El alegato de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández en el juicio oral por la obra pública de Santa Cruz fue demoledor para las acusaciones. El castillo de naipes construido por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se cayó, como sucede con ese tipo de construcciones, con un soplido.
No era posible otro destino para una acusación que partía de una base digna de una serie de Netflix, la idea de que todo un gobierno es en realidad una asociación ilícita formada antes de asumir el poder y que apostaba a llegar al Ejecutivo para seguir cometiendo delitos.
Esa era la hipótesis de los fiscales. Por eso solo debían buscarse las relaciones entre los supuestos miembros de la asociación. Decir que un gobierno es una asociación ilícita es la confesión de que el único objetivo es político: tratar de demoler un liderazgo en la memoria histórica de la población.
Que gobernar a favor del pueblo quede asociado con un acto delictivo, con la ilusión de borrar esa posibilidad de la faz de la Tierra. Además de darle una lección a la clase política sobre cuáles son los límites que los poderes fácticos argentinos están dispuestos a aceptar dentro de la democracia.
| Vialidad: una causa contra la Constitución |
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La acusación fue pulverizada con elementos sencillos. Los fiscales utilizaban como prueba del supuesto delito los presupuestos aprobados por el Congreso de la Nación porque ahí estaban los fondos para las obras de vialidad en Santa Cruz. Entonces todos los diputados y senadores que aprobaron la ley en el Congreso deberían ser cómplices de la asociación ilícita porque habilitaron el delito. Lo mismo ocurría con los jefes de gabinete, que por obligación legal son los ejecutores del presupuesto.
Y con los gobernadores santacruceños, que impulsaban las licitaciones. Y con la Legislatura provincial, que aprobaba el presupuesto que incluía los giros del Tesoro Nacional para las obras de vialidad. Es lo que ocurre cuando se quiere transformar en delito una política pública: si se hiciera con seriedad y se fuera coherente con el argumento habría que encarcelar a casi todos los funcionarios de varios poderes.
La coherencia, está claro, no era el objetivo de Luciani, sino montar un show para continuar con un juicio que se basa en el sensacionalismo mediático, como la idea de las tres toneladas de pruebas para tapar que en realidad no hay pruebas.
Lo decía el genial Gabriel García Márquez para describir el uso de la hipérbole en el realismo mágico latinoamericano. El escritor colombiano sostenía que si se describía un elefante volando nadie lo creía; en cambio, si lo que se decía es que se había visto a mil elefantes volando, sería más verosímil. La hipérbole ayuda a la verosimilitud. Las tres toneladas de pruebas de Luciani compiten con los elefantes volando del escritor colombiano.
Durante su alegato, Luciani mencionó un caso de corrupción que fue muy importante en España. El denominado caso Gürtel. Como en tantos otros temas, la maquinaria del lawfare juega con la ignorancia del público, porque esa investigación es la antítesis de la que hizo Luciani. https://carasycaretas.org.ar/2022/09/23/la-verdad-versus-el-lawfare |
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