Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que agrupa a los rectores de universidades públicas del país, emitió una declaración cuestionando la denuncia por malversación de fondos que el fiscal Guillermo Marijuán presentó contra 52 instituciones de educación superior. “La denuncia, sustentada en notas periodísticas y sin una sola relación de hechos concretos acaecidos en cada institución, lejos de aclarar y puntualizar procederes que podrían ser materia de investigación, resulta un ataque generalizado al sistema de educación superior pública de nuestro país”, advirtieron los rectores del CIN.
Las autoridades académicas sostienen que las universidades nacionales “gozan de un generalizado prestigio entre nuestros conciudadanos, posición que se ha ganado a lo largo de la historia por resultar una efectiva herramienta de mejoramiento social, y son las únicas instituciones públicas cogobernadas en las que el conjunto de sus integrantes deciden no solo el rumbo institucional sino, además, la gestión administrativa”.
Después, destacaron la independencia del Poder Judicial y comprometieron su colaboración con la investigación “para que se pueda avanzar en la elucidación de estas denuncias genéricas y, de esta manera, despejar la sospecha que se ha planteado sobre el conjunto de las instituciones”.
La “ignorancia” de Marijuán sobre el modo de funcionamiento de las universidades fue uno de los señalamientos que hicieron los rectores: “Respecto al contenido del planteo del fiscal, nos permitimos recordar que los presupuestos universitarios se conforman por ley del Congreso Nacional, más las partidas que se asignan a cada institución por programas específicos. En todos los casos, resultan ejecutados bajo normativas claras, estrictas y con procesos de absoluta transparencia, sometidos a procesos de auditoría, tanto interna como externa”.
Para las autoridades académicas, la acusación “ha producido, como consecuencia inmediata, una agresión a la identidad misma de la universidad pública, construida a lo largo de su historia de más de 400 años por ser una institución de gran valoración social. Sin duda, el daño moral es no solo a la institución, sino también a todos los que realizamos tareas de docencia, investigación, extensión y gestión en contextos sociales complejos y con presupuestos de austeridad, y que involucra a los estamentos docentes, estudiantiles, no docentes y egresados”.
Una preocupación de los rectores es que las sospechas lanzadas por un funcionario judicial sean usadas para ajustar los fondos universitarios.
“Esperamos que, en momentos en que se encuentra abierta la discusión presupuestaria en el Congreso Nacional, esta denuncia indiscriminada y con argumentaciones generales no afecte el necesario marco de equilibrio en la distribución de los recursos”, avisaron.
Por otro lado, el CIN también manifestó su “total desaprobación” con la asignación de un refuerzo presupuestario de 1029 millones de pesos para sólo 21 de las 55 universidades nacionales, que el oficialismo pretende aprobar para 2017. Los rectores solicitaron que el monto sea distribuido mediante el modelo de pautas objetivas que se usa para la asignación general de recursos. Hoy, representantes del CIN irán al Congreso a reclamar una distribución equitativa de ese refuerzo presupuestario.
El CIN había convocado ayer una sesión de su comité ejecutivo ampliado, para discutir sobre el posicionamiento ante la denuncia de Marijuán y la arbitraria distribución del presupuesto. Sin embargo, el bloque radical del CIN en pleno se ausentó y no hubo quórum. También faltaron varios rectores del bloque peronista, que en los hechos está fracturado. De todos modos, el consejo difundió la declaración conjunta.
Las autoridades académicas sostienen que las universidades nacionales “gozan de un generalizado prestigio entre nuestros conciudadanos, posición que se ha ganado a lo largo de la historia por resultar una efectiva herramienta de mejoramiento social, y son las únicas instituciones públicas cogobernadas en las que el conjunto de sus integrantes deciden no solo el rumbo institucional sino, además, la gestión administrativa”.
Después, destacaron la independencia del Poder Judicial y comprometieron su colaboración con la investigación “para que se pueda avanzar en la elucidación de estas denuncias genéricas y, de esta manera, despejar la sospecha que se ha planteado sobre el conjunto de las instituciones”.
La “ignorancia” de Marijuán sobre el modo de funcionamiento de las universidades fue uno de los señalamientos que hicieron los rectores: “Respecto al contenido del planteo del fiscal, nos permitimos recordar que los presupuestos universitarios se conforman por ley del Congreso Nacional, más las partidas que se asignan a cada institución por programas específicos. En todos los casos, resultan ejecutados bajo normativas claras, estrictas y con procesos de absoluta transparencia, sometidos a procesos de auditoría, tanto interna como externa”.
Para las autoridades académicas, la acusación “ha producido, como consecuencia inmediata, una agresión a la identidad misma de la universidad pública, construida a lo largo de su historia de más de 400 años por ser una institución de gran valoración social. Sin duda, el daño moral es no solo a la institución, sino también a todos los que realizamos tareas de docencia, investigación, extensión y gestión en contextos sociales complejos y con presupuestos de austeridad, y que involucra a los estamentos docentes, estudiantiles, no docentes y egresados”.
Una preocupación de los rectores es que las sospechas lanzadas por un funcionario judicial sean usadas para ajustar los fondos universitarios.
“Esperamos que, en momentos en que se encuentra abierta la discusión presupuestaria en el Congreso Nacional, esta denuncia indiscriminada y con argumentaciones generales no afecte el necesario marco de equilibrio en la distribución de los recursos”, avisaron.
Por otro lado, el CIN también manifestó su “total desaprobación” con la asignación de un refuerzo presupuestario de 1029 millones de pesos para sólo 21 de las 55 universidades nacionales, que el oficialismo pretende aprobar para 2017. Los rectores solicitaron que el monto sea distribuido mediante el modelo de pautas objetivas que se usa para la asignación general de recursos. Hoy, representantes del CIN irán al Congreso a reclamar una distribución equitativa de ese refuerzo presupuestario.
El CIN había convocado ayer una sesión de su comité ejecutivo ampliado, para discutir sobre el posicionamiento ante la denuncia de Marijuán y la arbitraria distribución del presupuesto. Sin embargo, el bloque radical del CIN en pleno se ausentó y no hubo quórum. También faltaron varios rectores del bloque peronista, que en los hechos está fracturado. De todos modos, el consejo difundió la declaración conjunta.
Informe: Gastón Godoy.
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