para el sector educativo debería incrementarse en términos nominales en esa magnitud para mantener el valor real de las distintas acciones en materia de políticas educativas” y poder cumplir con las metas de la Ley de Educación Nacional.
También mencionó que el ministro de Educación habla de “revolución educativa” y “calidad de la educación”, mientras su propio gobierno “toma medidas que dejan en evidencia el desfinanciamiento del sistema educativo, el incumplimiento de la transferencia de recursos a las provincias y la subejecución del presupuesto”. Alesso sostuvo que “se trata de un gobierno que no solo retorna a las políticas neoliberales de los 90, sino que parte de ellas para pasar a un estadio distinto, donde las corporaciones aplican de manera directa criterios empresariales y de mercado en la educación pública”.
La titular de CTERA recalcó que frente a esta situación general “redoblamos nuestra lucha en pos de lograr una nueva Ley de Financiamiento Educativo que lleve la inversión en educación al diez por ciento del PBI para que pueda ser efectivamente garantizado el derecho social a la educación y se alcancen las principales metas dirigidas a la obtención de mayor inclusión, justicia e igualdad socioeducativa”.
OPINION La grasa laburante
Por Mario Wainfeld
A veces los medios dominantes hablan del bosque y, cuando lo hacen, sinceran su programa de gobierno. Un editorial del diario La Nación del martes 26, titulado “Un cambio indispensable en las relaciones laborales”, propugna una amplia Contrarreforma que, de momento, sus aliados del Gobierno nacional no se animan a poner en la palestra. Es una pieza digna de la tradición de la “Tribuna de doctrina”: reaccionaria siempre, autoritaria o dictatorial cuando las circunstancias le son propicias. Una duda asalta a este cronista: dan ganas de aconsejar su lectura íntegra porque es un alerta salida del corazón mismo del oficialismo pero le da temor atragantar a las personas que están leyendo esta nota, en la mañana o el mediodía de un domingo difícil: en Macrilandia y sin fútbol.
El diario “de la gente como uno” despliega un inventario de medidas que abarcan el derecho laboral individual y colectivo. Se resucitan palabras que otros trepidan en mencionar, porque los ecos del pasado resuenan fuerte con ecos dolorosos. Flexibilización, períodos de prueba.
Se mociona terminar con la negociación colectiva tal y como se viene realizando desde 2003, volviendo a los convenios por empresa, que diseminarían la representación. Se pide disminuir la intervención del Ministerio de Trabajo, aún para homologar acuerdos… un modo de fomentar el liberalismo extremo en la puja entre patronales y sindicatos. Un hallazgo, cuestionado en un documento de la Asociación de Abogados Laboralistas, incorpora el editorial al viejo repertorio neoconservador. Es abolir la indemnización por despido y “suplirla” por un Fondo de desempleo individual. En los hechos las cesantías se tornarían gratuitas, desbaratando la “protección contra el despido arbitrario” establecido en el artículo 14 bis de la Constitución que La Nación no menta, ni siquiera para deplorar su existencia. Despido sin causa ni límites ni costos para la patronal, una de cuyas secuelas colaterales, no expresada, sería la supresión de facto de las vacaciones pagas. Si hubiera despido express sin contrapartidas, esa institución caería en la volteada.
Se insiste en aliviar a las empresas de cargas sociales y se exhiben como señuelo instituciones que ya existen: capacitación, programas de primer trabajo o empleo joven.
La prolija enunciación de lo que quiere devastar revela algo que las ediciones de los medios dominantes y el relato macrista niegan como mantra: el kirchnerismo existió como proyecto político y dejó un legado de instituciones laborales incompatibles con un programa de gobierno de derecha. Con su proverbial hipocresía, el órgano habla en nombre de los propios laburantes y de las necesidades de los inversores. Ni siquiera asume que es un engendro patronalista al mango, un alegato de clase, consistente con la CEOcracia que tan flojamente ejerce la gestión democrática.
A primera vista, el sector de la clase trabajadora concernido es el formal pero los segmentos del universo de trabajadores no son compartimentos estancos ni estáticos. La caída del grupo más protegido arrastraría a la baja a compañerxs menos favorecidos, ahondando por vía legal lo que ya está ocurriendo en la sociedad.
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Números que dan frío: Según el mismo Ministerio puesto en jaque se perdieron en mayo 40.114 puestos de trabajo registrado, con una variación interanual de 59.840 desde mayo de 2015. Es conocido el eficaz ahínco de los gobiernos kirchneristas para sostener los puestos de trabajo existentes, aún en los trances más severos de crisis internacional o local. La merma es mérito de Cambiemos, que va por más. Un punto y medio de crecimiento del índice de desempleo pondera el consultor Miguel Bein y uno quisiera creerle porque malicia que se queda corto. Así y todo serían 270.000 desocupados más, del sector nacional urbano.
