Que se vengan los chicos. De todas partes. Que vengan de la Luna y los de Marte. Pero mejor que no busquen información sobre fuga de divisas al mundo entero. En la Cámara de Diputados los va a frenar el secretario parlamentario Eugenio Inchausti, cofundador del grupo Los Arroyeños y autor de aquella canción hermosa. Inchausti acaba de cerrar el camino a un pedido del diputado Darío Martínez para conocer la fuga de divisas cometida por Sociedades Macri como un indicio para la investigación judicial sobre presunto lavado de activos.
Martínez, un neuquino del Frente para la Victoria que viene aportando material a la Justicia sobre las offshore de Mauricio Macri en el marco de los Panama Papers y fuera de ellos, ampliará hoy su denuncia ante el fiscal Federico Delgado y el juez Sebastián Casanello.
Como parte de la búsqueda de datos pidió a la presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo del legislador de Cambiemos Emilio Monzó, información detallada sobre las pesquisas de la Comisión Especial Investigadora de Fuga de Divisas que funcionó entre enero de 2002 y octubre de 2003.
Martínez, un neuquino del Frente para la Victoria que viene aportando material a la Justicia sobre las offshore de Mauricio Macri en el marco de los Panama Papers y fuera de ellos, ampliará hoy su denuncia ante el fiscal Federico Delgado y el juez Sebastián Casanello.
Como parte de la búsqueda de datos pidió a la presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo del legislador de Cambiemos Emilio Monzó, información detallada sobre las pesquisas de la Comisión Especial Investigadora de Fuga de Divisas que funcionó entre enero de 2002 y octubre de 2003.
El secreto
Delgado está buscando pistas sobre la ruta de una suma de alrededor de 9 millones de dólares que circuló entre empresas del Grupo Macri radicadas en la Argentina, en Bahamas y en Brasil.
“La información concerniente a los actos y operaciones que las personas celebran con las entidades financieras se encuentran legalmente amparadas por el secreto bancario, y los órganos que, por excepción legal y como en el caso de la Comisión Especial Investigadora de Fuga de Divisas, accedieran a tales datos, se encuentran obligados a no difundirlas”, dice una carta remitida por Inchausti a Martínez.
Inchausti agrega en el texto al que tuvo acceso PáginaI12 que ni la resolución por la que los diputados crearon la comisión ni normas posteriores “han conferido a los legisladores o a otros sujetos ajenos a la extinta Comisión la facultad de acceder a la información de carácter secreto que se encontrara bajo guarda y custodia de aquella”.
La carta de respuesta, sin embargo, da una pista que podría ser aprovechada por la Justicia. Cita la ley 21.526, de Entidades Financieras. Por un lado estipula que “las entidades comprendidas en esta ley no podrán revelar las operaciones pasivas que realicen” y por otro lado enumera tres excepciones: los organismos recaudadores de impuestos, el Banco Central y “los jueces en causas judiciales”.
Inchausti informa también que hubo un dictamen previo de la Dirección General de Coordinación Técnico Legal de la Cámara de Diputados.
Aunque a veces pasa desapercibido para políticos, periodistas e investigadores, el cargo de secretario parlamentario no es menor. Es el equivalente de un secretario de Estado para Emilio Monzó, nada menos que la autoridad ubicada en la línea de sucesión presidencial después de la vicepresidenta Gabriela Michetti y del presidente provisional del Senado Federico Pinedo.
Delgado está buscando pistas sobre la ruta de una suma de alrededor de 9 millones de dólares que circuló entre empresas del Grupo Macri radicadas en la Argentina, en Bahamas y en Brasil.
“La información concerniente a los actos y operaciones que las personas celebran con las entidades financieras se encuentran legalmente amparadas por el secreto bancario, y los órganos que, por excepción legal y como en el caso de la Comisión Especial Investigadora de Fuga de Divisas, accedieran a tales datos, se encuentran obligados a no difundirlas”, dice una carta remitida por Inchausti a Martínez.
