Hay gente que no quiere ver, entonces hay que mostrarles la verdad de la historia de todas las maneras posibles. Por eso son necesarias estas acciones”, explicó la Abuela de Plaza de Mayo Alba Lanzillotto, mientras aguardaba a la sombra de uno de los pocos árboles que decoran el afuera del predio donde funciona el Grupo de Prevención Motorizada de la Policía de Buenos Aires, en el partido de Esteban Echeverría, la señalización del lugar como ex centro clandestino de detención. Es que allí, en 1976, funcionó el chupadero conocido por las hasta ahora pocas sobrevivientes como “la 205”. Ana María Lanzillotto, una de las hermanas que Alba perdió en manos de la última dictadura cívico militar, es una de las pocas víctimas que, se sabe, pasó por allí.
La demarcación del predio, que tuvo lugar ayer a las 18 y contó con la participación de Lanzillotto, las sobrevivientes Liliana Latorre y Catalina Alaniz, familiares de víctimas de centros clandestinos localizados en los alrededores y militantes de la zona, dejó un cartel pintado a mano que detalla el uso que tuvo el espacio durante la última dictadura cívico militar. “Aquí se cometieron delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de estado”, sentencian las letras negras sobre la chapa blanca que cuelga pequeñita en comparación con el chapón gigante que presenta al predio como dependencia de la Bonaerense. El cartel militante también denuncia que el ex centro clandestino funcionó bajo la órbita de Ramón Camps, mandamás de la Policía Bonaerense terrorista, y que estuvo comandado por el subcomisario Walter Acosta, que por el momento permanece apartado del proceso judicial por cuestiones de salud (ver aparte).
Es que para realizar la típica instalación de señalización de centros clandestinos que durante años anteriores desarrolló la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, esa que ubica en las afueras de esos lugares tres grandes columnas de concreto sobre las que se enarbolan, grabadas, las palabras “memoria”, “verdad” y “justicia”, es necesaria una iniciativa oficial, sea del gobierno nacional, del provincial o del municipal, que por ahora no apareció. El impulso al acto lo dieron jóvenes militantes de la zona. “Hablamos con el Municipio de Esteban Echeverría, pero no nos dio una respuesta. Hace un año y medio que cerró su secretaría de Derechos Humanos”, contó Alan Muñoz, de la Juventud Peronista de El Jagüel, partido de Esteban Echeverría. La agrupación juvenil tuvo la iniciativa de llevar a cabo la demarcación del lugar como ex centro clandestino de detención pese a la ausencia del Estado en la faena, así como también trabajó en su identificación. En el marco del programa Jóvenes y memoria, durante 2016, algunos miembros de la JP se acercaron junto a estudiantes del partido a vecinos de la zona que alertaron sobre el funcionamiento del predio como centro clandestino. Esos datos, más una investigación de Ricardo Poggi, trabajador de la Secretaría de derechos Humanos de la Nación, y los testimonios de Latorre, Alaniz y Ana Ramona Sánchez en el proceso judicial que lidera el juez federal Daniel Rafecas acabaron en la 205, que fue inspeccionada por las sobrevivientes y personal del Juzgado el pasado diciembre.
La señalización del lugar sirvió también para reconocer a quienes pasaron por allí y quienes aportaron a “la memoria, la verdad y la justicia”. Para los jóvenes militantes de Esteban Echeverría fue una plataforma desde donde reclamar “un sitio de memoria para el municipio”, apuntó Muñoz. Quieren que funcione allí, en la 205. Según Pablo Llonto, el abogado de las sobrevivientes, la visibilización sirve, además, como impulso a la investigación. Para las sobrevivientes y los familiares de las víctimas, en tanto, la cuestión es más emocional. Lanzillotto se enteró a principios de mes de que la 205 fue el último centro clandestino que su hermana Ana María pisó antes de parir a su sobrino Maximiliano, que fue robado, entregado a un matrimonio y apartado de su familia verdadera hasta el año pasado, cuando recuperó su verdadera identidad. “Estos descubrimientos son para nosotros como pequeñas piezas que vamos sumando al rompecabezas que son las vidas nuestras, la de los familiares de desaparecidos y asesinados por los genocidas”, interpreta la Abuela de Plaza de Mayo. Ana María fue secuestrada por la última dictadura al igual que su compañero, Domingo Menna, dirigente del PRT. Pasó por los centros clandestinos de Campo de Mayo y Puente 12, además de la 205. Luego, fue fusilada.
El rompecabezas de sus últimos meses de vida recibió ayer una pieza más, cuando su hermana Alba conoció a Catalina Alaniz y a Liliana Latorre, dos de las hasta ahora únicas tres sobrevivientes de la 205. Catalina le contó a Alba de Ana María, a quien había conocido en Puente 12 y con quien fue trasladada –junto a un grupo más grande en el que estaban incluidas Latorre y Sánchez– a la 205. Le contó de su fortaleza, de su “enorme panza” y de su trabajo de parto entre los camastros de ese sitio al que, ayer, espiaban desde detrás de los alambrados que la Bonaerense cubrió con mediasombra. Y le regaló una “alegría”, como quiso definir Lanzillotto: “Quedate tranquila que no la lastimaban, no la molestaban”, dijo Catalina. “Eso me da paz”, respondió la Abuela.
A Catalina lo que le trajo “un poco de paz” fue el acto de señalización del último lugar en donde estuvo secuestrada durante el terrorismo de Estado. “Es conmocionante estar acá para nosotras, pero de alguna manera sirve para cerrar heridas. Cuando vinimos a reconocerlo en diciembre fue muy fuerte atravesar el portón de entrada y tener sentir en todo el cuerpo la certeza de que éste fue el último paso antes de salir del infierno”, concluyó.
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