Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. La precuela ocurrió el viernes en el Consejo de la Magistratura. Luego de la votación de las ternas de Tucumán, Santiago del Estero y Puerto Iguazú, el representante del PEN y hermano de crianza de Eduardo “Wado” de Pedro, Gerónimo Ustarroz, aprovechó para recordar que el cuerpo tenía in péctore los reemplazos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal. La secuencia ocurrió unas horas antes del escandaloso sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa Ara San Juan a cargo de ambos magistrados. Luego de las palabras de Ustarroz ocurrió algo desconocido hasta el momento para Horacio Rosatti. Martín Doñate le recordó el fallo que él había firmado sobre los traslados y expuso que “no hay justificación en la demora”. “Pido que su fallo no sea cartón pintado”, agregó. Al rionegrino se le sumaron Mariano Recalde y Vanesa Siley. Rosatti, un sabio en transas y arremetidas, capeó el temporal: “Yo escribí ese fallo de puño y letra y estoy muy orgulloso”. Quienes presenciaron la deliberación se quedaron con dos certezas sobre el Presidente del cuerpo. Una, que su habilidad -de una sofisticación muy particular- es la de un político, no la de un juez. La otra, luego del cruce con el oficialismo y en referencia a aquella revelación que se le presentó a Duke, el entrenador de Rocky Balboa, en el segundo round de su pelea con Ivan Drago: “¿Viste? Sangra. No es una máquina, es un hombre”. Para Cristina esto no es una novedad: desde hace tiempo, la vice sostiene en privado que el verdadero jefe del máximo tribunal es Carlos Rosenkrantz. Como patentó Aldo Rico luego de un asalto, la reacción de CFK responde no tanto al rechazo de la Corte respecto a sus quejas sobre cuestiones procesales sino a las consideraciones: “Si me tiran, tiro”. En su entorno dicen que la Corte “hizo una de más”. El video no es el último episodio en la estrategia de Cristina sino un proceso que va a ir in crescendo según pudo saber #OffTheRecord. La vicepresidenta aseguró que el TOF tiene la sentencia escrita en la causa vialidad. Pero va más allá: en su fuero íntimo piensa que el poder judicial está preparando no solo su condena sino también su inhabilitación para ser candidata. Difícil. El proceso, aun con anomalías, tiene para 12 meses. Y, de acelerarlo, le regalarían la campaña a la vicepresidenta. El mérito de los cargos de CFK contra la cabeza del Poder Judicial excede las valoraciones sobre su propia situación procesal en la causa que será sometida a juicio oral y da cuenta de un Poder del Estado que perdió, de manera fundada, la confianza de una parte sustancial de la población. La doble vara para atender casos, la afirmación de sus propias facultades con criterios cuestionables y la falta de transparencia son difíciles de negar. Sobre la integración del cuerpo, si bien hay que señalar que Rosenkratz y Rosatti sólo pudieron ser designados cuando se cumplió el procedimiento previsto por la Constitución Nacional, ambos aceptaron el inédito nombramiento “en comisión” ideado por el hoy prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simon, que solo fue impedido por la intervención de los senadores justicialistas. Un desborde institucional inédito de esos con los que los populistas no sueñan, pero que en Argentina resultan naturales a algunos republicanos. La Corte Suprema de Justicia podrá seguramente intervenir con un mejor rostro en el corto plazo, aplicando su rol constitucional de árbitro de cuestiones sobre el alcance del derecho vigente y de las facultades de los poderes federales en la causa por el espionaje a los familiares de los fallecidos por el hundimiento del ARA San Juan. La decisión que la Cámara tomó con una mayoría que conformaron los jueces Bruglia y Bertuzzi significó el sobreseimiento del ex presidente, pero no refutó los hechos que condujeron al procesamiento. El “triunfo de la verdad” al que refirió Macri no fue sino un cambio de la valoración jurídica. Llorens, Bertuzzi y Bruglia no descartaron la existencia de las maniobras de seguimiento contra quienes eran, en definitiva, familias en duelo, sino que afirmaron que las acciones se realizaron dentro del marco legítimo de las competencias de la administración para proteger y garantizar la seguridad presidencial. La decisión, en el caso, no versa sobre las habituales cuestiones de hecho y prueba típicas del derecho penal -aun cuando no las excluya- sino sobre la profundidad de las potestades del Estado para inmiscuirse en la privacidad e intimidad de los ciudadanos y los grados de discrecionalidad en aquellas decisiones. Una Corte Suprema a la altura de su lugar institucional difícilmente podría dejar en el limbo el alcance de facultades tan relevantes y potencialmente gravosas en el marco del sistema democrático. Mientras tanto, el gobierno aparentemente avanzará con la reducción de subsidios. El método elegido por las autoridades para mantener un sendero de rebaja real de las tarifas en relación tanto a la inflación como a la evolución de los salarios para la mayor parte de la población, con excepción del 10% de mayores ingresos -la aplicación de un formulario que debe ser activamente respondido por la ciudadanía-, difícilmente cumpla con los objetivos de cantidad de población alcanzada y los plazos previstos. No queda claro si el uso del formulario y los plazos breves para completarlo contienen un componente de intencionalidad de alcanzar una población objetivo algo mayor que la anunciada, ya que, de acuerdo a las declaraciones de los funcionarios, la reducción real es irrisoria en términos del gasto total en subsidios -y