N° 768 - Los fondos rapaces
Por Raúl de Sagastizabal
Por Raúl de Sagastizabal
En 2002, Anne Krueger, Subdirectora Gerente el Fondo Monetario Internacional (FMI), lanzó al ruedo la idea de que los países podían quebrar y expuso su opinión sobre un posible mecanismo internacional de reestructuración de deudas soberanas, y al analizar los impedimentos a una reestructuración ordenada de deudas, mencionó expresamente el comportamiento de los fondos buitres en los siguientes términos:
Otro impedimento para una reestructuración ordenada ha sido la creciente amenaza de acciones legales. Una segunda razón es que los litigantes han superado recientemente una de las barreras tradicionales para demandar a gobiernos deudores, es decir, la dificultad de localizar y confiscar sus bienes. En un caso reciente, por ejemplo, un ‘fondo rapaz’ chantajeó de hecho a Perú al convencer a los tribunales de EE UU y Europa de que le impidieran pagar deudas a otros acreedores. No está claro si esta técnica sobreviviría una recusación legal en casos futuros, pero subraya un problema más general. (Cita textual del texto en español publicado por el FMI)
Ese “fondo rapaz” que chantajeó al Perú es ni más ni menos que Elliot Associates, el fondo que persigue y “chantajea” hoy a la Argentina.
Según la web de la American Task Force Argentina (ATFA), que estos días “aplaude” las presiones sobre Argentina, uno de sus miembros y patrocinadores es Elliot Associates Inc., con lo cual la ATFA no es un grupo más de presión y cabildeo, más o menos cuestionable como cualquier otro grupo de presión, es nada más y nada menos que el grupo de lobby de un fondo rapaz.
Decir entonces que Elliot Associates Inc es un fondo rapaz que “chantajea” a los países que elige como presa no es una mera opinión, es un hecho. Argentina no tiene necesidad de probarlo, ya lo ha dicho el FMI.
No sólo Anne Krueger sentenció a Elliot Associates. El Fondo Monetario había publicado ya en 2001, un documento preparado por el Departamento de Elaboración y Examen de Políticas y el Departamento Jurídico, sobre la participación del sector privado en la resolución de las crisis financieras y en la reestructuración de bonos soberanos, en el que relataba el caso Elliot contra Perú del modo siguiente.
Recuadro 2.6. Elliott Associates versus la República del Perú. El reciente éxito de una estrategia de litigación contra Perú, instrumentada por un comprador de deuda en problemas, podría tener el efecto de alentar a los acreedores a resistirse a participar en futuras reestructuraciones de deudas. En efecto, el comprador de la deuda en cuestión logró presionar a Perú para que le pagara el total de su reclamación, mediante acciones jurídicas que casi forzaron al país a incurrir en incumplimiento [default soberano] de sus bonos Brady.
En octubre de 1995 Perú anunció una reestructuración de su deuda convirtiéndola en bonos Brady en el contexto de un programa respaldado por el Fondo (y la utilización de los recursos del Fondo para ayudar a financiar la compra de garantías para los nuevos instrumentos). En tanto la mayoría de los acreedores bancarios aceptaron participar del intercambio, unos pocos acreedores, con una exposición relativamente pequeña, no la aceptaron en procura de obtener mejores condiciones. Alrededor de 18 meses después que Perú anunció el plan Brady, un grupo de acreedores rapaces denominado Elliot Associated compró US$20,7 millones de préstamos comerciales que habían sido garantizados por Perú. A diferencia de la mayoría de los acreedores, Elliott no aceptó bonos Brady a cambio de sus tenencias de deuda peruana, y en lugar de participar en la reestructuración presentó una demanda en su propio nombre en tribunales de Nueva York. Tras varios procedimientos, en junio de 2000 Elliott obtuvoj una sentencia contra Perú por US$56 millones y una orden de embargo contra los activos de Perú que hubieran de usarse para actividades comerciales en los Estados Unidos.
