En medio de la ola de frío y la explosión solidaria para cubrir la imprevisión oficial, trabajadores del Buenos Aires Presente denuncian reducción de personal, falta de capacitación, camionetas en mal estado y precarización laboral
Buenos Aires Presente (BAP), el programa del Gobierno porteño para asistir a personas en situación de calle, fue rebautizado por sus trabajadores como “Buenos Aires Precarizado”. Los motivos, para los profesionales que día a día salen a las calles a hacer malabares con las pocas herramientas que brinda el gobierno, sobran: hay poco personal, falta de capacitaciones, se limitan los “seguimientos de las personas en calle” porque “según los gerentes no ayudan a la productividad del programa”, las pocas camionetas que circulan por la ciudad están destruidas y, pese a lo que afirma el oficialismo, hay una profunda diferencia entre la cantidad de recursos ofrecidos y la cantidad de personas que viven en la calle. Desde el ajuste que sufrió el programa a principios de este año, esa precarización no hace más que crecer. Tras una reducción de personal y un aumento en la cantidad de horas de trabajo, el Gobierno también recortó la cantidad de recursos para el Operativo Frío, que justamente funciona como un refuerzo asistencial para los tres meses más fríos del año. Recién este fin de semana, luego de la muerte de Sergio Zacariaz y de otras personas en situación de calle que pusieron en evidencia la falta de políticas públicas integrales y el desfinanciamiento de este programa –que solo sirve como paliativo–, los recursos que venían brillando por su ausencia empezaron a circular por las calles de la ciudad. “¡Hasta hubo alfajores de postre!”, se sorprendió una trabajadora del BAP.
El programa, que funciona en la ciudad desde 1999, depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño y está pensado para “emergencias sociales: desde un incendio o un derrumbe hasta la emergencia habitacional, que es con la que trabajamos diariamente”, contó un trabajador que prefiere reservar su identidad por miedo a perder su puesto de trabajo, como le ocurrió a dos compañeras suyas que fueron despedidas en febrero por exigir mejores condiciones laborales. “La tarea puntual es ir a ofrecer a las personas en situación de calle una serie de recursos, bastante acotados, que van desde paradores y subsidios hasta la tramitación del DNI gratuito o el acompañamiento a un centro de salud. Somos articuladores entre las personas en situación de calle y los efectores del gobierno de la Ciudad”, detalló el psicólogo que trabaja en el BAP desde hace más de 10 años.
Recursos escasos
La asistencia ofrecida por el BAP, para los trabajadores, “no es suficiente en lo absoluto. Los recursos que da el Gobierno de la Ciudad son escasísimos. Son parches, no son soluciones de fondo”. Los paradores, por ejemplo, “tienen horarios que no les sirven a las personas que salen a cartonear”, contó el psicólogo. “Además, son transitorios, hoy conseguís una cama y mañana no llegaste a horario y la perdiste”, agregó una ex trabajadora, también desde el anonimato.
“La capacidad de los paradores, además, está lejos de las 2300 camas que menciona Larreta”, dijo el psicólogo. Durante el año, contó, funcionan cuatro paradores: “Uno en Retiro, para hombres (con 100 plazas), otro en Parque Patricios, también para hombres (con 60), otro para mujeres y mujeres con chicos, que es el Azucena Villaflor (con 50), y otro para familias, que es el parador Costanera (con 150). Los números de camas son aproximados, pero es evidente que no suman 2300. También hay hogares privados subvencionados por el Estado, pero no son muchos”, enumeró. Y agregó: “Si sumamos los paradores que se agregan para el Operativo Frío, tampoco llegamos a ese número: abren el natatorio de Parque Chacabuco, que es para familias (50 plazas), el Parque Avellaneda, también para familias (100), y el Pereyra, que es para hombres (60)”.
Otro de los recursos ofrecidos por el BAP es el subsidio habitacional, una suma de 5000 pesos que está lejos de la tarifas que presupuestan los hoteles para las personas en situación de calle. “Cada vez cuesta más acceder al subsidio porque se pide un montón de documentación. Además, casi no hay plazas en los hoteles y los hoteleros se aprovechan de esta situación y ponen precios muy altos”, explicó la extrabajadora. “Por otro lado, si tenes más de un pibe en los hoteles te hacen problema o no te toman, porque saben que el pago de subsidios a veces se atrasa y tienen familias que no les pagan a tiempo”, agregó el psicólogo sobre las trabas que implica conseguir y mantener un subsidio.