el máximo mérito sería reducir el costo de una cuenta que, de mantenerse un congelamiento nominal, hubiera seguido una trayectoria exponencial de crecimiento. Los enormes problemas persistentes -aún si la iniciativa de reducción de subsidios fuera exitosa- impulsan en el oficialismo el debate por los costos políticos de lo que será visto inevitablemente como un ajuste que, dada la magnitud del atraso, seguramente agregue leña a las presiones inflacionarias. La semana también dio cuenta de un aumento en el ritmo de devaluación del peso frente al dólar al tipo de cambio oficial, que superó el 80% anualizado, alineándose por primera vez con las proyecciones de inflación para el final del año. Una vez más, el problema es que el efecto de la medida no es neutro respecto a la tasa de inflación existente. Si las tarifas y el dólar operan como anclas costosísimas y cada vez más débiles, removerlas implica consecuencias. Una devaluación real como las que afectan hoy la cotización frente al dólar de la mayoría de las monedas del mundo significa encarecer todos aquellos productos expuestos a los vaivenes del comercio internacional. Alimentos y energía, los primeros. Un reciente informe de Goldman Sachs sobre la situación de nuestro país da cuenta de esta realidad y señala que una Argentina que corrija los precios de las tarifas y el tipo de cambio debería asumir también que la inflación será automáticamente mucho más alta que los elevados números con los que convivimos. ¿Existe la posibilidad de aumentar el nivel de gasto sin que eso derive en un estallido cambiario? La respuesta transversal es negativa. El gobierno debe enfrentar finalmente una situación fiscal y externa muy compleja en un momento nacional y global límite y sin que existan otros incentivos políticos para pagar los costos que evitar la posibilidad de un colapso. Nadie espera que estas medidas terminen en una recomposición de ingresos o un aumento del bienestar o den sustentabilidad y solidez a nuestra economía. Apenas capear una emergencia que selló la tregua en el oficialismo. Como con los números de las reservas del Banco Central, las formas elegidas por Martín Guzmán para cumplir con los compromisos de déficit fiscal del primer tramo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional supusieron, como había adelantado esta entrega, un debate sobre los ingresos y egresos de la administración que un sector de la coalición señala que estuvo auxiliada fuertemente por el sector público financiero. Descontado aquello, el déficit fiscal no sólo no cumpliría la meta del 2,5% sino que superaría el 4%. Nadie en el gobierno puede alegar desconocimiento: Guzmán gastó porque así le fue instruido. Sin embargo, da cuenta de un procedimiento que el ex ministro repitió durante toda su gestión: mientras era denunciado internamente por ser un agente del FMI, también cedía ante los distintos reclamos de la dirigencia política del Frente de Todos para sostener niveles de gasto público con el objetivo de atender tanto la urgente situación social, como las necesidades electorales y los equilibrios de la coalición. Un modus operandi basado en prometer ajustes y ceder con expansiones que se mantuvo desde que aceptó poner bajo su órbita la Secretaría de Energía y permaneció a lo largo de toda la duración de la gestión y sus conflictos. Como el gato de Schrödinger, Guzmán nunca salió de la caja. El kirchnerismo lo denuncia por ajustador y populista, según el momento del día. Silvina Batakis no tendrá esa suerte. En un reciente ensayo sobre la economía de Joseph Biden, el economista Noah Smith escribió un obituario de los planes originales del presidente estadounidense, que preveían amplios programas de subsidios e importantes transferencias directas. La aproximación, basada en el impulso de la demanda agregada y seguramente adecuada para enfrentar presiones recesivas, no funciona para una economía inflacionaria como la que hoy enfrenta el mundo desarrollado pero, muy especialmente, los Estados Unidos. Las presiones y el desconcierto ante las disyuntivas que impone la realidad inflacionaria sobre la política repiten en ese país muchas de las que, en Argentina, conocemos de memoria. Mientras la inflación carcome los ingresos reales de los asalariados, la lupa se pone inevitablemente sobre los márgenes de ganancia de las empresas. El propio Biden cuestionó esta semana en muy duros términos a las petroleras y a las cadenas de estaciones de servicio porque los surtidores no reflejan las recientes caídas en los precios internacionales del petróleo. La hipótesis de la inflación por concentración económica, con todos sus problemas, no es una particularidad de la dirigencia peronista. La preocupación y desorientación de la política es comprensible. Jason Furman, quien fuera el jefe del Consejo de Asesores Económicos de Barack Obama, señaló las consecuencias distributivas de la inflación estadounidense actual. Las subas de precios se aceleran mientras las subas de salarios se moderan. No hay carrera entre precios y salarios, y las subas salariales se encuentran 4 puntos por debajo de las de precios, con una inflación del 9%. Es el peor coeficiente en 40 años y, sin embargo, nadie prevé un aumento en los ingresos que compense la pérdida porque temen que signifique embarcarse en una clásica espiral inflacionaria. El resultado de todo esto probablemente sea una derrota electoral para los demócratas en noviembre. Ojalá hayas disfrutado de este correo tanto como yo. Estoy muy agradecido por tu amistad que, aunque sea espectral, para mí no tiene precio. Iván | 
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