Una multitud de peritos, acaso inédita, firmó por unanimidad el informe de la autopsia del cuerpo de Santiago Maldonado. La participación del Equipo Argentino de Antropología Forense, de impecable y bien ganada reputación, le confiere una credibilidad elevada e infrecuente. El informe es, hasta donde llega, una evidencia irrefutable.
El juez federal Gustavo Lleral divulgó sintéticamente las conclusiones, analizadas a fondo ayer en este diario por los colegas Irina Hauser y Raúl Kollmann. Santiago murió de asfixia por inmersión. Sucedió en el río Chubut aunque no se puede precisar si en el mismo paraje en el que fue hallado el cuerpo. No fue plantado, permaneció en el agua un lapso que pudo llegar a 73 días o sea que es posible que la muerte haya ocurrido el primero de agosto. No hay señales de golpes o lesiones. Según un documento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) la muerte fue un proceso que condujo primero a adormecimiento de los miembros, reduciendo la capacidad de moverse. Luego derivó en un desvanecimiento que terminó con la sumersión. Se trató, pues, de una muerte violenta por asfixia por sumersión coadyuvada por hipotermia.
Una multitud de peritos, acaso inédita, firmó por unanimidad el informe de la autopsia del cuerpo de Santiago Maldonado. La participación del Equipo Argentino de Antropología Forense, de impecable y bien ganada reputación, le confiere una credibilidad elevada e infrecuente. El informe es, hasta donde llega, una evidencia irrefutable.
El juez federal Gustavo Lleral divulgó sintéticamente las conclusiones, analizadas a fondo ayer en este diario por los colegas Irina Hauser y Raúl Kollmann. Santiago murió de asfixia por inmersión. Sucedió en el río Chubut aunque no se puede precisar si en el mismo paraje en el que fue hallado el cuerpo. No fue plantado, permaneció en el agua un lapso que pudo llegar a 73 días o sea que es posible que la muerte haya ocurrido el primero de agosto. No hay señales de golpes o lesiones. Según un documento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) la muerte fue un proceso que condujo primero a adormecimiento de los miembros, reduciendo la capacidad de moverse. Luego derivó en un desvanecimiento que terminó con la sumersión. Se trató, pues, de una muerte violenta por asfixia por sumersión coadyuvada por hipotermia.
Hasta ahí llega, en sustancia, el dictamen que echa luz sobre parte de lo sucedido mientras deja pendiente develar hechos sustanciales para “reconstruir la historia” como bien dijo el juez.
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El Gobierno y sus medios orgánicos deducen, capciosamente, que se ha probado la inocencia de la Gendarmería, la inexistencia de delito y la mendacidad de la familia, los organismos de derechos humanos y la prensa no alineada con el oficialismo. La conclusión es tan aviesa como el comportamiento del Ejecutivo y del anterior juez (Guido Otranto). La investigación está abierta, con más elementos que un mes atrás.
La propaganda oficial funciona de modo eficaz, abrumador. El consultor Jaime Durán Barba reacomoda a la etapa, afortunadamente más light, premisas de Goebbels: una narrativa “entradora” no requiere detalles, ni coherencia. A menudo los repele.
Si se tratara de “cerrar” el relato macrista, combinándolo con hechos probados se llegaría a una conclusión asombrosa.
Repasemos los hechos, probados en las causas judiciales y por filmaciones o fotografías muy divulgadas.
Santiago Maldonado estuvo en la manifestación, fue atacado con violencia ilegal por una caterva de gendarmes que portaban y usaron piedras y armas, que perseguía a un pequeño puñado de personas movilizadas. Todos los agredidos huyeron, llegaron al río o lo cruzaron.
En ese contexto brutal, en la orilla del Chubut, se interrumpen las certezas, que ahora agrega otra; el joven se internó en el río, voluntariamente o forzado.
Si se estirara la hipótesis oficial, Maldonado (que no sabía nadar, le tenía miedo al agua y llevaba más de 30 kilos de ropa siendo bastante delgado) se zambulló por placer, por afán de hacer deporte o por pura necedad. La teoría no está acreditada ni es verosímil.
La sumersión en el río, helado por añadidura, ocurre en el contexto de una agresión calificada que autoriza a pensar otras hipótesis para ser investigadas.
Repetimos lo enunciado tantas veces en esta columna: una sospecha es menos que un procesamiento, éste es menos que una condena. Esto asumido, la sospecha sobre el accionar de los uniformados (todos, algunos, alguno) persiste.
