El abogado Marcelo Parrilli, del Centro de Abogados por los Derechos Humanos (Cadhu), presentó una denuncia en los Tribunales de Comodoro Py por “avasallamiento de derechos y garantías” contra el juez Ariel Lijo, que dispuso la prisión preventiva de Amado Boudou en una causa sin sentencia ni juicio, y contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la filtración de imágenes del momento de la detención. El ex funcionario alertó que hubo “detenciones irregulares, totalmente apartadas de las normas procesales”, y acusó a ambos por los delitos de violación de los deberes de funcionario público.
“Observo, con preocupación, como militante de los derechos humanos y como abogado, una creciente tendencia actual a retroceder en el terreno de los derechos y garantías relativos a muchos aspectos del derecho”, señaló Parrilli, tras la detención del ex vicepresidente, que cosechó críticas de numerosos juristas y defensores de los derechos humanos en el país por considerarla “persecutoria”.
En su denuncia, Parrilli apuntó directamente contra Lijo, porque fue quien impartió la orden que “sometió a la persona detenida a un vejamen absolutamente prohibido por nuestra legislación interna como así también por las normas de derecho internacional”. El denunciante hizo extensiva su acusación contra la ministra Bullrich porque destacó que el hecho denunciado "es de particular gravedad" porque "demuestra un alto grado de descomposición institucional y personal por parte de quienes intervinieron dirigiendo e instrumentando el procedimiento de detención”.
En el documento presentado esta mañana en Comodoro Py, Parrilli dedicó un apartado extenso a la filtración de fotos del momento de la detención del ex vicepresidente. El ex funcionario denunció que existe “una política sistemática, en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación, destinada a difundir ilegalmente imágenes, también ilegalmente obtenidas, en el momento de la detención de ex funcionarios del gobierno anterior”.
Por este hecho, culpó directamente a Bullrich y relacionó lo ocurrido el viernes con los “antecedentes similares” de otras filtraciones de ex funcionarios llevados presos que tienen “el sólo objeto de someterlos al escarnio y humillación públicos y sin vinculación alguna con cualquier necesidad del procedimiento de aprehensión”. En este apartado cita directamente el caso del diputado Julio De Vido, que fue fotografiado saliendo esposado de Comodoro Py a mediados de octubre.
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