Desde hace unos años que eso se termino, Magnetto, su cara, su vida, sus delitos ya no son privados, ahora son públicos, esta completamente expuesto al país y al mundo.
Veamos quien es el MAFIOSO HECTOR MAGNETTO
LAVADO DE DINERO:
FONDOS FUGADOS
Los 200 investigados por lavado de dinero en la República Argentina
Un “arrepentido” de JP Morgan en Nueva York reveló cómo empresarios argentinos sacan dólares del país.
En la lista de sospechosos figuran Magnetto (a la derecha en la foto) de Clarín, Blaquier, Costantini, Bemberg y Cartellone.
Por Jorge Lanata
De izquierda a derecha, José Antonio Aranda, miembro del directorio de Clarín, y Héctor Magnetto, gerente general del Grupo, a la salida de una reunión de Papel Prensa, en abril de 2008.
Cuando Diego Slupsky, secretario del Juzgado Federal Nº 12, entró a las oficinas del JP Morgan en el piso 22 de Madero 900, una mezcla de pánico y sorpresa dominó la escena. Slupsky dijo que se trataba de un allanamiento por orden judicial, y eso borró de inmediato la sonrisa profesional de todos los empleados.
- Necesitamos constatar el soporte magnético de las operaciones -explicó al responsable.
- Nos interesan más que nada los clientes de altos recursos -señaló, mientras los peritos de la policía amontonaban CD, carpetas y servidores como si fuera una liquidación de Navidad.
Uno de los empleados lograba mantener la calma con la vista fija en un calendario de escritorio, hasta que advirtió lo que estaba mirando: era el viernes 13. Algo malo iba a pasar.
Dos o tres minutos después en las oficinas centrales de Park Avenue 345, 5º piso, había un nombre a flor de labios, mezclado con insultos del peor slang.
Hernán Arbizu, el argentino, estaba dispuesto a hablar.
Media hora más tarde, en la sala de reuniones, discutían un plan de contingencia que recién dieron a conocer el lunes 16 en un cable de la agencia Reuters:
“JP Morgan Securities presentó una demanda contra un ex ejecutivo argentino que administraba más de 200 millones de dólares en activos de clientes ricos con negocios en la Argentina y Chile […]. La demanda señala que Arbizu robó información confidencial y solicitó al tribunal del distrito de Nueva York que impida al acusado difundirla”.
Ésta no es la historia de un testigo, sino la de un protagonista; sus detalles revelan una extensa lista de argentinos investigados hoy por lavado de dinero, él los ayudó a hacerlo.
UN ARGENTINO EN LA AVENIDA PARK.
Hernán Arbizu tiene 39 años y prolijo aspecto de burócrata del Primer Mundo. Es rubio, alto y está prolijamente afeitado. Podría ser farmacéutico, o ingeniero, pero es en verdad economista. Vive desde hace mucho en la selva de los bancos: ingresó a los 23 a la City porteña y trabajó en Tutelar Financiera, en el Deutsche Bank y en el City.
En 2002 consiguió trabajo en la Unión de Bancos Suizos en Nueva York. Y el 6 de noviembre de 2006 entró al JP Morgan, la primera empresa en el mundo que superó los mil millones de dólares de capital.
Quizá Arbizu lo desconociera; es historia argentina de fines del siglo XIX: en 1885 le prestó al Estado 42 millones de pesos oro junto a las casas Baring y Murrieta.
Durante la presidencia de Roca, y por gestión de Carlos Pellegrini, Morgan le prestó otros 8.400.000 pesos que el gobierno garantizó con las rentas de la Aduana, al tiempo que se comprometió ante los bancos Morgan, Baring y París a no pedir nuevos préstamos a menos que los propios bancos lo autorizaran.
Fue la primera vez que el Estado argentino permitió una intromisión de bancos extranjeros en la política interior.
Pero Morgan ya no está en el 23 de Wall Street, como en aquellos años, y Hernán Arbizu disfruta de su cómodo sillón en el 5º piso de Park Avenue al 300, a media cuadra de la casa central, detrás de un cartel que anuncia, con discreción, un eufemismo: “Banca privada”.
Así definió Arbizu su trabajo ante el juez:
“Administración de activos líquidos (inversiones), creación de estructuras de administración de riqueza con fines hereditarios, ayudar a clientes para crear estructuras con las que ocultar la verdadera titularidad de los activos (esto se debe a que en muchos casos los activos no son declarados en los países donde viven los clientes), y préstamos en la Argentina usando como garantía activos no declarados depositados en el exterior“.
Arbizu pasaba tres semanas en la Argentina y una en Nueva York. Trabajaba, claro, en la oficina de Catalinas allanada. Su objetivo para 2008 -bajo fuerte presión- era aumentar su cartera, que ya era de 500 millones de dólares, en 150 millones más.
La declaración del arrepentido ante el juez Torres no puede ser más clara: se titula “Mi error”. En ella Arbizu se declara culpable de haber hecho transferencias no autorizadas y falsificar una firma, lo que terminó perjudicando a un cliente argentino: Natalio Garber, el ex dueño de Musimundo.
En los años del corralito, cuando Arbizu trabajaba en UBS, le ofreció a un ahorrista chaqueño que quería sacar su dinero al exterior un mayor interés que el prometido por el banco. Esa diferencia generó un hipotético saldo a favor que, claro, no era real.
El chaqueño quiso retirar su dinero y Arbizu sacó el dinero faltante de la cuenta de unos clientes paraguayos, los Acevedo Quevedo. Durante dos años Arbizu rezó para que los paraguayos no pidieran su dinero, pero finalmente sucedió.
Viajó entonces a Paraguay y desde allí hizo una transferencia de 2.800.000 dólares de la cuenta de Garber a la de Acevedo, falsificando la firma de Garber quien, tiempo después, advirtió que faltaba dinero en su cuenta.
Arbizu, quien se considera “un arrepentido del mundo de las finanzas”, relató en su declaración las dos maniobras principales hechas por el JP Morgan:
- Buscan captar nuevos fondos, sobre todo los provenientes de la venta de empresas, y una vez afuera esos fondos evaden obligaciones tributarias.
- Suelen actuar “en complicidad” con las AFJP: cuando una empresa efectúa una oferta pública a través del banco, las administradoras de AFJP compran la emisión primaria o secundaria, aunque no sea un buen negocio. Cerrada la operación, los fondos son sacados del país por el cliente y administrados por el banco en Suiza o Estados Unidos.
AUSTRIA, UN SEGUNDO HOGAR.
Las normas de ética del JP Morgan (sí, ética, leyó bien) aconsejan rechazar a empresarios muy vinculados a gobiernos, o a funcionarios.