Elliott persiguió tenazmente la ejecución de su sentencia. Uno de sus objetivos fue el pago de los intereses devengados que debía pagar Perú a los tenedores de sus bonos Brady. Primero Elliott procuró embargar los pagos de intereses de bonos Brady a nivel del Chase Manhattan, el agente fiscal de Nueva York de los bonos Brady, y logró obtener una orden de restricción contra el Chase Manhattan que impedía a esa entidad realizar pagos, alegando que ese efectivo era todavía de propiedad de Perú y que por lo tanto estaba sujeto a embargo para satisfacer la reclamación de Elliott. Segundo, Elliott procuró capturar los pagos a nivel de la cámara de compensación Euroclear, en Bruselas, y consiguió una orden de un tribunal de Bruselas que impedía a Euroclear aceptar pagos o pagar con efectivo recibido de Perú para atender los intereses devengados sobre los bonos Brady. Elliott obtuvo esta orden sin que los demandados Euroclear y Perú tuvieran oportunidad de presentar sus contra argumentos. Uno de los fundamentos utilizados por Elliot fue que Perú, al pagar a los acreedores de bonos Brady en lugar de pagar a Elliott, estaba violando la cláusula de un contrato de préstamo que tenía Elliott, que disponía que los préstamos en cuestión tenían igual rango que todo otro endeudamiento externo (la cláusula pari passu).
Sin suficiente tiempo para apelar las órdenes obtenidas por Elliott, Perú decidió transar con éste para evitar el incumplimiento de pago (default) de los bonos Brady.
Los fundamentos legales en que Elliott basó su litigio, en especial su apelación a la cláusula pari passu son en cierta medida polémicos. Dado que el caso se arregló por acuerdo, estas cuestiones legales no se determinaron en forma definitiva en sede judicial. No obstante, el caso Elliott ilustra la medida en que un acreedor puede ejercer considerable presión sobre un deudor hasta ponerlo en situación en que se vea forzado al incumplimiento frente a otros acreedores.
En la nota al pie de página 8 de este documento el Fondo menciona que esto es congruente con el comportamiento clásico de los llamados “acreedores rapaces”, que compran deuda en problemas a muy bajos precios -generalmente unos pocos centavos de dólar por cada dólar de valor nominal- y luego esperan hasta que se “despeja” el panorama, reestructuración de deuda mediante, antes de presionar por mejores condiciones, en la mayoría de los casos a través de demandas judiciales.
Elliot Associates, al igual que cualquier otro fondo rapaz, tiene una “línea de negocio”: la compra de deuda en problemas con el “propósito y la finalidad de litigar a su respecto.
Luego esperan que el país no pueda pagar, incurriendo en default u ofreciendo reestructurar su deuda con alguna quita, rechazan participar en cualquier plan del gobierno para regularizar su incumplimiento, y reclaman ante tribunales americanos o europeos el pago del valor nominal más los intereses.
Con el mismo modus operandi Elliot Associates compró bonos argentinos.
Paralelamente hacen lobby en otros foros, como ahora contra Argentina, en el Ejecutivo y Legislativo estadounidense alegando que el país no cumple frente a “ciudadanos” y “contribuyentes” americanos, y en su defensa reclaman incluso que Estados Unidos sancione al país deudor.
En el caso argentino, es probable que entre los “bonistas” que no entraron en los canjes haya inversionistas minoristas que se dejaron tentar por los altos intereses que pagaban las emisiones de los bonos argentinos que adquirieron, y probablemente lo hicieran de buena fe, engañados por sus banqueros u operadores financieros que los convencieron que era una operación sumamente rentable y de bajo riego, ya que se trataba de bonos soberanos y los países siempre pagan sus deudas.
Otro impedimento para una reestructuración ordenada ha sido la creciente amenaza de acciones legales. Una segunda razón es que los litigantes han superado recientemente una de las barreras tradicionales para demandar a gobiernos deudores, es decir, la dificultad de localizar y confiscar sus bienes. En un caso reciente, por ejemplo, un ‘fondo rapaz’ chantajeó de hecho a Perú al convencer a los tribunales de EE UU y Europa de que le impidieran pagar deudas a otros acreedores. No está claro si esta técnica sobreviviría una recusación legal en casos futuros, pero subraya un problema más general. (Cita textual del texto en español publicado por el FMI)
Ese “fondo rapaz” que chantajeó al Perú es ni más ni menos que Elliot Associates, el fondo que persigue y “chantajea” hoy a la Argentina.
Según la web de la American Task Force Argentina (ATFA), que estos días “aplaude” las presiones sobre Argentina, uno de sus miembros y patrocinadores es Elliot Associates Inc., con lo cual la ATFA no es un grupo más de presión y cabildeo, más o menos cuestionable como cualquier otro grupo de presión, es nada más y nada menos que el grupo de lobby de un fondo rapaz.
Decir entonces que Elliot Associates Inc es un fondo rapaz que “chantajea” a los países que elige como presa no es una mera opinión, es un hecho. Argentina no tiene necesidad de probarlo, ya lo ha dicho el FMI.
