No hubo medidas efectivas que generen oportunidades para las economías regionales y los pequeños productores. No se alcanzaron a recuperar los mercados perdidos en el exterior, ni se abrieron aún las puertas a los nuevos. A pesar de los espacios para el diálogo institucional, la tendencia previa en lo económico se agravó”, sentenció el consejo directivo de la Federación Agraria (FAA) al arremeter contra el herramental desplegado por el Gobierno de Mauricio Macri para impulsar al sector. El comunicado difundido ayer es el primer cuestionamiento integral a la política agropecuaria realizado por la conducción de una entidad de alcance nacional.
Los incrementos en los costos de los insumos, la ausencia de mejoras en los márgenes de rentabilidad para los pequeños productores, el ingreso de alimentos importados, la flexibilización para que inversores extranjeros compren tierras rurales y el desfinanciamiento del INTA fueron algunos de los elementos señalados desde la FAA. En lo que marcó la primera diferenciación contundente del resto de las cámaras agropecuarias, como Sociedad Rural o Coninagro, la entidad presidida por Omar Príncipe enfatizó además “la necesidad de que el Estado fortalezca al mercado interno”.
Con la excepción del complejo agroindustrial oleaginoso exportador, las políticas implementadas por el gobierno de Macri para “el campo” empeoraron sensiblemente la ecuación de costos de los productores, en especial de los pequeños y medianos empresarios. “La suba de costos tras la quita de retenciones al maíz y la devaluación trajeron problemas a la producción porcina, lechera y avícola. Numerosos chacareros debieron malvender sus cerdos y abandonar la actividad en la primera parte del año. Se perdieron tambos y se enviaron vacas lecheras a faena. Se cerraron criaderos de pollos, con la consecuente pérdida de empleos en los pueblos del interior”, advirtieron los miembros del Consejo Directivo de FAA.
De acuerdo a un documento de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo Económico (FIDE), el incremento en el costo de financiamiento, el alza en el gasoil y otros insumos relevantes, el retroceso de la intervención estatal (como la eliminación de los ROE) y los aumentos de tarifas sumaron presiones sobre diferentes cadenas productivas. Desde su perspectiva, el recrudecimiento de las tensiones socioeconómicas se conjugó con los problemas estructurales exhibidos por esos sectores y que se arrastran desde hace décadas.
“Se otorgaron beneficios a la minería contaminante y no se definieron políticas para la agricultura familiar”, lamentaron desde la entidad agropecuaria que se distanció de la Mesa de Enlace el año pasado. Asimismo, la FAA advirtió que “la prometida lluvia de inversiones, sin la presencia del Estado poniendo equilibrio y orientando prioridades, solo se traducirá arbitrariamente en una competencia injusta y desleal para los pequeños productores”.
“Otra decisión alarmante ha sido el recorte de presupuesto para programas y organismos como INTA y Senasa, que atenta contra la investigación para el desarrollo nacional, el acceso a la tecnología, el extensionismo y la asistencia técnica, para todo el universo de productores”, apuntó FAA.
Los últimos datos de la Consultora Radar muestran que la quita de retenciones y la devaluación no fueron suficientes para impulsar las exportaciones. Entre enero y noviembre, por ejemplo, las ventas externas de manzanas cayeron 18 por ciento y las de peras 7 por la fuerte contracción de la demanda brasileña.
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