Se suele repetir que son los sectores medios bajos los más damnificados por la política económica oficial. Sin negar que el descenso es colectivo, es forzoso destacar que los que más sufren la malaria son quienes viven de changas, ligadas al consumo y al mercado internos. Los informales, privados del colchoncito que proveen el laburo estable, el aguinaldo, las licencias pagas. Los guarismos respectivos son más esquivos, por definición, pero no por ello menos notorios. El politólogo Daniel Arroyo, dirigente del Frente Renovador, observador atento a los sectores populares, así lo subraya en una entrevista concedida a la FM La UNI UNGS, reseñada por la Agencia Paco Urondo. Habla de un escalonamiento dentro del universo popular. “Es el parate de la changa, el conurbano bonaerense es un mundo de changas. El que tiene un plan hace una changa, el remisero hace otra cosita. Cuando se paran esas actividades se dispara la pobreza. Después tenemos los despidos en el sector público y privado”.
Un síntoma alarmante es la mayor asistencia de pibas y pibes a los comedores escolares. Las escuelas les dan poco o nada de verdura y lácteos en la dieta, que se empobrece a su vez. El respectivo presupuesto provincial aumenta pero no en proporción a la suba de costos y de comensales: las calorías ingeridas merman. La leche se ha vuelto cara aunque los productores tamberos coquetean con la bancarrota: milagros del “modelo” y el funcionamiento de las cadenas de valor cuando el estado se desentiende. Una reunión de funcionarios con supermercadistas VIP discute el tópico, diz que con reproches cruzados. Nicolás Braun participa como propietario de “La Anónima”, una de las cadenas de súper que más facturan a nivel nacional. El Secretario de Comercio, Miguel Braun, representa al Estado. Nada más lindo que la familia unita, reflexionará la campanellista Laura Alonso que sigue investigando a paso de caracol el quid de los conflictos de intereses. Esta vez la representación es dual, quizá menos paródica que cuando actúa el ministro de Energía Juan José Aranguren, accionista y abanderado de Shell. Los distintos Braun se sientan en sendas sillas. Aranguren, fabulemos, debe cambiar a cada rato de asiento y de sombrero para ejercitar su doble representación. Volvamos al núcleo.
La malaria por “abajo” cunde. El gobierno lo sabe y alterna con las “organizaciones” (sociales) distribuyendo fondos sin proyecto recuperador alguno, solo pensando en prevenir un estallido.
La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) convocó a una movilización para el domingo 7 de agosto, festividad de San Cayetano. Marcharán desde la Iglesia respectiva a la Plaza de Mayo. Por primera vez desde el 10 de diciembre confluyen varias organizaciones, entre ellas el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa. Será una nueva expresión de la creciente revuelta callejera poli clasista, pluripartidista y multisectorial contra un gobierno que saca ventaja de la división política de sus adversarios. En este caso compuesta por distintas vertientes de izquierda: alguna del Frente para la Victoria, otras no. Los promotores dicen haber invitado a sumarse a las dos CTA y a sectores combativos de la CGT. A título de opinión del firmante: todos deberían llevar como consigna el pedido de libertad a Milagro Sala, la referente de la TUPAC. La única presa política del macrismo es una luchadora social, emergente del estamento más castigado de la clase trabajadora.
Ya que estamos: acaso sea hora de enaltecer la memoria de Saúl Ubaldini, último Secretario General de la CGT que supo interpelar y expresar a los trabajadores más humildes cuya aparición en la escena pública se produjo hace más de treinta años. Paz, Pan y Trabajo era la consigna de entonces, la del domingo será Tierra Paz y Trabajo.
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Las cuentas no cierran: Contrariando a la máxima kirchnerista, al gobierno no le cierran las cuentas ni aún con la gente afuera. La inflación es acumulativa y aunque disminuyeran un poco los índices mensuales, el acumulado anual será record. Comparable con Venezuela, podría ironizarse con una pizca de humor negro.
Los pagos de las facturas de gas están suspendidos, como consecuencia del desafío popular al tarifazo y las sentencias haciendo lugar a los justos reclamos. Las distribuidoras lloran miseria, el gobierno es sensible al dolor de las grandes corporaciones. El Jefe de Gabinete Marcos Peña amenaza: las facturas se pagarán sí o sí. ¿Sabe ya qué decidirá la Corte Suprema, acaso porque hay un pacto entre el presidente de la Nación y el del Tribunal Ricardo Lorenzetti? ¿O es una expresión de deseos, con formato de apriete? Si se aprobara el nuevo aumento con techo en el 400 por ciento y la sensibilidad social de Aranguren provocara un pago retroactivo desconsiderado, habría traslación a precios y un nuevo respingo de la inflación. “El mejor equipo de los últimos 50 años” cuenta con el último fundamentalista del monetarismo, el banquero central Federico Sturzenegger. Pero las alquimias del hombre son tan poco certeras como las profecías del temblequeante ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat- Gay. Todo aumento es inflacionario en este suelo, aunque la teoría idolatrada diga otra cosa y se practique cualquier enjuague con la emisión de moneda y otros manejos financieros.
