AU REVOIR GRUPO DE LIMA
Por Ariela Ruiz Caro
El Grupo de Lima durante el macrismo: obsecuencia latinoamericana con Estados Unidos. Foto Télam.
El retiro de Argentina del Grupo de Lima, el 24 de marzo, representa un tiro directo en la línea de flotación de la obsecuencia latinoamericana con Estados Unidos. Asimismo, ha puesto en evidencia el fracaso de los objetivos trazados cuando se creó en 2017, con el auspicio de Donald Trump, ante la imposibilidad de obtener la votación necesaria en la OEA para sancionar al gobierno venezolano desde esa instancia.
La salida oficial de Argentina de este Grupo fue un acto formal, puesto que desde que Alberto Fernández asumió la presidencia el gobierno no ha participado ni suscrito ninguna de las declaraciones emitidas por esta instancia. Sin embargo, el Departamento de Estado, informalmente, ha pedido explicaciones a la Embajada argentina en Washington. Consultado al respecto, el canciller Felipe Solá informó que «no hay cambio respecto de nuestra posición en Venezuela y menos aún en nuestra relación con Estados Unidos».
El gobierno considera que las acciones que ha venido impulsando el Grupo de Lima en el plano internacional, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, imponiendo sanciones y bloqueos, y los intentos de desestabilización ocurridos en 2020, no han hecho más que agravar la situación de su población y, en particular, la de sus sectores más vulnerables. Otro aspecto inadmisible, señalado por Solá, es la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima.
El gobierno ha optado por participar en el Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela (GCI), instancia promovida por la Unión Europea, del cual Argentina es miembro desde agosto de 2020. No obstante, el gobierno tampoco ha suscrito todos sus pronunciamientos.
Luna de miel
Mauricio Macri fue uno de los entusiastas fundadores del Grupo de Lima. Su creación, en agosto de 2017, tuvo lugar en circunstancias de fuertes enfrentamientos entre el gobierno y la oposición. Como se recordará, la Asamblea Nacional que presidió Juan Guaidó fue ganada por la oposición en 2015, en el marco de una campaña política que buscaba la salida de Nicolás Maduro, elegido en 2013 luego de la muerte de Hugo Chávez. Las demandas para que Maduro abandonara el poder se tornaron violentas y en 2017 éste convocó a una Asamblea Constituyente que funcionó como una instancia paralela a la Asamblea Nacional. Es cuando se creó el Grupo de Lima para interceder en la crisis democrática venezolana, perfilada como autocracia.
Adquirió un protagonismo estelar el 23 de enero de 2019 cuando Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, se autoproclamó presidente interino de Venezuela. Más de 50 países lo reconocieron como presidente y, junto con Mauricio Claver-Carone, entonces director de Asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y actual presidente del BID, diseñaron un plan express para derrocar a Maduro. Este incluyó ingentes recursos para mantener representaciones diplomáticas paralelas y en algunos organismos internacionales. Asimismo, la invocación a las fuerzas armadas a reconocer a Guaidó como presidente, la manipulación de la ayuda humanitaria con fines políticos y la asfixia económica.
Claver-Carone consideraba que, con ese plan, «no había un solo escenario posible» en el que Maduro pudiera gobernar en Venezuela y «sobrevivir a la crisis económica y social que ellos mismos crearon y que ahora se acentuará por las sanciones de Estados Unidos». Con la prepotencia de un indubitable triunfador, Elliot Abrahams, enviado especial de Trump para Venezuela, decía que Maduro no podría convocar a elecciones presidenciales –a las que estaba siendo presionado– pues era una decisión que le corresponde a Guaidó, «Nosotros no lo reconocemos como presidente y desde nuestra perspectiva no tiene la autoridad para convocar nada».
Pero el gobierno resistió. Ni Claver-Carone ni Elliot Abrahams habían sopesado que la poco disimulada injerencia del gobierno estadounidense en Venezuela era inviable en un cogobierno cívico-militar. El llamado a las fuerzas armadas venezolanas que hizo el Grupo de Lima para que respaldaran a Guaidó fue un fiasco, y tampoco sirvió el establecimiento de embajadas paralelas ni el reemplazo de los representantes de Maduro en instituciones financieras multilaterales como el BID.
Las acciones desestabilizadoras (Operación Gedeón, entre otras) durante los dos años de la presidencia interina de Guaidó no pudieron impedir que éste perdiera el pasado 5 de enero su ilusorio sillón presidencial al instalarse la nueva Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre. Con ello, perdió el artilugio legal que le permitió ser reconocido como presidente interino.
La nueva relación
La burda obediencia debida del Grupo de Lima a la política norteamericana frente a Venezuela hizo incompatible la convivencia en esa instancia del gobierno presidido por Alberto Fernández, que le echó el ojo al GCI. Convocado por la Unión Europea, éste surgió en febrero de 2019 para mediar en la crisis de ese país luego de que Guaidó se declarara presidente interino un mes antes. Además de la Unión Europea, participaron ocho de sus países miembros –Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido– y cinco países latinoamericanos: Uruguay, México, Bolivia, Ecuador y Costa Rica. Recientemente se han sumado, además de Argentina, Chile y República Dominicana.