La mayoría de sus clientes superan los 20 millones de dólares en depósitos, y a la hora de armar los “prospects” (potenciales clientes) la discusión sobre el dinero de la corrupción es un tema recurrente: ¿a partir de qué generación el dinero comienza a ser genuino? Si el abuelo fue narco, ¿el nieto puede ser cliente?
En una de las reuniones de ejecutivos, por ejemplo, fue rechazada “por un problema de carácter” la empresa Electroingeniería, con sede en Córdoba y muy cercana al kirchnerismo. También se negaron a manejar dinero del banquero Ezquenazi.
Pero el truco más encantador utilizado por el banco es una herencia -hasta ahora desconocida- del ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz: el “Convenio entre la República Argentina y la República de Austria para evitar la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y el capital”, luego transformado en ley 22.589 firmada por Galtieri, Alemann, Lacoste, Saint Jean y Costa Méndez.
El convenio, llanamente, dice que si un argentino compra bonos de la deuda austríaca le cede al gobierno de ese país el derecho de cobrar impuestos por esa inversión. Pero en la práctica Viena nunca los recauda.
Esto es: si compro 10 millones de dólares en bonos de la deuda austríaca no pago ningún impuesto en la Argentina, evitando así el 1,25% sobre el total de Bienes Personales y el 35% de impuesto a las Ganancias.
Los bonos austríacos son seguros, pero poco rentables; después de invertir todo el año en opciones más ventajosas, los empresarios compran a fines de diciembre bonos austríacos, que es lo que presentan a la AFIP, y así evaden de manera legal.
En enero y febrero vuelven a las opciones tradicionales, y venden los papeles de Viena.
AQUÍ ESTÁN, ÉSTOS SON.
De la lista entregada por Arbizu a la Justicia aquí se reproduce sólo una parte, ya que son más de veinte carillas. Muchas de las cuentas tienen nombres de fantasía y son “empresas” radicadas en el exterior, la mayoría sin ninguna actividad comercial: son todas las terminadas en “Inc.”, “Corp.”, “Ltd.”.
Las cuentas más chicas se utilizan para pagar gastos corrientes en Estados Unidos (las expensas de un piso en Miami, por ejemplo, o una tarjeta de crédito), o también pueden marcar el retiro del cliente, que deja un resto para evitar el cierre de la cuenta. Varios números de cuenta se repiten con diferentes nombres: corresponden en ese caso a la misma empresa o familia, por ejemplo el Grupo Clarín, o la familia Constantini.
En la lista presentada al juez, los Bulgheroni son los principales clientes, con depósitos por 1.500 millones de dólares entre Bridas, Plus Petrol y Torno Constructora.
En la siguiente, sobresalen los depósitos de Ernestina Herrera de Noble por 154 millones.
La Justicia los investiga por lavado de dinero y, eventualmente, evasión impositiva.
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Éstos son los detalles correspondientes al Grupo Clarín:
Están Ernestina Herrera de Noble, el CEO Héctor Magnetto, otros directivos (y ex directivos), sus familiares, empresas conocidas del Grupo y otras desconocidas.
Nombre / Cuenta / (Total en U$S)
* Ernestina Laura Herrera de Noble / 32407608.00 / (154.482.039,49)
* Silkwood Investments Limited / 32407608.00 / (32.540.047,75)
* Mather Holdings Limited / 32407608.00 / (27.828.341,17)
* Mulberry Group Inc / 32407608.00 / (15.891.832,59)
* Alagon Investments / 32407608.00 / (9.412.774,20)
* Robin Bay LLC / 32407608.00 / (9.409.895,98)
* Antonio Román Aranda / 32407608.00 / (9.328.975,06)
* Alma Rocío Aranda / 32407608.00 / (9.328.524,99)
* Aranda José & Noemí Alma / 32407608.00 / (5.526.415,00)
* Grupo Clarín Services LLC / 32407608.00 / (3.766.877,90)
* Grupo Clarín SA / 32407608.00 / (3.596.810,12)
* Ara International Holdings Limited / 32407608.00 / (2.989.827,46)
* Ernestina Laura Herrera de Noble & Felipe Noble Herrera / 32407608.00 / (2.331.423,35)
* Ernestina Laura Herrera de Noble y Marcela Noble Herrera / 32407608.00 / (2.320.179,39)
* Inversora de Eventos S.A. / 32407608.00 / (1.617.461,68)
* Héctor Horacio Magnetto / 32407608.00 / (1.299.574,88)
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Nombre / Cuenta / (Total en U$S)
* Héctor Mario Aranda & Claudia Felicitas Martín de Aranda / 32407608.00 / (1.109.639,86)
* Guareschi Roberto Pablo y Alejandra P. / 32407608.00 / (881.533,10)
* Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. / 32407608.00 / (656.248,44)
* Nob Corporation AVV / 32407608.00 / (315.556,49)
* Compañía de Medios Digitales S.A. / 32407608.00 / (312.704,95)
* Tele Red Imagen S.A. / 32407608.00 / (272.532,82)
* / 1999 Ernestina Laura Herrera de Noble Trust / 32407608.00 / (249.131,49)
* Teledeportes Paraguay SA / 32407608.00 / (172.657,14)
* PEM SA / 32407608.00 / (26.548,68)
* PRIMA S.A. / 32407608.00 / (22.586,43)
* Tele Net Image Corporation / 32407608.00 / (13.556,45)
* Cadena País Producciones Publicitarias / 32407608.00 / (9.316,43)
* Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. / (Clarín) / 32407608.00 / (9.104,72)
* José Antonio Aranda / 32407608.00 / (7.963,88)
* Felipe Noble Herrera / 32407608.00 / (4.464,24)
* Teledigital Cable S.A. / 32407608.00 / (3.920,84)
* Roberto Pablo Guareschi / 32407608.00 / (3.037,38)
* Televisión Satelital Codificada / 32407608.00 / (741,99)
* Radio Mitre / 32407608.00 / (541,66)
* Artes Gráficas Rioplatense SA / 33438808.00 / (1.853.937,18)
* Multicanal / 33438808.00 / (757,96)
Hernán Arbizu tiene una hermana a la que define como “militante religiosa”. Durante años su hermana le cuestionó su trabajo.
Ahora la recuerda en su descargo ante el juez:
“Por haberle faltado a mi mujer y a mi hijo -dice-, a mis padres y a mi familia, a mi hermana tan especial, que de alguna forma me lo venía observando, es que estoy en este juzgado. Para cumplir con lo que deba cumplir, arrepentirme ante los hombres y Dios, y ayudar a que no se produzcan, en lo posible, situaciones como las que he visto y controlado, y de las que he participado”.
