AEA, Argentina y la Democracia Por Eric Calcagno

Las recientes declaraciones de Jaime Campos, realizadas en nombre de la Asociación Empresaria Argentina, despiertan algunos interrogantes. Sobre todo cuando se mencionan temas tales como "la independencia judicial", "la libertad de prensa" o "el carácter republicano de la democracia". No sorprenden tanto los reclamos por "reglas del juego claras", que ya hemos escuchado. De hecho, estos conceptos puestos ahí sin más son categorías a las que resulta difícil no adherir. ¿Quién puede querer una justicia parcial? ¿Quién desearía regresar a los tiempos de la censura? ¿Quiénes desearían terminar con la democracia republicana? ¿Quién, por último, no precisa de reglas claras para desenvolverse en una sociedad? Pero allí mismo radica el sofisma.

Porque la práctica de la AEA consiste en definir todos y cada uno de esos términos en beneficio propio. No está (del todo) mal: en un sistema político democrático, cada cual puede sostener las posiciones que le dicten sus convicciones. Pero el engaño reside en hacer pasar lo que son visiones parciales de intereses de algunos sectores de la economía (vale la pena considerar la lista de socios de AEA), por el Bien Común sin más, sin discusión posible, y sin otro camino que el señalado por AEA.

Así, la independencia judicial será la que consagre el derecho absoluto a la apropiación del excedente económico y su posterior fuga. La libertad de prensa al mantenimiento de los monopolios de la comunicación. El carácter republicano de la democracia a la expulsión de proyectos y de gobiernos que no le sean dóciles: en su concepto, la democracia es el gobierno de los democráticos aunque sean minoritarios. Y sabemos lo que los golpes de Estado o de mercado le han costado a la Argentina. 

Donde sí existe una novedad es en la denuncia de que el sistema actual no respeta el voto. Abogan entonces por utilizar otros métodos. Es un clásico del pensamiento liberal: creer que los problemas políticos tienen soluciones técnicas. Y ellos son los únicos técnicos. Es una verdad relativa elevada a verdad absoluta. Eso es la barbarie. En el fondo no es una preocupación estrictamente ciudadana. El problema, para la AEA, es que ganan los candidatos del Proyecto Nacional. Lo que desean es una República sin pueblo. Desprecian desde siempre a ese pueblo que no entienden. Lo llamaron "vagos y mal entretenidos" en tiempos de Rivadavia; luego fueron "la barbarie"; después la "chusma radical" en tiempos de Yrigoyen; "los cabecitas negras" cuando Perón. Olvidan que en política no se puede conducir lo que se desprecia. Y que esos "vagos", "chusma" y "negros" les ganan las elecciones. Por eso, las elecciones son malas. Como no se puede decir, acusan al sistema de conteo de votos. Acusan al "clientelismo", acusar a la "corrupción", acusar a la "inflación", pero acusan, calumnian, insultan...

También está el equívoco de sostener que la confianza precede a la inversión. Ese pensamiento lineal, machacado al infinito, presenta como un dogma aquello que se debe demostrar. Así fue con "Achicar el Estado es agrandar la Nación", o "un peso es igual a un dólar". Y así nos fue. En la economía, que es algo más compleja, por cierto, y que está atravesada de conflictos de intereses, tanto más operativos que buscan invisibilizarse bajo los rasgos, por ejemplo, del Bien Común. Como lo hace AEA.

Hay inversión cuando hay un mercado: nadie invertiría en una economía en plena depresión: ¿quién le compraría sus productos? Esta cuestión fue resuelta desde la teoría desde Malthus hace tiempo hasta Keynes hace no tanto, entre muchos otros, cuando afirmaban que debía existir una demanda solvente previa a la inversión, de modo de cebar el ciclo económico. Como consecuencia se construye la confianza. Sostener, por el contrario, que esta confianza es previa a cualquier cosa, significa en los hechos que se deben aceptar las condiciones de las corporaciones, pongamos AEA, para que la inversión exista. Y luego lloverán las inversiones, los empleos, la prosperidad. Ríndanse, parecen decir, y tendrán un juicio justo. El juicio del Mercado: lo vimos en la Argentina de ayer, lo vemos en la Grecia de hoy.

Otro concepto interesante es el de las reglas de juego transparentes. En un sistema político, las reglas, llamadas de modo baladí como Constitución, Códigos o Leyes, que en parte son maneras de resolver conflictos. De modo civilizado: para eso está la política. Por eso las constituciones cambian con el tiempo, por eso se modifican los códigos, por eso las leyes se aprueban según las costumbres. Pero en boca de AEA parecen tener otra función. ¿Que son las reglas de juego transparentes? ¿Las que aseguran la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas? Así parecen demostrarlo las "reglas del juego" que permitieron la nacionalización de la deuda privada en 1982; el endeudamiento sin límites de los '90 y las privatizaciones del patrimonio de los argentinos, transformar las jubilaciones en negocios financieros, aprovechar las crisis para licuar deudas propias; las pesificaciones de deuda en divisas para aquellos que no eran deudores netos en dólares… y van. Todas operaciones que costaron y cuestan cientos de miles de millones de dólares, tantos como los haberes en dólares que registran los residentes en el exterior. ¡Vaya transparencia de las reglas! ¡Vaya republicanismo! ¡Qué linda democracia nos espera, si pueden emplazar uno de sus gerentes en cabeza del Ejecutivo!

Utilizar la vocería de la AEA para expresar esas posiciones permite que el mensaje enviado a la sociedad sea de todas las grandes corporaciones, aunque sin comprometer a ninguna en particular. Se nota demasiado la infinita preocupación que les genera el tratamiento en el Congreso de la Nación del proyecto de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas. ¡El Congreso! Ese lugar donde existe la transparencia, garantizada por el debate; y también reglas claras, puesto que se sancionan leyes; en ejercicio de la República, ya que como uno de los Poderes del Estado somos representantes electos y rendimos cuentas. Al pueblo, que no a accionistas. Por ello, argumentar y debatir la ley enviada por el Poder Ejecutivo sobre la importancia de conservar el patrimonio de los argentinos es perfeccionar, por ejemplo, lo que significó la nacionalización de las AFJP para la sustentabilidad presente y futura del sistema de seguridad social; es brindar un marco legal claro y previsible (¿no querían reglas del juego claras?) para sostener la actividad y el empleo. Es institucionalizar, acorde a derecho, las conquistas sociales obtenidas desde 2003 y que, además, son beneficiosas para el conjunto de la sociedad argentina. Incluso a las grandes empresas. También a las de AEA. Si tanto es que quieren saber de qué se trata, los esperamos en el recinto.

24/08/15 Tiempo Argentino