¿Quién dirige?
También en el mismo diario, el consultor-editorialista Berensztein opina en una nota escrita en un tono agresivo de campaña antigubernamental que “no tiene asidero que la expropiación de Vicentin permita mejorar la regulación de la industria, evitar los supuestos excesos de otros jugadores o ayudar a los pequeños productores: se trata de una incongruente manera de intervenir en el sector más competitivo del país como lo es la cadena agroindustrial. Esta decisión podría disparar nuevos mecanismos dirigistas y autoritarios para controlar el mercado de alimentos”. Justamente la expropiación de Vicentin tiene asidero porque permitiría la intervención regulatoria sobre la exportación de granos, con un rol de empresa testigo y la capacidad de defender a los productores. Una empresa pública en el sector podría recuperar la transparencia y combatir prácticas de precios de transferencia, triangulaciones y de desestabilización de la política cambiaria del gobierno. El objetivo central de la misma no sería la rentabilidad privada, sino la utilidad pública con dinámicas que protejan a los productores, al consumo popular, y con una política expansiva dirigida a ocupar un espacio en el sector que garantice la posibilidad el cumplimiento de sus metas. La empresa podría ser estatal o mixta, incluyendo cooperativas y productores, a condición de que su forma societaria garantice la centralidad de los objetivos reguladores y no la obtención de ganancias. Ese sector exportador requiere de la presencia de una empresa de esas características.
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