El año pasado, cuatro de cada 10 dólares exportados en bienes fueron generados por el sector agrícola. Más de 450 empresas agroexportadoras registraron ventas al exterior durante 2018. Sólo unas pocas pertenecen al selecto club de los agrodólares, que es un actor económico muy poderoso. Está integrado por 30 empresas, algunas locales y otras multinacionales, pero todas ellas dedicadas a negocios altamente diversificados que exceden su naturaleza agraria.
A la hora de explicar las capacidades de la economía argentina, algunos analistas suelen recurrir, una y otra vez, a dos mitos persistentes. El primero de ellos sostiene que el país fue, es y seguirá siendo el “granero del mundo”; mientras que el segundo asegura –con una fe casi religiosa– que, pase lo que pase y gobierne quien gobierne, “con una buena cosecha nos salvamos todos”. Esta mitología largamente afincada en muchos sectores de la sociedad explicaría por qué la cuestión agraria adquiere en la Argentina la centralidad de la que carece en otras latitudes.
El actual gobierno inició su mandato con una batería de medidas coherente con esta mitología. La quita total o parcial de las retenciones sobre las exportaciones agrícolas, la eliminación de las restricciones que pesaban sobre la liquidación de las divisas derivadas de aquellas y la designación de dirigentes provenientes de las entidades empresarias rurales al frente del extinto Ministerio de Agroindustria, fueron algunas de las acciones inicialmente impulsadas por el presidente Macri y su equipo para retribuirle al campo la lucha llevada a cabo contra los “excesos populistas”, por un lado, y el explícito apoyo recibido durante la campaña electoral, por otro.
La renovada relación Gobierno-campo venía muy bien, pero pasaron cosas. Las expectativas oficiales en torno a un boom exportador que jamás sucedió en estos tres años, la fuga y posterior escasez de divisas y la urgencia por equilibrar las cuentas fiscales obligaron al Gobierno a incumplir su compromiso inicial y a aplicar, en cambio, un plan de medidas que el campo considera, desde siempre, intolerables. Fue así que desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas se resolvió cancelar la baja gradual de las retenciones a las exportaciones de soja e instituir nuevos impuestos sobre todo el sector.
Significantes
Al igual que lo que ocurre con otros significantes, el Campo argentino no existe sino como una construcción que utiliza el discurso político para englobar una diversidad de actores e intereses heterogéneos, que muchas veces se articulan de manera débil y asimétrica. Alguien podría definir, acaso, qué es el campo y quién lo representa mejor. ¿Será, tal vez, el arrendatario rural, la empresa de base familiar, la agricultura de subsistencia, el latifundio, el pool de siembra, el gran operador de cereales o la multinacional exportadora; o todos ellos juntos? Como se dijo, el campo argentino compone un tablero de juego virtual con demasiados actores e intereses.
Más allá de cómo funciona específicamente la producción rural, lo que sí resulta de interés para el análisis económico es su capacidad para exportar bienes y generar divisas. Digámoslo de este modo: el estudio del campo y sus relaciones con otros actores de la política y la economía sirve para comprender mejor de qué manera el “granero del mundo” producirá los dólares necesarios para “salvarnos a todos”.
Exportaciones
El año pasado cuatro de cada 10 dólares exportados en bienes fueron generados por el sector agrícola. Sin dudas, se trata del sector más poderoso de la economía externa y el que más incide en los resultados de las balanzas comercial y de pagos, así como en la mayor o menor amplitud de la oferta local de divisas.
Más de 450 empresas agroexportadoras registraron ventas al exterior durante el 2018; sin embargo, no todas ellas tienen el mismo poder de incidencia económica y, menos aún, política. Solo unas pocas entre todas ellas pertenecen al selecto “club de los agrodólares”.
El club está integrado por 30 empresas, algunas locales y otras multinacionales, pero todas ellas dedicadas a negocios altamente diversificados que exceden su naturaleza agraria. Estas empresas se reúnen en torno a dos entidades corporativas gemelas: la Cámara Argentina de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC).
En forma paralela, una parte más pequeña aún del universo Ciara-CEC (son siete firmas en total) integra una tercera entidad que, a diferencia de las otras dos, representa los intereses de las empresas dedicadas a articular negocios agrícolas y energéticos: la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio). Allí confluyen Oleaginosa Moreno (que, junto con Vicentín, es propietaria de Renova, la principal exportadora de biodiesel argentino), Aceitera General Deheza y Bunge Argentina (controlantes de Terminal 6), las multinacionales Cargill y Louis Dreyfus y la empresa estatal china Cofco Internacional, que en el país actúa en alianza con las globales Nidera y Noble Group.
Durante el 2018, los integrantes de Ciara-CEC declararon ventas al exterior por un valor cercano a 22.000 millones de dólares, lo que representó el 35 por ciento del total de las exportaciones del país, sin contar las ventas externas de biodiesel, que sumaron 1100 millones de dólares adicionales.
Poder
El club de los agrodólares es un actor económico poderoso, pero se debe agregar que gran parte de su poder reside en los aceitados mecanismos que supo y sabe mantener con los principales actores de la esfera política, lo que incluye e influye a los diferentes gobiernos.