No sólo Anne Krueger sentenció a Elliot Associates. El Fondo Monetario había publicado ya en 2001, un documento preparado por el Departamento de Elaboración y Examen de Políticas y el Departamento Jurídico, sobre la participación del sector privado en la resolución de las crisis financieras y en la reestructuración de bonos soberanos, en el que relataba el caso Elliot contra Perú del modo siguiente.
Recuadro 2.6. Elliott Associates versus la República del Perú. El reciente éxito de una estrategia de litigación contra Perú, instrumentada por un comprador de deuda en problemas, podría tener el efecto de alentar a los acreedores a resistirse a participar en futuras reestructuraciones de deudas. En efecto, el comprador de la deuda en cuestión logró presionar a Perú para que le pagara el total de su reclamación, mediante acciones jurídicas que casi forzaron al país a incurrir en incumplimiento [default soberano] de sus bonos Brady.
En octubre de 1995 Perú anunció una reestructuración de su deuda convirtiéndola en bonos Brady en el contexto de un programa respaldado por el Fondo (y la utilización de los recursos del Fondo para ayudar a financiar la compra de garantías para los nuevos instrumentos). En tanto la mayoría de los acreedores bancarios aceptaron participar del intercambio, unos pocos acreedores, con una exposición relativamente pequeña, no la aceptaron en procura de obtener mejores condiciones. Alrededor de 18 meses después que Perú anunció el plan Brady, un grupo de acreedores rapaces denominado Elliot Associated compró US$20,7 millones de préstamos comerciales que habían sido garantizados por Perú. A diferencia de la mayoría de los acreedores, Elliott no aceptó bonos Brady a cambio de sus tenencias de deuda peruana, y en lugar de participar en la reestructuración presentó una demanda en su propio nombre en tribunales de Nueva York. Tras varios procedimientos, en junio de 2000 Elliott obtuvoj una sentencia contra Perú por US$56 millones y una orden de embargo contra los activos de Perú que hubieran de usarse para actividades comerciales en los Estados Unidos.
Elliott persiguió tenazmente la ejecución de su sentencia. Uno de sus objetivos fue el pago de los intereses devengados que debía pagar Perú a los tenedores de sus bonos Brady. Primero Elliott procuró embargar los pagos de intereses de bonos Brady a nivel del Chase Manhattan, el agente fiscal de Nueva York de los bonos Brady, y logró obtener una orden de restricción contra el Chase Manhattan que impedía a esa entidad realizar pagos, alegando que ese efectivo era todavía de propiedad de Perú y que por lo tanto estaba sujeto a embargo para satisfacer la reclamación de Elliott. Segundo, Elliott procuró capturar los pagos a nivel de la cámara de compensación Euroclear, en Bruselas, y consiguió una orden de un tribunal de Bruselas que impedía a Euroclear aceptar pagos o pagar con efectivo recibido de Perú para atender los intereses devengados sobre los bonos Brady. Elliott obtuvo esta orden sin que los demandados Euroclear y Perú tuvieran oportunidad de presentar sus contra argumentos. Uno de los fundamentos utilizados por Elliot fue que Perú, al pagar a los acreedores de bonos Brady en lugar de pagar a Elliott, estaba violando la cláusula de un contrato de préstamo que tenía Elliott, que disponía que los préstamos en cuestión tenían igual rango que todo otro endeudamiento externo (la cláusula pari passu).
Sin suficiente tiempo para apelar las órdenes obtenidas por Elliott, Perú decidió transar con éste para evitar el incumplimiento de pago (default) de los bonos Brady.
Los fundamentos legales en que Elliott basó su litigio, en especial su apelación a la cláusula pari passu son en cierta medida polémicos. Dado que el caso se arregló por acuerdo, estas cuestiones legales no se determinaron en forma definitiva en sede judicial. No obstante, el caso Elliott ilustra la medida en que un acreedor puede ejercer considerable presión sobre un deudor hasta ponerlo en situación en que se vea forzado al incumplimiento frente a otros acreedores.
En la nota al pie de página 8 de este documento el Fondo menciona que esto es congruente con el comportamiento clásico de los llamados “acreedores rapaces”, que compran deuda en problemas a muy bajos precios -generalmente unos pocos centavos de dólar por cada dólar de valor nominal- y luego esperan hasta que se “despeja” el panorama, reestructuración de deuda mediante, antes de presionar por mejores condiciones, en la mayoría de los casos a través de demandas judiciales.
Elliot Associates, al igual que cualquier otro fondo rapaz, tiene una “línea de negocio”: la compra de deuda en problemas con el “propósito y la finalidad de litigar a su respecto.
Luego esperan que el país no pueda pagar, incurriendo en default u ofreciendo reestructurar su deuda con alguna quita, rechazan participar en cualquier plan del gobierno para regularizar su incumplimiento, y reclaman ante tribunales americanos o europeos el pago del valor nominal más los intereses.