Inchausti agrega en el texto al que tuvo acceso PáginaI12 que ni la resolución por la que los diputados crearon la comisión ni normas posteriores “han conferido a los legisladores o a otros sujetos ajenos a la extinta Comisión la facultad de acceder a la información de carácter secreto que se encontrara bajo guarda y custodia de aquella”.
La carta de respuesta, sin embargo, da una pista que podría ser aprovechada por la Justicia. Cita la ley 21.526, de Entidades Financieras. Por un lado estipula que “las entidades comprendidas en esta ley no podrán revelar las operaciones pasivas que realicen” y por otro lado enumera tres excepciones: los organismos recaudadores de impuestos, el Banco Central y “los jueces en causas judiciales”.
Inchausti informa también que hubo un dictamen previo de la Dirección General de Coordinación Técnico Legal de la Cámara de Diputados.
Aunque a veces pasa desapercibido para políticos, periodistas e investigadores, el cargo de secretario parlamentario no es menor. Es el equivalente de un secretario de Estado para Emilio Monzó, nada menos que la autoridad ubicada en la línea de sucesión presidencial después de la vicepresidenta Gabriela Michetti y del presidente provisional del Senado Federico Pinedo.
La cifra
La pesquisa de Martínez, que hoy aportará a la Justicia, informa el resultado de la investigación de la Comisión Especial en lo que concierne al Grupo Macri.
El total de divisas fugadas ascendió en dólares a 58.572.227.
Sideco Americana, que presidía el propio Mauricio Macri, fugó 27.128.913.
Correo Argentino, 4.891.000.
Socma Americana, 6.415.314.
Yacylec Sociedad Anónima, 10.821.000.
Y Socma Inversora Sociedad Anónima, 9.316.000.
La última cifra provocó la atención del diputado Martínez.
“Es muy llamativa la suma porque es la misma que Fleg Trading ingresó a Brasil para comprar las acciones de Owners do Brasil”, dijo el diputado a este diario.
Como ya informó PáginaI12, Fleg es la offshore creada en 1998 por Franco Macri y Mauricio Macri en Bahamas. Es la misma empresa que no solo estuvo en funcionamiento sino que demostró un nivel intenso de actividad, a tal punto que se convirtió en una fábrica de otras empresas en Brasil para desarrollar servicios de logística, de finanzas e incluso de administración de la tarjeta de crédito Visa.
Para determinar con exactitud la fecha de las operaciones hay que acceder a la documentación que los bancos enviaron a la Comisión Especial que presidió el entonces diputado Eduardo Di Cola e integraron Graciela Ocaña, Manuel Baladrón, María Biglieri, Noel Breard, Franco Caviglia, Guillermo Corfield, María del Carmen Falbo, Alejandro Filomeno y Lorenzo Pepe.
“Ese monto y el total de 58 millones de dólares fugados por las empresas del Grupo Macri, en las cuales el señor Mauricio Macri era accionista y directivo, están dentro del rango de años en los que se desarrollan las actividades de Fleg Trading LTA y Owners en la República Federativa de Brasil”, dijo Martínez.
Como en los archivos bajo guarda figura supuestamente el reporte de cada operación, su fecha, su monto y su destino, de allí es posible conjeturar que podría conocerse a qué cuentas radicadas en el exterior fueron girados los fondos. “Muy probablemente estas cuentas sean las mismas que luego derivaron fondos a las offshore aquí investigadas”, afirmó el diputado por Neuquén.
La pesquisa de Martínez, que hoy aportará a la Justicia, informa el resultado de la investigación de la Comisión Especial en lo que concierne al Grupo Macri.
El total de divisas fugadas ascendió en dólares a 58.572.227.
Sideco Americana, que presidía el propio Mauricio Macri, fugó 27.128.913.
Correo Argentino, 4.891.000.
Socma Americana, 6.415.314.
Yacylec Sociedad Anónima, 10.821.000.
Y Socma Inversora Sociedad Anónima, 9.316.000.
La última cifra provocó la atención del diputado Martínez.
“Es muy llamativa la suma porque es la misma que Fleg Trading ingresó a Brasil para comprar las acciones de Owners do Brasil”, dijo el diputado a este diario.
