¿Y las y los trabajadores de Vicentin?
El viernes 29 de noviembre del 2019, en el salón del colegio Santa Rosa de la localidad de San Lorenzo en Santa Fe, se celebró la fiesta de fin de año de Vicentin, con todo su personal y trabajadores/as invitados. Durante los festejos, Vicentin proyectó un video donde mostraba su fenomenal crecimiento en poco tiempo. “Parecíamos los campeones del mundo”, resume un delegado aceitero que estuvo en el evento. Exactamente 6 días después, en un comunicado dirigido a sus clientes, la empresa reconoció que inició “un proceso de reestructuración de pagos a partir de una situación de stress financiero”. Los trabajadores de Vicentin en las localidades de San Lorenzo y Ricardone –que ascienden a más de 1.000 bajo relación directa y otros 2.000 son tercerizados y contratados temporalmente— cuentan a través de sus delegados que la noticia fue doblemente chocante (“nos fuimos a la B”), porque “si estaba planificado, lo disimularon muy bien”.
San Lorenzo está muy lejos del foco de conflicto al que apuntan las cámaras de televisión, en la localidad de Avellaneda al norte provincial. Las y los trabajadores de Vicentin están a 475 kilómetros de la sede administrativa de la empresa, en las 3 plantas ubicadas en las localidades de San Lorenzo y Ricardone, bajo la egida del Sindicato Aceitero de San Lorenzo que conduce Pablo Reguera. La coordinación sindical en esta parte de la provincia, que es el cordón industrial que va desde Puerto General San Martin en dirección sur hasta Rosario, es altísima: papeleros, químicos, petroquímicos, municipales de Festram, trabajadores/as de peaje y –algunos años atrás— metalúrgicos de Villa, supieron conformar núcleos duros de resistencia a los despidos y a las bajas salariales durante el macrismo. Parte de estas alianzas se recrean hoy en el MOS (Movimiento Sindical Rosarino) y en la Corriente Federal de los Trabajadores de Rosario. Hay base firme ahí, en el territorio específicamente fabril donde opera Vicentin, para apoyar una eventual expropiación.
Hoy las plantas de la empresa están paralizadas y los que garantizan que los activos se preserven son los propios trabajadores. La planta más grande que se ubica cerca de Ricardone, muele girasol y soja y está parada desde septiembre de 2019. Se trataba de la típica parada de mantenimiento (que tiene toda industria de proceso continuo, como la aceitera o la siderúrgica) para recibir luego la semilla de girasol. Pero nunca más volvió a arrancar. Las otras dos plantas están en San Lorenzo, contra el río Paraná, y continuaron trabajando hasta el “stress financiero” cuando también se frenaron. Una de ellas volvió a entrar en actividad hace poco, trabajando a façon (moliendo para terceros), pero con débil actividad.
A pesar de haber sido invitados a una fiesta fastuosa, las y los trabajadores de Vicentin no cobraron la gratificación de fin de año. Cada día 15 del mes se preguntan si habrá cobro salarial, los llevaron a sucesivas reuniones “pantalla” que sostienen los gerentes de Recursos Humanos de la empresa ante los delegados para “patear el conflicto”, y vieron cómo mes a mes fue mermando la cantidad de tercerizados y contratistas.
La inactividad actual de la empresa afecta a todo el entramado productivo: a los trabajadores, a los productores (en su acreencia y en la propia disponibilidad de recursos para seguir produciendo), a los corredores tradicionales damnificados, a los accionistas pequeños y al Estado Nacional por su enorme deuda con tres bancos públicos. Vicentin alega haber vendido una parte de Renova para la cancelación de deudas, pero eso no ocurrió. La concreción de una expropiación estatal no sólo sería una decisión estratégica en un sector poco transparente y concentrado y con un modelo de negocios financiarizado: sería la única solución para evitar la pérdida de activos, sostener puestos de trabajo y repagar deudas.
Julia Strada.
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