Con el mismo modus operandi Elliot Associates compró bonos argentinos.
Paralelamente hacen lobby en otros foros, como ahora contra Argentina, en el Ejecutivo y Legislativo estadounidense alegando que el país no cumple frente a “ciudadanos” y “contribuyentes” americanos, y en su defensa reclaman incluso que Estados Unidos sancione al país deudor.
En el caso argentino, es probable que entre los “bonistas” que no entraron en los canjes haya inversionistas minoristas que se dejaron tentar por los altos intereses que pagaban las emisiones de los bonos argentinos que adquirieron, y probablemente lo hicieran de buena fe, engañados por sus banqueros u operadores financieros que los convencieron que era una operación sumamente rentable y de bajo riego, ya que se trataba de bonos soberanos y los países siempre pagan sus deudas.
Pero aún en los casos de estos inversionistas “de buena fe”, el afán de lucro pudo más que la prudencia.
Cualquier inversionista y/o ahorrista al que le ofrecen una inversión que paga 10 ó 100 veces más que una operación de mercado corriente sabe que está poniendo su dinero en riesgo, pero privilegia el lucro por sobre el riego y toma la apuesta.
Tras aquellas emisiones Argentina entró en default en 2001 y desde entonces ha tratado de cumplir con sus obligaciones, ofreciendo dos canjes de deuda, a los que ingresaron la mayoría de los bonistas, minoristas y mayoristas, que reconocieron el esfuerzo realizado por Argentina para regularizar su situación y consideraron aceptables las condiciones de los canjes ofrecidos.
Entre los dos canjes, el de 2005 y el de 2010, alrededor del 92,4% de los tenedores de deuda aceptaron el ofrecimiento argentino. Como ejemplo, de los 180.000 bonistas que demandaron a Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), alrededor de 120.000 bonistas ingresaron al segundo canje y se retiraron de la demanda (Caso Abaclat y otros).
Cualquier inversionista y/o ahorrista al que le ofrecen una inversión que paga 10 ó 100 veces más que una operación de mercado corriente sabe que está poniendo su dinero en riesgo, pero privilegia el lucro por sobre el riego y toma la apuesta.
Tras aquellas emisiones Argentina entró en default en 2001 y desde entonces ha tratado de cumplir con sus obligaciones, ofreciendo dos canjes de deuda, a los que ingresaron la mayoría de los bonistas, minoristas y mayoristas, que reconocieron el esfuerzo realizado por Argentina para regularizar su situación y consideraron aceptables las condiciones de los canjes ofrecidos.
Entre los dos canjes, el de 2005 y el de 2010, alrededor del 92,4% de los tenedores de deuda aceptaron el ofrecimiento argentino. Como ejemplo, de los 180.000 bonistas que demandaron a Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), alrededor de 120.000 bonistas ingresaron al segundo canje y se retiraron de la demanda (Caso Abaclat y otros).
El porcentaje de adhesión tira por tierra el argumento de los fondos buitres de que la “oferta” argentina es inaceptable. Vale aquí aclarar que el argumento es falaz, para ellos todas las ofertas son “inaceptables”. En el caso de la reestructuración de la deuda peruana todos los acreedores la consideraron aceptable, salvo dos, Elliot y Pravin Banker; otro de estos fondos.
Según la sentencia de primera instancia de los tribunales de Nueva York en el caso Elliot contra Perú:
De los aproximadamente 180 acreedores elegibles para participar en la reestructuración de la deuda peruana, sólo Elliot y Pravin Banker se rehusaron a hacerlo.
Tal como lo manifestó de manera sucinta el presidente de Elliot, Paul Singer: “el Perú… nos pagaría el íntegro de la deuda o sería enjuiciado”.
Fuera de esos probables pequeños inversionistas de “buena fe” mencionados anteriormente, el resto de los que presionan contra Argentina son “fondos rapaces”.
En Estados Unidos ha habido iniciativas para tipificar la conducta de estos fondos rapaces (”vulture funds”) y de los fondos de cobertura (”hedge funds”) como prácticas prohibidas, es decir delictivas, pero hasta ahora no han tenido éxito. Por el contrario algunos congresistas apoyan abierta y públicamente a estos fondos; entre los cuales: el Senador Marco Rubio, el Senador Mark Kirk, el Senador Connie Mark, etc.
Según la legislación de la propia Nueva York, es delito comprar deuda “con la intención y el propósito de interponer una acción o un proceso judicial con respecto a la misma”. Y esa es precisamente una de las líneas de negocios de Elliot: la compra de deudas con la intención de litigar a su respecto.
