viernes, 5 de marzo de 2021

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CONTRAOFENSIVAS MONTONERAS: El mandato constitucional de resistir a las dictaduras

En una pocas horas Pablo Llonto continuará su alegato en el juicio por la represión a quienes participaron en las contraofensivas montoneras de 1979 

y 1980. Estuve radicalmente en desacuerdo con ellas por considerar que eran producto del voluntarismo y desdén de las condiciones objetivas, y terminarían en una catástrofe, tal como ocurrió. Pero eso no quita que esté claro que nadie obligó a quienes participaron de ellas, y que como bien puntualiza Llonto, la Constitución Nacional reivindica el derecho a resistir a las dictaduras, 

y resistir, va de suyo, implica hacerlo por todos los medios. Pájaro Rojo ya abordó este tema antes con mucho énfasis aquí (conmovedor testimonio de la cantante Lidia Borda) y como entonces vuelve a destacar el importante trabajo que realizan los compañeros de La Retaguardia, sitio donde podrán seguir todas las incidencias de este juicio que, como planteraon en su momento el montonero Eduardo Astiz y Marcelo Larraquy, no se trata sólo de víctimas

 de la dictadura, también de jóvenes combatientes que tuvieron el coraje

 del que carecieron tantos que arrugaron y se amoldaron a los Videla, 

Massera, Viola y Galtieri.

Correr los límites. Hacer historia en el tribunal.

 

POR JULIETA CLOMER / MUNDO LESA

¿Se pueden correr los límites de la Justicia 

tal como la conocemos? MUNDO LESA 

dialogó con Pablo Llonto, abogado

 querellante en causas de lesa humanidad, sobre la figura del “derecho a la resistencia” 

y cómo el fallo

 de un tribunal puede sentar un precedente histórico para las luchas populares.

Las imágenes pasan. Una a una van 

ganando las cuatro pantallas dispuestas 

en la sala de audiencias. 

Ahora que los juicios se transmiten de manera virtual, las imágenes se multiplican sin fronteras. Se hacen públicas.

Estemos en el recinto, en nuestras casas, en el trabajo o viajando 

en colectivo, las vemos con un solo click. En color o blanco y negro 

vemos los rostros de miles de jóvenes sonriendo, reunidos con sus familias,

 sus amigos, en grupo o realizando alguna actividad. Viviendo.

Mirarlos nos permite humanizarlos e incorporarlos a la trama de sentido 

que va nombrando lo sucedido. Nos invita a imaginar aquella época, 

que era su presente y que es nuestro pasado. Nos ayuda a comprender el conjunto de prácticas y experiencias que encarnaron, sus razones y sus consecuencias, y así recomponer los desordenados fragmentos de 

miles de historias discontinuadas, suspendidas en el tiempo. Ver las fotos, escuchar las historias de vida y militancia de cada desaparecida, 

desaparecido, de cada sobreviviente, de sus familiares, repone verdad 

sobre tantos discursos falaces construidos por los sectores dominantes 

y sus medios de comunicación.

Así, se va deconstruyendo la imagen demonizadora, instalada en el sentido común de la población, que por décadas los identificó como “terroristas, subversivos, enemigos de la Nación”. Nos presenta otra imagen -positiva- de aquella generación y la posibilidad de resignificar el pasado.

“No siempre fue así”, dice Llonto. “Las y los abogados que representamos 

a las querellas de sobrevivientes y familiares, fuimos aprendiendo que todo logro implica perder temores e ir corriendo a la justicia un día 10 metros,

 otro día 20, otro 30. En los años 80 no supimos ver la necesidad de las 

y los testigos de contar las historias de sus familiares y compañeros de militancia. Hay que entender que en esos años los familiares no estaban preparados para contar todo. Por ejemplo, era un problema decir en una denuncia que tu hijo era Montonero o del ERP porque, aunque fuera una democracia, había causas abiertas contra muchos militantes.

“Hoy se puede decir claramente donde militaban las y los compañeros –continúa Llonto–, lo cual es decir la verdad, pero además las historias de vida son impresionantes: historias de jóvenes que en pocos años militaron en las juventudes, fueron delegados fabriles, jefes de unidad básica, dirigentes barriales. Jóvenes que estudiaban y trabajaban, tenían hijos. A partir de 2004,

 la segunda etapa de los juicios de lesa humanidad, se empiezan a contar 

las historias de vida y militancia y a mostrar las fotos. Esas historias de vida explican la bronca de generaciones”, concluye.

