“Tres mil jardines de infantes”, prometió Mauricio Macri en campaña. “Tres mil jardines en estos cuatro años”, reiteró como presidente ante la mirada del entonces ministro de Educación, Esteban Bullrich. “¿Cuántos jardines se construyeron entre 2016 y 2017 por decisión de este gobierno? Ninguno”, denuncia un informe de la Secretaría de Educación de Ctera, que alerta sobre la subejecución de partidas presupuestarias. El nuevo ministro, Alejandro Finocchiaro, mencionó dos causas para justificar el incumplimiento: la dificultad para acceder a terrenos y “un gasto corriente muy grande”, léase el pago de salarios a los docentes, “como si ambas cosas pudieran haber sido desconocidas en el momento de formular la promesa”, advierte la central gremial. El funcionario también explicó que se “reconvirtió” el objetivo a “un programa de aulas”, es decir construir salas en los jardines existentes. Para el sindicato, esa alternativa “lesiona la posibilidad de contar con instituciones de nivel inicial con autonomía”. “La consecuencia de la falta de inversión en jardines, en aulas y en cargos docentes es la falta de vacantes en educación inicial. Sólo en Capital Federal, entre 10 y 15 mil chicos no tuvieron vacantes en los últimos dos años. Si se sigue incumpliendo la ley de financiamiento y no se construyen jardines, esto se va a extender a todo el país”, alertó Sonia Alesso, secretaria general de Ctera.
Por Gustavo Veiga
“Me comprometo a construir los tres mil jardines de infantes que faltan, la mayoría en la provincia de Buenos Aires, para que tengan sala de tres, cuatro y cinco”, dijo Macri el día del debate televisado con Daniel Scioli, en noviembre de 2015. “Estamos hablando de 683 mil niños que no tienen hoy igualdad de oportunidades”, precisó. En mayo del año pasado, al anunciar en La Pampa el plan para “construir tres mil jardines en estos cuatro años”, explicó que “está comprobado en el mundo” que la educación inicial aumenta las posibilidades de terminar el secundario, habló de “justicia social y equidad”, aunque redujo la promesa: “150 construiremos este año”, aclaró. “No se anunció cualquier día: fue el de la marcha de 400 mil maestros a Plaza de Mayo, convocada por los cinco gremios”, contextualiza Alesso.
En el presupuesto para 2017 elaborado por la jefatura de Gabinete a cargo de Marcos Peña, con el nombre de “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles”, el gobierno incluyó la construcción de 460 jardines en todo el país, con un presupuesto de 5601 millones de pesos.
“¿Cuántos jardines se construyeron entre 2016 y 2017 por decisión de este gobierno? Ninguno”, resume el informe del Instituto Marina Vilte, de Ctera. Citando fuentes oficiales, explica que se encuentran en ejecución obras en apenas 52 jardines de infantes, de las cuales sólo 17 corresponden a licitaciones lanzadas durante el gobierno de la alianza Pro-UCR. “Apenas cinco jardines se encuentran en licitaciones y ocho en proceso de contratación o evaluación”, apunta. El nivel de ejecución del presupuesto deja en evidencia que se trata de una decisión política. En los últimos días de diciembre de 2016 se devengaron 425,3 de los 425,8 millones previstos en el presupuesto anual, pero “no se efectivizó ningún pago”. De los 5601 millones presupuestados este año, en el primer semestre se devengó sólo un 23 por ciento y se pagó un 14 por ciento, advierte la central docente.
“Estamos reconvirtiendo ese objetivo (construir 3000 jardines) a un programa de aulas, por dos motivos: en primer lugar porque el plan original contemplaba determinados requisitos en relación a los terrenos sumamente difíciles de alcanzar para las jurisdicciones provinciales. En segundo lugar, el plan implicaba un gasto corriente muy grande para las jurisdicciones, es decir salarios. Lo que estamos pensando ahora es en la construcción de 10.000 aulas o salas. Es decir, en los lugares donde ya tenemos jardines de infantes, el objetivo ahora es ampliar su capacidad edilicia”, intentó explicar Finocchiaro al diario La Nación. Cuando la periodista le hizo notar que “lanzaron una meta de infraestructura escolar que no habían analizado bien”, agregó que “el objetivo era muy loable y estaba bien pensado, lo que pasa es que en ese momento, en plena campaña, no se podía hacer un relevamiento de los municipios de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, para saber si había terrenos de 50 x 50, o en Córdoba o en San Luis o en las distintas provincias, si tenían o no el dominio de los terrenos o cuánto valía cada uno, porque en algunos casos costaba más expropiar el terreno que la construcción de un jardín o comprar un edificio”.
“Después de perder casi dos años en una gestión cuyo rasgo distintivo fue el desmantelamiento de planes, programas y equipos técnicos, y generar un marco de confrontación con los gremios y los trabajadores de la educación, el gobierno concluye que la promesa es incumplible porque implica ampliar la cantidad de docentes y obtener terrenos para poder construir, como si ambas cosas pudieran haber sido desconocidas en el momento de formular la promesa”, concluye el informe de la Ctera. Reconvertir un plan para construir 3000 jardines a otro de 10 mil aulas implica, de concretarse, cumplir “un 36 por ciento de la meta prometida en campaña”, que deja fuera del sistema a “433.300 infantes”, calcula. Y agrega que el cambio lesiona la autonomía de los jardines, “algo que resulta necesario dadas las distintas características institucionales y de composición de equipos directivos y puestos de trabajo que este nivel requiere”.
–Finocchiaro dijo que el objetivo no es construir jardines sino aulas en los existentes. ¿Eso está ocurriendo? –preguntó PáginaI12 a Alesso.
–Hasta ahora no. No vemos que se construyan nuevos jardines, ni nuevas aulas, ni que se creen nuevos cargos, pese al reclamo de la docencia para que se garantice la obligatoriedad de la educación en el nivel inicial. La falta de inversión educativa es muy importante. Cuando dicen que quieren un cambio en la educación la pregunta que nos hacemos es cómo piensan construir una mejor educación si no hay financiamiento. El incumplimiento de la paritaria que denunciamos implica no sólo la cuestión salarial sino condiciones de trabajo, becas escolares, financiamiento, toda la normativa vinculada al convenio colectivo, como establece la ley de financiamiento educativo.
“La ley de financiamiento educativo establece claramente que la educación es un derecho social, es decir que todos los ciudadanos tienen derecho a recibir educación de parte del Estado, y que la garantía del financiamiento es también federal, no sólo de las provincias. Estado nacional y provincias, ambos son garantes”, destaca la titular de Ctera. “Vuelve a suceder lo mismo que en 2015 y 2016, cuando se incluyen en el presupuesto temas como construcción de escuelas, becas escolares, refuerzo nutricional para comedores escolares, financiamiento a la educación técnico-profesional, y después se subejecuta. Es una nueva promesa incumplida, en un tema tan sensible como la educación inicial”, concluye.
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