¿Se hará justicia?
ROBO DE BEBES:
Vínculos perversos entre dos juezas de menores y el genocida Ramón Camps
Un diálogo con la trabajadora social que pone en duda el trámite de adopción de la hija del CEO de Clarín Héctor Magnetto. Durante la dictadura trabajó con la jueza Delia Pons. Lejos de la casualidad, los hechos suceden en un lugar y en un momento determinado. Examinar y poner al descubierto la densa –y muchas veces oscura– trama que los vincula es una tarea compleja.
“Uno puede pensar que los casos de Ofelia Hejt y Delia Pons tienen líneas comunes. Ambas juezas se conocían y ambas tenían contacto con Ramón Camps”, afirma María Felicitas Elías. La reflexión tiene como marco los antecedentes de las juezas. La primera es la fallecida titular del Juzgado de Menores Nº 1 de San Isidro que concedió las guardas de Marcela y Felipe –los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble–; y que también entregó en adopción a Andrés La Blunda, después de que sus padres fueran secuestrados en San Fernando. La segunda fue titular del Juzgado de Menores Nº 1 de Lomas de Zamora hasta el 1984, concedió la guarda de la hija adoptiva de Héctor Magnetto y está considera por los organismos de derechos humanos un símbolo de la complicidad judicial con el robo de bebés durante la dictadura por su participación en los casos de Emiliano Ginés, Sebastián Ariel Juárez y Jorgelina Paula Molina Plana.
María Felicitas Elías no es una novata en el tema adopciones. Además de una extensa trayectoria en el ámbito académico y de la investigación, tiene una larga experiencia en el terreno laboral que se forjó entre los años 1973 y 1984 en el propio juzgado de Pons, donde se desempeñó como trabajadora social. La situación la llevó a realizar a principios de 1984 la pericia ambiental en el expediente que tramitó la guarda de la hija adoptiva de Magneto y esposa. “Según el expediente, Magnetto y su esposa manifestaron que estaban paseando por la avenida Pavón, en Lanús, durante una mañana de invierno, cuando una mujer que estaba en la vereda les preguntó, mientras estaban detenidos en un semáforo, si podían cuidar de su hija porque tenía un problema. Aparentemente, ellos accedieron. Dos semanas después –según Magnetto y su esposa– como la madre no aparecía, fueron al juzgado de Pons. En esas circunstancias señalaron que la beba habría nacido el 13 de enero del 1984. La fecha hace imposible que sea hija de desaparecidos”, explica Elías. El expediente quedó caratulado como “subguarda” y se tramitó con el número de causa 8177.
La historia mantiene, al igual que muchos otros casos de adopción, puntos de contacto con lo relatado por Herrera de Noble cuando se presentó con un bebé en sus brazos ante la jueza Hejt. En este caso, corría el 13 de mayo del 1976, y la viuda de Noble, apuntalada por la complicidad de la jueza y dos testigos que resultarían falsos, manifestó que había encontrado a la criatura en el interior de una caja abandonada en la puerta de su residencia. El segundo acto se concretó semanas después, el 7 de julio, cuando Hejt le entregó en guarda una niña abandonada por una madre que, como se comprobaría luego, nunca existió. “Casi siempre, los relatos apelan al abandono materno, no hacen mención de la figura paterna y quienes solicitan la guarda son quienes arman las escena sobre la cual se construye el expediente”, puntualiza Elías.
–¿Cómo nació su relación con la jueza Pons?
–A través de amistades en común. El vínculo venía de larga data. Ella me conocía de chica y me llevó a trabajar a su juzgado. Yo era una joven de clase media acomodada, educada en un colegio de monjas. Ya durante mi juventud, a la par que hacía novios, amigos y compañeros de militancia descubro otra realidad. Hasta ese momento tenía una absoluta confianza en el patronato estatal y en la función del Estado como protector de niños. El clima de esa época me llevó a lecturas diferentes. En pocas palabras, terminé no respondiendo a lo que Pons pretendía. Máxime cuando empecé a ver en el juzgado casos como los de Emiliano Ginés, Sebastián Ariel Juárez y Jorgelina Paula Molina Plana.
–Usted le contó a Miradas al Sur que Pons mantenía charlas telefónicas con Ramón Camps en plena dictadura. ¿Cómo se enteró?
–Había una cierta confianza entre nosotras. Además, la estructura edilicia del juzgado permitía que los que allí trabajábamos nos enteráramos de casi todo. Un día golpeo la puerta, entro y la encuentro hablando por teléfono con Camps. Obviamente, Pons tenía sus adláteres. Uno de ellos era Guillermo Gordo, actual integrante del Tribunal Oral Federal nº 3.
–¿Qué otra situación la llevó a pensar que Pons sabía lo que estaba ocurriendo?
–En el juzgado era sabido que Pons no quería recibir pedidos de habeas corpus ni quería comprometerse. En una ocasión, antes del Mundial ’78, ella misma me habló de Puesto Vasco. En ese momento, la cuestión de los centros clandestinos no había tenido difusión. Era algo conocido por muy pocos.
–¿Diría entonces, desde su experiencia y la información que ha trascendido, que hay ciertos paralelismos entre los casos en que actuaron Hejt y Pons?
–Diría que sí. Ambas juezas, a la luz de lo conocido, tenían prácticas similares. Además, hay un contexto que se suele escapar. En el momento de la dictadura y hasta la década del noventa, la legislación en el tema de menores les confería a los jueces una enorme discrecionalidad. Mucha libertad de acción genera siempre una sensación de impunidad.
El factor poder. Elías subraya desde un punto de vista que trasciende su experiencia en el juzgado de Pons, la necesidad de destacar el uso de las instituciones públicas por parte del poder. Una cuestión que define como “muy importante” y que pone de manifiesto, en última instancia, “que los funcionarios, salvo contadas excepciones, terminan actuando en la dirección que señalan los factores de poder”. Según la especialista, se trata de una constante que se manifestó en el terreno de las adopciones con los niños y huérfanos abandonados del siglo XIX, con los menores patronados durante el siglo XX y más recientemente con la infancia trabajadora asociada con la delincuencia; pero también durante la última dictadura militar.
–¿Cómo analiza los sucedido con las adopciones con el robo de bebés?
–Se puede plantear como hipótesis que hay dos etapas. La primera desde marzo del ’76 a poco después del ’77. En general, en esa época, y al menos en el conurbano bonaerense, era un vecino o la misma policía quienes solían receptar a los chicos cuyos padres figuran como muertos en enfrentamientos. Es de suponer que eran los mismos grupos de tareas quienes, tras el operativo, entregaban a los menores. La forma de proceder era, si cabe la expresión, inorgánica. Usualmente, la policía y el vecino terminaban arreglando que al día siguiente se presentarían en el juzgado de menores. Los casos de Emiliano Gines y de los hijos de Ramírez son dos claros ejemplos.
