La Justicia multó a Daniel Andrés Stofd, acusado de liberar la zona donde fue asesinado el niño. La querella pidió su exoneración.
Para la familia, la condena debe “dar lugar a su exoneración de la fuerza”.
Imagen: Guadalupe Lombardo
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“Para la Justicia argentina la vida de un pibe pobre vale 12.500 pesos”. La frase corrió de boca en boca, luego de escucharse la condena de multa que se le aplicó al prefecto Daniel Andrés Stofd por un hecho evidente de “zona liberada” por las fuerzas de seguridad, que permitió “una balacera de (al menos) 105 disparos”. Como resultado del enfrentamiento entre dos bandas narco fue asesinado Kevin Molina, de 9 años, muerte evitable si Stofd, junto con otros prefectos y gendarmes que custodiaban el área, hubieran puesto fin a un tiroteo de tres horas que aterrorizó a los vecinos del barrio Zavaleta, en Barracas, que hicieron nueve llamados de auxilio al 911, sin respuesta positiva. El juzgado unipersonal a cargo de Edmundo Rabbione consideró que Stofd es culpable por no haber cumplido con su deber, pero desechó la pena máxima de dos años de prisión solicitada por la querella y la Fiscalía. Optó por una pena de multa de 12.500 pesos (el prefecto cobra un sueldo de “47.000 en mano”, según dijo en el juicio), más una inhabilitación de un año para ocupar cargos públicos. La querella le pidió al Ministerio de Justicia “la inmediata exoneración de Stofd”.
El juicio se hizo en el tercer piso de los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950, en Retiro, en el despacho del juez, tan exiguo como la pena de Stofd. Apenas una decena de personas, entre ellas Roxana Benega, la mamá de Kevin, y Nacho Levy, referente de La Garganta Poderosa, y padrino del niño asesinado, pudieron presenciar en silencio, la lectura de una sanción que les pareció “lamentable”. En las escalinatas de la sede judicial, Levy comunicó la decisión judicial a decenas de vecinos y familiares que no pudieron ingresar al recinto. Los alentó a “seguir luchando para que se acabe la impunidad de las fuerzas de seguridad”.
Ante el lógico desaliento general, Levy recordó como hecho positivo que “después del asesinato de Kevin nos organizamos nosotros para controlar el accionar de la policía que está en el barrio y nos debemos felicitar por todas las muertes de pibes que pudimos evitar desde entonces”. Roxana Benega, que mostró su temple al declarar ante el juez, no pudo hablar con los periodistas, sólo agradeció a sus vecinos por el apoyo recibido, y se largó a llorar, abrazada a Levy. Sobre la vereda del juzgado se había instalado una bandera de la organización barrial La Poderosa que decía: “9 llamados al 911, hubo zona liberada”.
El abogado querellante Luciano Ortíz Almonacid le dijo a PáginaI12 que “ahora que el gobierno está enviando una reforma de campaña del Código Penal en la que le da más poder a las fuerzas de seguridad, nosotros pensamos que en lugar de eso, se tiene que disponer el control democrático y popular de esas fuerzas, porque las Ongs son las que deben controlarlas”. El abogado exigió al ministro de Justicia, Germán Garavano, que “en lugar de instalar oficinas de acceso a la Justicia, que instale oficinas de las Ongs para que controlen el acciona delictivo de las fuerzas de seguridad, para que los que cometen delitos puedan ser juzgados y condenados rápidamente”. En ese sentido, recalcó que “no tiene sentido que se organicen oficinas de control de las propias fuerzas, porque eso no sirve”.
Sobre el Caso Kevin, recordó que en este juicio “la Fiscalía apoyó el pedido de la querella para que se investigue la responsabilidad de los otros integrantes de las fuerzas”, tanto de Prefectura como de Gendarmería, pero el juez Rabbione denegó esa posibilidad. Ortiz Almonacid recordó que en el juicio quedó probado que “el jefe del operativo, por parte de la Prefectura, era Juan Manuel Lee, que nunca antes había aparecido y lo dijo el propio defensor de Stofd, pero el juez no lo tuvo en cuenta”. Además, “surgió una interna entre las fuerzas, porque los de Prefectura dijeron que los de Gendarmería tuvieron que haber intervenido porque ellos tenían dos puestos de vigilancia” muy cerca del lugar del tiroteo.
El querellante le explicó a este diario que ahora van a analizar junto con la fiscalía los fundamentos del fallo, que tiene unas 20 carillas y que no fue leído en la audiencia. Luego de la lectura deben decidir “si hacemos una denuncia penal sobre las omisiones o si presentamos un recurso de Casación”. Señaló que los oficiales de Gendarmería, alrededor de seis agentes, que estuvieron en funciones el 7 de septiembre de 2013, cuando fue asesinado Kevin, “nunca fueron indagados, aunque nosotros pedimos que fueran llamados a indagatoria”. En el juicio contra Stofd, fueron dos integrantes de las fuerzas de seguridad los que imputaron a los gendarmes. “Eso es nuevo, surgió en este juicio, pero el juez no hizo lugar al pedido de extracción de los testimonios para abrir una nueva investigación”.
Ortiz Almonacid señaló que “más allá del trago amargo de esta condena de multa, no podemos dejar de lado que es una condena contra un prefecto que fue cuidado por la Prefectura, que lo ascendió y lo trasladó a Entre Ríos, y nosotros entendemos que esto tiene que dar lugar a su exoneración de la fuerza, porque eso es lo menos que se puede hacer en estas circunstancias”.
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