No es casualidad que tales historias y las fotos de sus protagonistas formen parte del vasto material que compone el alegato que, desde el 4 de febrero de este año, Llonto viene exponiendo en el juicio que investiga la represión a casi un centenar de militantes montoneros que participaron de la Contraofensiva en 1979 y 1980.

Entre los numerosos casos que cada jueves va relatando, existen varios 

donde se hace visible el entramado de las campañas de acción psicológica perpetradas por la inteligencia del Ejército, en las cuales no sólo se tergiversaron -y hasta ocultaron- los secuestros, detenciones ilegales y asesinatos, sino que se difamaron las historias personales de numerosos militantes, a través de operaciones de prensa de los medios masivos de comunicación.

“¿Saben lo que significa para las y los nietos de los desaparecidos ir a una hemeroteca y acceder a las notas de la revista Gente por ejemplo, sin tener ninguna rectificación ni aclaración?”, pregunta Llonto a lxs jueces del TOF 

4 de San Martín.

Uno de los requerimientos que plantea el alegato es el de la rectificación por parte de los medios de comunicación que operaron en complicidad con la dictadura. “Hay una tarea para la sentencia que es contar la verdad de cómo sucedieron los hechos”, sostiene el abogado.

Se trata de una valoración simbólica. Sin duda un mismo hecho puede tener diferentes sentidos de acuerdo a cómo se lo narre. Ocurre lo mismo con el derecho, es decir todo derecho tiene múltiples interpretaciones. Y cuando aparece un nuevo recurso, este también puede ser material para la derecha. 

No hay que olvidar que los sectores dominantes hacen su propia lectura de 

los acontecimientos pasados y presentes, tienen su propia historiografía 

y sus propias interpretaciones.

Mientras escribo estas líneas, recuerdo la frase de Graciela Daleo, 

sobreviviente del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio 

Escuela Mecánica de la Armada (ESMA):

 “el derecho es un terreno de lucha política”,

 porque todo nuevo recurso o figura, toda nueva forma de significar 

o nombrar las prácticas y los comportamientos en una determinada época,

 se dirime en el terreno de la lucha popular que luego tiene una expresión 

en el campo jurídico.

Desde que empezó el juicio “Contraofensiva Montonera 79-80” 

en abril de 2019, se ha puesto de relieve el concepto o idea del derecho a la resistencia. En conversación con Mundo Lesa, le preguntamos a Pablo Llonto sobre el derecho a la resistencia:

–¿Se trata de un nuevo corrimiento de la justicia? 

¿Cómo se lo explicarías a las jóvenes generaciones?

–El derecho a la resistencia es una práctica vigente en nuestra vida cotidiana, en particular en nuestro continente. Está contemplado en la Constitución Nacional y en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su prólogo. Sin embargo, como todo derecho se presta a distintas interpretaciones. 

Hablar del derecho a la resistencia es hablar de algo muy antiguo, 

que se ejerce hace siglos, pero hay que entender entonces que existe otra interpretación de la resistencia como no pacífica. Tal vez ésta haya sido su mayor carga de dificultad para hablarlo abiertamente. 

Hay que perderle el miedo a la discusión, por lo menos desde el 

campo jurídico, donde necesitamos elaborarlo mucho más.

Las razones para abordarlo están ligadas a una toma de conciencia,

 más que a cuestiones elaboradas y racionalizadas. En Argentina cuesta reconocer que a De la Rúa se lo sacó del gobierno con el Derecho a la resistencia, y esto tiene que ver precisamente con ese halo de negatividad construido alrededor del concepto, que lo emparenta con el ejercicio de la violencia. Hoy las y los jóvenes ejercen el derecho a la resistencia contra gobiernos que se apropian del poder. No solamente contra los golpes de 

Estado clásicos de militares sino contra los golpes judiciales en democracia. Existen varios ejemplos de gobiernos constitucionales que han desarrollado prácticas autoritarias y antidemocráticas. Pero al mismo tiempo aparece una dificultad ideológica: toda la teoría que se desarrolle desde 

una concepción de izquierda o desde los movimientos populares, también puede generar que algunos de esos argumentos sean tomados 

por la derecha.