–Los juzgados de menores mantenían, al menos desde lo formal, una presencia jurisdiccional…
–Sí. La organización judicial mantenía su presencia. Sin embargo, desde mi punto de vista, las cosas habrían comenzado a cambiar a partir del ’78…
–¿Cómo y en qué sentido?
–No hay una comprobación fáctica, pero creo que las prácticas de apropiación rebasaron la estructura jurisdiccional y del patronato infantil como institución. En otras palabras: los apropiadores dejaron de utilizar ese andamiaje legal. En esta segunda fase se reflejaría la pregunta que comienzan a formularse los represores sobre qué hacer con los niños. No se olvide que estamos hablando de chicos de clase media, bien nutridos, algo que, aunque nos desagrade pensarlo, siempre vale en materia de adopciones. En ese momento habrían ideado y puesto en marcha las maternidades en los centros clandestinos Además, para ellos se trataba de una guerra santa. Estoy segura que en la cabeza de esta gente estaba la idea de criar a los chicos para que reprodujeran la ideología de la dictadura. Una consecuencia importante de esta etapa es la inexistencia o el falseamiento de las partidas de nacimiento.
–¿Qué otro andamiaje legal tenían a mano para blanquear a los chicos?
–La adopción por medio de escritura pública. En el año ’71, durante la dictadura de Lanusse, se reforma la legislación del ’48, que nació tras el terremoto de San Juan, y que había instaurado la adopción simple. Según los militares, los procesos eran muy lentos. Sostenían que la reforma permitiría agilizarlos. A partir de allí, se introduce la figura de la adopción plena y el chico entregado pierde su historia, se borra su filiación. Pero más grave todavía es que se habilitara la entrega con fines de adopción por escritura. En ese momento comienza la retirada del Estado. Esa legislación estuvo vigente hasta el año ’97.
–Estamos hablando de un instrumento legal que desempeñó un rol central en el contexto del robo de bebés…
–La dictadura obró con ferocidad, pero la semilla ya estaba plantada desde el ’71. Los militares no inventaron nada. Hay una vinculación innegable. Muchas veces ocurre que el entramado de leyes y decretos torna invisible los nudos centrales de la trama. En la adopción están inscriptas las dinámicas propias de cada una de las clases sociales en juego. También en las apropiaciones. Volviendo sobre su pregunta, seguramente que las escrituras públicas se deben haber usado para blanquear el robo de bebés. No todos los blanqueos se deben haber operado a través de los juzgados de menores…
–En síntesis: hubo distintas vías...
–La escritura pública suponía la intervención de la Justicia civil. Era, ni más ni menos, que una forma de legalizar las irregularidades. En ese contexto, muchos jueces actuaron en función de los grupos de poder. El registro de adopciones no es la única alternativa para desandar el camino de las apropiaciones concretadas durante la última dictadura militar.
Terminada la entrevista, que se extendió por una hora y media, queda claro que existe otra vía sobre la cual no se ha avanzado aún lo suficiente, pero que surge claramente a la luz de las revelaciones realizadas por Elías: la investigación de las escribanías y estudios jurídicos que posibilitaron la entrega de bebés y niños durante la dictadura, por medio de escrituras que le dieron una cobertura legal a una operación claramente ilegítima.
La sociedad asiste estos últimos tiempos, como nunca antes, al descubrimiento de hechos relacionados con las adopciones irregulares en ese oscuro período, que contaron con la complicidad no sólo de los jefes militares, sino también de funcionarios judiciales que sabían de qué se trataba esa perversa maniobra de supresión de identidad, y civiles que se beneficiaron con ella.
El dictador Bignone confirmó que se reunió con Noble y con Magnetto por Papel Prensa
Ex presidente de facto Reynaldo Bignone, que se encuentra preso en la cárcel de Marcos Paz, por delitos de lesa humanidad en la dictadura militar, declaró ante la fiscalía de La Plata a cargo de Rodolfo Marcelo Molina, por la causa que investiga la apropiación ilegal de Papel Prensa tras el golpe de 1976 y confirmó que mantuvo reuniones con el CEO de Clarín Hector Magnetto y con la dueña del grupo, Ernestina Herrera de Noble.
Por pedido de la querella, encabezada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Eduardo Luis Duhalde, Bignone fue citado por Molina y el fiscal subrogante Hernán Schapiro, a raíz de una carta que el dictador le envió a la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, el 15 de mayo de 2002. En la misiva el represor manifiesta su dolor por unos errores en una enciclopedia que publicó el matutino, y le recuerda a Noble la buena relación que habían tenido durante su presidencia, mencionando dos reuniones, una de ellas para tratar temas relacionados con Papel Prensa.
En la carta Bignone también admitió que mantenía conversaciones habituales con el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, en las oficinas del diario y en la sede del Ejército. Ante el fiscal, el ex presidente de facto admitió que la carta había sido escrita por él, reconoció una reunión con Herrera de Noble por Papel Prensa mientras era presidente y también dijo que cuando era secretario del Ejército, mantuvo un encuentro con el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, en la redacción.
Pero el dictador alegó que no recordaba que se habló en los encuentros. Cuando se le preguntó si era cierto que se reunió con Ernestina Herrera de Noble, él respondió: “Sí, es cierto. Recuerdo que la recibí en la residencia de Olivos pero no me acuerdo el contenido de la reunión porque solía derivar esos temas a mis colaboradores”.
Acusan a Magnetto y Ernestina de Noble por delitos de lesa humanidad
El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, pidió el llamado a indagatoria de Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Hoz, Laura Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y Bartolomé Luis Mitre, entre otros involucrados en una querella que presentó ante el Juzgado Federal 3 de La Plata por la "apropiación ilícita" de Papel Prensa durante la última dictadura.
En nombre del Poder Ejecutivo Nacional, el querellante solicitó también que "oportunamente se dicte el correspondiente procesamiento" de los imputados.
Duhalde presentó este martes por la tarde la querella con el patrocinio del secretario de Protección de los Derechos Humanos, Luis Alén, en un extenso escrito, la cual también será patrocinada por el Procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, "quien por hallarse ausente del país no la suscribe y la ratificará posteriormente".
"El Poder Ejecutivo Nacional -al que esta Secretaría representa- entiende que los hechos de esta querella constituyen graves delitos previstos por derecho penal internacional y que configuran violaciones a los derechos humanos", señala el texto, al que accedió Télam, presentado a tres semanas del informe oficial del Gobierno nacional sobre Papel Prensa.
