31 de enero de 2017
La idea de no dejar entrar al país o expulsar rápidamente a extranjeros sólo se aplicará a bolivianos, peruanos, colombianos y paraguayos. Y sólo a pobres, no a cualquiera de esa nacionalidad. Los morochos son los sospechosos.
En un año electoral, el objetivo del gobierno es hacer ruido. Ni siquiera las medidas enumeradas en el decreto van a tener efectividad. Es una jugada política destinada a echarle la culpa a los extranjeros de los problemas argentinos y tal vez sacar algunos votos más. Por supuesto que ya teníamos nuestra cuota de xenofobia y ahora, al calor de Donald Trump, pretenden diluir que buena parte de nosotros somos hijos o nietos de inmigrantes. Mi mamá, próxima a cumplir 103 años, entró al país de manera ilegal huyendo de los campos de concentración del nazismo en los que asesinaron a sus padres cuando llegó el tren a Auschwitz, el 11 de octubre de 1944.
Los funcionarios de Migraciones dijeron ayer que se impide el ingreso al país de unas 14.000 personas por año. ¿Por qué razones? Documentos deteriorados, documentos vencidos, niños que vienen sin los papeles requeridos, personas que vienen de turistas y no tienen ni un peso, chicos colombianos a los que traen para que se prueben en clubes de fútbol y los dejan abandonados a su suerte.
Como es obvio, ningún jefe o cuadro medio narco viene en esas condiciones. Es más, lo normal es que lleguen defendidos por grandes estudios de abogados. Tal vez el narco más famoso, blanqueado la semana pasada por Estados Unidos como confidente de los servicios norteamericanos, Henry de Jesús López Londoño, alias “Mi Sangre”, no entró a la Argentina con un documento colombiano a su nombre, sino con uno venezolano, auténtico, pero a otro nombre. Es decir que el rechazo será esencialmente a morochitos, no a grandes o medianos narcos.
Una parte importante de los extranjeros que están en prisión son las llamadas mulas, personas que no pensaban pedir la residencia en la Argentina ni querían quedarse a vivir aquí. No eran ni querían ser inmigrantes. Son hombres y mujeres humillados, destrozados, que muchísimas veces traen la droga en el estómago como carne de cañón de los narcos. Como explicaron en este diario Diego Morales y Marcelo Trufo, del CELS, el delito de narcotráfico es transnacional, se trata de personas extranjeras ingresando a distintos países. Por eso comparar las cifras de presos extranjeros por narcotráfico con la proporción de presos en general tiene poco sentido. Por eso, además, la mitad de los argentinos presos en el mundo están imputados por narcotráfico, muchos de ellos también usados como mulas en Europa.
Expulsar a un inmigrante por tener un procesamiento confirmado es inconstitucional porque en la Argentina una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y eso queda establecido con una sentencia firme. Ahora, nuevamente, los afectados serán los humildes, los que no tendrán un abogado con peso para pelear, argumentando la inconstitucionalidad contra una decisión semejante de Migraciones.
Sin embargo, lo habitual es lo contrario. Ningún juez suele dar el visto bueno para la expulsión de un ciudadano procesado por un delito cometido en la Argentina. El magistrado quiere que se lo juzgue y, de acuerdo a la ley, que cumpla al menos con la mitad de la condena. Fue lo ocurrido con el célebre ladrón Luis Mario Vitette Sellanes, aquel que encabezó la banda de boqueteros que robó el Banco Río de Acasusso. Vitette sabía que quedaría libre en Uruguay ni bien se lo expulsara de la Argentina. Por ello peleó para que lo echaran. Los jueces se resistieron hasta que cumplió la mitad de la condena. Queda claro que los ricos tienen la estructura para ingresar e incluso los medios para que los expulsen, cuando ellos quieren.
Se ha dicho que las aerolíneas tendrán que informar si las personas que traen al país tienen antecedentes. En rigor, lo que entregarán será una lista de pasajeros que, luego, será cruzada con bases de datos que permitan saber si el que llega tiene antecedentes.
Los que tienen experiencia en migraciones cuentan que:
- La base de datos de Interpol sólo incluye a personas con capturas o búsquedas o con alertas. Es un cruce que ya se hacía con el Director de Migraciones anterior, Martín Arias Duval, en época del kirchnerismo. Hay que aclarar que Interpol no tiene base de datos de antecedentes.
- Ni siquiera es sencillo distinguir a personas por la base de datos de Interpol. La información no está depurada, muchas de las búsquedas están vencidas y con un mismo nombre, por ejemplo, Juan Sánchez, hay centenares de individuos. De todas maneras, Migraciones tiene la conexión desde hace años.
- Los convenios con los países son deficitarios. Por ejemplo, Estados Unidos alerta poco y nada y por lo general lo hace únicamente con las personas imputadas de pedofilia o algún caso especial. Nunca migraciones de Estados Unidos alertó por alguien que tuvo antecedentes por delitos económicos. El cuadro es similar al de las cárceles norteamericanas: muchos negros y latinos, muy pocos blancos.
- Hay convenio con Colombia pero la información es poco confiable. El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue disuelto porque siendo el encargado de la documentación se descubrieron casos en que se vendieron a narcos pasaportes con identidades cambiadas. Lo mismo pasa con otros países. La mayoría informa lo que quiere.
Es decir, que esa novedad busca hacer mucho ruido, mucha publicidad política, pero habrá poco cambio. El narco de más o menos nivel esquivará estos listados poco confiables.
El resultado global es el que transmiten los expertos. Ellos suelen decir que el delito se combate con una buena política social, buena política e inteligencia criminal. No con leyes migratorias.
Raúl Kollman
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