En las últimas semanas, sin embargo, los turnos para solicitar estos subsidios se están entregando con una sola semana de demora, cuando lo normal es que se entreguen con una demora de uno o dos meses. “Es un poco sorpresivo, la verdad. Creo que esto tiene que ver con que estamos en año electoral. El BAP es la vedette del Ministerio, en tanto que es políticamente correcto que haya fulanos con una remerita de la gestión asistiendo a personas en situación de calle. Este programa debe caerle bien al vecino, porque es llamativo que se sostenga a lo largo de las distintas gestiones”, advirtió el psicólogo.
En la calle
La semana pasada, la muerte de Sergio Zacariaz y de otras personas en situación de calle provocó en los medios un desfile de funcionarios que intentaron dar alguna explicación para lavar de culpas al gobierno Porteño pero que solo lograron dejar en claro el poco interés que tiene el oficialismo por esta población. En ese contexto, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, llegó a responsabilizar a las personas en situación de calle que mueren año a año y afirmó que “hay personas que prefieren dormir en la calle antes que a ir a un parador”.
“Es el colmo. No solo no brindan soluciones estructurales, sino que criminalizan al pobre y le echan la culpa por estar en situación de calle. Yo creo que al macrismo no le interesa la situación de calle, solo les preocupa que los pobres se vean en la ciudad, que no se puedan meter bajo la alfombra”, dijo la extrabajadora, que recordó cómo el Gobierno los “limpia de la ciudad” en eventos como el G20 o los Juegos Olímpicos. “Después de la muerte de Zacarias, hubo mucha repercusión y muchas organizaciones y vecinos comenzaron a solidalizarse. Pero tenemos que celebrar, en realidad, el día que ya no exista esa ayuda porque el Estado se haya hecho cargo. La gente en situación de calle no se muere ni por frío, ni por calor. Se muere por ausencia del Estado. No tenemos que perder el eje y tenemos que seguir exigiendo que el Estado construya políticas públicas que solucionen el problema de fondo”, dijo la extrabajadora.
Aunque el BAP es un programa asistencialista, que solo ofrece paliativos sin ninguna solución estructural para la población en situación de calle, muchas veces los trabajadores se comprometen con la situación de algunas de estas personas y deciden hacerles un seguimiento. “Lamentablemente, los gerentes nos niegan esos seguimientos porque dicen que es una pérdida de tiempo. Dicen que no aporta a las estadísticas que importan para ellos: cubrir todos los puntos de la Ciudad que llegan al BAP a través de la línea telefónica 108, que es a la que se comunica la persona en situación de calle o el vecino que pide asistencia para esa persona”, contó Laura Fusca, una de las trabajadoras despedidas por exigir mejores condiciones laborales. “Tampoco nos capacitan ni nos otorgan las supervisiones que solicitamos, que son muy necesarias por el nivel de complejidad que se genera a veces en algunas intervenciones”, agregó.
Esta visión empresarial “que solo se preocupa por las estadísticas” fue reforzada desde la asunción de Fabián Boninsegna, en noviembre del año pasado. “A partir de ahí se nos impuso una forma de laburo más cuantificada, más estadística”, denunció Fusca. “Nos han puesto un sistema de ‘premios’ por productividad, una cosa así medio McDonald’s”, lamentó en el mismo sentido el psicólogo.
Como parte de este nuevo sistema de trabajo, se extendió la jornada laboral de los trabajadores, que durante la semana pasaron a trabajar de 7 a 8 horas y en los fines de semanas y feriados de 8 a 12 horas, sin el aumento de salario correspondiente. “Esa fue una política de la nueva gerencia, que implementó la toma de asistencias a los puestos de trabajo a través de la huella del dedo. No hubo ninguna notificación formal sobre el cambio de horario, simplemente se impuso ese sistema. Desde entonces nos empezamos a organizar para pedir la categoría de riesgo e insalubridad en el Ministerio de Trabajo, pero va a ser un proceso largo”, contó Fusca, que denunció además la situación de precariedad en la que se encuentran los trabajadores: hay solo 50 trabajadores en planta permanente, mientras que 111 están aún en planta transitoria y 33 tienen apenas un contrato de locación anual.
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