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07/09/2021 Hola, ¿cómo estás? Espero que bien La única certeza es la falta de certezasA cinco días de las PASO lo que reina en los principales espacios políticos en la Provincia de Buenos Aires es la amplitud térmica. La historia inmediata muestra que, en general, los oficialismos -o los espacios sin competencia interna- crecen entre las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y la elección general. Al revés, el candidato que resulta ganador de esa deliberación, pocas veces contiene el 100% de los votos de su rival en las primarias. El caso más resonante es el de Aníbal Fernández y Julián Domínguez. Ese es el primer aspecto que miran con atención en el entorno de Horacio Rodríguez Larreta porque, dicen, es improbable que Diego Santilli absorba la totalidad del electorado que va a acompañar a Facundo Manes. Pero antes está el domingo. El cálculo que hacen en Casa Rosada tiene que ver con los indecisos. “Si se vuelcan masivamente a JxC podemos llegar a perder, pero es muy difícil que eso pase; con que se dividan más o menos proporcionalmente estamos entre 5 y 7 puntos arriba”, explican ante #OffTheRecord. En el entorno del jefe de Gobierno, naturalmente, los guarismos son otros. Ven una diferencia de 8 puntos a favor de Santilli contra Manes y “entre tres y cuatro puntos abajo” de una Victoria Tolosa Paz que tal vez por el movimiento de los astros se entusiasma con llegar a las dos cifras de diferencia. Los números que recibieron algunos fondos de inversión sitúan ganador al oficialismo por seis puntos de diferencia con su inmediato competidor, pero lejos del 40% y con un casi 10% de voto en blanco que permitiría en noviembre corregir para arriba todos los porcentajes ya que no se cuentan en las generales. En la Ciudad de Buenos Aires el escenario parece no haber cambiado demasiado. La atención está depositada en si Javier Milei estará más cerca de los 10 o los 15 puntos y si Leandro Santoro se posiciona como el candidato más votado por encima de María Eugenia Vidal. En Uspallata tienen a la ex gobernadora entre 30 y 32 puntos y al candidato opositor en el distrito entre 28 y 30. Si bien es un hecho que Juntos por el Cambio se va a imponer como el espacio más votado, que Santoro aparezca primero en la foto del domingo a la noche sería un problema potencial para Larreta de cara a su interna con Mauricio Macri y Patricia Bullrich que tienen más ganas de verlo hociquear que el propio peronismo. Todo esto sería importante si las encuestas no hubieran fallado como lo hicieron en las últimas elecciones. Cómo queda parado cada espacio a nivel nacional y en las provincias de cara a las presidenciales y la cercanía o no con el quórum propio parecen ser los únicos elementos atendibles para analizar los resultados de septiembre y noviembre por más que la necesidad de decir algo muchas veces produzca lecturas equivocadas. 2009 y 2017 son, rápido, dos ejemplos de que (casi) siempre hay que desensillar hasta que aclare. En términos políticos, pasó desapercibido una gestualidad importante tratándose de la principal figura política de la Argentina. Cristina Kirchner se retiró del cierre bonaerense y su lugar lo ocuparán Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa. Si bien es cierto que la vice no se sintió cómoda con los dos actos en continuado de Queruclor y Avellaneda, esto también podría verse como un mensaje de cara a las elecciones de 2023. Mientras tanto, el tema que tiene atareado a Fernando Straface es la adenda que demanda Ricardo López Murphy -y validó Larreta- para evitar algo que anticipó #OffTheRecord: como, según los sondeos, el Bulldog logrará entre el 17 y el 20% de su PASO, ese lugar le correspondería a una mujer: Sandra Pitta. “Si ese reglamento trastoca la voluntad de la ciudadanía, no es viable políticamente”, dijo ayer el candidato de Republicanos Unidos. Si bien en el PRO aclaran que esas condiciones “están en el acta constitutiva” aseguran que la voluntad de resolverlo existe aunque juegan con la ansiedad de sus rivales internos: “Puede ser antes o después de las PASO”. Cuesta imaginar que el oficialismo porteño se exponga a la desprolijidad de modificar una adenda luego de un resultado electoral por lo que, muy