Decir que el ajuste no cierra sin represión es una frase hecha. Decir que el estigma mata es una evidencia histórica. Lamentablemente los mapuches de Villa Mascardi aportaron la última víctima. Con una tremenda coincidencia, además: la muerte se produjo el mismo día del velatorio de Santiago Maldonado.
La Justicia establecerá, quizás, quién mató. Está claro, entretanto, que Maldonado murió por asfixia e hipotermia. Está claro que esa muerte ocurrió, como mínimo, en el contexto de un operativo ilegal de represión de la Gendarmería, una fuerza federal. Y anoche parecía confirmarse que el mapuche muerto en la zona de Bariloche había recibido balas de plomo. Podrían ser balas de fuerzas federales bajo el mando del Ministerio de Seguridad, según se informa en estas mismas páginas. Dos fuerzas federales más, Prefectura y Policía, habían participado en los últimos días de un desalojo en la zona de Villa Mascardi. Luego del desalojo habían rastrillado el área en busca de mapuches que pudieran haberse quedado en el terreno. Como el operativo que terminó con la muerte de Maldonado, fue una acción en varios pasos con estructura de razzia.
Ya antes de la desaparición inicial de Maldonado, el 1° de agosto, el Gobierno nacional comenzó a instalar el identikit de un peligroso enemigo interno.
Punto uno, el enemigo estaría integrado por mapuches.
Punto dos, los mapuches tendrían una vanguardia violenta, RAM, Resistencia Ancestral Mapuche.
Punto tres, RAM estaría vinculada a sectores mapuches violentos de Chile.
Punto cuatro, quienes se preocupan por la violaciones de los derechos humanos de los mapuches, incluso cuando a menudo no acuerden con sus métodos, son temibles abogados que ponen por delante el principio del debido proceso.
Punto cinco, esos abogados no dudan en abrogar la soberanía nacional y, reivindicando el derecho internacional de los derechos humanos, llegan a terminales en las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana.
Punto seis, el kirchnerismo y la izquierda alientan los conflictos porque piensan que cuantos más muertos mejor: terminarán desgastando al Presidente.
El pequeño problema es que los prejuicios, cuando son alentados desde el aparato estatal, a la larga siempre implican hechos. Son lo más parecido a una profecía autocumplida. La estigmatización de los sindicatos busca liquidar su poder de negociación. O atenuarlo, al menos. La estigmatización de los mapuches puede servir para crear un chivo expiatorio, siempre útil en tiempos de crisis económica. También es eficaz para lograr mejores condiciones en la disputa por territorios valiosos. Hace 30 años el valor de la tierra en una zona escarpada podía medirse por la capacidad de pastura para las cabras. Hoy los animales siguen existiendo pero además hay petróleo, minería y emprendimientos turísticos seis estrellas. Todo eso en el contexto de lo que ya existe: buena parte de la Patagonia en manos de Benetton y enclaves de potentados dignos de Forbes como Joseph Lewis.
El látigo del oficialismo no perdona. Elisa Carrió intervino el distrito Río Negro de la Coalición Cívica. De allí es oriunda la senadora nacional Magdalena Odarda, una de las figuras legislativas que impulsó la prórroga de la ley 26.160, la que estipula seguir con el relevamiento de comunidades originarias en litigios territoriales por cuatro años más y, por lo tanto, evitar los desalojos. Odarda incluso acompañó cabalgatas para forzar las tranqueras de Lewis y reivindicar el acceso público a los lagos.
Mientras, todavía no hay evidencia alguna de la existencia física de RAM. Hay sectores minoritarios dentro de los mapuches que desconocen la soberanía estatal chilena y argentina, como es el caso del detenido Facundo Jones Huala, pero ni las fuerzas de seguridad de la Argentina y de Chile presentaron aún pruebas de que exista un grupo armado que tenga posibilidades de desafiar al poder estatal. El anarquismo no es delito. El delito de opinión no existe. En cuanto a las acciones concretas, un documento del Centro de Estudios Legales y Sociales sobre el caso Maldonado emitido el viernes sostiene que referirse a los mapuches como “terroristas” es “una calificación que implica sostener que son una amenaza seria para el Estado argentino y para sus habitantes”. Y agrega: “Esta caracterización desproporcionada del conflicto busca justificar respuestas estatales represivas y acciones de inteligencia ilegal”. Es decir: sin endosar cada una de las acciones de los grupos mapuches radicalizados, el CELS explica la riesgosa lógica del Estado. Una lógica que puede derivar en muertes. La conclusión no surge de juzgar malas intenciones. Es pura constatación de hechos.
El periodista Santiago Rey, que edita la valiosa web “En estos días”, desarmó con hechos, justamente, una maniobra urdida por el jefe de los fiscales de Neuquén, José Ignacio Gerez. El fiscal general había realizado varios operativos en los que promocionó el supuesto hallazgo de “cinco armas de guerra” y “material de cartelería, folletería, bibliografía y stencil relacionados con el RAM y especialmente con la liberación y no extradición de Jones Huala”. Rey demostró que una de las casas allanadas fue la de Eduardo Paris, ex detenido y torturado durante la última dictadura. Otra, la de su hermano. Y también la de su sobrina. Paris dijo al periodista que las “cinco armas de guerra” era, en verdad, armas viejas para cazar, tres de ellas casi en desuso. Una de ellas pertenecía a su abuelo. En cuanto a su sobrina, dijo que militaba en solidaridad con los mapuches perseguidos. Como Maldonado.
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