Como ya informó PáginaI12, Fleg es la offshore creada en 1998 por Franco Macri y Mauricio Macri en Bahamas. Es la misma empresa que no solo estuvo en funcionamiento sino que demostró un nivel intenso de actividad, a tal punto que se convirtió en una fábrica de otras empresas en Brasil para desarrollar servicios de logística, de finanzas e incluso de administración de la tarjeta de crédito Visa.
Para determinar con exactitud la fecha de las operaciones hay que acceder a la documentación que los bancos enviaron a la Comisión Especial que presidió el entonces diputado Eduardo Di Cola e integraron Graciela Ocaña, Manuel Baladrón, María Biglieri, Noel Breard, Franco Caviglia, Guillermo Corfield, María del Carmen Falbo, Alejandro Filomeno y Lorenzo Pepe.
“Ese monto y el total de 58 millones de dólares fugados por las empresas del Grupo Macri, en las cuales el señor Mauricio Macri era accionista y directivo, están dentro del rango de años en los que se desarrollan las actividades de Fleg Trading LTA y Owners en la República Federativa de Brasil”, dijo Martínez.
Como en los archivos bajo guarda figura supuestamente el reporte de cada operación, su fecha, su monto y su destino, de allí es posible conjeturar que podría conocerse a qué cuentas radicadas en el exterior fueron girados los fondos. “Muy probablemente estas cuentas sean las mismas que luego derivaron fondos a las offshore aquí investigadas”, afirmó el diputado por Neuquén.
El pedido
El pedido concreto que hará hoy Martínez es que el juez Casanello requiera “la inmediata apertura del archivo de la Comisión Especial Investigadora sobre Fuga de Divisas de la Honorable Cámara de Diputados y la incorporación al expediente de toda la documentación relacionada con las empresas del Grupo Macri”. También pedirá el registro de operaciones que involucre a las personas físicas bajo investigación: entre otros, Mauricio Macri, Francisco Macri y Mariano Macri.
El fiscal Delgado viene investigando y pidiendo pruebas bajo la carátula “Macri, Mauricio s/infracción art. 303”. La primera parte del artículo 303 del Código Penal establece que será “reprimido con prisión de tres a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito”.
El fiscal se quejó de las dificultades para que sus exhortos lleguen a Brasil y sean contestados en tiempo y forma. El último pedido de informaciones venció cualquier record mundial: volvió en blanco. La respuesta fue la nada. También pidió la ayuda de la Corte Suprema de Justicia para un peritaje fino sobre las maniobras entre las empresas del mismo grupo o hacia empresas de terceros.
Para el pedido que hará hoy Martínez no será necesario ningún trámite diplomático. Tanto Casanello como Monzó pertenecen a poderes distintos de un mismo Estado y un mismo país.
Cuando ese trámite quede cumplido tampoco la pesquisa será fácil, porque la misma Comisión Especial consignó en su informe de 2003 que solo “una proporción minoritaria de las entidades financieras aportó la información en tiempo y forma y respetando los parámetros solicitados”, mientras otra parte respondió fuera de plazo y “la mitad de las entidades no presentaron la información o lo hicieron con una suma de deficiencias tal que resultó imposible su procesamiento”.
La fuga de capitales en sentido estricto, para la Comisión Especial, consistió en las salidas sin contrapartida en adquisición de bienes o servicios reales o financieros.
Pero a la Justicia podría interesarle, en la búsqueda de datos para completar la imputación a Mauricio Macri, las idas y vueltas de las operaciones de comercio exterior, pago de servicios reales como fletes, seguros, regalías alquileres, pago de servicios financieros como intereses, remisión de utilidades y dividendos, pagos de deudas financieras y operaciones de cambio.
Como Presidente, Macri repite la misma letra desde que en abril último el Consorcio Internacional de Periodistas reveló la existencia de los Panama Papers con el registro de miles de sociedades creadas fuera del lugar de residencia de sus propietarios. El último domingo dijo a Clarín que estaba “absolutamente tranquilo con el tema”. Añadió: “no tuve participación accionaria ni cobré dividendos”. Según Macri, “fue una empresa que creó mi padre y nos puso a mí y a mi hermano como directores”.
