Se habla de un enemigo invisible que, declarando la guerra a la humanidad, ataca a todos por igual. Esa invisibilidad, sin embargo, es iridiscente. El galope de la coronavirus saca las chispas que despojan a la miseria humana de todos los ropajes que la ocultan, descarnando así la bestialidad de una violencia que pasa desapercibida porque se ha naturalizado. De este modo, el desmadre del virus permite que la verdadera guerra empiece a salir a la luz del día.
La acumulación del capital ha dado lugar a nuevas formas de dominación política y de extracción y apropiación de riqueza acumulada, recursos naturales e ingresos de la población mundial. Estas formas, cada vez más centradas en el espionaje y la manipulación de la vida humana, han generado una estructura de poder basada en un grado de concentración de la riqueza, del conocimiento, de la información y de la capacidad de decisión de una magnitud inédita. La pandemia expone la irracionalidad de una organización de la vida social que conduce hacia su destrucción, engendrando una crisis económica y financiera global de magnitud y profundidad desconocidas. Sin embargo, esta estructura de poder no sucumbe. Busca adaptarse a las nuevas circunstancias anegando al mundo con la pestilencia de la impunidad.
El virus no ataca a todos por igual. Provoca los mayores estragos en los sectores sociales física y socialmente más vulnerables. Expone así la otra cara de la concentración del poder: una enorme desigualdad social y la violencia que la hace posible. Esta violencia adopta distintas formas. Su efectividad sin embargo, depende del grado en que, ocultándose bajo la espesa bruma de la costumbre, se convierte en algo natural.
La violencia, en sus distintas manifestaciones, es la savia que corre por las venas de la estructura de poder mundial. Se multiplica tanto en el centro del capitalismo global monopólico como en su periferia. Se extiende por todas las latitudes sin respetar culturas ni regímenes políticos. La coronavirus irrumpe en este contexto y contribuye a mostrar cómo las potencias mundiales, cada vez más enfrentadas en su lucha por la hegemonía, sin embargo comparten mecanismos de control social. La centralización de las decisiones sobre la actividad económica, la fragmentación social y el control de la vida íntima de los ciudadanos son rasgos intrínsecos a la vida en China. Más allá de las diferencias culturales e institucionales, también florecen en los Estados Unidos y se desparraman por el mundo occidental
El sistema de disciplinamiento social de China, obtenido a través del intenso y profundo espionaje de la población y del otorgamiento de un crédito según el desempeño social de cada individuo, espanta a Occidente. Sin embargo, en esta región un puñado de enormes corporaciones tecnológicas ha adquirido un control cada vez mayor sobre la vida individual y colectiva. Operando en la oscuridad, y al margen de toda regulación estatal, han borrado los límites de lo “escalofriante” (creepy line), aquello que alguna vez un alto ejecutivo de Google reconociera como el limite autoimpuesto a la intrusión de la corporación en la vida de los individuos (thecreepyline.com). Ahora, este puñado de corporaciones tecnológicas busca afirmar un control cada vez mayor sobre el mundo. En este contexto aparece la coronavirus.
Tecnología, violencia y pandemia
El capitalismo global monopólico se expande militarizando los conflictos geopolíticos y haciendo de su política económica un instrumento decisivo en la imposición de sus objetivos de hegemonía. La violencia, muchas veces abierta y desembozada, estalla en guerras localizadas que devienen permanentes. Al mismo tiempo, y por otros caminos, la violencia corroe las entrañas de esta organización social y la precipita hacia el caos. La pugna por acrecentar poder y riqueza engendra la violencia de los pocos que tienen mucho sobre la mayoría que poco y nada tiene. La violencia también salpica, desgasta y destruye a algunos de los pocos que, a pesar de tener mucho, son arrasados por el canibalismo de sus pares. Esta doble erosión se ha intensificado en los últimos tiempos, gracias al avance tecnológico y a la capacidad de las nuevas tecnologías para multiplicar el despojo y profundizar e intensificar el control social.