Según la sentencia de primera instancia de los tribunales de Nueva York en el caso Elliot contra Perú:
De los aproximadamente 180 acreedores elegibles para participar en la reestructuración de la deuda peruana, sólo Elliot y Pravin Banker se rehusaron a hacerlo.
Tal como lo manifestó de manera sucinta el presidente de Elliot, Paul Singer: “el Perú… nos pagaría el íntegro de la deuda o sería enjuiciado”.
Fuera de esos probables pequeños inversionistas de “buena fe” mencionados anteriormente, el resto de los que presionan contra Argentina son “fondos rapaces”.
En Estados Unidos ha habido iniciativas para tipificar la conducta de estos fondos rapaces (”vulture funds”) y de los fondos de cobertura (”hedge funds”) como prácticas prohibidas, es decir delictivas, pero hasta ahora no han tenido éxito. Por el contrario algunos congresistas apoyan abierta y públicamente a estos fondos; entre los cuales: el Senador Marco Rubio, el Senador Mark Kirk, el Senador Connie Mark, etc.
Según la legislación de la propia Nueva York, es delito comprar deuda “con la intención y el propósito de interponer una acción o un proceso judicial con respecto a la misma”. Y esa es precisamente una de las líneas de negocios de Elliot: la compra de deudas con la intención de litigar a su respecto.
Por incomprensible que parezca Elliot Associates ha logrado hasta ahora evadir la sanción penal prevista en la norma, pese a su “modus operandi” y a su “reincidencia”; ambos puntos servirían de prueba en cualquier tribunal del mundo.
En Europa, que puede enfrentarse a muy corto plazo con cientos de estos litigios, la regulación, prohibición o tipificación de esas conductas tampoco es un hecho, salvo parcialmente en el Reino Unido que aprobó el año pasado una ley que prohíbe a los fondos buitres sacar ventaja de la deuda de los países más pobres de mundo, por lo cual las cortes británicas ya no pueden hacer lugar a demandas de esta naturaleza.
Sin embargo, los fondos buitres no distinguen entre países ricos y países pobres, de hecho actualmente han llenado sus cajas fuertes con bonos de la deuda griega, a la espera de que el país entre en default, o de que Europa imponga una quita preceptiva de la deuda helena.
Que los fondos buitres persigan obstinadamente cobrar el valor nominal de los bonos más cuantiosos intereses sobre deudas compradas por centavos con el propósito ilícito de litigar contra ellas para obtener sumas incontables veces superiores a las que pagaron, es comprensible, porque ese es su comportamiento y es su negocio; como los rapaces, que no abandonan la vigilia hasta comerse los despojos.
Que algunos congresistas americanos hagan lobby por ellos es sumamente reprochable, sin embargo, por duro que parezca también es comprensible: por qué no habrían de hacer lobby a favor de estos fondos rapaces y en contra de un país extranjero, si también lo hacen en favor de la banca que ha depredado la economía de los Estados Unidos y devastado el bienestar del pueblo americano.
En Europa, que puede enfrentarse a muy corto plazo con cientos de estos litigios, la regulación, prohibición o tipificación de esas conductas tampoco es un hecho, salvo parcialmente en el Reino Unido que aprobó el año pasado una ley que prohíbe a los fondos buitres sacar ventaja de la deuda de los países más pobres de mundo, por lo cual las cortes británicas ya no pueden hacer lugar a demandas de esta naturaleza.
Sin embargo, los fondos buitres no distinguen entre países ricos y países pobres, de hecho actualmente han llenado sus cajas fuertes con bonos de la deuda griega, a la espera de que el país entre en default, o de que Europa imponga una quita preceptiva de la deuda helena.
Que los fondos buitres persigan obstinadamente cobrar el valor nominal de los bonos más cuantiosos intereses sobre deudas compradas por centavos con el propósito ilícito de litigar contra ellas para obtener sumas incontables veces superiores a las que pagaron, es comprensible, porque ese es su comportamiento y es su negocio; como los rapaces, que no abandonan la vigilia hasta comerse los despojos.
Que algunos congresistas americanos hagan lobby por ellos es sumamente reprochable, sin embargo, por duro que parezca también es comprensible: por qué no habrían de hacer lobby a favor de estos fondos rapaces y en contra de un país extranjero, si también lo hacen en favor de la banca que ha depredado la economía de los Estados Unidos y devastado el bienestar del pueblo americano.
Raúl de Sagastizabal
Analista y consultor internacionalMontevideo, Uruguay
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