Hay que aceptar ese debate. Hoy se habla poco del derecho a la resistencia y cuando se lo hace, se lo hace en relación al pasado, porque hay un plan, una decisión. Tenemos que perder los temores para hablar en presente y mucho más en el futuro. Las Madres nos han dado un ejemplo con sus Marchas de la Resistencia.

¿Te referís a la decisión de la querella de familiares y sobrevivientes de la contraofensiva?

–Desde la querella hemos tomado la decisión de plantear la figura del derecho a la resistencia, por eso el primer testimonio fue el de Roberto Perdía, segundo comandante de Montoneros, porque explica dónde estamos parados al abordar la Contraofensiva. Lo venimos trabajando hace 10 años, algunos familiares tienen otra interpretación pero siempre sostuvimos la imposibilidad de abordar la contraofensiva escindiéndola de las acciones armadas. Es necesario entender el contexto de aquellos años desde la perspectiva del derecho a la resistencia: el derecho a resistir a la dictadura de ese momento.

–¿Se trata solo de una valoración simbólica o el planteo apunta a lograr fijar un precedente para condenar no sólo la planificación sino la ejecución de los delitos?

–El tema de la resistencia aparece en las causas que tienen alguna acción armada, pero nunca fue abordado como lo estamos proponiendo en este juicio. Mucho menos los jueces. Para la justicia nuestro planteo es una prueba. Puede ignorarlo en la sentencia. Si este tribunal lo toma, habrá un precedente y un respaldo jurídico para muchas acciones de la actualidad, por ejemplo si hubiera un golpe, porque los pueblos han resistido y resisten cualquier intento de opresión. Cuando se dictó la sentencia por genocidio, algunos jueces investigaron, estudiaron, se prepararon para fundamentarla. Otros no lo hicieron.

–Al comienzo del alegato mencionaste que la sentencia de este juicio será la más importante después del Juicio a las Juntas de 1985, ¿Por qué?

–La gran deuda que tenemos las y los abogados querellantes es lograr que se condene a la estructura de inteligencia del Ejército. Todos los juicios desnudan y ponen en claro que la inteligencia del Ejército fue la herramienta central de la represión. Lo que no pudimos lograr todavía es condenar en bloque. Es decir, hay juicios donde se juzga a un solo integrante del Batallón 601 o a un solo integrante de cualquier destacamento, pero nunca a la estructura. Nunca hubo un juicio contra el Batallón 601, responsabilizándolo de todos los hechos. Recién ahora el Ministerio Público Fiscal está trabajando en una denuncia que impute a todos sus miembros, año por año. Todos los casos porque así operaron. Toda la información que obtenían en la tortura, iba al corazón de la inteligencia del Ejército y desde ahí salían los planes que después ejecutaban otros.

Lo importante es lograr una sentencia que condene todo este accionar y lo fundamente. En el juicio anterior de la causa contraofensiva, se condenó a un grupo de inteligencia bajo la figura de asociación ilícita. Es una figura menor e incompleta porque refiere a la acción de reunirse y planificar los delitos pero no a los delitos cometidos, a saber: secuestros, tormentos, desapariciones forzadas, homicidios. Por eso es importante que la sentencia de este juicio condene por los delitos cometidos. Si lo hace, abrirá la puerta para que los distintos tribunales en todo el país analicen qué pasaba en cada provincia, si se reproducían las mismas prácticas y entonces se podrá condenar a toda la estructura de inteligencia del Ejército por todos los casos.

Colofón

El 60% de los casos de las y los desaparecidos no se sabe a qué centro clandestino de detención fueron llevados. Es urgente dar una respuesta jurídica a miles de familias que no tienen hoy, ni van a tener, una sentencia a favor porque se desconoce el destino de esos cuerpos.

En 2023 estaremos a 20 años de la reanudación de los juicios de lesa humanidad. Todavía quedan muchas causas por obtener verdad y justicia. Muchas historias por esclarecer y visibilizar. Muchas producciones discursivas por rectificar. Muchas responsabilidades por condenar. Mucho por aprender, sobre todo, como sostiene Llonto, aprender a perder el miedo a la discusión y a correr, un poco cada día, los límites de la justicia.

#JuiciosLesaHumanidad

#MundoLesa

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