Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. La primera semana completa de gestión de Sergio Massa arrojó dos certezas, quizás superficialmente contradictorias entre sí. Por un lado, el ministro subió la apuesta por los sectores a los que se ha denominado -por su función en la economía argentina- “la fábrica de dólares”. Por otro, quedó de manifiesto lo difícil que será para el Estado obtenerlos, a pesar de la apuesta decidida. Todas las fuentes consultadas coinciden en valorar la reunión que el ministro tuvo con la Mesa de Enlace. Destacan el tono cordial, la voluntad de mejorar las interacciones entre el gobierno y los productores agropecuarios y la relativa comunión en algunos diagnósticos. Sin embargo, días después, no ha habido aún algún anuncio concreto respecto de una liquidación que el gobierno espera con mucha ansiedad aunque en el entorno de Massa apuestan a que mañana aparezcan los primeros mil millones de dólares como parte de los adelantos negociados. Acaso el reproche que el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, realizó ante la “confusa” resolución del presidente del Banco Central, Miguel Pesce, por la que se estableció el llamado dólar soja dé un indicio sobre la estrategia que aún no fue anunciada. Sí hubo pistas sobre lo que se espera en el sector hidrocarburífero, donde Massa visitó Vaca Muerta junto a la secretaria Flavia Royón y anunció un régimen preferencial para las importaciones de insumos y bienes de capital para los desarrollos en el yacimiento. La concesión de mecanismos de importación acelerada en tiempos de restricción -con la esperanza de que eso permita desarrollar más rápidamente un sector relevante tanto a nivel exportador como para la sustitución de importaciones- es una novedad en la gestión frente a cualquiera de las tribus que integran el Frente de Todos. También lo es la no interrumpibilidad de los contratos de exportación -por ejemplo con Chile- para abastecer necesidades extraordinarias del mercado interno. Massa mira de reojo lo que ocurre en Brasil. Hoy dará inicio de forma oficial el período de campaña electoral de cara a las presidenciales que enfrentarán al actual presidente, Jair Bolsonaro, con el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. La elección del 2 de octubre supera para nuestro país la importancia de cualquier otro evento electoral en el mundo, tanto por su relevancia política como económica. Brasil es, a pesar del anémico crecimiento que compartimos como característica común desde la caída del Muro de Berlín, nuestro principal socio comercial, el principal destino de nuestras exportaciones industriales y uno de los mercados más prometedores para el desarrollo de las de hidrocarburos. Del resultado de la elección también podría depender cualquier posibilidad de reapertura de la negociación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. La política amazónica de Bolsonaro se convirtió en un obstáculo insuperable en Bruselas y funcionó, también, como una excusa perfecta para los países proteccionistas del otro lado del Atlántico. Un triunfo de Lula, que paradójicamente acercaría en los papeles las posiciones del actual gobierno argentino y brasileño, podría dar un impulso renovado a un entendimiento anunciado por Mauricio Macri y Jorge Faurie cuando se encontraba muy lejos de materializarse en forma efectiva para la contraparte europea. El período de campaña oficial es importante no porque no existiera previamente actividad electoral -basta repasar las agendas de los candidatos durante los últimos meses- sino porque históricamente es el momento a partir del cual las encuestas comienzan a tener verdadero valor de proyección. En este sentido, los últimos sondeos de Datafolha, IPEC -la ex-Ibope- y BTG exponen dos tendencias. Mientras Lula mantiene, dentro del margen de error, una intención de voto constante, que lo acerca pero de ningún modo le garantiza el 50% necesario para un triunfo en primera vuelta, Bolsonaro se encuentra en una perceptible recuperación que le permite recortar desventajas y anticipa una elección muchísimo más competitiva que hace algunas semanas. Bolsonaro se recupera al ritmo de los inéditos aumentos del gasto público autorizados por el Congreso mediante una enmienda constitucional de emergencia que le permitió sortear las prohibiciones para los gastos “de campaña”. Las erogaciones alcanzan alrededor de ocho mil millones de dólares y permiten un incremento del programa Auxilio Brasil, que sustituyó a Bolsa Familia, de 400 a 600 reales; auxilios para la adquisición de gas de cocina; subsidios adicionales a los combustibles y otros programas de asistencia a personas de media y baja renta que, curiosamente, se establecen solo hasta diciembre. Las medidas de gasto apuntan al corazón del electorado del ex presidente Lula, donde Bolsonaro concentra los