Los empleados judiciales iniciaron un plan de lucha para oponerse al traspaso de parte de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, acordado entre Nación y el Ejecutivo porteño el 19 de enero.
Los trabajadores realizaron hoy un paro con movilización, que reunió a unos tres mil empleados judiciales en la zona de Tribunales. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) denunció, a través de un comunicado, un "intento del gobierno nacional de avanzar sobre la independencia de uno de los tres poderes del Estado y la colonización de los estrados judiciales".
En diálogo con Página/12, el secretario general de UEJN, Julio Piumato, calificó el convenio -que propone el traspaso de los fueros penal, civil, comercial y laboral- como “inconstitucional”. “En ningún lugar dice que esto debe hacerse y no le encontramos una lógica: sólo nos queda pensar de que buscan la impunidad”, advirtió el dirigente.
Según evaluaron los trabajadores, el plan económico implementado por el gobierno nacional “apunta a reducir los costos laborales y a aumentar el desempleo como factor de disciplinamiento social”. “Para eso, hace falta una justicia dócil que dé la espalda al derecho protectorio del trabajo y se ponga al servicio de los sectores más concentrados del capital", advierte el comunicado.
Piumato consideró que el traspaso “no beneficia a una justicia mejor y tampoco a los trabajadores”. El secretario general de UEJN advirtió que muchos de los delitos que se transferirían están vinculados con causas que afectan al Gobierno porteño. “Hablamos de delitos de la administración pública, la ley de profilaxis y de la organización de espectáculos masivos, tres aéreas donde la Ciudad tiene muchas causas”, detalló. “Si el traspaso se materializa, los jueces serán designados por el mismo gobierno que debe ser investigado”, agregó.
Sobre la situación de los trabajadores en particular, Piumato indicó que “van por la Justicia laboral para poder llevar a cabo la flexibilización que se proponen”. “Toman a los trabajadores como muebles, como si pudieran moverlos de un lugar a otro. Y además exigen más horas de trabajo y menos sueldo, no está claro qué pasará con las jubilaciones y la obra social”, enumeró. 
La comisión interna del fuero laboral de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) también manifestó su "rechazo al pedido de juicio político por parte del Ministerio de Trabajo contra dos camaristas por haber fallado conforme a derecho pero en contra de los intereses del Poder Ejecutivo".
Se trata de los jueces laborales Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, a quienes la cartera de Jorge Triaca les pidió el juicio político por haber avalado la paritaria bancaria. “No sólo nuestros derechos adquiridos como judiciales están en riesgo sino los de todos los trabajadores del país", resume la convocatoria al paro de hoy.