probablemente, se resolverá durante el transcurso de esta semana. Cristina Kirchner y Sergio Massa, por su parte, piensan en un acuerdo parlamentario con la oposición para después de las elecciones generales que el Presidente de la Cámara de Diputados ya esbozó en el Council de las Américas. Si bien a la propuesta aún le falta densidad, el Congreso que viene ayuda a pensar que la iniciativa podría tener un recorrido virtuoso para el oficialismo. El llamado a coincidir en algunas cuestiones estructurales debería tener recepción positiva en dirigentes como Santilli, Manes, Vidal o Monzó que, caso contrario, deberían explicarle a su electorado un rechazo de convocatoria al diálogo. Esta semana trascendieron también las discusiones en torno a la prórroga del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. De las consultas entre funcionarios surge la casi certeza de que la prórroga es una decisión tomada. Las discusiones son de plazo y condiciones. La industria de Tierra del Fuego ha conseguido algunos pocos avances en la integración nacional de heladeras o aires acondicionados, mientras que la producción de celulares mantiene una integración nacional prácticamente nula. En este marco, la decisión desde el gobierno es intentar avanzar en que los privilegiados productores industriales de la isla financien el desarrollo de actividades viables, diversificando el perfil productivo de la provincia. La creación de un polo tecnológico de servicios basados en conocimiento -Globant anunció una inversión en la isla hace algunos meses-, el desarrollo de la producción de alimentos -especialmente mariscos autóctonos y una ganadería que hoy se procesa y agrega valor en Chile- el gas natural y la industria petroquímica, que podría beneficiarse de la presencia de empresas hidrocarburíferas en la Patagonia, son algunos de los sectores a los que se intentará conducir inversiones en infraestructura y desarrollo que se pondrían como condición para la prórroga del régimen. Las actuales tensiones con Chile por la plataforma continental otorgarán cobertura al anuncio cuya duración tampoco está determinada. Mientras algunos ministros desearían una prórroga en línea con los regímenes de beneficios habituales -de diez a quince años- el gobernador de la provincia, Gustavo Melella, acompañado por Mirgor, Newsan y todo el arco político provincial, pretende prolongarlo hasta 2073, cuando se espera que la industria a nivel global haya avanzado en cuestiones como la integración cibernética o la colonización espacial. Sin embargo, perder el régimen, Mercosur mediante, podría significar su reemplazo por productos de condiciones muy similares producidos en Manaos, que harían aun más pronunciado el desequilibrio comercial bilateral con Brasil. Este último es el análisis que hacen Cristina Kirchner y Sergio Massa. Brasil y su laberinto bolsonaristaMientras la democracia argentina espera las PASO, la mayor de América Latina se pondrá a prueba hoy. No lo hará con elecciones. Brasil vivirá un día de manifestaciones de la base bolsonarista cuyo principal antecedente habría que buscarlo en la ocupación del Congreso de los Estados Unidos del 6 de enero. Anoche, varias horas antes del inicio formal de los actos, un grupo de manifestantes bolsonaristas -algunos de ellos en camiones de larga distancia- desbordaron un bloqueo policial del tránsito en Brasilia y alcanzaron la sede física de los tres poderes del Estado. La amenaza hecha de forma expresa tras quebrar el cerco policial fue asaltar la sede del Supremo Tribunal Federal. El gobernador de Brasilia abandonó la ciudad. Las manifestaciones se reproducirán a lo largo de todas las ciudades del país y hay un temor en algunos sectores de que sean la antesala de un autogolpe al estilo del movimiento con el que Alberto Fujimori cerró el Congreso y el Poder Judicial en 1992. Las proclamas por una ocupación militar de los poderes del Estado, que deje sin embargo a Jair Bolsonaro al frente de la presidencia, serán las principales en desplegarse a lo ancho y largo del país, apenas por encima de los llamados a combatir el comunismo que, en las afiebradas diatribas de los organizadores, estaría al borde de gobernar Brasil. Poco antes de ser destituida por el Senado en juicio político, Dilma