El desarrollo de estas tecnologías ha intensificado la apropiación y extracción de recursos y la maximización de ganancias en todas las dimensiones de la vida social. Al mismo tiempo, ha ampliado y diversificado el campo de lo que es apropiable y puede ser transformado en mercancía y en ganancias. Todas las circunstancias de la vida diaria: desde los mensajes, las ideas, hasta las conversaciones, acciones y sentimientos de los individuos pueden ser monetizados y manipulados por unos pocos para obtener determinados objetivos y ganancias.
La vida íntima puede ser registrada en cámaras y transformada en “datos”. Una vez procesados, estos pueden ser vendidos, agrupados con otros datos y nuevamente vendidos, en un ir y venir semejante a lo que ocurre en el mundo de las finanzas con los activos financieros complejos. La vida y la intimidad de los individuos se transforma en una mercancía, al margen de su conocimiento y de su voluntad. Estas nuevas mercancías rinden ganancias extraordinarias en mercados que especulan con predicciones sobre el consumo futuro. También inducen necesidades futuras de consumo ampliando así el horizonte de las ganancias posibles.
Al mismo tiempo, la tecnología de avanzada, los algoritmos y la inteligencia artificial permiten adentrarse en el control de las acciones individuales y colectivas en todos los ordenes de la vida: desde imponer creencias y noticias falsas hasta inducir ganancias especulativas extraordinarias en los mercados financieros. Así, el avance de la tecnología ha permitido un mayor control sobre las decisiones y acciones colectivas e individuales, en todos los ámbitos de la vida, y en particular en la vida económica y financiera.
Estas intrusiones de la tecnología son hoy aceptadas como algo natural. No se cuestionan. La mayoría de las veces se desconocen. Las mismas, sin embargo, están impregnadas de violencia y son centrales a la reproducción de la actual estructura de poder. La pandemia contribuye ahora a iluminar el rol de las corporaciones tecnológicas y farmacéuticas en la vida diaria y su vinculación con el control social. Por un lado, la necesidad de controlar la enfermedad legitima la utilización de programas, aplicaciones e instrumentos que permiten el seguimiento y vigilancia de las acciones e interacciones de los individuos con un grado de explicitación y legitimidad inéditos y del cual muy difícilmente se podrá volver atrás cuando la pandemia sea erradicada.
Por el otro lado, la necesidad de obtener una vacuna en tiempo récord hace posible una creciente manipulación de los mercados por parte de un puñado de grandes corporaciones farmacéuticas provocando masivas transferencias de ingresos a su favor y un posicionamiento clave para impedir todo intento de control oficial sobre sus ganancias presentes y futuras. En plena emergencia sanitaria mundial, la salud –un bien común— es sustituida por ganancias a cualquier precio para unos pocos. El maridaje entre un pequeño grupo de corporaciones tecnológicas y otro de corporaciones farmacéuticas anticipa un posible futuro caracterizado por un autoritarismo extremo. No hemos llegado todavía a este punto, sin embargo la huella que conduce a ese destino se labra todos los días. Descubrirla es un imperativo. Encontrar sus similitudes con el régimen de control social imperante en China es un desafío ineludible.
Estados Unidos: impunidad en la pandemia
En los Estados Unidos, la economía real se hunde en la recesión: se anticipa una caída del 30% del PBI en el próximo trimestre, mientras la cantidad de desempleados que ya han pedido beneficios sociales supera los 36 millones de personas y el desempleo, incluyendo a los trabajadores no registrados, supera el 20% de la mano de obra empleada (zerohedge.com 10 5 2020). Mientras tanto, el mercado de acciones ruge de satisfacción habiendo recuperado ya buena parte de lo perdido a mediados de marzo.