Tras haber fracasado en sus objetivos de reducir la inflación, recrear el crecimiento económico y generar empleo, todos los esfuerzos del Gobierno hoy están puestos en mantener estable el valor del dólar y en evitar una nueva corrida cambiaria, como la que tuvo lugar el año pasado. Este es el único plan económico previsto pero que, de resultar eficaz, le permitirá a Mauricio Macri enfrentar la elección presidencial con alguna chance de triunfo.
En los últimos días, el gabinete económico se ha mostrado tranquilo porque cree contar con los recursos suficientes para contener al dólar y evitar, así, cualquier corrida que se lo lleve puesto. Por un lado, dispondrá a partir de abril de 9600 millones de dólares que el Tesoro Nacional podrá usar para intervenir en el mercado cambiario en dosis homeopáticas de 60 millones diarios y, por otro, da por descontado que el club de los agrodólares agilizará las liquidaciones de las exportaciones de la cosecha gruesa (maíz y soja).
Cosecha
Sumado a este sereno pronóstico, algunos analistas económicos insisten en depositar enormes expectativas en la cosecha record de granos que se espera de la actual campaña agrícola. En uno y otro caso, la tranquilidad y el optimismo que hoy circulan en ciertos informes, medios periodísticos y pasillos oficiales parecen desmesurados. Tratemos de explicar por qué.
En noviembre de 2017, cuando la relación con el campo transitaba su mejor momento, el Gobierno resolvió extender a 10 años el plazo para que el sector agroexportador liquide las divisas provenientes de sus ventas al exterior. Resolvió, además, derogar la obligación de ingresar efectivamente esas divisas al país. Diez años para liquidar sin estar obligado a traer los dólares al país, de modo que no hace falta ser un agudo observador económico para darse cuenta de que la obtención de una buena cosecha no se traduce automáticamente en una mayor oferta de divisas provenientes del agro. Los agrodólares estarán en cualquier lugar del mundo menos aquí, que es donde más se los necesita.
Existen claras evidencias pasadas para sostener el argumento aquí presentado: desde que las mencionadas restricciones fueron derogadas, el Club de los agrodólares ha venido reduciendo sus liquidaciones diarias de manera sensible. Los datos mensuales publicados por Ciara indican que, durante todo el año pasado, las empresas que la integran liquidaron 19.611 millones de dólares, un monto que fue 8,4 por ciento menor al de 2017 e, incluso, 1,7 por ciento más bajo que el registrado en 2015, cuando Cristina Fernández de Kirchner concluía su segundo mandato. En lo que va de la era Macri, el mayor monto liquidado correspondió a 2016, cuando los efectos de la devaluación y de las reducciones arancelarias todavía servían de estímulo para que los miembros del club soltarán sus divisas.
En junio de 2018, el Gobierno acudió a los grandes exportadores agrícolas para pedirles un gesto patriótico que no se ha reiterado desde entonces. En aquel momento, el Club de los agrodólares accedió al pedido oficial y liquidó ese mismo mes 3225 millones de dólares, una suma inédita que sirvió momentáneamente para expandir la oferta de dólares y descomprimir la presión cambiaria sobre el BCRA. A poco menos de un año desde entonces, el Gobierno da casi por sentado que, en el corto plazo, el club volverá a desprenderse de sus tan apreciados agrodólares.
Opciones
Los socios del Club, en cambio, parecen debatirse entre dos opciones. La primera, de naturaleza financiera, es la de liquidar la mínima cantidad de divisas posible –en lo que va del año viene haciéndolo a un ritmo de menos de 80 millones de dólares por día– y apostar a que el tipo de cambio siga su tendencia en alza. Incluso la posibilidad de una estampida en la cotización del dólar los favorecería, sin dudas. Esta opción suena mucho más razonable que el optimismo infundado del Gobierno porque, en síntesis, se basa en la siguiente pregunta: ¿por qué deberían ser ellos quienes terminen financiando la fuga de dólares, si el mismo FMI ha decidido restringir al Gobierno el uso de sus reservas para tal fin?
La segunda opción tiene que ver con esto último, pero su naturaleza es estrictamente política. Los socios del club saben bien de la fragilidad del Gobierno. Saben, también, que una nueva corrida cambiaria es un evento altamente probable, habida cuenta de la impericia demostrada el año pasado por el Banco Central para contener al dólar.
La cuestión de fondo –para el club y para muchos otros actores– es que, si tal posibilidad finalmente ocurriera, el Gobierno llegaría exhausto a octubre y que sus aspiraciones reeleccionistas se esfumarían en un instante. El dilema que tiene por delante es discernir qué cosa les convendría más: si realizar un nuevo gesto patriótico inyectando agrodólares al sistema para evitar que el Gobierno se hunda en su propio fracaso o, por el contrario, atender su propio juego de corto plazo y dedicarse a presenciar impasibles a que las cosas simplemente ocurran, y lo que podría ocurrir en este caso es su omisión produzca el regreso de un pasado político que tanto aborrecen: cualquier empresario diría que “no hay peor clima para los negocios que la incertidumbre”.
Frente a una u otra opción, y de cara a un escenario político complejo que hasta el momento apenas se ha dejado ver, al poderoso y selecto club de los agrodólares no le quedará otra alternativa que optar entre la codicia y el pánico
* Politólogo. Autor de Hacienda y Nación (Eudeba).
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