ESTADO PRESENTE VS. ESTADO AUSENTE.

MARIO RAPOPORT - BAE - JUNIO 2011


Contra la demonización de la participación del estado


La discusión sobre la participación de los representantes del Estado en empresas privadas, cuidando los intereses de jubilados y futuros jubilados, y las constantes referencias a lo que esto representa como un avance del Estado sobre la propiedad privada o un anuncio de futuras estatizaciones, es en parte producto de la demonización que las compañías estatales tuvieron desde la dictadura militar hasta la crisis del 2001.


La discusión sobre la participación de los representantes del Estado en empresas privadas, cuidando los intereses de jubilados y futuros jubilados, y las constantes referencias a lo que esto representa como un avance del Estado sobre la propiedad privada o un anuncio de futuras estatizaciones, es en parte producto de la demonización que las compañías estatales tuvieron desde la dictadura militar hasta la crisis del 2001 y poco tiene que ver con la importancia que ese mismo Estado tuvo en la creación y el desarrollo de empresas y servicios públicos, que de otro modo no hubieran existido con el consiguiente perjuicio para el conjunto de la sociedad. Tampoco las nacionalizaciones de compañías privadas por el Estado respondieron, por lo general, a las ambiciones del poder político de turno sino al fracaso de esas mismas compañías en el cumplimiento de sus funciones y al mismo deseo de éstas de ser nacionalizadas. Pondremos aquí algunos ejemplos.


La prehistoria de Obras Sanitarias de la Nación (OSN), hoy privatizada, se remonta a 1892 cuando se rescindió el contrato existente con el Estado por incumplimiento de sus obligaciones y haberse declarado en quiebra a la Buenos Aires Water Supply and Drainage Company Limited que pertenecía a la Baring Brothers, cuya caída fue uno de los motivos principales de la brutal crisis financiera de 1890. Para suplantarla el gobierno de entonces, que no era de ningún modo estatista (el mismo general Roca y otros liberales de la época pidieron que se nacionalizara) creó la Comisión de Obras de Salubridad, la antecesora directa de OSN. Finalmente, Obras Sanitarias de la Nación fue organizada en 1912 en el marco del primer Plan Nacional de Saneamiento, que había sido aprobado unos años antes, y empezó a desarrollar sus tareas, manteniendo y expandiendo la red de agua corriente y desagües de la Ciudad de Buenos Aires y asesorando a ciudades del interior del país para el desarrollo de las propias. En 1910, catorce capitales de provincia tenían una red de agua corriente y cuatro de ellas contaban con un sistema de cloacas. Para 1923 la empresa atendía a aproximadamente 6 millones de usuarios.


Una quincena de años más tarde, en 1939, se creó el Área Sanitaria Metropolitana, que aglomeraba a la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires en una única unidad administrativa y luego se empezaron a prestar servicios en catorce partidos de la Provincia de Buenos Aires, marcando, por un lado, la máxima expansión de la red en el área metropolitana y, por otro, la época de mayor actividad de la compañía, considerada un ejemplo en la región. En 1943 pasó a llamarse Administración General de Obras Sanitarias de la Nación y al año siguiente el Poder Ejecutivo institucionalizó el Área Sanitaria Metropolitana, que existió en tal carácter hasta la disolución de OSN, casi cinco décadas después.


Agua y Energía Eléctrica fue otra empresa pública argentina encargada de la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como de la evaluación y construcción de obras de ingeniería hidráulica. Creada en 1947, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, implicó la fusión de la Dirección General de Centrales Eléctricas del Estado y la Dirección Nacional de Irrigación. En 1949 pasó a denominarse Agua y Energía Eléctrica Empresa del Estado y suplió las carencias de gran parte de la población del país.


A partir de la segunda mitad de la década del cuarenta tuvo lugar también en la Argentina la nacionalización de múltiples empresas, con consecuencias importantes sobre la evolución del sector público y del conjunto de la economía. Uno de los ejemplos más tempranos de nacionalización fue el de la distribución del gas. En 1945, se nacionalizó el servicio de gas en la Capital Federal, que se hallaba en serias dificultades económicas, y entre 1947 y 1948 el Estado adquirió varias compañías de gas en la provincia de Buenos Aires rebajando las tarifas en un 30 %. Para abastecer al gran centro consumidor de Buenos Aires y sus alrededores se construyó un gasoducto desde Comodoro Rivadavia que fue único en su tipo en aquella época. Otro sector nacionalizado fue el telefónico a pedido de la propia empresa. De ese modo el 3 de septiembre de 1946, The United River Plate Telephone Company Ltd., subsidiaria del trust norteamericano ITT, pasó a manos del Estado por la suma de 95 millones de dólares.


En general, la compra de empresas por parte del Estado se encontraba lejos de ser un proceso compulsivo. Las compañías extranjeras estaban interesadas en desprenderse de sus activos en la Argentina, y no por recelo contra la nueva estrategia del gobierno, sino porque percibían que su ciclo ya estaba agotado y su rentabilidad era escasa o nula. Es precisamente por ello que habían dejado de invertir mucho tiempo atrás. En este sentido el ejemplo más importante y recordado fue el caso de los ferrocarriles. El deterioro de la economía inglesa durante la primera posguerra motivó una disminución considerable de sus inversiones en este rubro. Así, entre 1918 y 1946 no se registraron nuevos emprendimientos, correspondiendo al Estado Nacional la iniciativa en torno a la construcción de los últimos ramales. La competencia que se desató a partir de los años ‘30 entre la ruta y el riel desalentó aún más la renovación del sector, al tiempo que la creciente obsolescencia del material rodante tendió a disminuir aceleradamente los márgenes de ganancia de los empresarios, provocando una fuerte baja en la cotización de las acciones de las compañías ferroviarias. El agravamiento de este cuadro al estallar la Segunda Guerra Mundial condujo a los prestatarios a proponer recurrentemente la venta de los servicios al Estado argentino; interés que habría de acentuarse durante la posguerra, debido a que en 1947 caducaba la “Ley Mitre”, de 1907, que había eximido por cuarenta años a los ferrocarriles británicos del pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales a cambio de un gravamen único más favorable.


Con el pacto de Andes del 12 de febrero de 1948 se formalizó finalmente la compra de los ferrocarriles británicos, utilizando el Estado argentino parte de las llamadas libras bloqueadas (retenidas por Inglaterra durante la guerra en el pago de sus exportaciones) y saldos comerciales favorables. Más allá del controvertido precio de adquisición, la nacionalización tenía sus razones, defendidas por el gobierno. Una de ellas se sustentaba en el control del sistema tarifario. Por un lado, éste favorecía el transporte que tenía como destino el puerto de Buenos Aires y perjudicaba a las producciones que circulaban en el interior sin llegar a la ciudad porteña. Por otro, discriminaba según el tipo de productos, favoreciendo largamente el transporte de carnes. A su vez, con la nacionalización se obtuvieron los ferrocarriles por un precio supuestamente inferior al de mercado, aunque parte de los materiales y equipos estaban deteriorados por la falta de inversión y mantenimiento También se incorporó una serie de empresas de transportes, eléctricas y de aguas corrientes, compañías de tierras e inmobiliarias, hoteles, frigoríficos, tiendas de distinto tipo, edificios y terrenos en todo el país que pertenecían a las compañías ferroviarias. Nada de esto fue casual, el Estado actuó siempre, con aciertos y errores, para reparar las falencias de los servicios privados y en defensa del interés social.

Gracias Profesor Parson.

GB