“Inclusive consultamos a Panamá para estar seguros y dijeron que esa empresa no había registrado movimientos”, declaró. “Me puse a disposición de la Justicia desde el primer día porque mi patrimonio está declarado y siempre lo pudieron ver tanto como jefe de Gobierno como en la presidencia.”
Macri usó la expresión “empresa”, en singular y se refirió a Panamá. La firma creada en Panamá es Kagemusha. Fleg, que es el verdadero objeto de investigación y la empresa que hasta ahora generó las mayores sospechas, fue inscripta en Bahamas.
El pedido concreto que hará hoy Martínez es que el juez Casanello requiera “la inmediata apertura del archivo de la Comisión Especial Investigadora sobre Fuga de Divisas de la Honorable Cámara de Diputados y la incorporación al expediente de toda la documentación relacionada con las empresas del Grupo Macri”. También pedirá el registro de operaciones que involucre a las personas físicas bajo investigación: entre otros, Mauricio Macri, Francisco Macri y Mariano Macri.
El fiscal Delgado viene investigando y pidiendo pruebas bajo la carátula “Macri, Mauricio s/infracción art. 303”. La primera parte del artículo 303 del Código Penal establece que será “reprimido con prisión de tres a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito”.
El fiscal se quejó de las dificultades para que sus exhortos lleguen a Brasil y sean contestados en tiempo y forma. El último pedido de informaciones venció cualquier record mundial: volvió en blanco. La respuesta fue la nada. También pidió la ayuda de la Corte Suprema de Justicia para un peritaje fino sobre las maniobras entre las empresas del mismo grupo o hacia empresas de terceros.
Para el pedido que hará hoy Martínez no será necesario ningún trámite diplomático. Tanto Casanello como Monzó pertenecen a poderes distintos de un mismo Estado y un mismo país.
Cuando ese trámite quede cumplido tampoco la pesquisa será fácil, porque la misma Comisión Especial consignó en su informe de 2003 que solo “una proporción minoritaria de las entidades financieras aportó la información en tiempo y forma y respetando los parámetros solicitados”, mientras otra parte respondió fuera de plazo y “la mitad de las entidades no presentaron la información o lo hicieron con una suma de deficiencias tal que resultó imposible su procesamiento”.
La fuga de capitales en sentido estricto, para la Comisión Especial, consistió en las salidas sin contrapartida en adquisición de bienes o servicios reales o financieros.
Pero a la Justicia podría interesarle, en la búsqueda de datos para completar la imputación a Mauricio Macri, las idas y vueltas de las operaciones de comercio exterior, pago de servicios reales como fletes, seguros, regalías alquileres, pago de servicios financieros como intereses, remisión de utilidades y dividendos, pagos de deudas financieras y operaciones de cambio.
Como Presidente, Macri repite la misma letra desde que en abril último el Consorcio Internacional de Periodistas reveló la existencia de los Panama Papers con el registro de miles de sociedades creadas fuera del lugar de residencia de sus propietarios. El último domingo dijo a Clarín que estaba “absolutamente tranquilo con el tema”. Añadió: “no tuve participación accionaria ni cobré dividendos”. Según Macri, “fue una empresa que creó mi padre y nos puso a mí y a mi hermano como directores”.
“Inclusive consultamos a Panamá para estar seguros y dijeron que esa empresa no había registrado movimientos”, declaró. “Me puse a disposición de la Justicia desde el primer día porque mi patrimonio está declarado y siempre lo pudieron ver tanto como jefe de Gobierno como en la presidencia.”
Macri usó la expresión “empresa”, en singular y se refirió a Panamá. La firma creada en Panamá es Kagemusha. Fleg, que es el verdadero objeto de investigación y la empresa que hasta ahora generó las mayores sospechas, fue inscripta en Bahamas.
martin.granovsky@gmail.com
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