Por Mario Rapoport *
El 28 junio de 1966, un golpe militar, con la anuencia de sectores civiles, políticos y sindicales y una fuerte campaña previa de los medios de información –como la que soportaron Yrigoyen en 1930 y Perón en 1945 con resultados distintos–, depuso al presidente radical Arturo Illia. Las Fuerzas Armadas abandonaban así el rol tutelar que venían ejerciendo desde la caída de Perón, en 1955, sobre gobiernos emergentes de un régimen deslegitimado por la proscripción del peronismo. Al igual que en golpes anteriores, la desestabilización empezó mucho antes y los medios de la época tuvieron mucho que ver en ello, en especial los periodistas Mariano Grondona, Bernardo Neustadt y Mariano Montemayor, como señala Miguel Angel Taroncher en su libro sobre la caída de Illia. Esos periodistas contribuyeron “como parte integrante del poder mediático, a la campaña de prensa sobre la base de coincidentes mensajes críticos contra el gobierno” radical. A través de ellos jugaban sofisticadas revistas de opinión un rol que en golpes anteriores habían desempeñado periódicos de lectura masiva.
Las principales instituciones empresarias, por su parte, estaban también disconformes con lo que consideraban una excesiva intervención del Estado en la economía. Un documento inédito de la UIA hablaba de “la burocratización total de la vida económica [...] que conduce gradual pero persistentemente a la absorción de la empresa privada por el Estado [...]”. La misma “toma varias formas pero, para las actividades más importantes, casi siempre se resuelve en la obligada transferencia de la propiedad del empresario privado al Estado”. Estos conceptos parecían dejar traslucir que el gobierno de Illia era una antesala del de Fidel Castro. (Ponencia de la UIA para la XXII Asamblea de Aciel a realizarse del 4 al 6 de junio de 1966.)
Mariano Grondona, gestor del golpe en numerosos artículos, señalaba dos días después de haberse producido, las razones del mismo: “Arturo Illia no [había comprendido] el hondo fenómeno que acompañaba a su encumbramiento: que las Fuerzas Armadas, dándole el Gobierno, retenían el poder. El poder seguía allí, en torno de un hombre solitario y silencioso [el general Onganía]. [...]. Siempre ha ocurrido así: con el poder de Urquiza o de Roca, de Justo o de Perón. Alguien, por alguna razón que escapa a los observadores, queda a cargo del destino nacional. Y hasta que el sistema político no se reconcilia con esa primacía, no encuentra sosiego”. El gobierno había cometido el error de creer que gobernaba cuando en realidad los votos de la elección de Illia seguían siendo botas.
Pero la incógnita principal fue el rol que Estados Unidos jugó en el golpe. Dos años antes, en 1964, el gobierno de Washington había tenido una influencia decisiva en la caída del presidente brasileño Joao Goulart, a quien consideraban un “extremista”. Existe la transcripción de un diálogo entre el presidente Johnson y el secretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos Thomas Mann, el viernes 3 de abril de 1964, tres días después de ese golpe. “Mann: Espero que Ud. esté tan feliz respecto al Brasil como lo estoy yo. LBJ: Lo estoy. Mann: Pienso que es lo más importante que ocurrió en el hemisferio en tres años” (tapes de la Casa Blanca, 1963-1964). En cambio, no surge de los documentos secretos que el Departamento de Estado hubiera intervenido directamente en la caída del primer mandatario argentino –en verdad no lo necesitaba–, pero estaba perfectamente informado de la existencia de sectores militares y civiles opuestos a los lineamientos programáticos de Illia y en procura de una oportunidad para provocar una “intervención” militar desde muy temprano, incluso desde antes de su asunción, en octubre de 1963. La carrera de Illia hacia los comicios de julio de 1963 se había desarrollado en un clima político interno signado por la proscripción del peronismo y de su líder, por lo que la UCR del Pueblo obtuvo la primera minoría y la nominación de su candidato en el Colegio Electoral con apenas el 25 por ciento de los votos. Este hecho cuestionaba la legitimidad de la victoria electoral; una “marca de origen” que constituiría el “caballito de batalla” permanente de la oposición política y, especialmente, de los sectores internos y externos que ya desde el inicio de la nueva administración comenzaron a tejer la trama conspirativa. El nuevo presidente accedería a la Casa Rosada con una minoría parlamentaria, hostilizado por la sistemática oposición de la dirigencia sindical y patronal y conviviendo con contradictorias tendencias conservadoras y populistas dentro del propio radicalismo.
Las políticas desplegadas, sin agitar demasiado las aguas, rescataban lineamientos básicos heredados de la intransigencia radical y del primer peronismo, con un trasfondo internacional marcado por propuestas económicas nacionalistas en boga en muchos países del Tercer Mundo. Esas orientaciones se manifestaron a través de cierta resistencia a las imposiciones del FMI, la concepción de un Estado inclinado al control y la planificación de la economía –como en caso de los productos farmacéuticos–, así como a la atención prioritaria al mercado interno. Se tomó también la decisión de denunciar y anular los contratos petroleros firmados por el presidente Frondizi.
Por supuesto, los servicios de inteligencia norteamericanos estaban bien informados sobre los planteos golpistas y sus principales protagonistas. Así lo testimonia un cable de la CIA al presidente norteamericano Lyndon Johnson, que se encuentra en los archivos de su presidencia, localizados en Austin, Texas. Allí se daba cuenta de la decisión de los altos mandos militares argentinos de promover el golpe para el mes de julio, aunque la acción podía adelantarse si la “crisis económica” se acentuaba. El informe reseñaba la “responsabilidad” y “seriedad” de los objetivos del futuro gobierno militar y enumeraba entre los involucrados a los generales Juan Carlos Onganía, Julio Alsogaray, Alejandro Lanusse y Osiris Villegas (CIA, 2/6/66, Country Files, Argentine Memos, Vol. II, Box 6).
Finalmente, el levantamiento militar tuvo lugar el 28 de junio y el gobierno surgido de la decisión golpista se autodenominó “Revolución Argentina”. El “caudillo” soñado por Grondona fue nombrado presidente con el objetivo primordial de mantenerse mucho tiempo en el poder: “un dictador es un funcionario para tiempos difíciles”, afirmaba el inefable periodista. El nuevo régimen pretendía imponer un proyecto de largo alcance, dotando al Estado de una organización tecno-burocrática, que Guillermo O’Donnell denominó “Estado Burocrático Autoritario”, capaz de poner fin a las pujas intersectoriales y políticas locales en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que privilegiaba el accionar en el orden interno por parte de las Fuerzas Armadas contra los peligros del “extremismo” y la “disociación social”. Pero los tiempos económicos, sociales y políticos que proponía no pudieron llevarse a cabo. A través del Cordobazo la sociedad puso fin a esa forma criolla de “pseudomonarquía”. Grondona debió postergar por un tiempo sus sueños “caudillescos”, las Fuerzas Armadas se retiraron después de dos intentos frustrados de continuar en el mando y Perón volvió finalmente a la Argentina. Se abría una etapa vertiginosa cuyo desenlace dio paso al período más doloroso de nuestra historia, que comienza en 1976. El golpe militar que lo precedió diez años antes fue, sin duda, un primer ensayo.
Economista e historiador. Investigador superior del Conicet
Página|12, 28/06/10
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