La intervención masiva de la Reserva Federal desde mediados de marzo —comprando bonos corporativos y activos financieros tóxicos y facilitando financiación con tasas de interés cercanas a cero a grandes corporaciones y bancos en situación precaria— ha aumentado enormemente el control de la Reserva Federal (constituida por un conjunto de poderosos bancos gestionados por un comité elegido por el gobierno) sobre el mercado de activos financieros. Este es hoy 5.6 veces el PBI norteamericano (zerohedge.com 18 5 2020) La intervención en el mercado de bonos corporativos ha dado lugar a la estampida de precios de las acciones de las corporaciones tecnológicas, cinco de las cuales hoy representan el 22% del valor de capitalización de mercado del S& P 500. Este nivel de concentración financiera supera todo lo que se ha conocido hasta ahora.
Por otra parte, la evolución del mercado de acciones también ha sido influenciada por el desempeño de las acciones de un puñado de grandes corporaciones farmacéuticas vinculadas a la producción de una vacuna contra el virus. En este caso, sin embargo, las manipulaciones para provocar aumentos de precios a partir de anuncios falsos, o no sustanciados por datos objetivos, ha estado a la orden del día.
El viernes 15 de mayo, Trump anunció la conformación de un grupo especial (Operation Warp Speed) que tendrá por objetivo impulsar el desarrollo acelerado de la vacuna, sobre la base de los 14 proyectos más promisorios. Trump nombró a Moncep Slaoui como la cabeza científica del grupo (ex Presidente de vacunas, GlaxoSmithKlein) y a Gustave Perna, general en actividad del ejército norteamericano, a cargo de las operaciones de logística. El lunes 18, Moderna, una de las compañías incluidas en el proyecto Warp Speed, anunció resultados muy favorables en la fase 1 de su vacuna, sin revelar los datos en que se basaban estos resultados. Este anuncio provoco un aumento inmediato del 23% en el valor de sus acciones. Aprovechando este aumento, Moderna vendió acciones por valor de 1.300 millones de dólares. Lo mismo hizo su principal ejecutivo con sus acciones (12 millones de dólares) y el propio presidente del nuevo grupo Warp Speed hizo lo mismo con las suyas (10 millones de dólares) (zerohedge.com 19 5 2020; statnews.com 19 5 2020). Dos días después de estos acontecimientos, grupos competidores dejaban trascender que los resultados anunciados por la compañía eran efímeros y basados en pruebas realizadas solo con 8 pacientes. Hacia el final de la semana las acciones de Moderna caían al nivel que tenían antes del anuncio, pero la apropiación de recursos lograda por esta vía quedó impune.
Este no es un hecho aislado. Desde que apareció la pandemia se han sucedido otros casos semejantes. Estas maniobras fueron denunciadas por un conocido científico de Harvard, quien preocupado por la falta de ética y por lo que implican para el desarrollo científico en tiempos de pandemia, involucró en ellas a parte de la prensa, a corporaciones, grupos de investigación, científicos de renombre y a funcionarios del gobierno (washingtonpost.com 19 5 2020, zerohedge.com 19 5 2020).
Estos episodios muestran la impunidad de un puñado de grandes corporaciones que monopolizan el mercado farmacéutico y tienen una relación incestuosa con los miembros del Congreso y funcionarios del Ejecutivo. Esto les ha permitido mantener durante décadas su monopolio y aumentar constantemente sus precios. En los últimos tiempos han logrado eliminar del texto de la ley aprobada por el Congreso para luchar contra la pandemia (Care Act) todo lenguaje que pueda restringir sus derechos de propiedad intelectual y su posibilidad futura de determinar los precios de los medicamentos/vacunas con total independencia de la intervención gubernamental (rollcall.com 17 1 2020 ;opensecrets.org, 27 4 2020; theintercept.com 29 2/ 13 3 2020).