La resurrección del tarifazo desencadenaría en efecto dominó otra suba en la canasta popular. Mete pavor pensar qué acontecería con la nueva devaluación que el establishment exige a su gobierno, en voz cada vez más elevada. La que anunció Prat-Gay en pleno verano no funcionó como él pensaba. Vaya a saberse si le falló la biblioteca o si mintió o si se mezclaron ambos factores. En todo caso, hay bombas de tiempo activadas por el oficialismo político y económico, que su mala praxis cotidiana parece “condenada” a detonar.
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La opo se despereza: El aludido Arroyo, los diputados Felipe Solá y Graciela Camaño se muestran activos, locuaces, ocurrentes, críticos del oficialismo. La estrategia del FR conducido por el diputado Sergio Massa se asemeja a la que ensayó, allá lejos y hace tiempo, Carlos Menem respecto del presidente Raúl Alfonsín. Acompañarlo en su momento de auge, mostrarse constructivo y hasta poco diferenciado… hasta que al oficialismo le llegue la mala. Entonces hay que despegarse, lo que va de Davos a este julio que termina. Pragmatismo puro, leyendo que el aura del gobierno no se apaga pero sí titila.
Algo similar, con menos gracia y menos punch, ensaya el desvencijado y desleído PJ nacional cuya plana mayor votó el acuerdo con los fondos buitres a cuatro manos. El diputado José Luis Gioja señala problemas evidentes con razón y sin encanto.
Los socialistas santafesinos quedan atrapados entre su tibieza y los desdenes y críticas que les propina Macri, casi un golpeador.
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Las marchas de agosto: Agosto será un mes movido. A la movilización del domingo de San Cayetano hay que irle sumando la Marcha Federal promovida por la CTA de los Argentinos. Hasta los tamberos volverán a la ruta para ejercer su derecho al pataleo. No habrá cortes ni desabastecimientos ni se tirarán productos perecederos como en los buenos tiempos de la Resolución 125, sería demasiado contra un gobierno “del palo”. Pero el sector se expresa, sumando diversidad a las protestas. Tal vez esté cercano el momento en que reparen que “contra Cristina estábamos mejor”.
Las dos CGT rumian su unidad. Se sabe: expresan al sector más protegido de la clase trabajadora… a veces en exceso. La socióloga Paula Abal Medina distingue bien tres niveles de la clase trabajadora, el “sindicalismo camionero” de Hugo Moyano se concentró en el primero, apenas se interesó por el segundo y desamparó o hasta desdeñó al tercero, el informal, que –todo lo indica– es el más golpeado desde diciembre aunque se note menos por sus características y los límites de sus organizaciones.
El arranque del blanqueo es la gran esperanza ídem del oficialismo. La obra pública, la segunda bala de plata, tarda en activarse.
Este año queda para la timba de augurios. La recesión ¿será del 1,5 por ciento del PBI como vaticinan los good fellows del Fondo Monetario Internacional? ¿O llegará al dos? ¿Servirá, consuelo de tontos o de sádicos (usted dirá), como moderadora de la inflación?
Macri avizora un crecimiento del 3 por ciento para 2017. Hasta ahora no pegó un pronóstico pero “se tiene fe”. Hasta “firma” ese porcentaje, voluntarista y en el mejor de los casos no tan deslumbrante si este año se bajó el dos o más.
La idea del rebote es tentadora y mendaz, como casi todos los simplismos. Las caídas feroces de la actividad industrial, el consumo y el empleo no son equitativas. Se distribuyen de modo desparejo entre distintas regiones, ciudades o ramas de la producción.
Macri está dolorido por las medidas que “tiene” que tomar pero muchos de sus aliados se han enriquecido. El promedio, como es habitual, es engañoso.
Una industria que conserve puestos de trabajo y capacidad instalada podría repuntar velozmente, si tiene mercado ávido para consumir. Ojo que son dos requisitos y no uno. Aquellas que se van desmantelando, despidiendo personal, llenándose de deudas no quedan rozagantes esperando el boom 2017. Muchas están cayendo sin haber tocado fondo. La apertura industrial depredadora cobrará fuerza el segundo semestre. La industria textil, el calzado entran en tirabuzones que un respingo acaso no interrumpirá, sobre todo porque el proceso pro importador se exacerbará.
La Nación apunta al futuro, el presente va castigando a la clase trabajadora, también de modo diferenciado. Las corporaciones empiezan a hablar de “productividad” que en su jerga sectaria es sinónimo raso de reducción de salarios. Los ayudaría que se engrosara el ejército de reserva, objetivo inconfeso que el macrismo viene cumpliendo a la perfección.
Los damnificados se organizan, ganan el espacio público, sin una fuerza política que los vertebre, encauce o conduzca. Eso sí, conscientes de sus derechos y de que está en sus manos defenderse.
mwainfeld@pagina12.com.ar
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