Desde hace algunos años no es extraño referirse al último gobierno de facto como una dictadura-cívico militar. El término se ha ido imponiendo en el lenguaje periodístico, en las instituciones escolares e incluso en el sentido común de la población. La consigna para la marcha del presente 24 de marzo será “los grupos económicos también fueron la dictadura”, frase que incluye a los empresarios en el sector civil compuesto también por jueces, sacerdotes, políticos y medios de comunicación.
Existen algunos casos emblemáticos de complicidad empresarial en la organización de la represión. El ingenio azucarero Ledesma de Jujuy proveyó de camiones al Ejército para el secuestro de sus trabajadores. A mediados de 1976 en la denominada noche del apagón, la empresa cortó el suministro de energía eléctrica para facilitar las operaciones y permitió que dentro de la empresa funcionase el escuadrón 20 de gendarmería, constituido en centro clandestino de detención.
En la represión de la Ford también fueron utilizados rodados provistos por la empresa. Los militares usaron camionetas F-100 en los operativos e instalaron un centro clandestino de detención en la fábrica donde personal de la empresa participó de los interrogatorios. En la Mercedes-Benz los trabajadores eran secuestrados con listas negras proporcionados por los directivos. Las dos automotrices tienen características similares: las victimas fueron trabajadores delegados de sección o integrantes de la comisión interna.
Las empresas Acindar y Siderca también instalaron centros clandestinos de detención en sus predios. La primera, ubicada en Villa Constitución y presidida por José Alfredo Martínez de Hoz impulsó la represión en 1975 con el objetivo de desmembrar la dirección de la UOM local. En la represión participaron distintas fuerzas de seguridad y sectores afines a José López Rega. La empresa facilitó su helipuerto a la Policía Federal y permitió que se instalase un cuartel en la fábrica donde funcionó un centro clandestino de detención.
En la puerta de Siderca, perteneciente al Grupo Techint, se instaló personal del Ejército con un listado de obreros “indeseables” proporcionados por la empresa. Los detenidos fueron alojados en un centro clandestino en el Tiro Federal de Campana, contiguo a la fábrica, que se comunicaba con el predio por una puerta. El mismo modus operandi fue empleado en el astillero Astarsa. El 24 de marzo de 1976 fuerzas del Ejército acordonaron la entrada del predio con tanques de guerra, carros de asalto y helicópteros e identificaron con colaboración de la empresa a los trabajadores “rebeldes” para detenerlos y llevarlos a la comisaría 1ª de Tigre.
Las causas judiciales
En todos los casos mencionados existen causas por delitos de lesa humanidad. La Secretaría de Derechos Humanos de Nación intervino en algunos como querellante. En la causa Ledesma uno de los acusados es su titular Pedro Blaquier quien fue citado para prestar declaración indagatoria. Sin embargo la citación fue desestimada por el juez subrogante Carlos Olivera Pastor.
Los casos de Ford y Mercedes Benz están en el juzgado federal de Daniel Rafecas de San Martín. La causa de Astarsa también se tramita en la misma jurisdicción. La Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante en las dos automotrices y en el caso de Ford participó de un acto en el que se señalizó la fábrica como un lugar de secuestro de trabajadores. A su vez el fiscal Federico Delgado ha pedido la indagatoria para los directivos de la empresa.
La causa de Acindar fue impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos en diciembre de 2010. Está en manos del juez federal de Norberto Oyarbide pero por ahora ha presentado pocos avances. Finalmente, en septiembre del año pasado un grupo denominado “Trabajadores y Delegados de los 70 por Juicio a los Responsables del golpe cívico-militar” presentaron en la justicia penal documentación que involucra al directorio de Mercedes Benz, Ford, Astarsa y Techint en el financiamiento de los servicios de Inteligencia del Ejército. Si tomamos la caracterización de Rodolfo Walsh en su carta a la junta, donde plantea que las peores violaciones a los Derechos Humanos fueron producto de la política económica de la dictadura, concluiremos que estas empresas favorecidas por aquel modelo violaron los Derechos Humanos por partida doble
Los Grupos económicos en la actualidad
El gran apoyo recibido por Cristina en las últimas elecciones debe mucho a la política económica implementada desde 2003. ¿Qué rol jugaron los grupos económicos analizados en relación al modelo? Salvo Astarsa que cerró en 1994, el resto sigue en funciones. En la actualidad Ledesma desarrolla actividades diversificadas orientadas al mercado interno como la producción de papel, azúcar y naranjas. Sin embargo, las pésimas condiciones laborales de sus trabajadores y el autoritarismo frente a la población circundante a sus predios la posicionan como una de las empresas más dañinas del país. Sirva como ejemplo el desalojo que impulsó en terrenos de su propiedad que dejaron un saldo de cuatro muertos.
El caso de Techint es más complejo. El grupo está acostumbrado a condicionar a gobiernos y querer digitar la política económica nacional. Los roces con las gestiones de Néstor y Cristina fueron una constante pese a compartir algunos lineamientos generales de la política industrial. Sin embargo, las empresas del grupo dinamizan el mercado interno proveyendo insumos para la industria (sobretodo la petrolera) y abasteciéndose de una red de proveedores nacionales (sobretodo PYMES) a los que transfiere tecnología, financiamiento y capacitación de recursos humanos.
Acindar es una empresa consustanciada con el crecimiento industrial del modelo kirchnerista. La empresa fabrica alambres, clavos, mallas y barras de acero además de cordones para hormigón postesado y acero para estructuras de hormigón armado, insumos básicos de la industria de la construcción, pilar del crecimiento económico de todo el ciclo kirchnerista. La empresa no pertenece más a la familia Acevedo y está en manos de Arcelor Mittal, el principal productor siderúrgico del mundo, conformado en su mayoría por capitales indios.
Las automotrices han sido centrales en el modelo económico kirchnerista. El año pasado hubo un récord en la producción de autos, superándose las ochocientos mil unidades. El aporte de Mercedes Benz ha sido ínfimo y el de Ford de un 14 % pero ambas expresan un sector considerado estratégico por el gobierno nacional. La inauguración con presencia de Cristina de la nueva planta de motores de Ford en Pacheco simboliza ese aspecto. El mismo gobierno que señala un centro clandestino de detención en la fábrica le reconoce su actividad presente y la apuesta al futuro.
La responsabilidad empresarial
Los grupos económicos fueron la dictadura como también lo fueron las Fuerzas Armadas. De la misma manera que el personal militar comprometido con la represión está siendo juzgado, los empresarios que fueron cómplices deberán pasar al banquillo de los acusados. Caiga quien caiga y sin importar si siguen ejerciendo funciones empresariales en la actualidad.
Sin embargo, como dice Walsh, la violación más profunda a los Derechos Humanos de la dictadura fue su política económica. Sin un Estado que discipline al capital las empresas nunca cumplirán la función social que le atribuye la filosofía peronista. Por esa razón el gobierno, al igual que lo hizo con las Fuerzas Armadas, busca encuadrar a los empresarios para comprometerles en una política nacional. Sólo así los grupos económicos cumplirán un rol positivo para el conjunto de la población y no cometerán nunca más un genocidio social.
Agencia Paco Urondo.
GB
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