La presentación pide que se investiguen hechos "que constituyen delitos de lesa humanidad" y señala además que también es objeto de esta acción "alcanzar la verdad histórica en cuanto al destino e identificación de las víctimas".
Con extensa fundamentación que invoca prescripciones de la Constitución Nacional, las declaraciones Americana y Universal de Derechos Humanos, convenciones y pactos internacionales, la querella "por la apropiación ilícita de la empresa Papel Prensa S.A." se remite también al Código Procesal Penal de la Nación.
Según el escrito, esa apropiación se concretó meses después del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 "mediante la comisión de los delitos de extorsión, privación ilegítima de la libertad, tortura, vejaciones y asociación ilícita".
De esos actos "resultaron víctimas Juan Graiver, Eva Gitnacht de Graiver, Enrique Brodsky, Isidoro Miguel Graiver, Lidia Haydeé Brodsky de Graiver, Lidia Elba Papaleo de Graiver, Rafael Ianover, Lidia C. Gesualdi y Silvia Fanjul".
Tales hechos y "las torturas seguidas de muerte de Jorge Rubinstein (...) deben calificarse como crímenes contra la humanidad y, por ende, imprescriptibles", sostuvo Duhalde.
El escrito comprende siete títulos, el último de los cuales, "Petitorio", solicita al juez federal que "tenga por presentada esta querella", la reserva del caso federal y que se faculte a los letrados querellantes "a presenciar las declaraciones de los testigos y formular, en su caso, los interrogatorios pertinentes".
También pide la indagatoria a los imputados Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, José Alfredo Martínez de Hoz, Raymundo Juan Pío Podestá, Laura Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Luis Mitre, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Fernando Peralta Ramos.
En este ultimo punto hace "la salvedad de no poseer a la fecha datos fehacientes sobre si todos los imputados están vivos" actualmente y solicita además que "oportunamente se dicte el correspondiente procesamiento".
A lo largo de unas 200 páginas, el escrito aborda la legitimación de la Secretaría de Derechos Humanos para querellar, así como antecedentes y hechos en los que se fundamenta, incluidos numerosos comunicados de la Junta dictatorial.
También despliega hechos, testimonios y argumentos respecto del "Estado terrorista y su faz clandestina", quiénes fueron "los grandes beneficiarios" civiles y el papel de "los grandes medios de prensa asociados con la dictadura", como alude a los diarios Clarín y La Nación, que pasaron a ser accionistas de Papel Prensa.
En contraste, alude también a "persecuciones a la prensa desafecta o independiente" y a los periodistas detenidos-desaparecidos y asesinados entre el 24 de marzo de 1976 y el 31 de marzo de 1977.
Además, argumenta en torno de "la coerción genérica al Grupo Graiver y su temor -terror- fundado", para afirmar que "por medio de intimidación y amenazas se obligó a varios de los damnificados a vender las acciones de Papel Prensa S.A. a los diarios Clarín, La Nación y La Razón", con una intermediaria.
En la querella, Duhalde sostiene que "aquellas acciones fueron concertadas por los directivos de las empresas junto a las más altas cúpulas del gobierno de facto".
SU DICTADURA DE MAS DE 30 AÑOS EN ARGENTINA:
“Mi trabajo es poner y sacar presidentes”
La senadora santafesina Roxana Latorre aclara que es peronista y no kirchnerista. No se fue voluntariamente del bloque de dos legisladores que compartía con su jefe, Carlos Reutemann. El corredor la expulsó hace un año y Latorre quedó en solitario. No apoyó por entonces el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, a la luz de lo que se conoce de Papel Prensa y de otras historias que salen a la luz, la senadora santafesina ve con buenos ojos el camino que hoy transita la comunicación. Me lo dijo días pasados en una entrevista radial. Y agregó que “no puede ser que Héctor Magnetto diga: mi trabajo es sacar y poner presidentes”. Es difícil conocer el vínculo que algunos dirigentes políticos pudieran tener –de modo directo o indirecto– con el gran hacedor. Lo cierto es que, como en el caso de Latorre, el día que no alinean su agenda y sus posiciones a las de Magnetto, la ira de Dios –como se hace llamar el CEO de Clarín– estalla en las páginas del diario y los zócalos de TN o las noticias de Radio Mitre. La senadora dijo que no apoyaría la movida del 82% móvil porque era una propuesta irresponsable. Bastó para que los medios del grupo la castigaran.
La frase que le adjudican a Magnetto es tan ingeniosa como pasada de moda. La reunión del martes pasado convertida en acontecimiento público es un gesto de impotencia y no el rugido del león jefe de la manada que advierte y atemoriza al resto de los congéneres sobre quién manda. Hasta ahora, justamente, la gran habilidad del CEO era operar en silencio y en las sombras. Magnetto jugó un papel muy activo en la salida anticipada de Raúl Alfonsín. Clarín castigó muy duro al radical que dejó el gobierno el 8 de julio de 1989, cinco meses antes de lo establecido por mandato constitucional. La asunción anticipada de Carlos Menem fue celebrada por Clarín y Magnetto en persona operó con el polifuncional Roberto Dromi, la entrega de Canal 13 por una cifra muy delgada. El romance con el riojano duró bastante pero empezó a tambalear cuando el multimedios, que venía cableando el país para dar televisión paga, quería a toda costa incorporar telefonía a su red. La negativa del menemismo a las pretensiones de Magnetto tenían nombre y apellido: Telecom y Telefónica.
Fue entonces que un equipo de sociólogos y analistas de discurso, bajo la brillante conducción de Eliseo Verón, tuvo a cargo la búsqueda de una fórmula que pudiera competir –o al menos dañar– la carrera de Menem por el segundo mandato. Cuentan que después de varias encuestas y estudios de opinión pública, los dos nombres que salían con chances eran Carlos Chacho Álvarez y José Octavio Bordón. Magnetto quiso saber quién de los dos era mejor para encabezar la fórmula y le dijeron que eso no surgía con claridad de las indagaciones. “Sería bueno que fueran a internas abiertas”, parece que sugirió el CEO. Por coincidencia divina o por habilidad operativa, en el verano de 1995, el llamado Frente Para un País Solidario celebró internas abiertas y la fórmula Bordón-Álvarez se presentó el 14 de mayo de ese año como sparring del riojano. Pocos meses después, el 28 de agosto, cuando se cumplían 50 años de la salida del primer diario Clarín, el gran ausente de la megafiesta del monopolio fue Menem. Empezaban las investigaciones sobre el contrabando de armas y la campaña lenta y persistente del monopolio contra el riojano.