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A título de hipótesis a corroborar pueden imaginarse desenlaces menos incoherentes que los que trata de imponer la prédica macrista.
n Maldonado pudo ser instado de modo irresistible, aterrado o empujado al agua lo que tipificaría alguna variante de homicidio preterintencional o doloso. Preterintencional es el obrar delictual que causa un daño superior al buscado por su autor.
n Los gendarmes, que estaban a metros del sitio en que se produjo el hallazgo macabro, lo vieron caer y no lo auxiliaron o hasta le impidieron recobrar la orilla. Podría tipificarse como abandono de persona o hasta como un asesinato similar al del pibe Ezequiel Demonty.
De nuevo y, por último, se trata de posibilidades más creíbles que un cuasi suicidio.
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La revelación de la autopsia dejó sin sustento en todo o en parte testimonios o información periodística. Algún testigo refirió haber visto a Santiago cargado en una camioneta de Gendarmería, por ejemplo.
Del otro lado, quedaron desvirtuadas las versiones que ubicaron al joven en un pueblo habitado por centenares de clones igualitos a él. O haciendo dedo en Entre Ríos. O cortándose las rastas en otra comarca. O practicando karate.
Las responsabilidades del Gobierno y de ciudadanos comunes son diferentes. No gravitan igual exabruptos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que los de un integrante de la comunidad mapuche. Ni aún que los de una celebridad como Diego Maradona o un artista popular reconocido. Bullrich tiene, literalmente, mando de tropa que responde a sus órdenes y opera motivada o empoderada por su palabra. Los asesinatos de José Luis Cabezas, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán son precedentes de desmadres de uniformados, retraduciendo mensajes agresivos de jefes o autoridades superiores.
Tampoco son equiparables la mirada de un particular envuelto de un episodio violento en el que es agredido física y verbalmente y se le queman sus pertenencias versus la de un funcionario o un formador de opinión en el confort de una oficina acondicionada, días después.
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Dos poderes del Estado entorpecieron la pesquisa temprana, la propia búsqueda de Maldonado. Solo se movieron cuando los presionaron la reacción social, transversal y pluripartidaria, unida a reclamos de organismos internacionales. Y, por cierto, el activismo sistémico de las querellas y los familiares.
Le negativa oficial fue vencida y da pavor qué hubiera pasado en caso contrario.
Otro capítulo reprobable es la conducta de distintas patas de la coalición Cambiemos con relación a los familiares de Maldonado. Otranto se negó a recibirlos, Bullrich y Macri no les dirigieron la palabra, se los vituperó. El clímax, una escena digna de la historia argentina de la infamia, se produjo cuando Sergio Maldonado y su compañera cuidaron durante horas el cadáver flotante (y, ahora lo sabemos) reconocible de Santiago para impedir que se alteraran las pruebas o se rompiera la cadena de custodia. Les sobraban motivos y desamparo para asumir el calvario.
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Se recomienda el ya mencionado documento del CELS -Diez preguntas y respuestas sobre el caso Santiago Maldonado CELS https://www.cels.org.ar/.../diez-preguntas-y-respuestas-sobre-el-caso-de-santiago-maldonado...
Vale la pena leerlo, es más preciso y completo que esta columna, que lo toma como fuente, entre otras.
Caratular a la causa principal como “desaparición forzada” era lo adecuado conforme la normativa internacional mientras el cuerpo no se hallaba, cuando medió un hecho estatal violento y reticencia de las autoridades para investigar.
Imputar a las partes haber “embarrado la cancha” es uno de los típicos abusos de la metáfora que camuflan la falencia argumental. Las potestades del juez y las autoridades ejecutivas son amplísimas en la etapa sumarial, se hace cuesta arriba fantasear qué escollos insalvables pueden interponerle las partes o las querellas. De cualquier manera, no las hubo.
También es flojita, en cualquier acepción del término, la excusa de no haber podido rastrillar en tiempo y forma por invocadas interferencias de la comunidad mapuche. El magistrado, las autoridades políticas, disponen de sobrados recursos para cumplir su cometido, sin necesidad de apelar a la brutalidad.
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Los expedientes deben seguir su curso, los principales sospechosos son los de siempre, desde el comienzo.
La responsabilidad penal es estricta, rige la presunción de inocencia aunque en Comodoro Py se piense de otra manera. Verificar qué pasó, reconstruir judicialmente la historia, saber qué empujó al río a Santiago es un cometido dificultoso. Los testigos posibles son gendarmes (unidos por pactos corporativos) y mapuches, con sobradas cuitas y recelos sobre los poderes públicos.
De todos modos, debe intentarse. Tanto como arropar a los familiares-víctimas, que jamás quisieron ocupar ese lugar, que se comportaron con nobleza y sin altivez, que dieron lecciones de democracia y periodismo a hordas que los maltrataron. Para ellos el abrazo, la empatía… dan ganas de decir el pedido de disculpas por lo que otros les hicieron.
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