Impunidad, pandemia y muerte en Argentina
Las muertes por Covid-19 de Ramona Medina y de Victor Giracoy, dirigentes sociales de organizaciones barriales de la villa 31 de Retiro, trajeron fugazmente al primer plano de la escena política el abandono, desamparo y expoliación de los sectores más vulnerados de la población. Estas muertes no fueron casuales, sino consecuencia de una estructura de poder altamente concentrada que ha arrojado a buena parte de la población a la miseria y a la indigencia. Podrían haber sido evitadas si el gobierno de la Ciudad hubiese dado respuesta a sus persistentes y públicos reclamos de agua potable, elementos básicos de higiene, alimentos y un protocolo específico a las necesidades de la villa para impedir un contagio generalizado. Pero los reclamos fueron ignorados y se continuó invisibilizando el drama de la miseria, amenazada ahora por la pandemia.
Esta indiferencia expresa la pestilencia de la impunidad que transpira por los poros de una estructura de poder que viene de lejos, y batalla día a día para perpetuarse habiendo perdido los resortes del poder político nacional. Es la misma impunidad que emana de las demandas y acciones de organizaciones empresariales dispuestas a jaquear políticas que consideran populistas, algo que consideran más peligroso que el coronavirus. Por eso apuran el levantamiento de la cuarentena, aunque esto multiplique las muertes; despiden, suspenden y recortan salarios, aunque esto esté prohibido en cuarentena; buscan que el Estado les pague los salarios al mismo tiempo que especulan dolarizando activos y haciendo saltar el tipo de cambio; retienen producción y liquidación de divisas mientras especulan, dolarizan y fugan a través del intrincado mercado de cambios.
Estos sectores se beneficiaron con las políticas de Macri y ahora se niegan en los hechos a colaborar con el gobierno. Su impunidad es compartida por los bancos que, vanagloriándose de que «el sistema financiero está para recontra bancar la pandemia” porque “tiene niveles récord de solvencia y liquidez en dólares” (ámbito.com 20 5 2020), retacean financiación a pymes y empresas —aunque el gobierno haya garantizado estos créditos— y las llevan a un ahogo financiero cortando incluso las líneas de crédito al descubierto (bae.com 11 5 2020).
La pestilencia de la impunidad también emana del categórico rechazo de estos sectores a cualquier contribución especial para enfrentar los gastos de la pandemia, cuando el 90% de los argentinos vive en un hogar que recibe algún ingreso o ayuda del Estado. Esta impunidad también se filtra a través del espanto de los medios concentrados ante“ la definición política mas importante, cuando el gobernador Kicillof dijo delante del Presidente Alberto Fernández, en una compañía automotriz y en un tono complicado, que la normalidad ya no existe más”, de esto han “derivado populismos radicalizados” (infobae.com 21 5 2020). La normalidad es para estos sectores la impunidad para concentrar poder y ganancias.
Así el embate de coronavirus ha puesto al desnudo una relación de fuerzas que juega en contra del gobierno. Mas allá de la popularidad lograda por el Presidente en su manejo de la pandemia, la temperatura política puede alterarse drástica y rápidamente si los sectores concentrados de la economía y sus dirigentes apuestan al caos financiero, cambiario y de precios, aprovechando la fuerte emisión monetaria que el gobierno tiene que hacer para mantener los ingresos de la población durante la pandemia y la crisis. El gobierno se encuentra enfrascado en la reestructuración de la deuda y cree que la situación financiera y cambiaria del país cambiará cuando se cierre la negociación. Sin embargo, la magnitud y profundidad de la crisis económica y financiera internacional, la inminencia de una avalancha de defaults corporativos y de países, la devastación de la economía local equivalente a los estragos de una guerr y la creciente impunidad con que actúan localmente los sectores que concentran el poder económico, arrojan dudas sobre la posibilidad de que estas demandas se calmen una vez reestructurada la deuda, y que esta última sea sostenible en los términos originalmente pactados. Mas bien, pareciera que se avecinan tiempos de mucho conflicto interno que requerirán una fuerte intervención del Estado en la economía y en las definiciones políticas para poner limites drásticos a la impunidad de los sectores más poderosos y encaminar al país hacia una reactivación de la producción basada en los esfuerzos y recursos propios y buscando la inclusión social y un desarrollo nacional e independiente.
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