Después de eso, Magnetto se ufanó de haber estado siempre en la decisión de quién sería el nuevo presidente. Incluso hasta con Néstor Kirchner, porque dicen que le dio la venia a su amigo Eduardo Duhalde para que –habiendo declinado Carlos Reutemann y José De la Sota– apostara al santacruceño. Luego llegó la candidatura de Cristina Fernández y empezaban a dividirse las aguas. Pocos reparan en la tapa de Clarín del 28 de octubre de 2007, cuando decía que “había clima de segunda vuelta”. Era el prólogo de las campañas para limar y controlar el enorme consenso logrado por el kirchnerismo que lo ponía a las puertas de contar con un poder político capaz de evitar los constantes consejos de Magnetto.
Ahora, a pocos días de celebrar los 65 años de la salida del primer ejemplar de Clarín, Magnetto puso de rodillas a varios referentes del peronismo opositor. Ahora, más que para influenciar en los próximos comicios, la foto sirve para tratar de mostrar fortaleza interna. El rugido del león puede servir para que otros leones jóvenes del grupo sepan que todavía es el tiempo del jefe de la manada. Es un beneficio demasiado módico para quien enfrentará citaciones judiciales por graves delitos, sobre todo por el papel que jugó con la apropiación de Papel Prensa.
Héctor Magnetto: “no se puede gobernar la Argentina sin el apoyo de Clarín”.
Los golpes de Clarín: La impiadosa cornetita
Pocas veces el Grupo Clarín apostó a golpear a las democracias latinoamericanas con tanta desfachatez. Las campañas contra Hugo Chávez, sus relaciones con el grupo Techint, el rol de aliado a la oposición derechista que busca terminar con el mandato de Cristina y el clima de festejo con que vivió la victoria de De Narvaez fueron la confirmación de la frase desestabilizadora de la que se jacta quien aún tiene el poder en el multimedio. Dice Héctor Magnetto: “no se puede gobernar la Argentina sin el apoyo de Clarín”.
Por Pablo Llonto
Néstor Kirchner y Cristina jamás olvidarán al diario de la Cornetita. La contratapa del quincenario Barcelona posterior a las elecciones de junio muestra al muñequito Noble con la banda presidencial e iniciando su campaña para el 2011; es el símbolo humorístico de una manera nada humorística de asaltar el poder que ya no asombra a muchos argentinos.
Hubo festejos en varias oficinas de Clarín el domingo 28 por la noche. Y de aquí en adelante veremos una intensa campaña por lograr el objetivo de máxima que se propusieron Magnetto y Cía desde fines de 2007: no permitir que en la Argentina se expresen simpatías con los modelos latinoamericanos en construcción que más teme la burguesía del Cono Sur. Para Ernestina de Noble, si ello incluye terminar a cualquier precio con el mandato de Cristina, lo harán.
La suba de acciones del Multimedio en la primera semana post-electoral (30 por ciento), que coincidió con la suba de las acciones de su nuevo “socio político”, Techint (14 por ciento), permite saber cuál fue la “opción de los ricos”.
No advertir el golpismo que se prepara en la calle Piedras al 1700 puede ser el mayor error cometido en muchos años por el periodismo argentino. Todo presidente (o presidenta) que, por incapacidad o por falta de coraje popular, resuelva sus retrocesos electorales intentando negociar un poco de piedad con los dueños de la Argentina, caerá víctima de la impiedad.
Invitamos a usted lector a un ejercicio interesante de seguimiento político. El Plan Clarín. Que incluye la Argentina y la presidenta por supuesto, pero que avanza con mayor fiereza contra Venezuela y Chávez, y pronto lo hará con Bolivia y Evo. Con paciencia de araña, la viuda de Noble teje y teje.
El caso Chávez
Sólo falta que un día, al llegar Hugo Chávez al país y brindar una conferencia de prensa, un cronista de Clarín se levanté de su silla, acomodé algo que lleva entre sus ropas y le descargue una ráfaga en el pecho bajo el grito de “muera el tirano”.
No es nada aventurado decir que el grupo Clarín se encuentra en estado de ebullición contra el presidente de Venezuela y que muchos de sus periodistas han llegado a un alto punto de excitación, algunos empujados por sus convicciones y otros empujados por su cobardía, ante las pasiones reaccionarias de sus patrones y sus jefes.
La decisión tomada unos meses atrás por el gobierno venezolano, de expropiar y nacionalizar tres empresas del millonario y corrupto grupo argentino Techint causó tal disgusto a Ernestina de Noble y a su primer operador, Héctor Magnetto, que por primera vez desde que se constituyó en multimedio, el grupo decidió actuar en conjunto y aguijonear desde las radios , los canales y los diarios contra Chávez.
Durante cuatro de lo siete días de la semana posterior a las nacionalizaciones, el diario Clarín acosó a Chávez en sus principales títulos de tapa. Esto no ocurre tan seguido en el Gran Diario. Pocos políticos, nacionales o internacionales, han sufrido semejante privilegio del azote. El titular más dramático pudo leerse el sábado 23 de mayo, cuando Clarín alarmó al país: “Alerta empresarial por decisiones de Chávez”.
Muchos se preguntaron, en los días de las venenosas reacciones de Clarín, si además del odio de clase que Magnetto y Ernestina acumulan contra Chávez y contra el socialismo existía alguna relación oculta entre el multimillonario Paolo Rocca, dueño de Techint, y la viuda de Noble. Un acertado recordatorio de la mejor página sobre medios de comunicación en la Argentina (DsD, es decir Diarios Sobre Diarios) nos agregó un dato: “Clarín y Techint son socios en la firma IMPRIPOST TECONOLOGIAS S.A. con el 50% cada uno”, empresa dedicada a las “soluciones para el manejo de documentos e información”. Como un agregado que no podemos despreciar, DsD revisó sus archivos y encontró que en la revista Apertura de mayo de 2004 el periodista Gustavo Sencio entrevistó al presidente del directorio del diario, Julio Saguier. En la nota se dice que Paolo Rocca “fue uno de los benefactores que ayudaron a La Nación a reestructurar su deuda, con un “pago cash” efectuado a título personal”. Rocca, Carlos Miguens (Grupo Bemberg) y Stephan Schmidheiny (millonario suizo filántropo) habrían sido los aportantes principales para la reestructuración de la deuda del diario que antes llamaban “de los Mitre”.
En un intento por hacerse los graciosos, Julio Blanck y Eduardo Van der Kooy, el primer jefe de Política en Clarín y uno de los más antiguos columnistas del mismo diario, aprovecharon un programa que les ha otorgado el canal TN (Código Político) para concederle el premio Pinocho a Hugo Chávez. El argumento del dúo fue el “chiste” de Chávez a Lula, cuando le afirmó que podría expropiar cualquier tipo de empresas, menos las brasileñas.