mayores rechazos, y es de esperar que sigan surtiendo efecto para compensar también los impactos recesivos de la suba de tasas decidida por el Banco Central, destinada a bajar la inflación en un país donde el crédito es muy relevante para la economía real y desacostumbrado a los índices anuales de dos dígitos. Una baja compensada de los precios permitiría al presidente recortar diferencias con su retador, todavía favorito. Un riesgo adicional, para el que las autoridades argentinas y los referentes de todos los espacios -también opositores- deberán prepararse, es el de un posible desconocimiento de un eventual resultado adverso por parte de Bolsonaro, a quien la prensa estadounidense suele denominar como el Trump de los trópicos por razones baladíes, pero también sustanciales. El glicerense ha desconocido, cada vez que pudo, las urnas electrónicas brasileñas que le dieron hace cuatro años un triunfo contundente. Su candidato a vicepresidente, Walter Souza Braga Netto, es un general de reserva que tenía, hasta su asunción como ministro, una enorme ascendencia sobre las fuerzas militares brasileñas. El bolsonarismo también tiene un enorme peso en las fuerzas de seguridad, donde influyó en algunas huelgas policiales, que desestabilizaron estados opositores como Ceará. Un resultado cercano pero favorable a Lula podría abrir un escenario de incertidumbre democrática que obligaría a una toma de posición continental más allá de las cercanías políticas con uno u otro sector. Una tendencia inquietante a la desestabilización que no ha abandonado la región. La semana pasada los gobiernos de Argentina, Bolivia, México y -significativamente, dada la orientación de centroderecha de su gobierno- Ecuador emitieron un comunicado respaldando la democracia y el diálogo entre poderes en Perú, donde el presidente Pedro Castillo enfrenta una posible destitución por el Congreso. La estabilidad política y la democracia, que en Argentina han resistido hasta el momento con resiliencia los efectos de la crisis están, regionalmente, en un estado de salud precario. Es en este contexto que se da el Lilita horror show. Con el objetivo de siempre: pegar para negociar. La perdigonada de Carrió tuvo como excluidos a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. Si la líder de la CC le impugnó a todo JxC una presunta relación con Massa, se olvidó de uno de sus más grandes amigos, que es el jefe de Gobierno. “Ella hablaba de negocios, no de relaciones personales”, se excusó un lilito ante #OffTheRecord. En el almuerzo que compartió en Happening la cúpula del PRO, Macri y Cristian Ritondo sobrevolaron una acusación contra Santilli y Larreta: que Carrió había hecho ese desparramo como parte de la paritaria con el gobierno porteño. “Le pagan la casa, la seguridad privada, los contratos para su equipo, todo”, dicen en el macrismo en relación a Carrió. Aparentemente este será uno de los temas de agenda de la reunión del 24. Recuerdan que el mejor momento de representación institucional de la CC fue sin PASO y que por eso le reclamó a Macri volver a ordenar esa construcción de manera conjunta. Morales tiene otra hipótesis. Para el gobernador de Jujuy, la lapidación pública de Carrió fue consensuada con el ex Presidente. Desde el entorno de Macri responden que el chat que se filtró -en el que el radical le dice a Carrió que es “la CFK de JxC”- fue un gesto de Morales a Massa. La presencia de Massa ordenó la interna del FdT y desordenó la opositora. Morales habló dos veces con Lilita y depusieron las armas, pero por primera vez en (casi) todas las tribus de JxC hay una coincidencia sobre la líder de la CC: “Nadie la va a empujar, pero si se quiere ir que se vaya”. Hay que prestar atención a la presencia de Patricia Bullrich en Corrientes invitada por Gustavo Valdés. Valdés es Morales. Y Morales, supuestamente, tiene cerrado un acuerdo con Larreta cuyo límite es Facundo Manes. En un terreno más oscuro aparecen las declaraciones de Sandra Arroyo Salgado, la jueza que ordenó la extracción compulsiva de los hermanos Noble Herrera y luego de la muerte del fiscal Alberto Nisman fue la punta de lanza contra el gobierno de Cristina Kirchner -todo como parte de la armada de Jaime Stiuso-. La magistrada vinculó en LN+ a Ritondo con un grupo de abogados de narcotraficantes. La jueza mencionó, al unir dos episodios, a dos hombres de confianza de Ritondo: Marcelo D’Angelo y Marcelo Rocchetti. Con el último, Arroyo Salgado tiene hace años una interna que incluyó insultos personales. También mencionó a “un asesor de Emilio Monzó” y al juez de Casación Penal Mariano Borinsky como parte de la secuencia. Lejos de la interna Santilli-Ritondo, esto se recorta sobre la limpieza étnica regulada que Carrió y Macri entienden imprescindible para la nueva etapa de JxC. | 
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