Rousseff denunció, en su penúltimo gran acto como presidenta, un golpe de estado en su contra. El último fue someterse al dictado de la institución legislativa. También Lula da Silva denunció una persecución ilegal por parte del poder judicial cuando fue condenado por el juez Sergio Moro. A pesar de contar con bastiones de significativo apoyo popular, Lula se entregó voluntariamente a las autoridades y pasó más de un año tras las rejas. Fue impedido de ser candidato, algo que, sin dudas, abrió paso a la victoria electoral de Bolsonaro en 2018. Tanto a Lula como a Dilma Rousseff les asistía la razón. Ningún analista serio defiende hoy que las maniobras fiscales para alcanzar los objetivos de superávit primario sean causal legítima de juicio político y, mucho menos, de destitución de un presidente. La actuación de Moro ha sido demolida por la historia, por las pruebas y, finalmente, por la justicia. Hoy sabemos, con fuerza de verdad legal, que Lula fue ilegalmente perseguido y encarcelado. Y, sin embargo, ambos se sometieron a las decisiones de los poderes judicial y legislativo de Brasil. La famosa vocación republicana que los autopercibidos republicanos siempre ubican en las personas incorrectas. Bolsonaro es un producto de aquella detención y de aquel juicio político. Se podría decir que ese poder legislativo y judicial -es imposible olvidar que Moro fue su primer ministro de Justicia- le abrieron paso. Hoy, serán el principal blanco de los manifestantes. La ironía sería una dinamizadora del goce en un contexto normal. No será este. A diferencia de los Estados Unidos, Bolsonaro cuenta con apoyos uniformados. La cantidad de militares que lo acompañan en el gabinete no tiene antecedentes en la etapa democrática y la adhesión que despierta en las corruptas y sanguinarias policías estaduales es casi unánime. Cuenta también con una base irreductible de cerca del 20% de la población adulta. Unas treinta millones de personas altamente alineadas a su agenda que podrían convertir las manifestaciones de hoy en algunas de las más importantes numéricamente de la historia de Brasil. A pesar de algunos temores y rumores que circularon con fuerza en el país, difícilmente hoy vaya a producirse un quiebre institucional que deposite a Bolsonaro en el lugar de dictador. El presidente buscará tensionar al máximo la cuerda institucional y mostrar apoyo popular, aunque no esté claro el punto de llegada. A nivel judicial, las investigaciones contra él y su familia por corrupción, sus relaciones con las milicias parapoliciales y su rol en las usinas de noticias falsas mantienen su avance. La presión de los integrantes del Supremo Tribunal sobre el gobierno ha crecido y cada intento de Bolsonaro de deslegitimar el sistema electoral fue respondido con la apertura de una causa judicial. Tampoco el Poder Legislativo acompañó sus iniciativas para remover jueces o modificar. Los apoyos uniformados tampoco son uniformes. Pasaron apenas meses desde que el alto mando del ejército, la marina y la aeronáutica presentó su renuncia simultánea y ante la consulta de ex-presidentes por la alta oficialidad del ejército, dicen los medios de comunicación, la respuesta sobre un eventual apoyo a un autogolpe fue tranquilizadora. A nivel popular las encuestas indican que el presidente, cuyo apoyo ha oscilado entre el cuarto y el tercio de los brasileños, perdería por más de veinte puntos una segunda vuelta contra el ex presidente Lula. Bolsonaro ya es el perdedor, sintetizó el editorial del diario Folha de São Paulo. Y, sin embargo, nada garantiza que, a un año de las próximas presidenciales, Brasil se encamine a una transición de poder pacífica. Un presidente que desconoce expresamente el valor de la democracia, que cuenta con apoyos activos y movilizados -que incluyen a parte de las fuerzas armadas y la totalidad de las policiales- es un peligro aun si sus objetivos declamados son inviables. Hacia adelante, la incertidumbre institucional es casi absoluta y cualquier apuesta sobre hasta dónde puede llegar la situación en el país que hace no tanto era presentado como ejemplo de fortaleza institucional de la mano de un golpe y una prisión ilegal e injusta, es una audacia. Bonus track
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