Menos histrión y jugando al imparcial, Marcelo Zlotogwiazda (viernes 29 de mayo en radio Mitre) entrevistó al embajador venezolano en la argentina, Enrique Méndez Romero. Las preguntas apuntaban a mostrar a Venezuela y a Chávez como la demonizada Cuba y el demonizado Fidel de los sesenta, al que acorralaban los gobiernos dictatoriales de América Latina y el general Estados Unidos. “Sólo dos países cuestionan a la OEA, Venezuela y Cuba”, intentó enseñar Zloto”, para recibir la respuesta del diplomático: “y Bolivia, y Ecuador, y Nicaragua”.
En la redacción de Economía de Clarín, durante la semana en que se lanzaron los ataques contra Chávez los periodistas recibieron la orden de publicar los comunicados de la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA), que integra, entre otros, Héctor Magnetto, a quien le encanta que lo llamen el CEO de Clarín. La AEA cargaba duro contra Chávez, en el mismo tono que la UIA.
Entre las prohibiciones a los periodistas estaba la de tomar el material que en estos días denunció Modesto Guerrero, periodista venezolano-argentino que trabajó entre 1995 y 1998 (antes de Chávez) como funcionario de la Cámara de Comercio Argentino-Venezolana. En sus textos, Guerrero señalaba que antes de la expropiación los trabajadores de las plantas venezolanas de Techint estaban de paro, llevando adelante un petitorio que exigía "finalizar con el trato inhumano" a mujeres, jóvenes y trabajadores de mayor edad en Sidor, en Tubos de Acero de Venezuela (Tavsa), Materiales Siderúrgicos (Matesi) y Complejo Siderúrgico de Guayana (Comsigua).
El caso de Oscar Cardoso
La muerte de Oscar Raúl Cardoso, el primer día de julio, fue una pérdida de las más duras. No para el grupo Clarín, sino para el periodismo valiente. El “gordo Cardoso” formaba parte del pequeño grupo de periodistas que se las ingeniaba para contar la verdad en el escaso espacio que el diario le permitía. Sepan todos que Cardoso no gozaba de la independencia que tanto mencionan los directivos de Clarín. Sin embargo, Cardoso encontraba siempre la entrelínea, el lenguaje metafórico, la búsqueda de la palabra poco conocida que apuntaba al corazón del poder.
Llamó la atención, semanas antes de su muerte, que a un texto de Cardoso, hasta su fallecimiento el columnista del Panorama Internacional de Clarín, consagrado por su visceral odio a las dictaduras, los editores le empotraran un “cintillo” sobre su trabajo del sábado 30 de mayo sobre Chávez. La maldad de un editor creó esta obra: “ La larga década en el poder del presidente de Venezuela está sembrada de confrontaciones. Ahora embate contra la propiedad privada, debilitando aun más el sistema político”
Cardoso, en el lenguaje casi encriptado que debió usar siempre en Clarín (como lo hacen cinco o seis colegas que merecen respeto y honra), había dicho todo lo contrario en su columna. Tanto que llegó a citar términos del jurista holandés Hugo Grotius para explicar que Estados Unidos (sí, Estados Unidos) expropia bienes a los particulares, bajo la denominación de “dominio eminente” y con una compensación a quienes pierden su propiedad. Igualito que Chávez.
El teatro de Vargas Llosa
Pero la cuestión no fue solamente las expropiaciones. También hubo mucho que decir con el asunto de la banda conocida como “Los Vargas Llosa”.
En su edición del 28 de mayo, Clarín tituló en tapa, en uno de los recuadros que "Vargas Llosa fue maltratado al llegar a Caracas". El copete de la información remitía a la página 18 del cuerpo principal del matutino, lugar en el que se decía que "...el ex candidato presidencial peruano dijo que su equipaje fue revisado minuciosamente pero que fue tratado con amabilidad..."
Esta extraña e innovadora versión del maltrato (“ser tratado con amabilidad”) llevaría a la conclusión de que en las páginas Internacionales de Clarín se les ha filtrado algún agente comunista.
El tema Vargas Llosa fue de tal indignidad que ya cansados de no saber qué textos colocar en las pantallas argentinas, los productores de TN llegaron al humor. Un cartel que decía “Vargas Llosa retenido” mostraba al escritor peruano durante una charla en el Aeropuerto tratando de explicar los simpáticos términos de su control aeroportuario, (consistentes en esa vieja costumbre mundial de pedirle el pasaporte, revisarle las valijas y recibir indicaciones del personal de migraciones local) hasta convertirlo en retención y luego en detención.
Como final, un obsequio. La lista de las 21 empresas sobre cuya situación (económica o laboral) tienen prohibido informar negativamente los periodistas de Clarín: Aeropuertos Argentina 2000, Aluar, Arcor, Kaufman Brea, Comafi, Banco Galicia, Cargill, Quilmes, Edesur, Faena Group, Glaxo, Emepa, LAN, Ledesma, Louis Dreyfus, Nobleza Piccardo, Techint, Roggio, YPF, Sadesa y Banco Hipotecario.
Todas ellas, además, ejercen el padrinazgo en los cursos que Clarín realiza para formar “nuevos periodistas”.
¿Periodistas?
EL MANEJO DE LA JUSTICIA POR PARTE DE HECTOR MAGNETTO:
La Corte en la mira de Magnetto
Dos directivos del Grupo Clarín visitaron en su casa a Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, para anticipar un fallo del alto tribunal en contra de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se habrían ido con los bolsillos vacíos
La pregunta llegó en medio de una conversación amena. Sin embargo, antes de que se escuchara la respuesta, un gélido y largo silencio se instaló en el departamento de Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
–¿Qué opinión le merece la ley de Medios? –quiso saber José Antonio Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, ante la atenta mirada de Héctor Magnetto, el número 1 del multimedios más grande la Argentina.
–La Corte no va a resolver los problemas que los políticos no puedan resolver entre ellos –contestó el magistrado, distante y con cierta incomodidad–.
El encuentro entre el ministro de la Corte y los principales ejecutivos del Grupo Clarín –revelado por un juez federal y confirmado por una de las personas que asistió esa noche al cónclave– se produjo dos semanas antes de que la Cámara de Diputados aprobara la nueva ley de Servicios Audiovisuales de Comunicación.
Los directivos de Clarín obtuvieron la entrevista con Lorenzetti gracias a las gestiones que realizara Nicolás Reyes, el poderoso ex secretario Administrativo de la Corte que aún tiene acceso a todos los despachos de Tribunales, a pesar de haber abandonado sus funciones en marzo del año pasado.