En sus inicios, las posiciones del GCI fueron divergentes con las de Estados Unidos. Mientras que Abrahams consideraba que Maduro no tenía autoridad ni para convocar un proceso electoral porque su país no lo reconocía como presidente, el GCI consideraba que cualquier salida para Venezuela debería establecer garantías para un proceso electoral creíble y transparente bajo los parámetros de la Constitución venezolana; y permitir la entrega urgente de ayuda humanitaria de acuerdo a los principios internacionales. Como señala Felipe Solá, el GCI es «más sutil y más global» en comparación al Grupo de Lima, que «tiene un nivel de dogmatismo mucho mayor».
A lo largo de estos meses, sin embargo, el Grupo de Lima y el GCI fueron convergiendo en sus posiciones básicamente porque el primero bajó el tono a sus exigencias. Por eso, en junio del año pasado pudieron hacer un llamamiento conjunto para recuperar la democracia en Venezuela e invitaron a otros países a sumarse a esta invocación.
Así, el 14 de agosto, el Grupo de Lima (menos Argentina y México), el GCI, y Estados Unidos exhortaron a todos los venezolanos a anteponer los intereses de su país por encima de la política y a comprometerse urgentemente a apoyar un proceso definido e impulsado por los venezolanos para establecer un gobierno de transición inclusivo que lleve al país a unas elecciones presidenciales libres y justas.
En realidad, lo que se pretendía era evitar la elección de la Asamblea Nacional pues una oposición divida, con un Guaidó sin liderazgo y desprestigiado (el Washington Post había revelado un manejo irregular de activos de Venezuela en Estados Unidos del círculo cercano a Guaidó, que fueron adjudicados a su presidencia paralela en alianza con la administración de Trump) había rechazado participar de ellas. Si estas se realizaban, Guaidó perdería el mecanismo legal para poder ser reconocido como presidente interino del país.
Quienes suscribieron ese comunicado afirmaron explícitamente que «las elecciones parlamentarias por sí solas no presentan una solución política; por el contrario, pueden polarizar aún más a una sociedad ya dividida». Como incentivo, anunciaron que todos los países que mantenían sanciones económicas estaban «dispuestos a discutir su levantamiento en un contexto de progreso político». Argentina no lo firmó y México tampoco.
La respuesta de Maduro fue invitar a la comunidad internacional a participar en calidad de observador en el proceso electoral parlamentario y liberó un número importante de presos políticos. El GCI le respondió el 17 de septiembre que, si bien veían con simpatía el llamado del gobierno a observadores internacionales en el proceso electoral, en Venezuela «no se cumplen las condiciones para un proceso electoral transparente» y que el calendario electoral actual –previsto para el próximo 6 de diciembre– no permitía el despliegue de una Misión de Observación Electoral.
Maduro les informó que, si alguna fecha es tajante, determinada y determinante por la Constitución, es la del 5 de enero del año 2021 como obligación de instalar una nueva Asamblea Nacional». Así se hizo.
Ese mismo día el Grupo de Lima desconoció la legitimidad y legalidad de la Asamblea Nacional «por ser producto de elecciones fraudulentas organizadas por el régimen ilegítimo de Maduro» e hicieron un llamado a la comunidad internacional para rechazarla. En esos términos se había expresado antes el ex secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, quien pidió a sus aliados seguir apoyando a Guaidó como presidente interino. Asimismo, el GCI emitió un comunicado, que Argentina tampoco suscribió, en el que se rechazó las elecciones parlamentarias en Venezuela por no haber cumplido «con las condiciones aceptadas internacionalmente, ni con las leyes venezolanas».
Que en paz descanse
La crisis política y humanitaria en Venezuela y su solución se han convertido en uno de los temas más complejos en el tablero internacional. China y Rusia reconocen a Maduro como presidente de Venezuela y ésta es una realidad que debe ser tomada en cuenta durante las negociaciones. Maduro no tiene ninguna intención de convocar a elecciones bajo términos que no sean los que están en la Constitución. Cualquier acercamiento a un diálogo político debería considerar este elemento, tal como lo reconoció el GCI en 2019. Como ha reiterado Solá, la solución en Venezuela es de los venezolanos.
El Grupo de Lima es, y siempre ha sido, una instancia inviable para la reconciliación de ese país pues el expresidente interino Guaidó es parte de esa instancia. El gobierno de Biden ha anunciado a través de su secretario de Estado, Anthony Blinken que continuará con la política de Trump frente a ese país y que no cesará en su empeño de asfixiar a esa economía.
La Unión Europea ha rechazado los resultados de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre, pero no ha reconocido a Guaidó como presidente interino por carecer de representatividad institucional. Así, el GCI se perfilaría como el potencial facilitador.
La salida de Argentina del Grupo de Lima ha sido un tiro de gracia a una instancia fracasada e inviable. La Cancillería peruana ha quedado descolocada, pues el gobierno cometió el desacierto de permitir que dicho mecanismo de coordinación política llevara el nombre de su ciudad capital, lo que resulta particularmente incómodo al Perú.
El Cohete a la Luna
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