De fluidas relaciones políticas, Reyes manejó el dinero del máximo tribunal durante 13 años. Había llegado de la mano de un ultramenemista, el riojano Julio Nazareno, y en los años de la mayoría automática no dejó de acumular poder. A tal punto fue así, que en los pasillos del Palacio se lo consideraba un cortesano más.
Cuando Lorenzetti asumió se propuso –ante la incredulidad de muchos– desplazarlo. Para recortarle poder, el presidente de la Corte creó el cargo de Subadministrador General, donde nombró a un hombre de su confianza, el santafesino Héctor Marchi. Reyes entendió el mensaje y acordó la retirada en un viaje protocolar a Marruecos que ambos compartieron. Como parte de la negociación, los ministros emitieron un comunicado de prensa que reconocía “los inestimables servicios prestados durante más de una década” del renunciante.
La desconfianza que Lorenzetti tenía por Reyes no cesó con la renuncia. Sin embargo, el ministro de la Corte accedió a recibir a los popes de Clarín por sugerencia de Claudia Levin, secretaria académica del Consejo de la Magistratura y una de sus principales asesoras en materia política. De manera infructuosa, Miradas al Sur intentó comunicarse con Lorenzetti para conocer su propia versión del encuentro.
La reunión –de la que no participó Levin pero sí Reyes– fue austera, el juez no ofreció cena ni tentempié. Los empresarios comenzaron señalando su preocupación por el clima de “crispación institucional que vive el país” y por “la baja popularidad del Gobierno”. Aranda llevaba la voz bajo la supervisión atenta de Magnetto. En un momento, llegó a consultar al juez si, en el caso en que la situación política se desmadrara, estaría dispuesto a asumir las responsabilidades que le competen en la línea de sucesión presidencial: la Ley de Acefalía establece que ante ausencia de presidente y vicepresidente, la máxima autoridad del país recaerá en el titular del Senado en primer lugar y de la Cámara de Diputados, en segundo. Si nada de eso fuera posible, es el presidente de la Corte Suprema quien debería sentarse en el sillón de Rivadavia.
Tal vez Magnetto y Aranda hayan pensado que esa pregunta era una forma de adular a Lorenzetti como si éste fantaseara con una carrera a la Presidencia de la Nación. Sin embargo, el magistrado se mostró distante y frío. Recordó que en la historia de América latina las intervenciones de las cortes judiciales en los procesos políticos nunca habían tenido un final feliz y ejemplificó con la actuación del máximo tribunal de la década del ’30. Con sus acordadas, aquellos jueces terminaron por convalidar una sucesión de decretos que finalmente sirvieron de andamiaje jurídico para la instalación en la Casa Rosada de los distintos regímenes militares que se sucedieron en la Argentina.
“Le hizo un daño gravísimo al país”, sentenció el presidente de la Corte.
Hablemos de los medios. Fue en medio de esa charla que Aranda lanzó, como un estiletazo, la pregunta sobre la Ley de Servicios Audiovisuales de Comunicación. Hoy, con la nueva legislación ya publicada en el Boletín Oficial, el Grupo Clarín sabe que golpear la puerta de la Corte para reclamar la inconstitucionalidad de ley no sería un buen camino. En el Palacio de Tribunales, funcionarios que frecuentan a diario a todos los jueces de la Corte, coinciden en que el máximo tribunal no está dispuesto a generar un conflicto de poderes con el Ejecutivo ni con el Parlamento, sobre todo teniendo en cuenta que la ley en cuestión recibió un importante respaldo en ambas cámaras.
Tampoco alcanzaría con los fuegos de artificios que el senador Gerardo Morales –por encargo de Clarín– lanzó con las famosas “fe de erratas” de la ley. Tanto Magnetto como Aranda saben que no es materia como para que la Corte declarara la nulidad de la ley. “Está dentro de los usos y costumbres que se han dado en un montón de otras normas. La oposición sabe que es un arma política pero no judicial”, dice un hombre de larga trayectoria en el máximo tribunal de Justicia.
El mismo funcionario reconoce, en cambio, que los multimedios pueden apostar, tal vez con mejor suerte, a que la Corte declare inconstitucional algún artículo en particular. Pero para eso –dicen en el Palacio– los Grupos deberán recorrer previamente los tribunales de primera y segunda instancia. Porque, vale subrayarlo, otra cosa que descartan los ministros de la Corte sería conceder un “per saltum” que permita saltear a los juzgados inferiores. De este modo, con la mejor de las suertes y con magistrados que impriman gran celeridad a las causas, la Corte no tendría en sus manos este tema hasta mediados del año que viene. Eso, en caso de que algún tribunal de primera instancia dé un fallo que a su vez sea apelado y tenga sentencia de Cámara.
Recién en esa instancia comenzaría a funcionar el reloj del tribunal supremo: “Si es algo que sabe hacer esta Corte es manejar los tiempos políticos. No va a tomar ninguna decisión que pueda alterar el escenario electoral”.
Dos fallos Clarín. En los últimos meses, la Corte ya tuvo que intervenir en dos cuestiones judiciales que involucran al Grupo Clarín. Y hasta ahora, en ambas le ha dado un trato favorable. El pasado 26 de agosto, con un solo voto en disidencia, el tribunal dejó en firme la homologación del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) de la operadora de televisión por cable Cablevisión. De esta manera, aprobó las negociaciones suscriptas entre la empresa y sus acreedores al mismo tiempo que rechazó un recurso extraordinario interpuesto por la Fiscalía de Cámara y por el acreedor Javier Vendramín, un ex empleado de Raúl Moneta, “el banquero de Carlos Menem” y acérrimo enemigo del holding de Magnetto. El fallo eliminó así uno de los varios obstáculos que ponían en jaque la fusión de esa empresa con Multicanal, la operadora de cable de Clarín.
La Corte también intervino en la causa que investiga si los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble fueron apropiados de padres secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura militar. El 11 de julio pasado, el máximo tribunal resolvió que la Cámara de Casación atendiera el reclamo de Marcela y Felipe Noble, los hijos en cuestión, quienes rechazaron extraerse sangre para que sea cotejada con el Banco de Datos Genéticos. De esta manera, los análisis de histocompatibilidad podrían cotejarse sólo con dos familias de desaparecidos, las que iniciaron la causa. Pero no con el resto.
Clarín ya anunció en sus páginas que se prevé una andanada de causas judiciales a partir la promulgación de la nueva Ley de Medios. Habrá que ver si esas causas llegan a la Corte y, en ese caso, si se cumple aquel viejo refrán que sentencia que no hay dos sin tres.
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